Un sistema que recopile en una base de datos información pública, profesional y personal para monitorear en un régimen dictatorial puede controlar o manipular la conducta

UNA DENUNCIA MUY SERIA
http://horacero.com.pa/ 19/03/2014

HORA CERO, (MIREYA LASSO).- La denuncia penal interpuesta por el Tribunal Electoral para sancionar a quienes se apropiaron de varias bases de datos de uso exclusivo del Tribunal, es muy precisa.

Sin embargo, como si fuera un asunto intrascendente, voceros del oficialismo han pretendido trivializar el asunto, alegando que una base de información similar es herramienta ampliamente utilizada por todos los partidos políticos.

Me impresiona cómo se trata de descartar hechos tan graves, inclusive atribuyéndole un cariz partidista nacido del propio organismo encargado de garantizar la neutralidad del proceso electoral.

Resulta imperativo advertir el peligro latente que significa restarle importancia al delito denunciado y sus posibles mayores consecuencias.

El poder que la tecnología moderna pone en manos de las autoridades con fines lícitos, también puede ser desviado y abusado por gobernantes autócratas con intenciones malsanas.

Podría construirse un sistema central capaz de recopilar en una base única de datos, toda clase de información ---pública, profesional, personal, íntima--- sobre todas las personas que interese monitorear. Con esa información disponible y gracias a la tecnología, un régimen dictatorial o autocrático puede controlar o manipular la conducta de las personas, haciendo realidad la ficción del Gran Hermano de la novela política ---"1984"--- de Orwell.

Utilizando el número de cédula de identidad personal le sería factible, a un régimen antidemocrático, centralizar información con datos de ciudadanos y extranjeros residentes incluidos en archivos en diferentes entidades públicas. Así como la información hurtada del Tribunal incluye direcciones residenciales y electorales, nombres y apellidos paternos y maternos, imágenes de rostros y firmas de las personas, filiaciones políticas, fechas y lugares de nacimiento, y otros datos de las actas de nacimiento y defunción, otras entidades pueden aportar datos adicionales.

Del Seguro Social se obtendría información sobre lugares de empleos, salarios, pensiones, beneficiarios, enfermedades diagnosticadas y medicamentos recetados; del MEF, montos de salarios, dividendos y honorarios recibidos; de Aduanas, detalles individuales sobre importaciones y exportaciones; del MITRAB, información sobre membrecía en sindicatos; del Registro Público, propietarios de bienes inmuebles, de comercios y participación en empresas; del MIDES, beneficios y subsidios de 120x70, Red de Oportunidades, Ángel Guardián; del MEDUCA, los favorecidos con becas y sus acudientes, maestros y profesores que protesten; de la Policía, armas registradas, delitos cometidos o investigados, sanciones impuestas, hasta multas del tránsito.

Por su lado, la Contraloría proveería información sobre contratantes y desembolsos por obras y servicios gubernamentales; el Órgano Judicial, información sobre abogados, litigantes ganadores o perdedores; las Notarías, datos de toda índole contenidos en escrituras públicas. La banca oficial brindaría información sobre cuentas bancarias, saldos adeudados, hipotecas, préstamos, ahorros; las empresas de servicios públicos proveerían teléfonos fijos y celulares y consumo de energía.

El límite es nuestra imaginación. Cada uno tendría su "carpeta electrónica" con su foto, su firma, nombre completo, edad, estado civil, dirección, teléfonos, todos los familiares, hijos dentro o fuera del matrimonio, empleo y empleador, ingreso mensual, préstamos otorgados, patrimonio detallado, preferencia partidista, enfermedades diagnosticadas, medicamentos y tratamientos necesarios, bonificaciones o subsidios estatales que reciba o sus hijos, ocupación, profesión y mucho más.

El control de esa información permitiría manipular la conducta de las personas con promesas, amenazas o acosos en sitios de trabajo, especialmente sobre funcionarios públicos como se ha informado a raíz de la denuncia. Indudablemente, se prestaría para ejercer una indebida influencia especialmente sobre personas que se encuentren en dependencia económica o salarial.

Si a ello sumamos información no comprobada suministrada por terceros, chismes y bochinches malsanos, resulta potencialmente un asunto muy serio cuya factibilidad puede nacer de mentes desbocadas de quienes muestren tendencias de controlarlo todo para ejercer un poder absoluto.

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EN DILEMA DE PERTENENCIA ARCHIVOS DEL DICTADOR NORIEGA

LOS ARCHIVOS DE NORIEGA 

http://www.bellinghamherald.com/ 06/10/2011/ DOUGLAS COX

Una reciente decisión de un tribunal francés - allanando el camino para el retorno del ex dictador Manuel Noriega a Panamá después de más de 20 años en las cárceles de los Estados Unidos y Francia - se ha hecho una pregunta de larga data de repente urgente: ¿Qué pasó con las miles de cajas de documentos incautados en las fuerzas de EE.UU. Operación Justa Causa en Panamá en 1989?

