"Operación Cóndor: 40 años después"

Operación Cóndor: Mantener viva la memoria
http://www.judiciales.net/ 25/11/2015

Con la presencia de embajadores, representantes de las Naciones Unidas, magistrados, encargados de reparticiones del Poder Judicial, funcionarios judiciales e invitados especiales se inició el seminario "Operación Cóndor: 40 años después". En la apertura el director del Museo de la Justicia, doctor José Agustín Fernández, agradeció a los presentes y recordó los hallazgos de los denominados Archivos del Terror.

Enfatizó que se pretende que lo ocurrido con la Operación Cóndor no se vuelva a repetir jamás en la historia e instó a mantener viva la memoria. En tanto el director general de la Unidad General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, ministro Juan Miguel González Bibolini, celebró la presencia de representantes de diversos países. Agradeció, igualmente, a la Corte Suprema de Justicia por acoger el seminario y destacó el trabajo desarrollado por el Museo de la Justicia.

Por su parte, el alto representante general del Mercosur, Florisvaldo Fier, manifestó que el Plan Cóndor sigue presente en el Mercosur y que las víctimas sobrevivientes aún siguen sufriendo, por lo que hay que combatirlo, de modo que no se vuelva a repetir este tipo de atrocidades. Mientras que el secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH), Paulo Abrao, remarcó que lo que se busca constantemente es rescatar la verdad y la memoria, y apuntó que se está logrando la integración regional y que se está construyendo un Mercosur con base ética y en DD.HH.

Finalmente, se procedió a la presentación del libro "40 años del Cóndor", a cargo de Javier Palummo, del IPPDH del Mercosur, organismo que compiló la obra, y sus autores, Iván Akeselrud, de Brasil; Mónica Venegas, de Venezuela; y José Agustín Fernández, de Paraguay. La actividad proseguirá esta tarde en el Museo de la Justicia, Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, con el desarrollo del seminario, además de la visibilización de nombres de víctimas del Operativo Cóndor y la exposición de libros, esta última se realizará en la Plazoleta del Palacio de Justicia.

Autor: MABEL VILLAMAYOR

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Archivos secretos de inteligencia de la dictadura de Pinochet se mostraran en programa "En la Mira"

“EN LA MIRA” REVELARÁ ANÁLISIS DE FICHAS ENCONTRADAS EN VILLA BAVIERA Y ELABORADAS EN DICTADURA

http://www.lanacion.cl/ 10/07/2014

Tras el hallazgo en el año 2005 de importantes archivos secretos que contenían información de personas contrarias al régimen militar, se realizó un análisis que da cuenta de importantes antecedentes hasta hoy desconocidos por la opinión pública.

Este miércoles el programa "En la Mira" de Chilevisión mostrará en pantalla un reportaje de los periodistas Luis Narváez y Patricio Godoy y donde se dará cuenta de un importante y nutrido archivo encontrado por efectivos de la PDI en el año 2005 en los terrenos de Villa Baviera. Los documentos contenían más de 40 mil fichas de inteligencia las que fueron elaboradas por aparatos de la dictadura de Pinochet.

De forma exclusiva el equipo periodístico del programa mostrará los análisis del contenido que aportará antecedentes relevantes sobre los crímenes cometidos en el recinto de Colonia Dignidad, además de la identidad de sus ejecutores y los nexos de la organización con la dictadura, el ejército y civiles.

TRISTEMENTE CÉLEBRES

La Colonia Dignidad, fue centro de operaciones de grupos de ultraderecha chilenos antes del golpe de estado de 1973 y luego, base de la DINA, centro de tortura y ejecución de prisioneros políticos durante el régimen de Pinochet. Colonos alemanes colaboraron con los organismos represivos chilenos y está documentada ladesaparición de al menos 112 personasen los predios de la Colonia, a lo que se suma el paso de centenares de detenidos que fueron sometidos a torturas en el recinto.

El Ministro en visita que investiga el caso, Jorge Zepeda, puso las fichas incautadas en manos de la Jefatura de Inteligencia de la PDI para su análisis, considerando el gran valor de la información que ellas contienen para aclarar los crímenes cometidos en el enclave alemán, como también la identidad de sus ejecutores y las redes de inteligencia e influencia con que operó la Colonia Dignidad en complicidad con los organismos represivos del régimen de Pinochet y grupos civiles de derecha que le dieron cobertura y protección.

