Los archivos en el contexto de las guerras

>>  lunes, 23 de junio de 2025

Los archivos en el contexto de las guerras
Resumen tomado de Google Search Labs

Search Labs | Visión general creada por IA

Imagen generada por Gemini

En el contexto de las guerras, los archivos son mucho más que simples depósitos de documentos. Se convierten en objetivos estratégicos, en campos de batalla simbólicos y en fuentes vitales para la comprensión del conflicto y sus consecuenciasLa destrucción de archivos es una forma de borrar la memoria colectiva y cultural de un pueblo, mientras que su preservación puede ser crucial para la justicia y la verdad en el futuro. 

Los archivos como objetivos militares:
  • Destrucción de la memoria:
    Los archivos, especialmente los históricos y culturales, son a menudo blanco de ataques durante los conflictos, ya que su destrucción puede socavar la identidad y la cohesión de un grupo o nación. 
  • Control de la información:
    Los archivos militares contienen información estratégica y táctica sobre las fuerzas en combate, las operaciones realizadas y las decisiones tomadas, lo que los convierte en objetivos valiosos para el enemigo. 
  • Represión y ocultamiento:
    En conflictos internos, los archivos pueden contener información sobre crímenes de guerra, abusos contra los derechos humanos o actividades políticas ilegales, y su destrucción puede ser utilizada para encubrir estos hechos. 
La importancia de los archivos en las guerras:
  • Preservación de la historia:
    Los archivos militares y civiles, como los del CICR, son fuentes esenciales para la investigación histórica, permitiendo a los historiadores reconstruir los acontecimientos, analizar las causas y consecuencias de la guerra, y aprender de los errores del pasado. 
  • Acceso a la justicia:
    En situaciones de conflicto, los archivos pueden ser la única evidencia disponible para documentar violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra, facilitando la búsqueda de justicia para las víctimas. 
  • Reconstrucción y reconciliación:
    La preservación de los archivos y el acceso a la información que contienen pueden ser fundamentales para la reconstrucción de la memoria colectiva, la reconciliación entre las partes en conflicto y la construcción de un futuro más pacífico. 
Ejemplos:
  • Los archivos del CICR, que incluyen fotografías, películas, videos y grabaciones de audio, documentan la labor humanitaria y son una referencia clave para la investigación histórica. 
  • Los archivos militares, como los del Ministerio de Defensa español, contienen información valiosa sobre las operaciones militares, la organización de las fuerzas, y la vida cotidiana de los soldados. 
  • La documentación sobre la Guerra Sucia en Argentina, aunque a menudo obstruida u ocultada, es fundamental para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia. 
En el contexto de las guerras, los archivos son fundamentales tanto para la documentación de los conflictos como para la construcción de la memoria y la verdad histórica. Los archivos militares, por ejemplo, contienen información crucial para la planificación estratégica, inteligencia sobre el enemigo y análisis de la situación. Además, los archivos relacionados con violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario son vitales para la justicia, la reparación y la construcción de la memoria colectiva. Sin embargo, los archivos también pueden ser objeto de destrucción o manipulación durante los conflictos, lo que dificulta la comprensión completa del pasado. 
Importancia de los archivos en contextos de guerra:
  • Documentación de los conflictos:
    Los archivos militares, diarios de guerra, expedientes personales y otros documentos registran la actividad bélica, movimientos de tropas, decisiones estratégicas y el impacto del conflicto en la población. 
  • Construcción de la memoria histórica:
    Los archivos permiten reconstruir los hechos, comprender las causas y consecuencias de la guerra, y preservar la memoria colectiva de las víctimas y de la sociedad. 
  • Investigación y análisis:
    Los archivos son fuentes esenciales para investigadores, historiadores y analistas que buscan comprender el pasado y extraer lecciones para el futuro. 
  • Justicia y reparación:
    Los archivos que contienen información sobre violaciones a los derechos humanos son cruciales para procesos de justicia y para garantizar la reparación a las víctimas. 
  • Prevención de conflictos:
    Al comprender las causas y dinámicas de los conflictos pasados a través de los archivos, se pueden tomar medidas para prevenir futuros conflictos. 
Desafíos y riesgos:
  • Destrucción de archivos:
    Durante los conflictos, los archivos pueden ser destruidos o dañados intencionalmente, lo que dificulta la reconstrucción de la verdad y la memoria. 
  • Manipulación de archivos:
    Los archivos pueden ser alterados, ocultados o utilizados para fines propagandísticos, lo que puede distorsionar la historia y generar desinformación. 
  • Acceso limitado:
    La información contenida en los archivos puede ser clasificada o de difícil acceso, lo que dificulta la investigación y el acceso a la justicia. 
  • Preservación digital:
    Los archivos digitales también enfrentan desafíos como la obsolescencia tecnológica, la falta de formatos estandarizados y la necesidad de migración constante. 
En resumen, los archivos son herramientas esenciales para comprender y recordar los conflictos, pero también pueden ser vulnerables a la destrucción, manipulación y acceso restringido, lo que subraya la importancia de su protección y preservación. 
Los archivos en las guerras son mucho más que simples documentos. Son testimonios de la historia, herramientas para la justicia y elementos clave para la construcción de la memoria y la reconciliación. 

