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No hay ni una sola empresa pública estatal que cumpla en un 100% con la ley de acceso a la información
>> miércoles, 5 de junio de 2013
Organismos públicos incumplen norma que les obliga publicar datos en Internet
http://www.lr21.com.uy/ 05/06/2013
El incumplimiento de la ley de acceso a la información por parte de las distintas oficinas públicas fue denunciado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAINFO), que aseguró que no hay ni una sola empresa pública estatal que cumpla en un 100% con lo que establece la normativa.
Las obligaciones legales alcanzan en algunos casos a situaciones harto complejas como por ejemplo la Corte Electoral que cumple apenas el 15% de sus obligaciones en la materia según el Centro de Archivos.
“Algunos de los organismos centrales para el fortalecimiento de la democracia se encuentran lejos del cumplimiento de las obligaciones legales mínimas en materia de transparencia (…) Lo más preocupante es que la media de los organismos están en un nivel medio bajo o bajo, sobre todo algunos organismos como las juntas departamentales y las intendencias. Algunos tienen un muy buen comportamiento, si bien sus niveles son mejorables, tal es el caso de la Contaduría General de la Nación, el Banco Central del Uruguay, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (Agesic) o el Ministerio de Desarrollo Social”, dijo Mariana Mas, integrante de CAINFO al programa No Toquen Nada.
Todavía “estamos por vencer la cultura del secreto”
El 42,5% de los organismos tienen un nivel de cumplimiento bajo de las normas, pese a que hace ya cuatro años que entro en vigencia la ley 18.381 que regula el tema.
“Tal vez se deba a que todavía estamos tratando de vencer la cultura del secreto, que se vuelva una práctica habitual estar poniendo información en línea, como una práctica que se le debe a los ciudadanos. Por otra parte tenemos otro elemento que es la Unidad de Acceso a la Información Pública, que es un organismo de control, que todavía es débil, cuenta con poco presupuesto y no se ha abocado a formar en el acceso a la información pública a los organismos obligados por ley”, explicó Mas.
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http://www.lr21.com.uy/ 05/06/2013
El incumplimiento de la ley de acceso a la información por parte de las distintas oficinas públicas fue denunciado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAINFO), que aseguró que no hay ni una sola empresa pública estatal que cumpla en un 100% con lo que establece la normativa.
Las obligaciones legales alcanzan en algunos casos a situaciones harto complejas como por ejemplo la Corte Electoral que cumple apenas el 15% de sus obligaciones en la materia según el Centro de Archivos.
“Algunos de los organismos centrales para el fortalecimiento de la democracia se encuentran lejos del cumplimiento de las obligaciones legales mínimas en materia de transparencia (…) Lo más preocupante es que la media de los organismos están en un nivel medio bajo o bajo, sobre todo algunos organismos como las juntas departamentales y las intendencias. Algunos tienen un muy buen comportamiento, si bien sus niveles son mejorables, tal es el caso de la Contaduría General de la Nación, el Banco Central del Uruguay, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (Agesic) o el Ministerio de Desarrollo Social”, dijo Mariana Mas, integrante de CAINFO al programa No Toquen Nada.
Todavía “estamos por vencer la cultura del secreto”
El 42,5% de los organismos tienen un nivel de cumplimiento bajo de las normas, pese a que hace ya cuatro años que entro en vigencia la ley 18.381 que regula el tema.
“Tal vez se deba a que todavía estamos tratando de vencer la cultura del secreto, que se vuelva una práctica habitual estar poniendo información en línea, como una práctica que se le debe a los ciudadanos. Por otra parte tenemos otro elemento que es la Unidad de Acceso a la Información Pública, que es un organismo de control, que todavía es débil, cuenta con poco presupuesto y no se ha abocado a formar en el acceso a la información pública a los organismos obligados por ley”, explicó Mas.
CONOCER LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
>> lunes, 14 de mayo de 2012
Derecho a saber
http://www.laprensagrafica.com/ 14/05/2012
Información en gavetas, archivos y computadoras de cualquier institución del Estado debe ser manejada como lo que su naturaleza demanda: expuesta al público. La Constitución y los tratados internacionales lo contemplan así y ahora existe una ley local y un reglamento que desarrollan el mandato. Desde el martes pasado se tiene la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
Primero quisiera que se entienda que esta no es una ley de uso exclusivo de los periodistas, es una herramienta para el derecho a saber de todos los ciudadanos, de asociaciones, sindicatos, gremios, colegios de profesionales, comunidades organizadas y no organizadas, de grupos o de individuos; cualquier persona en su carácter personal sin demostrar o comprobar interés o motivo alguno más que el de saber el manejo y actos de cualquier funcionario público de cualquier rango en cualquier institución, sea esta un ministerio, una autónoma, una alcaldía, un tribunal de justicia, una comisión legislativa, una entidad mixta, una intendencia. Siempre y cuando esté ligada y funcione con fondos provenientes del dinero de los impuestos de los salvadoreños o préstamos que se pagan con esos mismos impuestos, ninguna dependencia está exenta del control y la fiscalización ciudadana.
Debemos todos conocer esta legislación para poder utilizarla. Debemos promoverla y darla a conocer en todos los ámbitos. Debería ser materia de escuelas, colegios y universidades, y una premisa básica del conocimiento de los derechos y deberes de los ciudadanos. Es una buena ley con un buen procedimiento. Fue discutida ampliamente por muchos sectores y se construyó con base en realidades y ejemplos claros de lo que podría enfrentar la ciudadanía y con la experiencia de países que también tienen una ley de acceso a la información.