Una vez que la policía avanzó en el análisis de los archivos, el Ministro Zepeda prohibió totalmente la divulgación de su contenido, argumentando que compromete"secretos de estado" por lo que las fichas fueron celosamente guardadas y hasta hoy se desconoce su contenido. Recién éste año, el ministro liberó poco más de 400 fichas a organismos de derechos humanos las que no aportan luces sobre los crímenes cometidos.

MATERIAL EXCLUSIVO

Un equipo de "En la Mira", inició una investigación para dar con el paradero de las fichas censuradas y logró acceder a ellas. El contenido de las fichas será dado a conocer en forma exclusiva por el prohgrama de Chilevisión aportando antecedentes sobre los crímenes cometidos en la Colonia Dignidad, la identidad de sus ejecutores y los nexos de la organización con la dictadura.

"Tenemos por primera vez elementos suficientes para conocer cómo los organismos represivos de la dictadura elegían sus objetivos, cómo organizaban los seguimientos, la búsqueda de información y, finalmente, los secuestros y crímenes", señala Luis Narváez uno de los periodistas que realizó la investigación.

Según el profesional, por primera vez existe registro material, documental, de interrogatorios bajo tortura realizados por la DINA. Manifiesta que el caso más dramatico es el de Pedro Juan Merino Molina."Encontramos dentro de las fichas una operación militar de gran envergadura, desconocida para la justicia, sobre secuestros y torturas en contra de simples campesinos, ocurrida en 1974 fichas que hablan de entregas de armas y cuentas secretas de miembros de la junta de gobierno", aseveró Narváez.

El capítulo de este miércoles lleva por nombre "Las fichas del horror" y será emitido desde las 22:30 horas.

Autor: Rodrigo Chacón T. - Foto: Chilevisión 

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ARCHIVOS DIPLOMÁTICOS SERÁN DESCLASIFICADOS

ACUERDO CON ITALIA IMPULSARA DESCLASIFICACION DE ARCHIVOS SOBRE DESAPARECIDOS
http://www.elpatagonico.net / 31/05/2011 / Télam, enviados especiales
El Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, anunció hoy que Argentina e Italia firmarán un memorando de entendimiento por medio del cual el gobierno italiano va a “impulsar la desclasificación” de archivos diplomáticos sobre los desaparecidos durante la última dictadura militar argentina.
El acuerdo será suscrito mañana por el canciller argentino Héctor Timerman y su par italiano, Franco Frattini, en presencia de Duhalde y el presidente del archivo de la Memoria, Ramón Torres Molina, en el marco de la visita de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a Roma.
El gobierno italiano se compromete así a “impulsar la desclasificación de la documentación obrante en los consulados y embajadas sobre desaparecidos italianos en Argentina o descendientes de italianos, o argentinos que fueron desaparecidos en la mismas operaciones que italianos”, explicó Duhalde a Télam.
Se trata de “archivos diplomáticos” en los que constan denuncias de desapariciones forzadas o torturas realizadas por italianos o sus familiares ante las representaciones diplomáticas o consulares, concretó.
Duhalde señaló que con este acuerdo “el gobierno italiano manifiesta su voluntad de impulsar esta desclasificación dado que aquí, en Italia, rige una ley severa de protección de datos personales y hay que sortear los impedimentos que la misma presenta”.
La mencionada ley impide hacer públicos datos personales a menos que exista una autorización para ello, que en este caso requiere aprobación parlamentaria.
El Secretario de Derechos Humanos aseguró que primero “se creará una comisión bilateral que acordará los términos y los pasos a seguir” para la entrega de la documentación, que “esperábamos que no sean demasiado engorrosos”.
“Estando empeñada la voluntad del gobierno italiano y con los antecedentes que hay en Italia por los juicios que hubo a represores, no creo que haya problemas”, insistió.
En tanto, Duhalde subrayó que “contar con esta documentación oficial puede servir para los juicios que se desarrollan en Argentina”. También supone una contribución a la memoria histórica, dijo.
“Es un gran avance porque en estos años no hemos tenido igual correspondencia de otros países, como es el caso de España, que no nos ha proporcionado esta documentación a pesar de que el reclamo fue constante, incluso a través de la comisión de familiares de españoles desparecidos en Argentina”, señaló.
También el Senado de Estados Unidos no autorizó una solicitud similar, algo que, según Duhalde, “se entiende más por su complicidad y responsabilidad con la dictadura argentina en esta materia”.
Estados Unidos “ha sido más que cómplice instigador; pero en el caso de España no se explica, aunque no nos cabe duda de que hubo entendimiento entre los servicios de inteligencia español y argentino durante la dictadura”, subrayó.
A pesar de ello, el Secretario de Derechos Humanos destacó la labor que se está haciendo con las Comunidades autónomas españolas, que han financiado la investigación del archivo que ha permitido la publicación de un listado de desaparecidos españoles de estas regiones.
Finalmente, Duhalde se refirió al proyecto de ley de memoria histórica impulsado por el gobierno nacional, que cuenta con una serie de artículos relativos al archivo de la memoria y que deroga legislación interna como la ley de Defensa Nacional o de la Side, que protegen documentación sobre las desapariciones en Argentina. (Télam).-