Poder Judicial peruano moderniza su sistema archivístico, digitalizará más de 65 000 expedientes

PJ digitaliza archivos y declara guerra al desorden documental

https://elmen.pe/
Redactor web18


Con tecnología de microformas legales, el Poder Judicial busca modernizar su sistema archivístico y digitalizar más de 65 000 expedientes

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, presentó el proyecto nacional de digitalización y microformas que busca ordenar y descongestionar los archivos judiciales de todo el país.

Este plan, impulsado desde la Corte de Lima Norte, permitirá procesar 1.5 millones de expedientes anualmente y alcanzar 65 000 casos digitalizados en materia de alimentos a corto plazo.

Durante la ceremonia de modernización, Tello Gilardi destacó que la iniciativa representa un paso crucial hacia un Poder Judicial más moderno.

Así, lo enfocamos en ser eficiente y centrado en el ciudadano.

“El proyecto pretende deshacinar nuestros archivos en todas las cortes, utilizando microformas con valor legal”, señaló la magistrada.

Esto aplica tanto para expedientes administrativos como jurisdiccionales. Explicó que dicho valor legal implica cumplir con estrictos requisitos técnicos y formales.

Esto garantiza la fidelidad, integridad y durabilidad de toda la documentación digitalizada, asegurando su validez. La presidenta también subrayó que este esfuerzo no es solo técnico.

Es un compromiso institucional con la memoria histórica y el acceso efectivo a la justicia en todo el país.

Actualmente, solo las cortes de Santa y Lima Norte cuentan con certificación en microformas.

Sin embargo, en 2025 sumaremos otras diez sedes judiciales regionales y órganos centrales clave.

El magistrado Johnny Cáceres Valencia consideró este un hito en la transformación del sistema judicial.

Señaló la necesidad de eliminar el exceso de papel y los archivos atiborrados. Por su parte, Juan Carlos Santillán, titular de Lima Norte, recordó que este proyecto inició en 2014.

Contó con el apoyo del Banco Mundial, aunque hoy muestra sus resultados más visibles.



Consejo de Archivos de la Comunidad de Madrid: Última reunión antes de la aprobación del nuevo Reglamento

Última reunión del Consejo de Archivos antes de la aprobación del nuevo Reglamento
https://www.comunidad.madrid/




LA COMISIÓN DE ACCESO Y VALORACIÓN DE DOCUMENTOS ASUMIRÁ PARTE DE LAS COMPETENCIAS QUE HASTA AHORA EJERCÍA ESTE ÓRGANO

El Consejo de Archivos de la Comunidad de Madrid ha celebrado este miércoles, 2 de abril, su última reunión con el formato configurado por el Decreto 217/2003, de 16 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que aprueba el Reglamento de composición, organización y funcionamiento del Consejo de Archivos de la Comunidad de Madrid, todavía vigente de forma parcial. El Director General de Patrimonio Cultural y Oficina del Español, Bartolomé González Jiménez, que ha presidido este órgano, ha agradecido a todos los miembros del Consejo el trabajo desarrollado, “que ha supuesto un antes y un después en la configuración de la política archivística de la Comunidad de Madrid”.



