Poder Judicial analizar expedientes y proyectar resoluciones con la inteligencia artificial

Poder Judicial usará inteligencia artificial para analizar expedientes y proyectar resoluciones

https://willax.pe/

Este sistema fue entregado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

El Poder Judicial del Perú ha recibido recientemente el certificado de registro de marca para ‘Curia’, un avanzado asistente virtual basado en inteligencia artificial (IA) Dicha herramienta ayudará a los jueces en la evaluación de expedientes y en la elaboración de proyecciones de resoluciones en apenas un minuto, un proceso que tradicionalmente demandaba varias horas.

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, destacó que este suceso representa un “reconocimiento formal de un esfuerzo institucional sin precedentes”, enfocado en poner la innovación tecnológica “al servicio de la ciudadanía y del sistema de justicia”. “Curia no es solo un nombre o una marca, es hoy un símbolo de transformación, un instrumento y producto institucional con propósito de acercar la justicia al ciudadano, mejorar su experiencia ante el sistema judicial, reducir tiempos, optimizar recursos y, sobre todo, generar confianza”, añadió Tello. Ulises Yaya, juez supremo e impulsor del proyecto, indicó que la herramienta no busca reemplazar la labor humana, sino potenciar la capacidad de análisis y redacción fundamentada, permitiendo que los jueces se concentren en el aspecto jurídico sustantivo de cada caso.

Finalmente, aunque la innovación representa un esfuerzo importante y necesario, la verdadera transformación judicial dependerá no solo de herramientas como ‘Curia’, sino también de un compromiso serio para mejorar la infraestructura, la transparencia y la capacitación. Sin este enfoque integral, la inteligencia artificial corre el riesgo de convertirse en un recurso técnico aislado que, si bien reduce tiempos en la teoría, podría no traducirse en una justicia más accesible ni más justa para la ciudadanía.

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Por desalojo de Juzgados tirán a la basura expedientes y documentos

La Junta de Andalucía exige una investigación por los documentos tirados a la basura
http://andaluciainformacion.es/ 01/04/2016

"La Delegación del Gobierno ya ha solicitado que se abre una investigación hasta las últimas consecuencias ante estos hechos graves en los que se han vulnerado los derechos de las personas, y pedirá que se actúe con rigor para depurar las responsabilidades existentes. Existe una obligación importante de custodiar este tipo de documentos y llegado el caso, y si no se toman las medidas necesarias, la misma Delegación del Gobierno presentará la denuncia correspondiente".

La Junta de Andalucía ha manifestado a través de un comunicado de prensa que "no tiene entre sus responsabilidades" la guardia y custodia o el movimiento de los expedientes o documentación en el proceso de traslado a las nuevas dependencias judiciales de San Fernando. Tampoco se ha encargado de eliminar documentos porque no ha habido ninguna petición oficial al respecto para hacerlo bajo los protocolos reglados.

Como marca la normativa, cuando se produce una eliminación de archivos judiciales se sigue un protocolo muy estricto de expurgo que tiene todas las garantías y a través de empresas especializadas en esta tarea.

Para que se produzca la eliminación de expedientes judiciales antiguos debe decidirlo la Junta de Expurgo, un órgano creado por el Gobierno andaluz y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para impulsar la gestión de este proyecto mediante el análisis y ordenación de toda la documentación susceptible de ser eliminada o conservada.

La Junta de Expurgo es un órgano colegiado de naturaleza administrativa presidido por una magistrada y que cuenta con el apoyo de un miembro de la carrera fiscal, un secretario judicial, el jefe de servicio de Documentación y Publicaciones de la Consejería de Justicia e Interior, un funcionario archivero y otro funcionario que hace las veces de secretario. Este órgano determina la exclusión o eliminación de expedientes procesales o, en caso contrario, la transferencia de los mismos a la Administración competente en materia de patrimonio histórico.

Una vez se ha tomado esa decisión, los expedientes a eliminar son recogidos por una empresa especializada que utiliza los protocolos más exigentes de destrucción. Así, está protocolizado que los trozos que resultan no sobrepasan los 3mm de un lado y 4mm de otro.

En ninguna sede judicial se traslada o elimina papel por parte de esta administración si no es bajo esos estándares y esas garantías, por lo que tampoco se ha tenido relación con esos expedientes hallados en San Fernando ya que nadie nos ha pedido la “eliminación de papel” en estos días.

"A tenor de lo ocurrido, los funcionarios de la Consejería de Justicia solo se van a hacer cargo de la recogida de esta documentación que ya ha sido retirada de la calle por la Policía Local de San Fernando si así nos lo solicitan por escrito los secretarios judiciales (dependientes del Ministerio de Justicia), y bajo los protocolos y formatos que nos establezcan ellos que son los responsables de la custodia de esos documentos", afirma.

