Carmen Balcells obliga a
Cultura a cerrar sus archivos
http://www.publico.es/ 22/11/2011/
Cuidó a sus autores para que no les faltara de nada. Pero más
cuidó sus secretos. Sólo tuvo una máxima para todos sus colaboradores que
trabajaran para ella en la mejor agencia literaria de este país durante cerca
de medio siglo: confidencialidad. Los papelesla dibujan como
implacable, pero también como excelente negociante. Fue por encima de estas dos
virtudes, la mejor guardián de los secretos de autores como Juan Marsé, Eduardo
Mendoza, Rafael Alberti, Ana María Matute, Camilo José Cela, Gabriel García
Márquez, Mario Vargas Llosa, Pablo Neruda o Jorge Edwards. También hubo otros,
como Ernesto Sábato, que prefirió seguir su camino sin la compañía de Carmen
Balcells, la protectora.
Sin embargo, la tumba amenazaba
con su apertura cuando el pasado mes de diciembre la agente literaria vendía
todos sus secretos por 3.000.000 de euros al Ministerio de Cultura. Los
archivos del boom pasaban así a ser públicos. Durante más de un año, los
técnicos del Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares, han
trabajado en la catalogación de más de 3.000 metros lineales de documentos de
todo tipo. Los más sensibles, las cuentas y cartas que Balcells llevaba con sus
clientes.
Pero la propia agente, molesta
por la publicación de datos sobre sus clientes, remitió a la Dirección General
del Libro, Archivos y Bibliotecas un requerimiento jurídico para pedirle
explicaciones por las informaciones aparecidas en Público y El País. La solicitud
judicial es un comunicado legal, que suele ser el paso previo a una demanda
formal. De esta manera, el Ministerio de Cultura, tal y como ha podido saber
este periódico, ha decidido "cerrar por cautela" el archivo.
Con autorización previa
Como anunció el pasado sábado
este periódico, la aprobación del real decreto de Archivos por parte del
Consejo de Ministros, en beneficio de una "accesibilidad más sencilla para
todos los ciudadanos", así como el refuerzo de "la transparencia y la
información pública", que garantiza "el derecho de la ciudadanía de
acceso a los archivos".
Sin embargo, el nuevo decreto
señala que regulará "los documentos cuyo acceso está restringido y
condicionado a la obtención de autorización previa". Es decir, "no
podrán ser públicamente consultados sin que medio consentimiento expreso de los
afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de 25 años desde su muerte o
de 50 años a partir de la fecha de los documentos", según el artículo 57
de la Ley de Patrimonio, quedando el archivo anulado hasta entonces.
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