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>>  martes, 2 de enero de 2018

Las facturas de Efecty y Mossack Fonseca
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El Espectador revela los detalles del expediente que tiene la Fiscalía en contra de Luz Mary Guerrero y otros exdirectivos de la firma que serán llamados a juicio por el escándalo de los Panama Papers.

Luz Mary Guerrero es investigada por su relación con los Panama Papers. / Archivo El Espectador

El destino de Luz Mary Guerrero, dueña de la próspera compañía Efecty y socia de Servientrega, cambió el pasado 5 de octubre, cuando la Fiscalía ordenó su captura y la vinculó al proceso de los Panama Papers, relacionado con la conformación de sociedades en Panamá cuyo propósito, al parecer, era no registrarlas ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para así esconder ganancias. La Fiscalía le imputó cargos por los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa agravada, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir. (Le puede interesar:Casa por cárcel para Luz Mary Guerrero y cuatro personas más por el caso "Panama Papers").

Según el ente investigador, la firma Mossack Fonseca “ofreció dentro de sus servicios entre los años 2010 y 2016 un entramado financiero y societario que tenía por objeto vender facturas falsas a empresas colombianas por parte de sociedades en el exterior”, dijo el fiscal delegado para el caso. El propósito era sacar recursos de Colombia para cuentas offshore y así poder ocultarlos.

Las investigaciones dicen que Guerrero fue quien más dinero movió ilegalmente. Se calcula que habrían sido US$4,5 millones (unos $13.000 millones) que fueron a parar a sus cuentas personales en Panamá y Estados Unidos. Algunos de los movimientos financieros de la empresaria quedaron consignados en comprometedoras facturas que El Espectador conoció y que hacen parte del expediente de la Fiscalía. Los documentos dan cuenta del pago de servicios por parte de Efecty a las firmas Mossack Fonseca de Panamá, Serena Services, y Servicios de Información y Tecnología de Costa Rica. (Le podría interesar: Servientrega y el lío de los “Panama Papers”)

Los documentos reflejan que las transacciones se realizaron durante el año 2014 y corresponden a facturas de pagos por servicios jurídicos, asesorías comerciales, servicios publicitarios y pagos por el registro de marcas, e incluso figuran gastos de representación por una demanda en Perú, entre otros rubros. Dichas operaciones financieras fueron tasadas en más de $680 millones. Uno de los documentos corresponde a una refacturación por US$360.000 y se habría firmado entre Circulante S.A. y una compañía de Costa Rica, con el objeto de hacer una evaluación de la política de pagos.

Los objetos o finalidades de los servicios se repetían. Por ejemplo, contrataban a Serena Services LLP para un servicio y meses después a Fast Holding International Corp. para hacer lo mismo. Se encontraron pagos anteriores a la firma de los contratos. Es decir, se pagaban los contratos antes de su firma y facturación. A través de la empresa Serena se movieron US$125.000 y por Fast International salieron del país $1.200 millones.

Según reposa en el expediente, dicha transacción es falsa: “Se manipulaban los contratos, decían qué nombre debía ir para cada empresa de las offshore”. Además se detectó que el pago se hizo en el lapso de seis meses a través de seis facturas de US$60.000 cada una. Una vez se realizaba ese procedimiento financiero, Mossack Fonseca descontaba un 3 % de los dineros por su participación y les devolvía el resto del dinero a cuentas en el extranjero.

Las evidencias en poder de este diario son la pieza clave del proceso que el ente investigador adelanta en contra de Luz Mary Guerrero, accionista y representante legal de Efectivo y Circulante, y Juan Esteban Arellano Rumazo, representante legal de Mossack Fonseca, Marta Inés Moreno, Sara Guavita Moreno y Jorge Armando Sánchez. Para la Fiscalía, Guerrero y sus asesores sabían muy bien que habían cometido un delito. Por eso accedieron a pagar una multa superior a los $800 millones después de aparecer en los Panama Papers. Aunque esta estrategia sirvió para cerrar el expediente fiscal, el proceso penal en su contra siguió su curso.

Bajo la lupa

La Fiscalía no es la única entidad que adelanta investigaciones en contra de Efecty. La Superintendencia de Sociedades pidió a la empresa explicar las irregularidades que encontró el ente investigador en su contabilidad frente a los servicios ficticios y la presunta elaboración de facturas falsas. A través de su revisor fiscal, la empresa manifestó que es un proceso en curso y que las responsabilidades recaen sobre los directivos involucrados. “Desconocemos las razones y pruebas documentales para calificar que algunos contratos de servicios son ficticios y que las facturas son falsas”, señala.

También resalta que los vinculados al proceso no aceptaron los cargos imputados por el ente investigador: “La revisoría fiscal confía en la conducta de las personas involucradas, en la presunción de inocencia y en la administración objetiva de la justicia”. Sin embargo, el principal cuestionamiento de la Superintendencia está centrado en el impacto económico que el escándalo podría traer a la empresa. “No ha sido posible evaluar los efectos en la contabilidad y situación financiera, administrativa, jurídica y contable de la empresa, debido a que no conocemos específicamente las transacciones a que hace referencia la Fiscalía”, señala el revisor fiscal de la compañía.

Lo cierto es que este es sólo el principio de una fase judicial que tendrá más implicados. La próxima semana, la Fiscalía imputará cargos a 24 personas que se desempeñaron como representantes legales, revisores fiscales y contadores de las sociedades Broquel S.A.S., Soluciones Empresariales y de Mercadeo S.A.S., Prodisur S.A., Servinsumos S.A., Mas S.A.S, Moreno Restrepo S.A. y Faaca S.A.S. El objetivo, según la Fiscalía, habría sido transferir de manera irregular recursos fuera de las empresas, para lo cual habrían falsificado la contabilidad. La Fiscalía explicó que, si bien estas sociedades se encontraban radicadas en Panamá, Costa Rica, España e Inglaterra, el seguimiento de los dineros deja ver que giros correspondientes al pago de facturas iban a la misma entidad financiera ubicada en las Bahamas.

Asimismo está pendiente el proceso contra empleados de siete empresas relacionadas con actividades como compraventa de mercancía, automotriz, textiles y químicos.

Autor: Luz Carime Hurtado González

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