CASO:

El Juzgado tira a la basura expedientes con datos personales de todo tipo

http://andaluciainformacion.es/ 01/04/2016

Declaraciones de acusados y testigos, expedientes de desahucios, atestados de accidentes e incluso fotografías de un presunto delito de malos tratos a una menor son algunas de las perlas que se pueden encontrar en el contenedor de la calle Tomás del Valle, frente al Palacio de Justicia.

Se trata de documentos que en vez de ser archivados o bien destruidos si no tienen ya interés legal, se exhiben ahora con nombres y apellidos de las personas involucradas, incluidos presuntos violadores “leves” cuyo resultado final se desconoce. Sin que falten las copias de conversaciones de WhatsApp como pruebas de la comisión de un posible delito.

El motivo es el desalojo de los Juzgados una vez que van a ser trasladados esta misma semana, sin que nadie haya caído en la cuenta de que se está tirando a la basura y poniendo al alcance de cualquiera datos personales de todo tipo, incluidas huellas digitales. Los propios vecinos han mostrado se enérgica protesta por lo que ha ocurrido.

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Eliminados expedientes judiciales antiguos y sin valor por Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía

La Junta ha eliminado 315.074 expedientes judiciales antiguos y sin valor en Córdoba
http://www.europapress.es/ 26/09/2015

La Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía ha eliminado 315.074 expedientes judiciales antiguos en la provincia de Córdoba, guardados en un total de 4.786 cajas, con el objetivo de liberar espacio de los archivos de los juzgados y tribunales, retirando documentos carentes de valor jurídico o histórico y cuya destrucción ha sido aprobada por la Junta de Expurgo, de la que forman parte el Gobierno andaluz y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Así lo ha destacado, en declaraciones a Europa Press, la delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Rafi Crespín, quien ha señalado que, además, Justicia e Interior va a proponer un nuevo expurgo de 2.368 cajas, con otros 137.669 documentos, para antes de final de año, lo que supondrá la destrucción de más de 452.000 expedientes desalojados de los archivos judiciales de esta provincia.

Con esta nueva acción, la Junta de Andalucía quiere seguir avanzando en el proyecto de eliminación de documentación judicial antigua y sin utilidad y que supone una mejora de los espacios en los archivos judiciales, en este caso de la provincia cordobesa. Estas actuaciones se incluyen en la primera destrucción masiva de esta documentación judicial sin valor, que corresponde a diligencias previas y juicios de faltas de entre 1945 y 1998 y que se inició en 2012.

El objetivo fundamental de esta iniciativa, según ha recordado Crespín, es liberar espacio en los archivos y tribunales, así como "profundizar en el proyecto de modernización que viene impulsando la Junta, para potenciar la progresiva eliminación de documentación que no tiene ningún valor y avanzar en el proceso de impulso de una Justicia digital y sin papeles. De esta forma, se logra un ahorro de costes y de tiempo y se contribuye a la protección del medio ambiente".

Este proyecto forma parte también de la definición de un modelo único de tratamiento y gestión documental, para el control y acceso a la documentación judicial, desde su creación hasta su eliminación o conservación por interés judicial o histórico.

La eliminación de expedientes judiciales antiguos es acordada por la Junta de Expurgo, un órgano creado por el Gobierno andaluz y el TSJA para impulsar la gestión de este proyecto, mediante el análisis y ordenación de toda la documentación susceptible de ser eliminada o conservada.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Uno de los criterios principales en la selección de los documentos judiciales que se van a eliminar o archivar, según ha precisado la delegada, "es su interés judicial e histórico. De esta forma, se garantiza la conservación de la documentación con valores históricos o bien de aquélla que posea un relieve social, económico, político o cultural".

La Junta de Expurgo es un órgano colegiado de naturaleza administrativa presidido por una magistrada y que cuenta con el apoyo de un miembro de la carrera fiscal, un secretario judicial, el jefe de servicio de Documentación y Publicaciones de la Consejería de Justicia e Interior, un funcionario archivero y otro funcionario que hace las veces de secretario.

Este órgano determina la exclusión o eliminación de expedientes procesales o, en caso contrario, la transferencia de los mismos a la administración competente en materia de patrimonio histórico

Autor: Europapress

Leer mas: http://www.europapress.es/esandalucia/cordoba/noticia-junta-eliminado-315074-expedientes-judiciales-antiguos-valor-cordoba-20150926111409.html

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Consejería de Justicia e Interior eliminará 506.246 expedientes judiciales en Sevilla de fecha entre 1966 y 1998

Medio millón de expedientes judiciales eliminados para liberar espacio
http://www.sevillaactualidad.com/ 05/01/2015

Con esta nueva propuesta trasladada a la Junta de Expurgo serán más de 635.000 los documentos destruidos en la provincia con más de 9.000 cajas retiradas.

