lunes, 1 de septiembre de 2025

Tráfico de Bienes Culturales: Más de 200 documentos históricos restituidos por el Estado argentino a cinco países

Restituyeron más de 200 documentos históricos a cuatro países y al Archivo General de la Nación
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Leo Nieva



Tras una compleja investigación judicial iniciada por la detección de un libro del siglo XVIII que estaba a la venta, la Policía Federal, la Aduana y el Comité Nacional contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales coordinaron un operativo inédito que culminó con la devolución de piezas a México, Paraguay, Perú, Portugal y al AGN.

Más de 200 documentos históricos fueron restituidos por el Estado argentino a cinco países y al Archivo General de la Nación (AGN), tras una investigación que se extendió durante más de dos años y dejó al descubierto un extenso mercado ilegal de bienes culturales.

El operativo fue liderado por la Policía Federal Argentina (PFA), en conjunto con la Dirección General de Aduanas (DGA) y el Comité Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, con participación activa de y el Ministerio de Cultura.

Los documentos, que incluyen cartas, manuscritos, expedientes y piezas del período colonial y del siglo XIX, fueron devueltos a México, Paraguay, Perú, Portugal y al AGN. La causa, coordinada por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 8, a cargo del juez Gustavo Meirovich, comenzó en junio de 2022 con una alerta generada a partir de una verificación de la Aduana, que derivó en un cotejo nacional e internacional del material detectado en manos de un coleccionista argentino.

La primera pista surgió a partir de un monitoreo de Interpol que detectó la venta online de un ejemplar del siglo XVIII: El Sol y Año Feliz del Perú, una obra editada en 1735 por Pedro Rodríguez Guillén. De los seis escritos originales conocidos, uno estaba desaparecido en Perú. Esa coincidencia encendió las alarmas de las autoridades, que sospecharon que la publicación faltante podía estar siendo ofrecido desde Argentina.

El Sol y Año Feliz del Perú recoge los sermones y celebraciones con motivo de la canonización de Francisco Solano (1549-1610).

El seguimiento inicial fue delegado a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que, bajo la figura del agente revelador, se infiltró en la negociación con el vendedor. El libro, ofrecido a un precio irrisorio de 4.000 euros, fue verificado como auténtico en un allanamiento sorpresa. Pero el hallazgo no terminó ahí: en el lugar se encontró un volumen inédito de documentación histórica que abarcaba materiales del Virreinato del Río de la Plata, cartas de figuras como San Martín y Rosas, y archivos de múltiples países europeos y latinoamericanos.

Según fuentes judiciales, se trataba de un acervo patrimonial de valor incalculable. A partir de ese momento, la causa entró en una nueva fase: la clasificación, validación e identificación de origen de cada documento incautado. Un trabajo técnico conjunto entre Interpol, la Aduana y el Comité Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales permitió confirmar que muchas de las piezas eran auténticas y de propiedad de otros Estados.

Una vez validado el origen de los documentos, comenzó la tercera etapa: la restitución internacional. Perú fue el primer país en recibir su material en un acto reservado realizado en su embajada en Buenos Aires en 2024. Este lunes 4 de agosto, en un evento de mayor visibilidad organizado por el Ministerio de Seguridad, se formalizó la entrega de documentos a México, Paraguay, Uruguay y Portugal, con participación de embajadores, funcionarios judiciales y autoridades de Interpol.

Si bien apenas se ha devuelto el 10% del total recuperado, las autoridades aseguran que el proceso continúa. El material restante permanece bajo custodia del Estado argentino, alojado en una sede de la Policía Federal con condiciones climáticas especiales para su conservación.

La dimensión del caso excede lo judicial. La investigación abrió una discusión jurídica sobre el encuadre penal. Mientras el juzgado tramitaba la causa como contrabando, la Cámara determinó que debía considerarse una cuestión patrimonial y cultural, quedando así bajo la órbita del Poder Ejecutivo. Desde entonces, la coordinación de las devoluciones pasó a manos del Ministerio del Interior y la Secretaría de Cultura.

Fuentes vinculadas al caso consideraron que se trata de uno de los operativos más relevantes de los últimos años en materia de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales en Latinoamérica.

Si bien el proceso judicial no culminó con condenas penales -de hecho el coleccionista fue investigado por contrabando pero terminó siendo sobreseído-, sí se logró desarticular un eslabón clave en el mercado clandestino de documentos históricos, y abrió una ventana para avanzar contra uno de los delitos que más dinero mueve en el mundo: el tráfico de bienes culturales.

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