La Disposición Transitoria Tercera de la Ley 6/2023, de 30 de marzo, de Archivos y Documentos de la Comunidad de Madrid estableció un plazo máximo e improrrogable de dos años contados a partir del día siguiente al de la publicación de la citada ley en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, lo que se producirá el próximo 13 de abril.

A partir de ese momento, habrá que esperar a la aprobación y publicación del Decreto del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el Reglamento del Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid y de desarrollo de la Ley 6/2023, de 30 de marzo, de Archivos y Documentos de la Comunidad de Madrid para que el nuevo Consejo retome su funcionamiento con otra composición y funciones. Por su parte, la nueva Comisión de Acceso y Valoración de Documentos de la Comunidad de Madrid asumirá todo lo relativo a la valoración y eliminación de documentos.

Como en otras ocasiones, el orden del día comenzó con la presentación de un informe sobre las actuaciones realizadas por las distintas Mesas de Trabajo, órganos ordinarios de apoyo técnico a través de los cuales cumple el Consejo de Archivo sus funciones. En este sentido, destaca el trabajo realizado en los grupos creados en el seno de la Mesa de Archivo y Documento electrónico, en los que se está trabajando en la elaboración de una política de gestión de documentos electrónicos y en el desarrollo de un esquema de metadatos para la Administración y Sector Público de la Comunidad de Madrid.

A continuación, se sometió a la aprobación del Consejo el documento ‘Metodología para la identificación y valoración de información contenida en bases de datos’, elaborado dentro de la Mesa de Trabajo de Archivo y Documento Electrónico. El objeto de este documento es establecer una metodología que sirva para la identificación y valoración de la información contenida en bases de datos, con el fin de ser un instrumento práctico que ayude a las organizaciones públicas a poder determinar qué datos deben custodiar, organizados de qué manera y durante cuánto tiempo para poder determinar, así, las estrategias de preservación digital pertinentes en cada caso.

Otros de los puntos tratados fueron la aprobación del informe de valoración y tasación de dos colecciones de documentos (Colección tarjetas postales ‘Carmen Valdés’ y nueve números de la Revista ‘La Esfera’) objeto de donación en favor de la Comunidad de Madrid. Y, dentro de este bloque relativo al patrimonio documental, también se sometió a informe el depósito en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid de documentos procedentes de los archivos de seis Entidades locales madrileñas (Aldea del Fresno, Camarma de Esteruelas, Carabaña, Estremera, Fuentidueña de Tajo y Navacerrada). Los fondos documentales históricos de estos seis municipios se depositaron entre los años 1993 y 2000 en las dependencias del Archivo Regional pero los convenios de depósito quedaron sin efecto al transcurrir los plazos previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, lo que ha hecho necesario la firma de nuevos convenios.

A continuación, se pasó a presentar y aprobar ocho tablas de valoración de series documentales, una de ellas específica del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Expedientes de visado de trabajos profesionales del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos), cuatro relativas a la Administración de la Comunidad de Madrid (Expedientes de asistencia jurídica gratuita, Expedientes de becas de excelencia académica, Expedientes de arbitraje en materia de consumo y Expedientes de Reclamaciones económico – administrativas ante la Junta Superior de Hacienda), y tres de Entidades locales madrileñas (Licencias de instalación de grúa torre o grúa auto desplegable, Historias clínicas del Servicio Municipal de Planificación Familiar y Expedientes de reclamación en materia de consumo). Además, se sometió a modificación parcial la tabla de valoración relativa a la serie Expedientes de nóminas de empleados públicos.

A continuación, se presentó el balance del estado de ejecución de las eliminaciones aprobadas en anteriores reuniones, así como la dación de cuentas de las dos propuestas de eliminación de expedientes de recursos administrativos, procedentes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, que fueron aprobadas en el seno de la Comisión Evaluadora de Documentos de Archivo en su reunión del pasado día 24 de marzo.