La Consejería de Justicia e Interior va a eliminar 506.246 expedientes judiciales antiguos en Sevilla, guardados en un total de 6.810 cajas, con el objetivo de liberar espacios de los archivos de los juzgados y tribunales sevillanos. Esta propuesta se ha trasladado a la Junta de Expurgo, de la que forman parte la Junta y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), para la destrucción selectiva de la documentación carente de valor de los órganos judiciales de la comunidad.

Los documentos que serán próximamente destruidos en esta provincia proceden de 16 juzgados de Instrucción de la capital sevillana, fechados entre 1966 y 1998. Este nuevo expurgo de documentos en la provincia se suma al realizado durante el pasado año con la eliminación de otros 129.633 expedientes judiciales antiguos de los juzgados de la capital guardados en más de 2.423 cajas. Los expedientes destruidos procedían del Juzgado de Instrucción números 5, 14 y 16 de la capital hispalense y correspondían a diligencias previas y juicios de faltas de las décadas de los años 70, 80 y 90.

Esta eliminación selectiva superará a nivel andaluz los tres millones de expedientes desalojados de los archivos judiciales andaluces en cerca de 60.000 cajas en lo que va de legislatura. En esta segunda fase de eliminación selectiva también se conservarán un total de 51.799 expedientes, distribuidos en 806 cajas, que serán trasladados al archivo histórico provincial de Sevilla.

Con esta nueva acción, la Junta quiere seguir avanzando en el proyecto de eliminación de documentación judicial antigua y sin utilidad al suponer una mejora importante de los espacios en los archivos judiciales andaluces. La primera destrucción masiva de esta documentación judicial sin valor, que corresponde a diligencias previas y juicios de faltas de las décadas de los años 70, 80 y 90, se inició en 2012 en seis provincias –entre ellas Sevilla- y posteriormente se ha extendido al resto de Andalucía.

El delegado del Gobierno andaluz en la provincia, Francisco Javier Fernández, ha afirmado que “este proyecto pretende dar respuesta a uno de los problemas más acuciantes de la Administración de Justicia como es la saturación de los archivos judiciales y la falta de espacio en sus instalaciones y que ofrecen una imagen desfasada y negativa de este servicio público”.

Fernández asegura que “no tiene ningún sentido conservar expedientes que no tienen nada de valor ni de interés y que están ocupando inútilmente un lugar en los archivos, un espacio que necesitamos liberar para acoger nuevos documentos o bien destinarlo a otros usos más perentorios”.

El delegado ha puesto de relieve el valor del trabajo que viene realizando la Junta de Expurgo, cuyos resultados han sido elogiados incluso por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Además, ha anunciado que su departamento va a seguir avanzando en esta iniciativa con el objetivo de mejorar los archivos judiciales y modernizar su gestión.

El objetivo fundamental de esta iniciativa es liberar espacio en los archivos y tribunales, así como profundizar en el proyecto de modernización que viene impulsando la Junta para potenciar la progresiva eliminación de documentación que no tiene ningún valor y avanzar en el proceso de impulso de una Justicia digital y sin papeles. De esta forma, se logra un ahorro de costes y de tiempo y se contribuye a la protección del medio ambiente.

El volumen de la documentación judicial en Andalucía carente de valor susceptible de ser destruida es de tal magnitud que alcanzaría una longitud que se aproximaría a los 400 kilómetros si se alinearan todas las cajas que contienen esos documentos.
Criterios de selección

Uno de los criterios principales en la selección de los documentos judiciales que se van a eliminar o archivar es su interés judicial e histórico, para lo que se cuenta con la colaboración de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, que tiene un papel relevante en la aprobación de las correspondientes tablas de valoración. De esta forma, se garantiza la conservación de la documentación con valores históricos o bien de aquélla que posea un relieve social, económico, político o cultural.

La Junta ha dado un plazo de dos meses a los interesados en las actuaciones judiciales para que con pudiesen optar a recuperar, antes de su destrucción, aquellos documentos aportados en su día a los procesos y cuyas referencias se han publicado con anterioridad en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Esta eliminación de expedientes judiciales antiguos es acordada por la Junta de Expurgo, un órgano creado por el Gobierno andaluz y el TSJA para impulsar la gestión de este proyecto mediante el análisis y ordenación de toda la documentación susceptible de ser eliminada o conservada.

