Digitalización y conservación de archivos históricos de la AGN de México

>>  jueves, 2 de agosto de 2018

IPN colabora con AGN en digitalización y conservación de archivos históricos
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“Estamos convencidos de que la reciprocidad en las relaciones de colaboración entre nuestras instituciones permitirá siempre avanzar en la complementariedad y en el respaldo de nuestras funciones”, señaló Mario Alberto Rodríguez Casas

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) refrendó el compromiso de colaborar conjuntamente con el Archivo General de la Nacional (AGN) para preservar la memoria histórica de México mediante la digitalización de documentos, destacó el Director General de la institución, Mario Alberto Rodríguez Casas.

El titular del IPN sostuvo una reunión de trabajo con María de las Mercedes Vega Armijo, la Directora General del AGN. Agregó que, para fortalecer estas acciones, se contará con la participación de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA), recién incorporada al IPN, lo que permitirá la profesionalización de los archivistas y bibliotecónomos.

“Gracias a la función sustantiva del Archivo General de la Nación de salvaguardar el patrimonio documental de México, el Instituto cuenta, a partir de hoy, con una versión impresa de este valioso documento que ha de ocupar un valor relevante, no solamente en el archivo histórico de nuestra institución, sino en la Dirección General del Instituto y seguramente en su máximo recinto que es el Consejo General Consultivo”, resaltó.





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Paralizada la distribución de archivos para imprimir armas en 3D

Un juez paraliza la distribución de archivos para imprimir armas en 3D
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In extremis. Un juez de Seattle ha suspendido temporalmente la la carta blanca que iba a permitir a Cody Wilson distribuir los archivos informáticos con los diseños para fabricar armas de fuego "caseras" utilizando una impresora 3D convencional.

La restricción judicial temporal llegó unas pocas horas antes de que entrase en vigor el acuerdo entre Defense Distributed, la iniciativa online y sin ánimo de lucro de Cody Wilson, y el Departamento de Justicia.

El juez Robert Lasnik atiende así a la solicitud presentada por ocho fiscales generales del estado y el Distrito de Columbia. El juez Lasnik admite que su fallo presenta "serias cuestiones de la Primera Enmienda que tendrán que ser resultas más tarde", pero que por ahora no debería haber "instrucciones de ningún tipo de cómo producir armas 3D en Internet", según The New York Times.

Las armas impresas en 3D son "funcionales e indetectables"

Para los demandantes "las armas impresas en 3D son armas funcionales que a menudo son se escapan a los detectores de metales porque están hechas de materiales que no son de metal (por ejemplo, plástico) y no se pueden rastrear porque no contienen números de serie. Cualquiera con acceso a los archivos CAD y una impresora 3D disponible en el mercado podría fabricar, poseer o vender estas armas."

En la práctica obtener un modelo funcional "exige ciertos conocimientos prácticos sobre mecánica de armas, impresión 3D, fresado y fabricación CNC," según la publicación MIT Technology News.

En EE UU no es ilegal la fabricación de armas caseras, aunque están sometida a la regulación de la ’Undetectable Firearms Act’ que obliga a que el percutor sea metálico para su detección. Esta ley prohíbe expresamente construir armas indetectables y regula su venta entre particulares.

Para la fiscal de Nueva York, Barbara Underwood, esta es "una gran victoria para el sentido común y para la seguridad pública," mientras que para los abogados de Cody Wilson el fallo del juez Lasnik "viola los derechos recogidos en la Primera Enmienda" de la constitución de EE UU y supone un ataque "contra la libertad de expresión", según recoge The Washington Post.

Autor: Nacho Palou

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Agencia Nacional de Tierras puso a disposición 35.000 cajas de expedientes

La Comisión de la Verdad ahora tiene acceso a archivos sobre tierras
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La Agencia Nacional de Tierras puso a disposición 35.000 cajas de expedientes. Los comisionados deberán construir un relato sobre la relación entre las tierras y el conflicto armado.

El director de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, y el director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper, firmaron un convenio de intercambio de información. /Mauricio Alvarado.

La Comisión de la Verdad tiene vía libre para conocer la historia de las tierras en Colombia. Este miércoles la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en el marco del primer punto del Acuerdo de Paz del Estado con las Farc, suscribió un convenio para que ese mecanismo extrajudicial pueda acceder a 35.000 cajas que contiene archivos oficiales y, de esta manera, establecer la relación de los predios del país con el conflicto armado.

“Este convenio va a permitir que la tierra cuente su versión sobre el conflicto. Lo que va a permitir es que se esclarezca la verdad y se le cuente al país sobre el papel de la tierra en el conflicto. Para nadie es un secreto que la disputa territorial genera efervescencia social y en no pocas oportunidades ha escalado hasta la violencia”, indicó Miguel Samper, director de la ANT.

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La información, que fue digitalizada, está dividida en adjudicación de baldíos, formalización de la propiedad privada y los procesos agrarios. Estos insumos le servirán a la Comisión de la Verdad para fijar los patrones de victimización, como el despojo de tierras, reclutamiento de menores, la desaparición forzada, el narcotráfico y el desplazamiento forzado, entre otros, cuyo eje ha sido la tierra.

Dentro de la información que queda disponible se encuentra el registro de 250.000 hectáreas de tierra que estaban bajo el dominio de la antigua guerrilla de las Farc y que ahora hacen parte del fondo de tierras. “Se encuentran en el sur de Bolívar. Allá tenemos tres grandes baldíos en donde hacían presencia y la Fiscalía inicia el proceso de extinción de dominio, pero cuando se cuenta que es territorio baldío nos lo entrega, lo caracterizamos rápidamente y lo incorporamos en el fondo de tierras para iniciar el proceso de adjudicación a campesinos con o sin tierras suficiente. También podemos evaluar si hay población campesina que cumpla con los requisitos para adjudicársela a ellos”, explica Samper.

“Esta cantidad de cosas será el horizonte en el que nos moveremos. Todas se articulan unas con otras. Si no hubiese pasado lo que pasó con la tierra posiblemente no hubiera pasado con el desplazamiento, con la desaparición forzada. Ver esa totalidad es nuestra responsabilidad”, explicó Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad.

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Aunque el proceso metodológico para analizar la información está siendo objeto de debate al interior de la Comisión de la Verdad, De Roux explicó que la información proporcionada por las víctimas será fundamental para la construcción del relato final. “No solamente tendremos esta información, que es central, sino que vamos a escuchar a las víctimas de todos los lados: campesinas, indígenas, afro, ganaderas, empresarias. Vamos a escucharlos a todos (...) Tenemos la obligación de establecer responsabilidad, incluso en las instituciones el Estado”.

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El convenio establece que la Agencia Nacional de tierras le deberá facilitar a la Comisión de la Verdad información catastral, predial, cartográfica, geográfica, estadística y documental que sea requerida durante dos años. En caso de que se decida terminar con el convenio, se fijó una cláusula que permite hacerlo siempre y cuando sea tras llegar a un mutuo acuerdo.

“¿Por qué a los campesinos se les arrancó la tierra? ¿Por qué hubo problemas de tierras, no solo con los campesinos, sino también con los ganaderos y otro tipo de empresarios? ¿Por qué surgió el conflicto al interior de estas realidades? ¿Cómo explicarles a los colombianos lo que nos pasó? ¿Cómo explicarnos entre todos por qué trascendió hasta la guerra la realidad que estamos viviendo?”, fueron parte de las preguntas que se planteó el padre Francisco de Roux, y a las que busca darles respuesta para reconstruir la verdad de lo ocurrido en la guerra.

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