En el derecho de acceso a la información es clave la Gestión Archivística

ENA: la gestión archivística es clave para garantizar el derecho de acceso a la información pública

https://www.gob.pe/

Destacados especialistas abordaron el tema de los archivos en la esfera de transparencia en el segundo webinar del “Jueves Archivístico” del año


La transparencia y el acceso a la información pública son pilares fundamentales de una democracia saludable. En este contexto, la gestión adecuada de los archivos públicos se convierte en una herramienta esencial para garantizar estos derechos.

Este fue el tema central del segundo webinar del “Jueves Archivístico”, titulado “Archivos y Transparencia: garantizando el derecho de acceso a la información”, realizado por la Escuela Nacional de Archivística (ENA), entidad educativa del Archivo General de la Nación, el jueves 24 de abril.

El evento contó con la participación de destacadas especialistas: la Mg. Diana Sánchez, especialista legal en la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de la Producción; la Mg. Mirtha Escajadillo, jefa de Atención al Ciudadano, Gestión Documental y Archivo de la Municipalidad Distrital de Jesús María; y como moderadora, la especialista en archivos Giovanna Valencia.

Las ponentes compartieron sus experiencias y conocimientos sobre el impacto de la gestión archivística en la promoción de la transparencia y el acceso a la información pública.

Al respecto, el director de la ENA, Santiago Tácunan Bonifacio, consideró que los archivos son garantes del acceso a la información y de la transparencia en la gestión pública. “Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo las capacidades de los profesionales del sector archivístico en todo el país”, señaló.

Durante su intervención, la Mg. Diana Sánchez enfatizó que la transparencia no comienza con la solicitud de información, sino con la adecuada organización y conservación de los documentos por parte del Estado.

En esa línea, destacó la aprobación del Decreto Supremo N.º 007-2024-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como una oportunidad para profesionalizar la gestión documental en las entidades públicas. “El nuevo marco legal debe ser aprovechado para fortalecer la gestión documental en todas las entidades públicas. De lo contrario, el acceso a la información seguirá siendo parcial y reactivo”, manifestó.

Por su parte, la Mg. Mirtha Escajadillo resaltó que los archivos públicos no son solo depósitos de documentos, sino herramientas fundamentales para la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

La especialista alertó sobre la persistente dependencia de documentos físicos en la administración pública, lo que limita la eficiencia y accesibilidad de la información. “Digitalizar, modernizar y organizar nuestros archivos no es un lujo, es una necesidad para ejercer derechos”, afirmó.

El webinar concluyó con un llamado a las instituciones públicas y privadas a implementar estrategias claras para la modernización y digitalización de sus archivos, promoviendo la capacitación continua de los profesionales del sector.

Con esta iniciativa, la ENA reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades profesionales en beneficio de una gestión documental más eficiente, transparente y orientada al ciudadano.

El dato:
• Los participantes que completaron adecuadamente su inscripción y asistencia podrán acceder gratuitamente a la certificación del evento.








Imputan cargos por Irregularidades en el contrato para el archivo de expedientes

Imputan cargos a la Rama Judicial por adjudicar un doble contrato con un mismo objeto: archivo de expedientes
https://www.elpais.com.co/
Hugo Cárdenas López


La empresa encargada del archivo de la Rama Judicial le salió al paso luego de los videos publicados en redes sociales. | Foto: Autor Anónimo

A la decisión de la Contraloría se suma un fallo del Juzgado Segundo del Circuito de Facatativá contra la Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración Judicial de Bogotá ordenando pago de la deuda e intereses corrientes y moratorios.

Confirmando el fallo que en primera instancia se emitió en septiembre del 2024, la Contraloría General de la República imputó cargos contra la Rama judicial tras el hallazgo de varias irregularidades en contratos celebrados y ejecutados por la Dirección de Administración Judicial Seccional Bogotá.

Los hechos, que según las denuncias previas involucran a la directora ejecutiva nacional del Consejo Superior de la Judicatura, Nazly Raquel Ramos, y al director de Administración Judicial Seccional Bogotá, José Camilo Guzmán, se originan en un contrato para el archivo de expedientes en el que el ente de control advirtió sobrecostos y detrimento patrimonial, entre otros hallazgos.