La Junta de Expurgo es un órgano colegiado de naturaleza administrativa presidida por una magistrada y que cuenta con el apoyo de un miembro de la carrera fiscal, un secretario judicial, la jefa de servicio de Archivos Judiciales de la Consejería de Justicia e Interior, un funcionario archivero y otro funcionario que hace las veces de secretario. Este órgano determina la exclusión o eliminación de expedientes procesales o, en caso contrario, la transferencia de los mismos a la Administración competente en materia de patrimonio histórico.

El TSJA ha valorado positivamente la destrucción de documentos judiciales y ha puesto de relieve la necesidad de seguir potenciando esta iniciativa del Gobierno andaluz. La Junta, por su parte, ha subrayado la importante labor realizada por los secretarios judiciales y los funcionarios de auxilio judicial que colaboran de forma decidida con los técnicos de archivo de la Consejería de Justicia e Interior.
Nuevo sistema de gestión de archivos

Este proyecto se encardina también en la definición de un modelo único de tratamiento y gestión documental, que haga posible el control y acceso a la documentación judicial desde su creación hasta su eliminación o conservación por interés judicial o histórico. En esta línea de trabajo se encuentra el proyecto JARA, implantado por la Junta en Sevilla y que se ampliará al resto de Andalucía para gestionar los archivos de documentación judicial.

El delegado de la Junta ha elogiado ha resaltado también el nuevo modelo de gestión documental que se está impulsando de forma pionera en los juzgados de Sevilla y que se inserta en la decidida apuesta del Gobierno andaluz por la modernización de la Administración de Justicia y el desarrollo de las nuevas tecnologías con el objetivo de ir avanzando hacia una progresiva eliminación del papel y hacia una Justicia digital, más ágil y eficiente.

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Expedientes confidenciales y archivos digitales delicados no deberían caer en manos de cualquiera

Cuando falla la ofimática
http://elpais.com/ 28/06/2014
La plantilla del Tribunal de Cuentas, en lo que a informática se refiere, es a todas luces ineficaz y obsoleta

En España, uno de los países de la Unión Europea que menos uso hace de Internet, no resulta extraño que las tecnologías de la información y la comunicación (las famosas TlC) sean para muchos ciudadanos algo ignoto. Lo que no deja de sorprender es que en determinadas parcelas de la Administración las TlC suenen a chino.

Que esto ocurra en el Tribunal de Cuentas, un organismo fiscalizador que necesita cruzar una ingente cantidad de datos para comprobar que las cifras de las subvenciones públicas o los gastos de los partidos políticos cuadran, resulta estrafalario y, además, grave. Un informe interno ha puesto sobre la mesa la deficiente preparación profesional de los informáticos de esa entidad. La mayoría carece de los conocimientos científicos y de las técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de ordenadores. De hecho, solo cinco de los 60 trabajadores adscritos al departamento tienen una titulación especializada y 44 apenas cuentan con el Bachillerato o el Graduado Escolar. En un sector que avanza a toda velocidad, muchos empleados solo conocen el programa Windows.

Con tales currículos, la plantilla del tribunal fiscalizador, en lo que a ofimática se refiere, es a todas luces ineficaz y obsoleta. Prueba de ello es que en ocasiones ha tenido que pedir auxilio a la Administración General del Estado para resolver los problemas.

Externalizar servicios no parece una solución óptima, toda vez que el Tribunal de Cuentas maneja información altamente sensible y sujeta al deber de sigilo. Expedientes confidenciales y archivos digitales delicados no deberían caer en manos de cualquiera. Tampoco es de recibo que por la ineficiencia de su personal no sean evaluados correctamente.

Un país que presume de tener una eAdministración a la vanguardia tecnológica y que incluso ha prohibido a los contribuyentes presentar la declaración de la renta con los datos escritos a mano, debería vigilar que el máximo órgano fiscalizador tuviera medios ofimáticos modernos y personal competente. Quizá la ausencia de ambos sea la causa de que algunos de sus informes tarden cinco años en ver la luz.

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Expedientes judiciales obsoletos serán eliminados para recuperar espacio

La Junta eliminará más de 225.000 expedientes judiciales antiguos para liberar espacios en los archivos
http://ecodiario.eleconomista.es/ 21/10/2013

La Consejería de Justicia e Interior va a eliminar 226.806 expedientes judiciales antiguos, carentes de valor, guardados en 6.716 cajas, con el objetivo de liberar espacios de los archivos de los juzgados de la provincia de Málaga, según ha informado el delegado del Gobierno, José Luis Ruiz Espejo.
La eliminación de los expedientes, que se llevará a cabo el mes próximo, se efectuará tras el acuerdo adoptado por la Junta y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para la destrucción selectiva de aquella documentación carente de valor de los órganos judiciales de la comunidad.