La sorprendente respuesta, el gobierno de EE.UU. ha confirmado recientemente, es que el Ejército de EE.UU. todavía las tiene. Los Estados Unidos  debería pasar de inmediato estos documentos a Panamá, donde se necesitan no sólo por los historiadores e investigadores de derechos humanos, sino también por los abogados de ambas partes de los procedimientos legales que seguirán retorno de Noriega.

Durante la invasión de EE.UU. de Panamá para sacar a Noriega de su cargo, las fuerzas estadounidenses incautaron 15.000 cajas de documentos de las oficinas de Noriega y las Fuerzas de Defensa de Panamá. Los documentos incluyen todo, desde cartas y estados de cuenta bancarios a archivos confidenciales de la policía secreta y los informes de inteligencia, e incluso una serie de "robo" de documentos de EE.UU..

Al principio, la posibilidad de que los documentos incautados podría proporcionar evidencia de Noriega de tráfico de drogas juicio en Miami, o puede corroborar políticamente embarazoso conexiones entre Noriega y la CIA, llegó a los titulares. Después del juicio de Noriega en 1992, sin embargo, durante los cuales la fiscalía hizo escaso uso de los documentos y el juez rechazado en gran medida la evidencia con respecto a las conexiones de Noriega en la CIA como irrelevante, el destino posterior de los documentos sigue siendo un bien cuidado, y casi olvidado, secreto. Comando Sur de EE.UU. acaba de confirmar a mí, sin embargo, que después de todos estos años, los documentos incautados por el régimen de Noriega aún están bajo la custodia del Ejército de los EE.UU. del Sur, con sede en el Fuerte Sam Houston en Texas.

El destino de los documentos incautados es sólo una parte del problema. La renovada importancia de los documentos que lleva a una pregunta compleja legal sobre su propiedad. Bajo las leyes del conflicto armado, los bienes capturados enemigo - incluyendo documentos del gobierno enemigo -, literalmente, puede convertirse en la propiedad del Estado como la captura de "botín de guerra". Por ejemplo, los EE.UU. tratan un gran número de documentos alemanes capturados por las fuerzas estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial como la propiedad de EE.UU.: ". Donación" Los documentos fueron más tarde regresó a Alemania como un Más recientemente, el gobierno de EE.UU. tratados de manera similar los documentos originales de iraquíes capturados durante el 1991 Guerra del Golfo Pérsico como EE.UU. de propiedad, que tuvo que ser destruido en el año 2002, porque los documentos habían sido contaminados con moho.

De acuerdo con los Archivos Nacionales, sin embargo, el Departamento de Defensa de EE.UU. para el tratamiento de acuerdo con los documentos originales incautados en la Operación Causa Justa como propiedad de Panamá. Dicho acuerdo fue consistente con la afirmación inicial del gobierno de EE.UU. que la invasión de Panamá no era un "conflicto armado" según el derecho internacional. Los Estados Unidos habían afirmado que debido a que un nuevo "presidente de Panamá" fue "juramentado" en una base militar de EE.UU. una hora antes de la invasión, las operaciones militares en beneficio de la "legítima" del gobierno de Panamá.

Esta hoja de parra legal, que había permitido a Estados Unidos a rechazar las responsabilidades de una potencia ocupante en Panamá y niegan Noriega prisionero de guerra de estado, fue posteriormente rechazada por un tribunal de EE.UU., lo que complica aún más la situación jurídica de los documentos incautados. Como si esto no fuera suficientemente complejo, Noriega también puede tener un argumento convincente de que varios de los documentos que fueron y siguen siendo, su propiedad personal, y, como un prisionero de guerra, su propiedad está protegida por las leyes de la guerra.

Cuando Noriega regresa a Panamá, tanto en los Estados Unidos y Panamá volverá a examinar una parte importante de nuestra historia compartida. A pesar de que técnicamente tiene el título de los documentos, los documentos originales pertenecen a Panamá como parte del registro histórico de ese país, y las copias de esos documentos pertenecen al Archivo Nacional de EE.UU. como parte de la nuestra. Este es el modelo que se siguió para los documentos capturados en Vietnam y Granada, y los ejemplos se deben seguir ahora.

Para estar seguro, como con cualquier cuerpo de los documentos de archivo, los documentos, sin duda, contienen información que pueden necesitar una protección legítima de la divulgación de la seguridad nacional u privacidad personal. Pero el acceso a estos documentos deben ser tan amplias como tales consideraciones se lo permita. Para los efectos de estudiar la historia, la investigación de cuestiones de derechos humanos, la aplicación de la responsabilidad del gobierno y asegurar que la inminente proceso judicial en Panamá, que implican a Noriega como se informó, robusto y lo más justo posible, los documentos incautados deben ser devueltos a casa.

SOBRE EL ESCRITOR

Douglas Cox es un abogado y un profesor de derecho asociado en la biblioteca de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, la Facultad de Derecho. Él escribió esto para el diario Los Angeles Times.

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