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ARCHIVO DEL BATALLÓN 601 DE LA DICTADURA ARGENTINA

El archivo nacional de la memoria le entregó a la justicia más de 1.000 nombres de personal de inteligencia

http://www.diariojunio.com.ar/ 19/05/2011 /

El Archivo Nacional de la Memoria (ANM) entregó ayer a la justicia un nuevo listado con más de 1000 nombres de personal civil y militar del Batallón de Inteligencia 601 para aportar a la causa que investiga los delitos de esos agentes de inteligencia y el grupo de tareas que funcionó en esa dependencia. La lista, aportada por el presidente del Archivo, Ramón Torres Molina, contiene 915 integrantes del Personal Civil de Inteligencia y el nombre de 108 suboficiales del personal militar. El total de agentes vinculados a la dictadura, cuyos datos tiene el fiscal Di Lello, llega a 6030. No todos cumplían tareas represivas.
Esta nómina se integrará a la investigación que se lleva adelante en la causa “Batallón de Inteligencia 601 Ejército Argentino y otros, según privación ilegal de libertad”, una parte residual del caso denominado “Contraofensiva”, actualmente a cargo del fiscal federal Jorge Di Lello por delegación del juez Ariel Lijo.
En esta causa, el ANM ya había aportado unos 3900 nombres del personal civil: 1599 del Personal Civil de Inteligencia (PCI) en el Batallón 601 y 2353 que se desempeñaron en distintos destacamentos y secciones de Inteligencia en diferentes ciudades del país. Además, el Archivo había enviado al juzgado federal de Bahía Blanca una lista de 712 nombres de personal civil que integraron el Servicio de Inteligencia Naval (SIN) para aportar a la causa que investiga el accionar de la Armada.
Los nombres de los 108 suboficiales surgieron a partir de una iniciativa del área de Investigación Histórica del Archivo, que revisó la documentación de la época y reconstruyó el listado a través de los recibos de sueldo del personal militar, mientras que el personal civil fue aportado en los últimos meses por el Ministerio de Defensa de la Nación al ANM en razón del Decreto 4/2010, que permitió la desclasificación de toda “la información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas”. Con esta lista, ya se entregaron a la justicia los nombres de 6030 agentes de inteligencia que participaron del Batallón 601 durante la última dictadura. “A través del Ministerio de Defensa tendríamos que tener todas las listas del personal de Inteligencia, pero seguimos permanentemente buscando nueva información como esta que acabamos de enviar a la justicia”, señaló a Tiempo Argentino el presidente del Archivo, Ramón Torres Molina. El funcionario aclaró que “no hay 6030 personas ligadas a la represión, sino que muchos cumplían tareas administrativas, de maestranza. No todos tenían tareas represivas”, y agregó: “Es un primer paso para aportar a las investigaciones de las causas que se realizan en todo el país.”
El Batallón 601, que dependía de la Jefatura II de Inteligencia del Comando del Ejército, se especializó durante la última dictadura en hacer inteligencia sobre los grupos y personas consideradas “subversivas”. Tenía bajo su mando directo varios centros clandestinos de detención y estaba integrado por representantes de todos los servicios de Inteligencia del país. Para cumplir sus objetivos de reunir información utilizaba tácticas de infiltración, seguimientos, secuestros, torturas y desaparición. Además, hay constancia de participación del Batallón 601 en asesoramiento y operaciones en otros países junto a la CIA. Este grupo de tareas enseñó el “método argentino” a los “Contras” nicaragüenses y a grupos paramilitares en Honduras y Guatemala.