Estos expedientes se unen a los 201.051 que ya se destruyeron en una primera fase procedentes de juzgados de la capital y de Coín, con lo cual serán ya más de 427.000 los archivos judiciales que van a ser eliminados en esta provincia próximamente, según ha explicado Ruiz Espejo, a través de un comunicado.

Los documentos judiciales obsoletos que van a ser destruidos próximamente en esta provincia proceden de 15 juzgados de Instrucción de la capital malagueña, además de los juzgados números 1, 2 y 3 de Primera Instancia e Instrucción de Estepona y del juzgado número 9 de Instrucción de Torremolinos, según han apuntado.

La primera destrucción masiva de esta documentación judicial carente de valor se llevó a cabo en seis provincias andaluzas, entre ellas la de Málaga, y los expedientes eliminados correspondían a diligencias previas y juicios de faltas de las décadas de los años 70, 80 y 90. Ahora, este proyecto de eliminación de estos archivos se extiende a todas las provincias, tras el último acuerdo de la Junta de Expurgo.

Esta destrucción selectiva ha sido fruto del acuerdo de la Junta de Expurgo, un órgano creado por el Gobierno andaluz y el TSJA para ordenar y analizar la documentación susceptible de ser eliminada o conservada, garantizando siempre la confidencialidad de los archivos.

La Junta de Expurgo es un órgano colegiado de naturaleza administrativa presidida por una magistrada y que cuenta con el apoyo de un miembro de la carrera fiscal, un secretario judicial, el jefe de servicio de Documentación y Publicaciones de la Consejería de Justicia e Interior, un funcionario archivero y otro funcionario que hace las veces de secretario.

Este órgano determina la exclusión o eliminación de expedientes procesales o, en caso contrario, la transferencia de los mismos a la Administración competente en materia de patrimonio histórico, según han explicado desde la Delegación del Gobierno andaluz en Málaga.

CRITERIOS Y OBJETIVOS

Uno de los criterios principales en la selección de los documentos judiciales que se van a eliminar o archivar es su interés judicial e histórico, para lo que se cuenta con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte, que tiene un papel "relevante" en la aprobación de las correspondientes tablas de valoración.

De esta forma, se garantiza la conservación de la documentación con valores históricos o bien de aquélla que posea un relieve social, económico, político o cultural, han manifestado desde la Junta de Andalucía.

El TSJA ha valorado la destrucción de documentos judiciales y ha puesto de relieve la necesidad de seguir potenciando esta iniciativa del Gobierno andaluz. La Junta, por su parte, ha subrayado la labor realizada por los secretarios judiciales y los funcionarios de auxilio judicial que colaboran con los técnicos de archivo de la Consejería de Justicia e Interior.

El objetivo fundamental de esta iniciativa es liberar espacio en los archivos y tribunales, así como profundizar en el proyecto de modernización de la Junta "para potenciar la progresiva eliminación de documentación que no tiene ningún valor y avanzar en el camino hacia una Justicia digital sin papeles". De esta forma, se logra un ahorro de costes y de tiempo, y se contribuye a la protección del medio ambiente.

Este proyecto se encardina también en la definición de un modelo único de tratamiento y gestión documental, que haga posible el control y acceso a la documentación judicial desde su creación hasta su eliminación o conservación por interés judicial o histórico. En esta línea de trabajo se encuentra el proyecto JARA, implantado por la Junta en Sevilla, y que se ampliará al resto de Andalucía, para gestionar los archivos de documentación judicial.

(EUROPA PRESS)

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ERA TECNOLOGICA Y AUN JUZGADOS ESPAÑOLES EN LA PEOR CONDICION

Los juzgados acumulan trastos desde hace 70 añoshttp://www.lavozdegalicia.es/ 28/09/2012

Para destruirlos habría que analizar miles de expedientes

No es casualidad que el delegado territorial de Presidencia haya visitado estos días la comarca para atender las peticiones de los funcionarios de los juzgados respecto a las estrecheces en los archivos. Aunque las demandas del personal de Xustiza son muchas, la falta de espacio para almacenar los objetos incautados, las pruebas de los delitos, los artículos robados y otros muchos cachivaches se está convirtiendo en un problema endémico que solo tiene dos soluciones: o se traslada a otro espacio, o se permite su destrucción. Pero uno y otro son complejos. Hace mucho tiempo que se viene hablando del expurgo de los juzgados, pero hacer una limpieza en sus archivos implicaría tener al personal durante mucho tiempo examinando los expedientes para saber lo que se puede retirar y lo que no. Y eso es lo que no hay, ni personal, ni tiempo.

