¿Archivos Públicos borrados? llamado de académicos y sociedad civil sobre la desaparición de espacios públicos digitales

Archivos públicos: la obligación de conservar la memoria digital de la transparencia
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Julieta del Rio

Con el cambio de modelo en México sobre transparencia, acceso a la información y protección de datos personales que entró en funciones este año, también han desaparecido espacios públicos digitales que permitían a la ciudadanía conocer el estado y evolución de estos derechos, construidos colectivamente en las últimas dos décadas.

Tal es el caso de la página del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) o del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), cuyos micrositios ya no están disponibles en internet. Esta suerte podría alcanzar también a los portales y desarrollos generados en los 32 organismos garantes locales.

Vale preguntarse si los avances alcanzados deben prevalecer en espacios digitales como parte de una memoria colectiva. ¿Debe conservarse el registro de lo que hicieron ciudadanas y ciudadanos para edificar estos derechos? La lógica indica que sí.

Un ejemplo claro es el sitio del SNT (http://www.snt.org.mx), hoy desactivado. En él se integraban documentos fundamentales generados por comisiones temáticas con participación federal, estatal y municipal. Fue una herramienta para articular políticas públicas en acceso a la información y datos personales, con perspectiva incluyente: documentos en braille, lenguas indígenas y formatos accesibles. Hoy, todo ese contenido ha desaparecido.

Ahí también se encontraba información sobre casos emblemáticos como Odebrecht, marcos normativos, publicaciones, fotografías de actividades y aportaciones de sociedad civil e investigadores. Era, sin duda, la memoria viva de la transparencia y la privacidad.

La actual titular del organismo Transparencia para el Pueblo, Tanivet Ramos, participó activamente en esas comisiones. Defendió con fuerza la preservación de archivos y la equidad de género, además de impulsar documentos clave.

En un mundo digital, donde los archivos electrónicos son evidencia de decisiones, procesos y derechos, conservar esa memoria permite mirar con mayor claridad el futuro y evitar errores. La propia Ley General de Archivos, en su artículo 41, protege este tipo de documentos.

Imagínese, lector, lo que significaría que no existiera acceso público a la memoria histórica de 33 instituciones que durante más de 20 años vigilaron estos derechos. Por eso es comprensible el reciente llamado de colectivos y organizaciones civiles a preservar la información generada por los organismos extintos.

Dar de baja archivos electrónicos no es una simple decisión técnica: es un acto regulado cuando se trata de documentos públicos. Hacerlo indebidamente puede constituir un delito, sobre todo cuando afecta el derecho humano al acceso a la información, consagrado en la Constitución.

Confiamos en que habrá respuesta al llamado de académicos y sociedad civil. Porque esta información no puede perderse. La historia no se borra. Y mucho menos se pueden borrar las horas de trabajo, compromiso y esfuerzo de tantas personas.