La Contraloría se había referido inicialmente a un presunto entramado en el que la entidad que administra los recursos de la Justicia habría incurrido en gestión fiscal antieconómica, inobservancia de decisiones judiciales, deficiencias en la elaboración de estudios, doble contratación y falta de planeación tras la firma de un contrato en el 2023 con el mismo objeto de otro que estaba en ejecución desde el 2022 y que han intentado desconocer.

En esta nueva audiencia, las respuestas de la Dirección de Administración Judicial Seccional Bogotá no logaron desvirtuar los hallazgos iniciales, por lo que la Contraloría corroboró las irregularidades, imputó cargos y trasladó a cada dependencia los hallazgos con incidencia Fiscal, disciplinaria y penal.

Otro golpe a la Rama Judicial

Paralelamente, y en un nuevo revés de la Rama Judicial ante la justicia, el Juzgado Segundo del Circuito de Facatativá falló también contra de la Administración Judicial de Bogotá por las presuntas irregulares cometidas en su intento por desconocer el contrato firmado en el 2022 con Innpacific SAS.

De los cinco procesos ejecutivos que adelanta el contratista contra la Rama Judicial, cuya deuda supera los $7000 millones, ya dos de ellos tienen mandamiento de Pago y se ha ordenado el embargo de las cuentas de la Rama Judicial y hay uno más con sentencia, en el que el juzgado ordena el desembolso del dinero y condena a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Bogotá al pago de intereses corrientes y moratorios, lo que conllevaría a un nuevo caso de detrimento patrimonial.

“De conformidad con el Artículo 365 del Código General del Proceso, se debe condenar en costas a la parte que resultó vencida, esto es la Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración Judicial de Bogotá, razón por la cual y en mérito

Administrando justicia, y por autoridad de la ley, falla: 

1. Se declara no probada la excepción de cobro de lo no debido, propuesta por la Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración Judicial de Bogotá de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del valle.

“2. Seguir adelante con la ejecución de las obligaciones derivadas del título ejecutivo complejo conforme a lo dispuesto en el mandamiento de pago”.

“3. Costas a cargo del ejecutado. Por secretarías se deben liquidar las agencias en derecho se fijan en cuantías del 4% del valor total del crédito (...)”.

Archivo Judicial Madrid: digitalizará más de 280.000 unidades documentales, 25.542 cajas y 3.000 metros lineales de papel

Hasta 36 escáneres digitalizarán el Archivo Judicial de Madrid

https://www.larazon.es/
I. LAUREL


Un total de 280.000 documentos, recogidos en 25.542 cajas, pasarán a tener formato digital
El Consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, durante una visita al Archivo Judicial TerritorialC. M.


El Archivo Judicial Territorial de la Comunidad de Madrid se encuentra inmerso en un ambicioso proyecto de digitalización que prevé completar antes del 31 de diciembre de este año. Se trata de una operación de gran envergadura que supone la digitalización de más de 280.000 unidades documentales, equivalentes a 25.542 cajas y más de 3.000 metros lineales de papel. Para ello, se está utilizando una infraestructura compuesta por 36 escáneres —30 cenitales y 6 de sobremesa— y un equipo profesional de 70 personas, tal y como ha informado la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local.

El objetivo principal es garantizar una mejor conservación de los fondos documentales, facilitar su consulta por parte de órganos judiciales y usuarios externos, y asegurar la trazabilidad de los documentos. Para llevar a cabo este proyecto, el Gobierno regional ha destinado un total de 8.568.426,24 euros procedentes de los fondos Next Generation de la Unión Europea.




Poder Judicial de la Nación permitirá incorporar videos y transcripciones a los expedientes electrónicos judiciales.

Permiten incorporar video a los expedientes judiciales
https://www.lapoliticaonline.com/


Permitirá incorporar videos en los expedientes ante la preeminencia de las audiencias orales del nuevo Código Procesal.