Y no solo pensemos en los funcionarios del más alto nivel o de las instituciones que están en la primera línea de la agenda como lo son los ministros, diputados y magistrados de la suprema corte. Pensemos en la inmensa diversidad de opciones.
Una comunidad puede acercarse a una alcaldía para solicitar información sobre el manejo de los proyectos específicos a su entorno, de la toma de decisiones que afectan la vida de los habitantes de esa puntual zona geográfica. Las alcaldías son instituciones fundamentales en el desarrollo o atraso de un municipio. Un paciente puede acercarse al Seguro Social y pedir información sobre la compra de los medicamentos que necesita para sanarse él o algunos de sus familiares, y saber el porqué de la negativa en la farmacia, o entender el porqué el Seguro Social compró una medicina que posiblemente no tiene efecto deseado o siendo más cara y menos efectiva, se decidió a comprar ese producto. Los estudiantes graduados del MEGATEC de La Unión no solo pueden exigir de forma pública la pronta concesión del puerto, sino que presentarse a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y conocer en detalle el proceso, las actas de la toma de decisiones alrededor del proyecto que además cada día que pasa sin funcionar de forma debida no solo es una pérdida directa para esos graduados especializados en asuntos portuarios, sino una pérdida de ingresos para la nación y una mala señal internacional en donde gigantes expertos del manejo de estos puertos han querido desarrollar el proyecto y no han tenido respuesta del país.
En fin, la nueva ley otorga un amplio camino para que la ciudadanía conozca los detalles de muchas decisiones y manejo de los despachos de muchos funcionarios que han manejado esas oficinas como que fueran sus espacios particulares. Es un proceso complejo que apenas comienza. Debemos ser pacientes pero incisivos y no quitar el dedo del reglón para el funcionamiento de esta ley. Ya hemos visto la respuesta de algunos funcionarios y de algunas entidades en intentos de evadir la ley y pasar debajo de la raya, pero no se debe dejar pasar.
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http://www.laprensagrafica.com/ 14/05/2012
Información en gavetas, archivos y computadoras de cualquier institución del Estado debe ser manejada como lo que su naturaleza demanda: expuesta al público. La Constitución y los tratados internacionales lo contemplan así y ahora existe una ley local y un reglamento que desarrollan el mandato. Desde el martes pasado se tiene la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
Primero quisiera que se entienda que esta no es una ley de uso exclusivo de los periodistas, es una herramienta para el derecho a saber de todos los ciudadanos, de asociaciones, sindicatos, gremios, colegios de profesionales, comunidades organizadas y no organizadas, de grupos o de individuos; cualquier persona en su carácter personal sin demostrar o comprobar interés o motivo alguno más que el de saber el manejo y actos de cualquier funcionario público de cualquier rango en cualquier institución, sea esta un ministerio, una autónoma, una alcaldía, un tribunal de justicia, una comisión legislativa, una entidad mixta, una intendencia. Siempre y cuando esté ligada y funcione con fondos provenientes del dinero de los impuestos de los salvadoreños o préstamos que se pagan con esos mismos impuestos, ninguna dependencia está exenta del control y la fiscalización ciudadana.
Debemos todos conocer esta legislación para poder utilizarla. Debemos promoverla y darla a conocer en todos los ámbitos. Debería ser materia de escuelas, colegios y universidades, y una premisa básica del conocimiento de los derechos y deberes de los ciudadanos. Es una buena ley con un buen procedimiento. Fue discutida ampliamente por muchos sectores y se construyó con base en realidades y ejemplos claros de lo que podría enfrentar la ciudadanía y con la experiencia de países que también tienen una ley de acceso a la información.
Y no solo pensemos en los funcionarios del más alto nivel o de las instituciones que están en la primera línea de la agenda como lo son los ministros, diputados y magistrados de la suprema corte. Pensemos en la inmensa diversidad de opciones.
Una comunidad puede acercarse a una alcaldía para solicitar información sobre el manejo de los proyectos específicos a su entorno, de la toma de decisiones que afectan la vida de los habitantes de esa puntual zona geográfica. Las alcaldías son instituciones fundamentales en el desarrollo o atraso de un municipio. Un paciente puede acercarse al Seguro Social y pedir información sobre la compra de los medicamentos que necesita para sanarse él o algunos de sus familiares, y saber el porqué de la negativa en la farmacia, o entender el porqué el Seguro Social compró una medicina que posiblemente no tiene efecto deseado o siendo más cara y menos efectiva, se decidió a comprar ese producto. Los estudiantes graduados del MEGATEC de La Unión no solo pueden exigir de forma pública la pronta concesión del puerto, sino que presentarse a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y conocer en detalle el proceso, las actas de la toma de decisiones alrededor del proyecto que además cada día que pasa sin funcionar de forma debida no solo es una pérdida directa para esos graduados especializados en asuntos portuarios, sino una pérdida de ingresos para la nación y una mala señal internacional en donde gigantes expertos del manejo de estos puertos han querido desarrollar el proyecto y no han tenido respuesta del país.
En fin, la nueva ley otorga un amplio camino para que la ciudadanía conozca los detalles de muchas decisiones y manejo de los despachos de muchos funcionarios que han manejado esas oficinas como que fueran sus espacios particulares. Es un proceso complejo que apenas comienza. Debemos ser pacientes pero incisivos y no quitar el dedo del reglón para el funcionamiento de esta ley. Ya hemos visto la respuesta de algunos funcionarios y de algunas entidades en intentos de evadir la ley y pasar debajo de la raya, pero no se debe dejar pasar.
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