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LOS ARCHIVOS PERSONALES PERMITEN CONOCER EL DESTINO DE MUCHAS VICTIMAS

"Siempre la información nos llega del lado de las víctimas"

EN:  LANACION.COM

SITE: http://www.lanacion.com.ar

FECHA: 04/07/2010

AUTOR: Por Beatriz Sarlo

Entrevista con Graciela Fernández Meijide

Nunca la Justicia había accedido a un archivo de la represión ilegal como el que presentó en Tucumán el ex detenido Juan Carlos Clemente. La inédita aparición de esas anotaciones clandestinas reavivó la discusión sobre la posible existencia de archivos personales todavía ocultos que permitirían conocer el destino de muchas víctimas. En esta entrevista, Graciela Fernández Meijide explica por qué sostiene que "la información es poder" y por qué cree que una atenuación de penas a cambio de datos permitiría avanzar más en el camino de la verdad

Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, tu actividad como secretaria de la Conadep te colocó ante personajes que combinaban el delito común con la participación en actividades represivas. Una historia que mezcla espionaje, soberbia, amenaza y pretensión de impunidad.

-Hacia 1980, la dictadura ordenó la detención de policías que habían armado, dentro de los grupos de tarea, pequeños emprendimientos personales: usaban la camiseta para secuestros, extorsiones, robos, mejicaneadas. Estaban en la cárcel de Caseros, por delitos comunes. Algunos de esos tipos pidieron declarar ante la Conadep, quizás calculando que podía favorecer su situación. A raíz del testimonio de un sobreviviente, yo acepto interrogar a uno de estos policías presos, que llegó acompañado por otro del mismo oficio. Un psicópata. Todo el tiempo intentó colocarse, frente a mí, en la posición dominante. En un momento, me pasó unas hojitas: los originales de lo que se llamaba "pedido de blanco", es decir la comunicación sobre quién va a ser detenido o secuestrado, y la "alternativa", o sea a quién debía llevarse el grupo de tareas si el "blanco" no estaba en el lugar. Me la entregaba como prueba de que había tenido poder y de que podía eventualmente recuperarlo. Una amenaza no muy difícil de descifrar. Pero eso no fue todo. De pronto, tiró un manojo de llaves sobre el escritorio y dijo: "Son las llaves que abren la puerta de la casa de las Madres; yo estuve ahí". Como a nosotros nos habían puesto micrófonos en la APDH, le pregunté: "¿Y las de la Asamblea no me las puede dar?". Se mira con otro tipo que había venido con él y le pregunta: "¿A la APDH la hicimos nosotros?" Esa es la trama que se había armado, una trama muy difícil de deshacer.

-Por eso, después de la desaparición de Julio Jorge López, testigo en la causa del capellán de la policía bonaerense Christian von Wernich, nada hacía prever que otro testigo se animaría a aportar en un juicio una prueba que lo pudiera poner en peligro. Sin embargo, la semana pasada, una lista con casi 300 nombres fue presentada en el Tribunal que juzga la represión en Tucumán por Juan Carlos Clemente, ex detenido durante la dictadura que luego pasó a trabajar en la policía. El guardó durante 33 años esa lista que iba a ser destruida en una dependencia policial.

-Quiero creer que tanto el estado provincial como el nacional se han hecho cargo de su seguridad. Un intento de venganza es previsible cuando se toca a la policía. La institución policial cree que los gobiernos pasan, pero que la fuerza permanece, y hace valer sus lealtades. La protección de la policía a sus integrantes no sólo tiene que ver con el ejercicio de la fuerza sino con los negocios paralelos, y las lealtades son mucho más fuertes que en las Fuerzas Armadas. Yo creo que la desaparición de López tuvo que ver con eso: se había metido nada más y nada menos que con la bonaerense.

-Clemente conservó esas listas durante décadas, las salvó de la destrucción y las escondió. Todo remite a algunas de las reflexiones que has hecho acerca de la existencia de información de esta naturaleza que todavía podemos desconocer.