A la hora de construir los edificios de los juzgados de la comarca no se pensó ni en las necesidades de los funcionarios ni en la necesidad de disponer de espacio para los archivos. Y eso a pesar de que las pruebas, los documentos y las diligencias son fundamentales en la labor judicial. Por eso los trabajadores de Vilagarcía, cuando llegaron al edificio nuevo de O Cavadelo y comprobaron que no tenían sitio ni para guardar sus cosas, fueron haciéndose con los espacios que encontraban donde podían para improvisar archivos. Hasta se ocuparon las dos celdas que hay en el edificio, y que en lugar de presos -permanecen en los calabozos de comisaría- encierran discos, bicicletas y cualquier objeto incautado. Ya no hay sitio ni para los papeles.

Más peculiar todavía es el caso de Cambados, porque se trata de uno de los juzgados más antiguos de la comarca; de hecho, el número uno se creó en el siglo XIX. No hay constancia de que en el actual edificio de Terra Santa permanezcan documentos de esa época, pero sí efectos incautados que llevan allí más de setenta años. Como explica Xaquín Charlín, funcionario de dicha sala, «eu levo aquí dende o ano 79, e hai obxectos que están aí dende entón porque non se poden retirar, non se anotou o número de expediente e non se coñece a procedencia».

Para evitar que esos errores se repitan, el material incautado desde hace doce años se registra para que se puedan retirar o destruir una vez que hay una sentencia definitiva o cuando el asunto se resuelve en un juicio de faltas. Además, todo lo que había guardado en Cambados entre los años 1920 y 1970 se trasladó al archivo histórico, lo que permitió a jueces y funcionarios seguir sobreviviendo entre legajos.

Aún así, son cuatro juzgados, y cada vez hay más pleitos, por lo que en los archivos se acumula de todo, desde televisores y tocadiscos hasta destornilladores y un ataúd que permaneció tres años almacenado después de que apareciese, como amenaza, en la puerta de un abogado. Por supuesto, también tabaco, mucho tabaco de los años dorados del contrabando que finalmente fue destruido «porque xa desprendía un cheiro insoportable», admite Charlín. Lo que no hay es armas, porque tienen que quedar bajo custodia de la Guardia Civil.

Y como esos viejos proyectos de los años de bonanza en los que se soñaba con nuevos edificios para Vilagarcía y para Cambados parecen ir diluyéndose con la crisis, de momento, hay ideas para salir del paso. «Penso que con estanterías novas imos tirando», admite Charlín.

Un ataúd dejado en la puerta de un abogado estuvo tres años en el archivo

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PROYECTO DE LEY PARA DESTRUIR EXPEDIENTES JUDICIALES

La Justicia quiere destruir expedientes

http://www.ushuaianoticias.com/ 25/09/2012 


Los miembros del Superior Tribunal de Justicia, María del Carmen Battaini, Gonzalo Sagastume y Darío Muchnik, presentaron un proyecto de ley ante la Legislatura fueguina con el objeto de obtener autorización para la destrucción de archivos.

La moción busca establecer un régimen de destrucción de expedientes archivados del Poder Judicial. Contempla plazos máximos de conservación según se trate de causas penales o civiles y comerciales. En materia penal, por ejemplo, pretende normar que se destruyan los expedientes archivados transcurridos diez años cuando la causa hubiera terminado por absolución, sobreseimiento o desestimación; transcurridos diez años de extinguida la pena en aquellos casos en que haya recaído condena y noventa y nueve años a contar de la fecha de nacimiento del condenado, en los supuestos de pena de prisión o reclusión perpetua o por tiempo indeterminado. En este último caso se especifica que si la condena variase por disminución de la pena, el plazo de destrucción de la causa sea de diez años. También se contempla que las actuaciones referidas a recursos de queja, pedidos de informe de indultos, conmutación o reducción de pena, sean destruidas simultáneamente con la causa principal.

En materia civil, comercial, laboral, de familia, electoral y administrativa, prevé diez años contados desde la sentencia o resolución que ponga fin al proceso. Desde la última actuación tratándose de causas paralizadas. Diez años cuando se trate de actuaciones tramitadas ante los ministerios públicos, órganos administrativos y de superintendencia.

En la Acordada 69, del 7 de septiembre del corriente, los jueces fundamentaron su pedido aduciendo que en el Poder Judicial existen expedientes que tienen más de tres décadas de terminados y no presentan motivo para su conservación. Consideraron que es preciso regular las condiciones de eliminación de los mismos respectando los derechos individuales y el interés social de los involucrados, procurando obtener espacio para la guarda de otros expedientes terminados, evitando mayores erogaciones y permitiendo una mejor labor de los tribunales y juzgados.