El Consejo de la Magistratura de la Nación pondrá en marcha la modernización del sistema de gestión judicial del Poder Judicial de la Nación que permitirá incorporar videos y transcripciones dentro de las causas judiciales.

La reforma permitirá mejoras frente a la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal que prevé poner en marcha el sistema acusatorio prevaleciendo las audiencias orales y dejando atrás los viejos expedientes escritos que acumulaban cientos y cientos de fojas en cada causa.

"La iniciativa encuadra en el plan de modernización que incluye la digitalización de procesos, el fortalecimiento de la infraestructura y la mejora de los recursos informáticos del sistema judicial", dijeron desde el Consejo de la Magistratura.

Además, señalaron que esta actualización se nutre de los lineamientos y propuestas elevadas por el presidente de la Corte y el Consejo, Horacio Rosatti, y miembros del organismo: los jueces Agustina Díaz Cordero, Diego Barroetevaña, Alejandra Provítola, Alberto Lugones; los abogados Jimena De la Torre, María Fernanda Vázquez, Alberto Maques y Cesar Grau; los académicos Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit; los legisladores Luis Juez, Álvaro González, Roxana Reyes, Eduardo Vischi, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, Mariano Recalde, María Inés Pilatti Vergara; y el representante del Poder Ejecutivo Sebastián Amerio.

El sistema acusatorio que establece el Código Procesal Penal Federal (2019) ya está operativo en varias jurisdicciones de la justicia federal. Fue instaurado en 2019 en la jurisdicción federal de Salta (que comprende la provincia de Jujuy) y su implementación se reactivó en 2024 en las jurisdicciones federales de Rosario, Mendoza, General Roca y Comodoro Rivadavia. En abril de este año se inició en la jurisdicción federal de Mar del Plata y el 11 de agosto está previsto que entre en funcionamiento en los tribunales federales criminales y correccionales y penal económico con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, explicaron desde el Consejo.

El LEX 100 es el sistema de gestión judicial a través del cual se tramitan las causas en el ámbito del Poder Judicial de la Nación (PJN) y desde allí se permite el acceso y la visualización de los expedientes judiciales para los operadores judiciales.

La reforma permitirá guardar y ver desde el mismo ecosistema, archivos de audio-video (por caso de las audiencias judiciales), sin la necesidad de descargarlos o usar otra aplicación, como sucede actualmente y será de suma importancia en las audiencias orales.

Actualmente el sistema sólo está preparado para mostrar archivos PDF en formato de resoluciones o escritos que suben los litigantes. Por ello constituye una novedad la herramienta en la que se está trabajando, en tanto permitirá guardar y ver desde el mismo ecosistema, archivos de audio-video (por caso de las audiencias judiciales), sin la necesidad de descargarlos o usar otra aplicación, como sucede actualmente y será de suma importancia en las audiencias orales.

La tarea para desarrollar y adaptar esta herramienta informática al sistema LEX 100 está siendo encarado dentro del Consejo de la Magistratura de la Nación por el área de Desarrollo a cargo de Francisco Perrone, que a su vez dependen de la Dirección General de Tecnología liderada, por Hernán Rondinella. Se trata del mismo sector que desarrolló un sistema de consultas básicas en el Poder Judicial a través de inteligencia artificial que se estrenó la semana pasada, y que se encuentra explorando diversos proyectos con la misma tecnología orientados al litigante y los empleados judiciales.

Estas modificaciones de la primera etapa quedarán implementadas en agosto próximo, indicaron fuentes judiciales mientras que una segunda ronda de actualizaciones buscará incorporar inteligencia artificial para la transcripción de esos contenidos audiovisuales.

Tal como consta en la resolución que puso en vigencia la creación del asistente virtual de inteligencia artificial, "la incorporación de nuevas tecnologías al ámbito judicial resulta un elemento esencial a los fines de asegurar un ‘eficaz servicio de justicia', conforme lo previsto en el inciso 6 del artículo 114 de la Constitucional, por su capacidad de transformar y mejorar los servicios ofrecidos por el Poder Judicial de la Nación a la ciudadanía en general y hacia adentro de su organización".

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