-Emilio Mignone, abogado, padre de una desaparecida, uno de los creadores del Centro de Estudios legales y Sociales (CELS), cuando comenzó la transición hacia la democracia, estaba convencido de que la orden de destruir la información relacionada con la represión no se iba a cumplir totalmente o no alcanzaría a eliminar todos los archivos que seguramente existían. Sus razones eran tan buenas que nos convenció a todos en la APDH. La información es poder, el poder no se regala ni se desperdicia y, por lo tanto, la información se guarda. Subsisten archivos escritos o fotográficos, también hay datos que se conservan en la memoria. Los imputados o acusados en juicio no dan esa información, y toda la que existe ha sido recogida por las familias de las víctimas. Incluso esta última lista fue entregada por alguien que, en primer lugar, fue una víctima, aunque luego se haya quebrado, porque no aguantó la tortura, lo cual es absolutamente humano. Pero la información siempre nos llega del lado de las víctimas. Nuestro código de procedimientos actual no permite ofrecer la alternativa de penas menores a cambio de información fidedigna y comprobable a los procesados, sobre todo a los más jóvenes, que fueron los que actuaron directamente en las torturas y en las desapariciones. Esa información puede incluir datos sobre secuestros de chicos que hoy son adultos jóvenes, y también sobre cadáveres. Salvo aquellos que lograron identificar los restos, las otras familias nunca lograron terminar de cerrar su duelo, si es que los duelos se cierran alguna vez.

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oBSTACULOS PARA ACCEDER A LOS DOCUMENTOS DE PROCESOS MILITARES

Escasa memoria histórica

EN: TIEMPODEHOY.COM

SITE: http://www.tiempodehoy.com

FECHA: 11/06/2010

AUTOR: Nativel Preciado

Consulto el nombre de un familiar en el portal de Víctimas de la Guerra Civil y Represaliados del Franquismo y no aparece. El Ministerio de Cultura asegura haber incluido en dicha web los datos de 750.000 víctimas de la guerra y de la dictadura, pero Lucas Preciado sigue desaparecido en ese registro oficial. Era mi abuelo y no ocupó ningún cargo público, pero tenía carné de la UGT y defendió la legalidad republicana, motivos por los cuales lo detuvieron unos falangistas que le acusaron de rebelión militar y traición a la patria. Fue uno más de los fusilados por las tropas franquistas en el año 1936, después de pasar cinco meses en el campo de concentración de San Marcos de León, junto a otros 7.000 hombres y 300 mujeres que, en su mayoría, tuvieron un destino parecido. Le mataron en noviembre del 36, en una ejecución masiva que tuvo lugar en el macabro polígono de tiro de Puente Castro.

Hace años supe los detalles de su muerte y el lugar donde estaban sus restos, gracias a la ayuda de algunas personas generosas y eficaces, entre ellas, un fiscal cuyo abuelo también estuvo preso en San Marcos y fue fusilado el mismo día. Aunque he tenido ocasión de mostrarle mi eterna gratitud, no escribo el nombre del fiscal que consiguió primero localizar y después fotocopiar a través de métodos poco ortodoxos la parte correspondiente de la Causa General donde aparecía el Consejo de Guerra de mi abuelo que, por cierto, había ido a parar al archivo militar de El Ferrol. Cuando logré aclarar su historia y despejar las incertidumbres que torturaron a mi madre, la hija de Lucas, me quedé tranquila y dejé constancia de los detalles en la novela Camino de hierro. Aunque existen pruebas documentales, su nombre no está en el referido registro oficial, pero sí aparece en el monumento de la capilla laica que se construye en el cementerio de Puente Castro de León, en homenaje a los miles de republicanos fusilados, cuyos cuerpos permanecían en una fosa común. Este reconocimiento se lo debo al profesor de la Universidad de León Javier Rodríguez González, autor de la tesis León bajo la dictadura franquista (1936-1951), y al Foro por la Memoria de León. Si estas personas no se hubieran ocupado tan generosamente de rehabilitar su memoria, mi familia continuaría perdida en la burocracia de una insuficiente ley de la memoria histórica.

Lo recuerdo, una vez más, porque al haber sido en este aspecto una privilegiada, comprendo mejor la impotencia de las familias que, a estas alturas, no encuentran rastros de sus muertos. A pesar de que el artículo 22 de la ley de la memoria histórica establece el derecho de los ciudadanos a consultar los documentos depositados en los archivos públicos y la obtención de copias, tanto los afectados como los historiadores siguen encontrando numerosos obstáculos para acceder a los documentos sobre los procesos militares del franquismo. Por eso es comprensible que surjan constantes iniciativas para intentar resolver las injusticias y agravios que la citada ley ha dejado pendientes durante tantos años.

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