Los jueces explicaron que la Ley Provincial 714, aún sin reglamentar, que regula el sistema provincial de administración documental y de archivos, incluye en ese régimen al Poder Judicial de Tierra del Fuego. Para los magistrados “es inconveniente que dicha norma contemple el archivo del Poder Judicial ya que este difiere considerablemente del de otros organismos públicos pues tiene presente de manera principal el interés privado de las partes que intervienen en el proceso, que preponderantemente es de carácter reservado o la condición de quienes han sido sometidos a juicio penal, poseyendo características distintas el proceso judicial y el administrativo. Los archivos judiciales no pueden funcionar interrelacionados y con disponibilidad recíproca con los de otros poderes del Estado, ni depender de autoridad ajena al Poder Judicial, no pudiendo tampoco delegarse su actividad operativa”.

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EN FISCALIA PERUANA EL ARCHIVO DE EXPEDIENTES ES DEFINITIVO E IMPIDE INVESTIGACION DE HECHOS DE CORRUPCION

Fiscalía con vocación de archivar denuncias por corrupción
http://www.cronicaviva.com.pe/ 11/09/2012
La procuraduría se encuentra atada de manos al no poder apelar, porque en la Fiscalía de la Nación hay una vocación por archivar las denuncias de corrupción que involucran a funcionarios del gobierno pasado, sostuvo hoy Julio Arbizu, procurador anticorrupción.
“Hay una vocación por el archivo. Son muy pocos los casos que efectivamente continúan o se formaliza la denuncia; en muchos de estos casos no estamos de acuerdo con los argumentos planteados, (…) y sí, hay muchísimos archivos en relación con funcionarios del gobierno aprista”, señaló.

Fue al comentar la información que señala que se ha dispuesto el archivo de 28 investigaciones sobre presuntos actos de corrupción, como aprovechamiento indebido del cargo y enriquecimiento ilícito detectados en el gobierno aprista.

En declaraciones a Ideeleradio, Arbizu explicó que los archivos de la Fiscalía son definitivos y que, lamentablemente, no hay una instancia de revisión superior como existe en otras instancias judiciales.

“Sí, nosotros en algún momento hemos hecho pública nuestra disconformidad con alguna de esas decisiones y quizá habría que buscar algún mecanismo para que esto no suceda, para que se ejercite el principio de la doble instancia a todo nivel”, anotó.

Arbizu señaló que la Fiscalía de la Nación tiene competencia para investigar los casos de enriquecimiento ilícito, no solamente de personas que tienen derecho de antejuicio

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SANTA FE NO TENDRA EXPEDIENTES JUDICIALES TODO PROCESO SERA ORAL

Se acaban los papeles en la Justicia de Santa Fe
http://www.lavoz.com.ar/ 21/05/2012

Con el nuevo Código Procesal Penal desaparecen los expedientes. Se multiplicarán los fiscales. Los jueces no tendrán más despachos ni empleados.

Con la promulgación del nuevo Código Procesal Penal, Santa Fe dejará de tener el sistema judicial más antiguo para convertirse en el más moderno del país. Esa provincia dejará atrás el procedimiento escrito contemplado en el Código de la Nación del año 1895 y de un día para otro desaparecerán los expedientes judiciales y todo el proceso será oralizado. A través de la reforma se multiplicará el número de fiscales y los jueces no tendrán más despachos, secretarios, prosecretarios ni personal a cargo.

El autor de la reforma es el actual fiscal General de Santa Fe, el jurista Julio De Olazábal, quien mantuvo reuniones con autoridades judiciales de Córdoba para interiorizarse del funcionamiento de la Policía Judicial. “Nos interesa contar con un organismo similar que nos permita aplicar la ciencia, las nuevas tecnologías para el esclarecimiento de los delitos. En Córdoba ya se reconstruyen los crímenes con imágenes tridimensionales”, comentó a este diario el jefe de los fiscales santafesinos.

De Olazábal dice que aunque Córdoba fue pionera en la oralización de los juicios, pero todavía no ha logrado eliminar el papeleo, los expedientes, como ya lo hizo Capital Federal. Nosotros vamos a producir un cambio total y de inmediato. De un día para el otro no habrá más expedientes. El cambio tiene que ser sin anestesia”.


En la actualidad, Santa Fe tiene 40 fiscales, pero una vez que entre en vigencia el nuevo Código habrá 144 más. Rosario, por citar un ejemplo, tendrá 60 fiscales, lo que equivale al total de los que hay en la provincia de Córdoba.

Para significar el atraso que tiene el sistema judicial santafesino, el Fiscal General comentó que las ciudades de Paraná y Santa Fe están separadas por el túnel subfluvial. “Hace un tiempo, un empresario fue secuestrado y asesinado en Paraná, un caso idéntico ocurrió días después en Santa Fe. En Paraná, donde los juicios son similares a los de Córdoba, el crimen se resolvió en 8 meses con los autores condenados; en Santa Fe demoramos 4 años”.

