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El desorden en los archivos públicos base de la corrupción

>>  martes, 2 de enero de 2018

Desorden de Archivos obstruye transparencia
http://www.milenio.com/

Aunque los documentos públicos son fundamentales para el combate a la corrupción, el desorden en el que se encuentran los archivos gubernamentales en estados, municipios, e incluso de la Federación, dificulta esa lucha, por lo que es necesario empezar a ponerlos en orden; sin embargo, los recursos económicos no alcanzan, advierte Mercedes de Vega, directora del Archivo General de la Nación (AGN).

Con la nueva ley general, recién aprobada en el Senado, el AGN se convertirá en la cabeza del Sistema Nacional de Archivos, que coordinará la gestión documental de municipios, gobiernos estatales, legislaturas federal, locales y de los poderes judiciales federales y estatales, pero también de sindicatos, partidos y fideicomisos de todo el país, con lo cual se complementará el trabajo de los sistemas nacionales de Transparencia y Anticorrupción.

Según cálculos del AGN, en el país hay más de 12 mil 500 instituciones con archivos públicos que deberán incorporarse al nuevo sistema.

Para cumplir con esa labor, el AGN requerirá de un presupuesto de 450 millones de pesos; sin embargo, para 2018 se le asignaron apenas 17 millones para operar.

La Ley General de Archivos forma parte del paquete de leyes de la reforma constitucional en materia de transparencia y rendición de cuentas, pues los archivos son la base fundamental para el combate a la corrupción, con lo que la sistematización de los documentos garantizará un mejor acceso a la información.

“Cuando se actúa mal, en donde queda documentada una acción incorrecta de un servidor público es precisamente en los archivos; lo primero que hace un auditor cuando llega a una dependencia es pedir los expedientes, los documentos; de otra manera no hay posibilidades de hacerla, de ahí que tanto se diga que los documentos y los expedientes son instrumento fundamental para la rendición de cuentas”, aseguró.

Un diagnóstico elaborado por el AGN sobre los archivos en el país concluyó que “es innegable que hay avances que han propiciado la transparencia y la rendición de cuentas en el país, pero falta un camino largo por andar para lograr cubrir las demandas que la reforma constitucional del 7 de febrero de 2014 impone en tiempos y exigencias para satisfacer las expectativas de un Sistema Nacional de Transparencia. Esto no será posible si antes no se logran consolidar los sistemas institucionales de archivos (SIA), que son el núcleo duro de los centros de información gubernamental”.

El diagnóstico sobre la situación de instituciones federales, estatales y municipales reveló que menos de 45 por ciento ha integrado sus archivos a un sistema institucional, que más de 60 por ciento del personal que labora en los archivos desempeña otras actividades y solo 59 por ciento recibe cursos de capacitación.

Además, solo 30 por ciento de los archivos consultados dispone de instalaciones suficientes y adecuadas para el resguardo de sus documentos, mientras que únicamente 24 por ciento tiene mobiliario suficiente y adecuado.

La directora del AGN explicó que además de los retos presupuestales a los que se debe enfrentar el Sistema Nacional de Archivos,  también deben sortearse obstáculos de infraestructura y de personal capacitado.

¿Por qué no se ha tomado en serio la necesidad de recursos que tienen los archivos?

Hay ignorancia y prejuicios: “el archivo no sirve”, “el archivo es lo último”, “el archivo puede estar en el sótano, puede estar en una bodega, puede estar en un estacionamiento, en el lugar más inhóspito, en el lugar más inadecuado”. Ahí es a donde generalmente se manda al archivo, y esto se debe a que hay un problema de desconocimiento de lo que significa. No solo son un tema de memoria, de investigación, los archivos tienen que ver con el ejercicio cotidiano de la administración pública.

-De Vega asegura que “estamos en un parteaguas de lo que será en el futuro la organización de los archivos mexicanos”.

-Explicó que la nueva ley convierte al archivo en un organismo con autonomía plena que deberá gestionar sus propios recursos y ser la cabeza de la organización de los más de 12 mil 500 archivos de todo el país.

—¿Qué necesidades tienen los archivos en México?

—Hay distintos tipos que habrá que cubrir inmediatamente. La primera es que se reconozca la figura, como lo marca la ley, de un coordinador de archivos, es decir, que los archivos pasen de la inexistencia en los organigramas de la administración pública, a existir.

