60 cajas de archivos encontradas en casa del coronel del ejercito fallecidp Elmar Castiglioni

Ejército hizo desparecer en 2006 los archivos clave de la OCOA
http://www.elobservador.com.uy/ 06/10/2015

La ministra Berruti los lacró, pero los sacaron de su lugar

Es "muy poco probable" que la información requisada por la Justicia al recientemente fallecido coronel del Ejército Elmar Castiglioni tenga datos relevantes que contribuyan a averiguar el destino de los desaparecidos durante la dictadura militar (1973-1985), dijeron a El Observador varios exoficiales que trabajaron en tareas de Inteligencia. Por su parte, la ex ministra de Defensa, Azucena Berruti, dijo a La Diaria tener la esperanza de que las 60 cajas encontradas en la casa del militar sean los archivos que en 2006 faltaron de un inventario que se hizo en la sede de Inteligencia. Pero, según el relato de militares allegados a la Inteligencia, aquellos documentos que Berruti no encontró en realidad fueron hechos desaparecer por la fuerza de tierra.

Recolector de información

Las fuentes dijeron que Castiglioni, que pasó por varias reparticiones de Inteligencia dentro de las Fuerzas Armadas, se caracterizaba por reunir para sí información, presuntamente para usarla con algún fin personal, aunque no hay evidencia de que ello haya ocurrido.

"De cada repartición que pasaba, copiaba y se llevaba cosas, era tremendo", dijo uno excamaradas de Castiglioni.

Las fuentes estimaron que el grueso de la información que la jueza Beatriz Larrieu incautó de la casa de Castiglioni pertenecía a la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (Dinacie), ex Dirección General de Información de Defensa (DGID), ex Servicio de Información de Defensa (SID), donde el militar revistó en el año 2006.

Esa repartición, dependiente del Ministerio de Defensa, estuvo históricamente bajo la égida de un general o coronel del Ejército. La ley de Caducidad estableció en 1986 que la jefatura fuera rotativa con la Armada y la Aviación. Antes de que el mando empezara a rotar, el Ejército reunió toda la información que consideraba importante estratégicamente y se la llevó a su servicio de Inteligencia propio (que funciona en la sede de la escuela de Inteligencia en la calle Eduardo Víctor Hedo, exDante).

En la DGID, luego Dinacie, quedó información de escasa relevancia, como por ejemplo registro de vicios o comportamientos de algunos dirigentes políticos.

Lo que sí quedó en esa repartición, y hoy está provocando cierta preocupación, son los nombres de los informantes, algunos de los cuales son personas allegadas a la izquierda, cuya tarea, en ciertos casos, no terminó con el fin de la dictadura sino que continúa hasta el presente.

Tanto la Dinacie como el Servicio de Inteligencia del Ejército manejan fondos con los que se les paga mensualmente a estos informantes. ¿El monto?: depende del lugar en el que estén y de la calidad de la información que aporten.

El titular de cada repartición recibe todos los meses ese dinero y hace recibos para pagarles a los confidentes.

Pero un militar retirado dijo que si esa información estaba en poder de Castiglioni, los informantes pagos no deberían estar nerviosos ya que, incluso en el recibo, se ponía el apodo ya que el nombre real solo lo conocía el "manipulador", nombre que se le da al militar que logra cooptar al colaborador.

Lo que la ministra dejó

La labor de los servicios de inteligencia militares, sobre todo el de la Dinacie, que debe coordinar el trabajo de todos los servicios de Inteligencia que funcionan en el país, nunca estuvo del todo claro desde un punto de vista legal, ya que las Fuerzas Armadas no pueden accionar en el orden interno.

Al margen de eso, las relaciones entre los servicios militares y los de la Policía fueron muy malas y, tras la dictadura, nunca compartieron información importante.

Pero las fuentes aportaron un dato que parece ser aún más relevante que la suerte que puedan correr los informantes de los militares: ¿qué ocurrió con los archivos que pueden dar indicios sobre los desaparecidos?

Durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010) la entonces ministra de Defensa, Azucena Berruti, telefoneó un día de 2006 al entonces jefe del Ejército, Carlos Díaz, y le informó que al día siguiente iría a la sede de la Inteligencia del Ejército a lacrar toda la información que allí hubiese. Díaz ni se dignó en avisarle a sus subalternos y al día siguiente mayúscula fue la sorpresa en la sede militar cuando apareció la ministra con sus colaboradores. "Revisaron hasta los armarios de los coroneles", dijo un militar.

Todo fue lacrado pero, según supo El Observador, cuando el grupo liderado por la ministra se retiró del lugar no se llevó un detalle preciso de la cantidad y calidad de la información registrada.

Cuando volvieron a buscarla, una parte de esa información lacrada había desaparecido. ¿Cuál?: casi toda la que pertenecía a la denominada OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas).