Jueces sin despacho. Los 190 fiscales serán quienes investiguen, consigan testigos y pruebas y se manejarán con absoluta independencia. “Los fiscales tendrán una autarquía funcional y financiera. Lo fundamental es que no pueden recibir ordenes de ninguna autoridad, ni siquiera de la propia Corte Suprema de la provincia”.

Frente al poder que adquiere el trabajo de los fiscales, los jueces perderán demasiado. “Desaparece la idea de juzgados independientes, cada juez que ahora tiene secretario, prosecretario, empleados, no tendrá nadie a cargo y ni siquiera una oficina. El nuevo sistema judicial establece que el juez cuando entra a la sala de audiencias no tiene que haber conocido el caso. La mejor imparcialidad es no tener conocimiento. Si a mí me dan un expediente yo ya tengo cierta predisposición. Ahora, cuando entre a la sala, no sabrá si se trata de una lesión, un accidente o un homicidio. El juez no puede preguntar, le está expresamente prohibido hacerlo. Debe escuchar y fallar, podría decirse que cumple la función del árbitro en un partido de fútbol”.

De Olazábal explica que la figura del fiscal aparece con mucha fuerza, “es el encargado de buscar la prueba, de exponer la prueba, de preparar el juicio, de hacer la acusación. Si el juicio fracasa es culpa del fiscal”.

Otra novedad del nuevo sistema es que habrá una sola posibilidad de apelar. “Todo va a ser muy rápido. Si el fiscal o el defensor no están de acuerdo con la sentencia pueden recurrir a la Cámara de Apelaciones. Los defensores no podrán decirle al tribunal que su cliente no dijo tal o cual cosa, o que quiso decir otra. Como no hay papeles los jueces verán el video del juicio (todos van a ser filmados) y se limitarán a decidir sobre lo que ven”, concluyó.

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ARCHIVOS JUDICIALES TRASLADADOS A LA CIUDAD DE LA JUSTICIA

Comienza el traslado de los archivos de los juzgados a la Ciudad de la Justicia

SITE: http://www.ideal.es/almeria

FECHA: 04/01/2010

AUTOR: FRAN GAVILÁN | ALMERÍA

Esta instalación, completamente acabada, tras dos años de retrasos y sin fecha de apertura, acabará con la actual dispersión de los órganos judiciales en la capital
La Junta de Andalucía ha iniciado el traslado de los archivos de los órganos judiciales ubicados en el edificio de la calle Canónigo Molina Alonso a la Ciudad de la Justicia. Y para ello, la Consejería de Gobernación y Justicia ha destinado más de 232.000 euros a la mejora de la gestión de los archivos judiciales en Almería con motivo de su traslado a la nueva sede. Está previsto que estos trabajos se desarrollen a lo largo de todo el mes de enero de 2011.
Según informan desde la Junta, previamente a la ejecución del traslado, se ha realizado una labor de organización del fondo documental que ha consistido, por una parte, en el cotejo de la descripción y contenido de las cajas mediante el recuento de los documentos incluidos en cada unidad y, por otra parte, en la confección de un inventario de control de documentación, una herramienta imprescindible para el traslado y recepción de los fondos.
El destino de estos documnetos será el sótano tercero de la Ciudad de la Justicia, que cuenta con unas instalaciones con 23.000 metros lineales de archivo con capacidad para albergar más de 227.000 cajas de documentación judicial.
Para el traslado, la Junta ha contratado a una empresa especializada para gestionar por un periodo de dos años los servicios de transferencia de documentos y préstamo a los órganos judiciales que se ubicarán en la Ciudad de la Justicia. Esta misma compañía es la encargada de la organización y el traslado de los archivos realizado en colaboración con una empresa de mudanzas.
Instituto de Medicina Legal
Asimismo, también se ha iniciado ya el equipamiento del nuevo centro del Instituto de Medicina Legal en la Ciudad de la Justicia de Almería. Las instalaciones, distribuidas en un edificio de tres plantas, reunirán todos los servicios del Instituto y facilitarán su relación con los juzgados de Instrucción, Violencia sobre la Mujer, Primera Instancia y Penales, que generan el noventa por ciento de los requerimientos que recibe. Una vez equipadas las instalaciones, el Instituto de Medicina Legal de Almería se situará entre los centros de este tipo de máximo nivel que existen en Andalucía y en el resto de España.
La Junta ha destinado 42,5 millones de euros a la construcción y equipamiento de la Ciudad de la Justicia, un edificio de 30.000 metros cuadrados que lo convierten en la mayor sede administrativa de la provincia. Esta instalación, completamente acabada, tras dos años de retrasos y sin fecha de apertura, acabará con la actual dispersión de los órganos judiciales en la capital.

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