“Habrá que crear un sistema institucional de archivos, eso implicará una reingeniería de muchos de los procesos que se llevan a cabo en la administración pública municipal, estatal o federal. Desde luego, los recursos financieros y humanos, además esos recursos humanos tendrán que capacitarse”.

—¿Qué riesgos corren los archivos?

—El riesgo de ser robados, de ser motivo de un tráfico ilícito y de venderse al extranjero. Corren el riesgo de perderse, porque están en condiciones inadecuadas en lugares inapropiados.

—¿Qué estados le preocupan?

—Los que ni siquiera tienen una ley en este momento. Creo que en esos estados es en donde habrá que poner mayor atención: Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León y Durango.

Para cumplir con su nueva labor de ser la cabeza de los archivos a escala nacional, el AGN requerirá también elevar su plantilla de personal, al menos en cien trabajadores más de los 231 que tiene actualmente

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Archivo Municipal de Llucmajor en estado deplorable

>>  viernes, 21 de agosto de 2015

El "deplorable" estado del archivo de Llucmajor hace peligrar textos históricos
http://www.diariodemallorca.es/ 21/08/2015


El equipo de gobierno lamenta que la anterior administración municipal conservase los documentos en un espacio inadecuado

Textos de gran valor histórico, casi destruidos. Documentos del siglo XV o XVI amontonados sin protección. Legajos guardados en cajas puestas en el suelo, a los que amenaza la humedad. Ésta es la situación del archivo municipal con la que se ha encontrado el equipo de gobierno de Llucmajor, formado por Més, El Pi y PSOE. El Ayuntamiento informó de que, ante este "deplorable" estado de conservación, ha pedido la colaboración del Consell de Mallorca para que envíe un técnico y realice un análisis de la situación.

Los documentos históricos se amontonaban sin las condiciones adecuadas de conservación.

Ayer, el alcalde de Llucmajor, Jaume Tomàs (Més), y la regidora de Cultura, Adelina Gutiérrez (Més), mostraron a los medios el estado en que se encuentra el archivo, que, hasta ahora, se guardaba en la planta superior de la sede consistorial. Se trata de un espacio que, según los nuevos representantes municipales, no reunía los requisitos necesarios, desde el punto de vista de condiciones de humedad, luz o temperatura, para conservar documentos de gran valor histórico.

Cambio de ubicación

Por este motivo, la primera decisión del equipo de gobierno ha sido empezar a trabajar en el acondicionamiento de una sala en el claustro de Sant Bonaventura, que sirva para albergar en mejores condiciones este tipo de documentación tan delicada.

Planos y mapas

Entre los documentos, que se remontan hasta el siglo XV, se pueden encontrar textos de diversos temas, incluyendo planos, mapas o transcripciones de juicios.

"Seguramente, habrá documentos que sean irreparables. Es una pérdida lamentable de documentos históricos, que son un patrimonio para los 'llucmajorers", declaró a los medios la regidora de Cultura.

El Ayuntamiento se ha puesto en contacto con la institución insular para que un técnico experto en la materia haga una valoración de los daños sufridos por el archivo.


Autor: i. moure

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Desorden en los archivos públicos y la corrupción administrativa

>>  miércoles, 27 de noviembre de 2013

Desorden de datos públicos favorece secretismo estatal
http://www.elpais.com.uy/ 27/11/2013

Las oficinas e instituciones estatales realizan en su gran mayoría un mal archivo de la información y usan estos sitios de respaldo como simples depósitos. Eso hace que se fomente una "cultura del secretismo" en Uruguay, afirma una experta.



La senadora oficialista Lucía Topolansky hizo la semana pasada varios cuestionamientos a la ley de acceso a la información pública, la cual tildó de "generosa" y se preguntó si la sociedad estaba "madura" para utilizarla; todo eso luego de que El País accediera con tal norma a los datos de repetición en los liceos de todo el país.

Entre los reclamos realizados, la legisladora también cuestionó a El Observador porque pidió información sobre el gasto telefónico, financiado con dineros públicos, de cada diputado y senador. "Para la Cámara de Representantes fue todo un problema, por la disposición de personal, por los costos y una cantidad de cosas. Ahora bien, sinceramente me pregunto qué se ganaba con ese pedido. En lo personal, me queda una enorme duda", dijo Topolansky.