"Se comprobó que no estaba completo el material, teníamos que seguir buscando a ver qué había pasado", dijo Berruti a la Diaria.

Si bien el Servicio de Inteligencia tuvo durante la dictadura un papel importante en la detención e interrogatorio de detenidos, la OCOA, que tenía delegados en todas las reparticiones del país, estaba a la vanguardia de las operaciones no solo contra el MLN sino contra otros grupos como el Partido Comunista. Castiglioni integró la OCOA. "El Ejército era muy minucioso a la hora de elaborar informes y ahí sí, en los archivos de la OCOA uno puede saber quién detuvo a quién en qué momento, y dónde y por quién fue interrogado", dijo un informante, quien reiteró: "Esa información no estaba cuando la fueron a buscar porque el Ejército la hizo desaparecer de la sede de Inteligencia y no creo que vuelva a aparecer ahora".

Autor: Gabriel Pereyra

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Desaparecidos durante dictadura en Uruguay legajos militares principales fuentes

Desaparecidos: qué se busca en los legajos de la Justicia Militar

http://www.180.com.uy/ 21/05/2015

Una de las principales fuentes de información para conocer las circunstancias y los responsables de los desaparecidos en Uruguay durante el terrorismo de Estado son los legajos militares. La fuente de información existe y está en la órbita del Ministerio de Defensa, sin embargo no es fácil acceder a ella.

Así lo dijo a No toquen nada Faniana Larrobla, integrante del equipo de investigación de la Universidad de la República que trabajó en convenio con Presidencia en la investigación de las prácticas de terrorismo de Estado durante la dictadura.

“Los legajos son muy importantes y a veces no se accede a ellos o presentan dificultades. No tenemos conocimiento de que hayan sido destruidos porque tienen que estar para la jubilación y ese tipo de cosas. No conozco mucha la dinámica pero en los archivos administrativos hay mucho dato. Ahí hay un nudo evidentemente, por algo es una cosa de la que se habla todo el tiempo y hay dificultad. No hemos tenido dificultad con el Ministerio del Interior, por ejemplo”, afirmó a diferencia del Ministerio de Defensa.

La investigadora Fabiana Larrobla es parte del equipo de investigación de historiadores y antropólogos que en 2007 publicó el Libro Blanco que compila y sistematiza información sobre detenidos desaparecidos durante la dictadura.

La última actualización del trabajo fue publicada en 2011 donde se establece que hubo 175 casos entre personas desaparecidas en Uruguay y uruguayos desaparecidos en la región. De ellos hasta ese momento sólo 22 habían sido encontrados o identificados.

En los últimos años esos datos cambiaron. Hoy el equipo de investigación considera que los desaparecidos en dictadura fueron 192 (17 casos más). De ellos, 24 fueron encontrados o identificados (dos casos más).

La investigadora explicó por qué en los últimos años cambió el número de desaparecidos porque se incluyeron nuevas datos surgidos en Argentina y se corrigió algunos criterios de la Comisión para la Paz. Así se incorporaron nuevas denuncias recogidas en Argentina y el caso de Adriana Gatti cuyo cuerpo estuvo desaparecido seis años y finalmente apareció.

“Ese caso se había considerado entre los asesinados políticos y nosotros creemos que la desaparición forzada, más allá de que los cuerpos sean encontrados, no puede perderse como fenómeno”, explicó.

Galería de imágenes: Basta de impunidad. Vigésima Marcha del silencio.

De esos 192 casos que hoy se consideran detenidos desaparecidos en Uruguay y de uruguayos en otros países de la región, la mayoría desaparecieron en Argentina. La historiadora Larrobla explicó que ese dato tiene lógica por los diseños represivos diferenciales que existieron en Uruguay y Argentina.

“(En Argentina) la apuesta represiva que se diseñó para llevar adelante los operativos fue el fenómeno de la desaparición forzada. No ocurría eso en Uruguay ni en otros países. En Uruguay, la tortura y la prisión política prolongada fueron la característica de la represión. También hubo asesinatos políticos. En Argentina hay desaparecidos a partir del año 1974 pero en los años 76, 77, 78 es cuando se da el mayor número de casos y está vinculado a operaciones contra organizaciones políticas uruguayas”, dijo Larrobla. “La gran mayoría de las desapariciones están vinculadas a operativos conjuntos de las fuerzas uruguayas y las argentinas contra esas organizaciones”, agregó.

Este dato (más de la mitad de los uruguayos desaparecidos durante la dictadura fueron secuestrados o detenidos en Argentina) le da cierta lógica al hecho de que la mayoría de los 24 identificados hasta hoy sean casos de ese origen.

“Cuatro hallazgos en Uruguay y después identificación por ADN en algunos casos y en otros por huellas dactilares. Una cantidad considerable de detenidos desaparecidos eran dejados en la vía pública, la policía técnica de Argentina los encontraba, tomaba huellas dactilares y los enterraba como NN. Pasado el tiempo, los NN van a un osario común pero queda el registro de las huellas dactilares. Cuando comienza a funcionar la Comisión para la Paz se comienza a dar el tránsito de huellas dactilares y es cuando se empiezan a identificar”, explicó.

La primera investigación impulsada por Presidencia de la República en convenio con la Universidad, que fue publicada en 2007, tiene cinco tomos y reúne información de diversas fuentes. Allí figuran desde testimonios de testigos de las circunstancias en que personas fueron asesinadas o desaparecidas, pasando por documentos judiciales, documentos de archivos oficiales y no oficiales. La última actualización publicada de esa investigación es del año 2011.

Este martes Presidencia informó que realizará un nuevo convenio con la Universidad de la República y en el decreto que formalizó la creación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia se anuncia que se hará especial hincapié en el acceso a archivos que todavía no se pudieron incorporar a la investigación.

Es probable que los legajos de los militares se puedan considerar dentro de esos archivos con información valiosa.

Según explicó Larrobla en su conversación con No toquen nada ese tipo de documentos, así como los expedientes de la Justicia Militar, suelen aportar datos importantes ya que, en esos casos se señala con nombre y apellido a los responsables en distintos momentos de distintas reparticiones y operaciones, más allá que no refieran al caso de desaparición sino a otro tema de la misma época.

En los expedientes de la Justicia Militar, “se dan los nombres, las unidades, se habla incluso de OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas) y los nombres de quienes integraban ese órgano. Eso a veces no sucede en los documentos, frente al juez militar sí aparecen”, explicó.

Los desaparecidos

De los 192 casos de desaparecidos en Uruguay y de uruguayos en la región la mayoría se concentran entre 1976 y 1978. Los primeros desaparecidos fueron Abel Ayala y Héctor Castagneto a manos del Escuadrón de la Muerte en 1971, antes del comienzo de la dictadura. Pero también hubo desaparecidos en la recta final del proceso. Larrobla contó cuáles fueron los últimos casos registrados de personas desaparecidas, ya entrada la década del 80.

Miguel Ángel Mato Fagián desapareció el 21 de enero de 1982 en un operativo represivo contra el Partido Comunista iniciado en setiembre de 1981. Omar Paitta y Félix Ortiz también fueron detenidos en 1981. También está el caso de Urano Miranda Feleintor, que fue detenido a fines de 1981 pero no se ha podido precisar la fecha exacta de su desaparición.

De los casos que hasta hoy se consideran como desaparecidos, 149 son hombres y 43 mujeres. La mayoría tenía entre 20 y 30 años en el momento de su desaparición, otros tantos rondaban los 40 años. Muy pocos casos tenian la edad del maestro Julio Castro que desapareció a los 68 años.

Las fotos de los desaparecidos encabezando la marca de los 20 de Mayo desde hace 20 años, se convirtieron en la imagen emblemática de las víctimas de la dictadura.

Según Larrobla, existió en Uruguay en la década del 90 una construcción simbólica en torno a la figura de los desaparecidos que condensa la imagen de las víctimas pero también tiene por detrás a otros miles de víctimas directas de la represión de la dictadura que no tienen tanta visibilidad.

“El fenómeno de la desaparición forzada es tan terrible que casi no hay palabras para definirlo. El impacto es brutal sobre la sociedad y la familia y es aquello que casi no se puede describir. Me parece que se apela a eso porque además había niños. Estaba muy en boga la teoría de los dos demonios y los reclamos parecían ser censurados porque desde la otra parte no había nada de qué quejarse. Es una teoría que todavía continúa, a veces”, dijo.

Dentro de las víctimas directas de la dictadura están las decenas de asesinados políticos, pero también miles de procesados por la justicia militar y muchos miles más de personas que estuvieron detenidas por períodos más breves de tiempo sin ser juzgadas.

Un detalle importante es que, al igual que sucede con los desaparecidos, no se puede hablar de datos definitivos en el caso de los asesinados políticos.

“No había sistematización de los datos y hay algunos en los que no hemos podido tener todavía documentación que nos permita saber en qué circunstancias ocurrió la muerte. En principio entre 1973 y 1985 hubo 124. Y entre 1968 y 1973 hubo 85. Después, en cuanto a la prisión prolongada, hay aproximadamente 5.000 procesados por la Justicia Militar y sabemos por documentación oficial de la OCOA en algún momento hubo cerca de 25.000 personas que fueron en algún momento de su vida detenidas y luego liberadas sin pasar por la Justicia Militar. Esto quiere decir que pudo pasar un mes, dos meses, tres días, en los cuarteles, donde se aplicaba la misma lógica: detención, tortura, aislamiento”, afirmó.

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