Así como lo hizo la senadora, existe en el Estado toda una cultura de "secretismo" que se justifica, en muchos casos, en la imposibilidad de brindar la información dado que el organismo en cuestión "no sabe qué tiene ni dónde lo tiene", explicó a El País Lourdes Ramos, docente de la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines de la Udelar, y autora, junto con Alejandra Villar, del artículo "El acceso a la información pública y los archivos en Uruguay".

Tal artículo concluye que "el derecho de Acceso a la Información Pública está basado en el principio fundamental de transparencia de los Órganos del Estado, por lo que no es de extrañar que una ley que obliga a brindar información tenga el riesgo de devenir en letra muerta. El Archivo debe ser ´condición´ administrativa, lo que exige una nueva dimensión de ellos y de sus profesionales dentro de los organismos del Estado, de forma tal que se conviertan en una inmejorable herramienta para el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Información Pública", señala.

El documento subraya que "la burocracia estatal uruguaya tiene una larga tradición de opacidad y secretismo, por lo que no es de extrañar que una ley que la obliga a brindar información, tenga un riesgo mayor que cualquier otra norma a devenir en letra muerta".

Por otra parte, el artículo se refiere a la mala situación de los archivos oficiales: "Frecuentemente, además del obstáculo de ocultamiento de la información, la simple falta de accesibilidad a la documentación que incluso tiene la propia administración productora o conservadora de la misma, representa otro importante impedimento. Naturalmente, esta realidad es funcional a cualquier intención de poner trabas al acceso".

El documento concluye que "lo que podía presentarse como una fortaleza -la génesis y aprobación conjunta de ambas normas- hoy podría interpretarse como una debilidad, ya que la puesta en marcha de la Ley de Acceso a la Información Pública y la estipulación de plazos -incluso de sanciones por incumplimiento- no han sido acompañadas por la implementación del Sistema Nacional de Archivos".

"Nos referimos a la falta de diseño y ejecución de políticas archivísticas, de establecimiento de proyectos de normalización, terminología y formatos de descripción, y a la ausencia de coordinación de acciones entre instituciones integrantes del Sistema", afirma el texto publicado en la revista de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata.
"Excusa".

Consultada por El País, Ramos dijo que "en general los archivos no están en condiciones", y agregó que "hay que diferenciar entre un archivo y un depósito". "La mayoría de las instituciones públicas cuentan con depósitos de documentos, tienen organizado lo que es inmediato al trámite, el punto es que cuando pasan tres o cuatro años ya pierden el control, y no tienen idea de lo que tienen", dijo la docente.

Ramos entendió que no hay una organización suficiente para cumplir con la aplicación de la ley y que "las instituciones públicas están con un real atraso al respecto. La información no tiene un tratamiento técnico ni científico".

Entendió que a los organismos les "viene muy bien la excusa de la situación de los archivos para decir que no se puede dar la información".

Además, estimó que cerca de un 80% de las instituciones estatales tienen un mal archivo. "Si tuvieran claro qué tienen y dónde, no tendrían tanto inconveniente para establecer un límite en el acceso. Frente a la duda, lo más fácil por parte de las autoridades es decir que hay una restricción al acceso, que es reservada o confidencial, pero el estudio de la información a priori, como establece la ley, no se hizo", dijo Ramos.

La docente explicó que la situación de los archivos condiciona la aplicación de la ley y opinó que en un 70% de los casos en los que no se da la información, "la causa es que no hay un conocimiento profundo sobre la documentación que tengo y dónde está". "La ley es muy modesta en su forma y ambiciosa en su contenido", afirmó.

"Venimos muy de atrás, la ley se aplica lentamente", expresó Ramos. Reiteró que "hay una cultura del secretismo en Uruguay, por distintas razones. Es una cultura instalada, en algunos casos se promovía, y hoy está instalado el secretismo porque no sabemos qué es lo que tenemos y por lo tanto no se dice mucho hasta no tener dominio del asunto". "Si no organizo, no puedo dar información, y si no me preocupo por organizar estoy de alguna manera colaborando con el retraso y con esa idea del secretismo. Sin querer o queriendo, se cae en complicidad", dijo Ramos.

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