Importancia de los archivos para esclarecer violaciones a los derechos humanos en periodos de conflicto
>> domingo, 3 de agosto de 2014
Desentrañando un genocidio a través de los archivos
http://www.elespectador.com/ 03/08/2014
El Espectador conversó con Gustavo Meoño, coordinador del Archivo Histórico de la Policía Nacional en Guatemala, sobre la importancia de los documentos para esclarecer las violaciones a los derechos humanos en periodos de conflicto.
Desde hace 9 años y 24 días Gustavo Meoño, el entonces director de la Fundación Rigoberta Menchú, se enamoró de un hallazgo que parecía casi milagroso: 7.900 metros de documentos de la Policía Nacional de Guatemala escondidos en un edificio abandonado que alguna vez estuvo destinado para ser un hospital. Había casi 80 millones de papeles organizados en torres interminables en los que reposaban todas las órdenes, oficios, rendiciones de cuentas y nombramientos de esa institución desde su fundación, en el siglo XIX, hasta 1997. Un año atrás se había firmado la paz con la Unidad Revolucionaria Nacional y se fundó la Policía Civil.
Una vez la comisión de la verdad de Guatemala empezó a preguntar por estos archivos, la institucionalidad negó su existencia y hasta invitó a revisar los cuarteles para comprobar que allí no estaban. Solo hasta 2005 se vinieron a encontrar y, con ellos, muchos de los secretos de la historia institucional y represión en Guatemala quedaron al descubierto. Esta historia, junto con lo que ha significado la construcción de memoria histórica y el esclarecimiento de los hechos a través de los documentos que se recuperaron casi por un golpe de buena suerte, se la contó Meoño, el actual director del Archivo Histórico de la Policía Nacional, a El Espectador.
¿Cómo surge el Archivo Histórico de la Policía Nacional?
Esto empieza el 5 de julio de 2005, por un hallazgo fortuito. La Procuraduría de los Derechos Humanos estaba realizando una investigación sobre otras denuncias y casualmente se descubrió que en un edificio a medio construir había muchas puertas cerradas con candados y cadenas. Al exigir inspeccionar lo que había allí, trataron de impedirlo, pero cuando se tuvo acceso resultó que lo que estaba escondido en ese lugar eran millones de documentos del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala. Era un edificio completo lleno de documentos, un edificio que iba a ser hospital de la Policía y que se quedó en obras desde 1982. La Policía le fue dando distintos usos a ese edificio, hasta que en 1996, justo cuando se iban a firmar los acuerdos definitivos de paz, dentro de la Policía dieron la orden de reunir todos los archivos y esconderlos en ese lugar. De manera que cuando ya se firmó la paz y la Comisión de la Verdad empezó a exigir acceso a los archivos para hacer su trabajo, la respuesta fue “no hay archivos, no existen, no sabemos qué pasó con ellos durante la guerra, desaparecieron”. Incluso decían que se podían visitar los diferentes cuarteles para comprobar que no había archivos. Claro, los habían escondido en este lugar. Eso nunca se supo hasta el hallazgo casual en el año 2005.
¿Y qué encontraron ahí?
El archivo estaba en condiciones terribles de deterioro por humedad extrema, filtraciones de agua, plagas de todo tipo, roedores, insectos, murciélagos, era un lugar excesivamente oscuro. Había miles de murciélagos en ese espacio. Inicialmente sólo pudimos hacer una medición en metros lineales y contabilizamos 7.900 metros, o sea, casi 8 kilómetros que hacen un aproximado de 80 millones de folios, que abarcan la historia completa de la Policía Nacional, desde su fundación en el siglo XIX hasta su disolución en 1997, justo por los acuerdo de paz que decidieron que esa policía represiva debía desaparecer y había que crear una Policía Nacional Civil. A lo largo de estos nueve años hemos logrado recuperar ese archivo casi en su totalidad, los documentos han sido recogidos, limpiados, preservados, organizados. Hemos logrado ya concluir todos los procesos archivísticos respecto a un periodo prioritario que va de 1975 a 1985 y digitalizar hasta el momento casi 17 millones de documentos, para que estén al alcance de la consulta pública y accesible en internet.
¿Cómo empiezan a rescatar los documentos? ¿Qué información empiezan a encontrar?
Se trata de un archivo administrativo, o sea que está toda la gama de documentos que una institución policíaca produce todos los días en su quehacer cotidiano. Esto obliga a respetar todos los documentos por igual, no es posible decir que hay uno más importante que otro. El único criterio de prioridad hasta el momento ha sido de 1975 a 1985, por ser el periodo en el cual, según la Comisión de la Verdad, se cometieron las mayores violaciones a los derechos humanos en Guatemala. La investigación es ya responsabilidad de los diferentes sectores y de las diferentes instituciones que necesitan hacer uso de esta información. En primer lugar el Ministerio Público encuentra en este archivo una fuente de información invaluable. Los familiares de las víctimas encuentran aquí posibilidades de información, datos, indicios fundamentales para saber qué pasó con sus familiares, con sus sindicatos, con sus asociaciones. La investigación periodística y académica también. Lo que hacemos nosotros es estimular esa investigación y garantizar el acceso a estos documentos amparados en una ley que establece que ninguna información que pueda estar relacionada con eventuales violaciones a los derechos humanos debe ser sujeta de censura, restricción o reserva, por eso todos los documentos se pueden consultar.
¿Qué ha significado este archivo para la historia reciente de Guatemala?
Este es uno de los archivos más grandes de su tipo en Latinoamérica. En un país como Guatemala, donde ha imperado la impunidad, donde sistemáticamente se ha negado el derecho ciudadano de acceso a la información, pues este archivo significa una oportunidad enorme para establecer la verdad de los hechos. Hemos conseguido que se respete este trabajo. Han sido tres gobiernos diferentes con los que nos ha tocado trabajar y hemos conseguido que se nos permita actuar sin injerencias, sin censura, sin intervención. Lo que nos ha permitido constatar en la práctica la importancia vital de los archivos para recuperar la memoria histórica, esclarecer la verdad y buscar justicia.
¿Y para las víctimas qué ha significado este escenario?
También significa para las víctimas tener por primera vez un lugar adonde dirigirse, una institución que les puede dar alguna respuesta y que les garantiza por lo menos una atención digna, van a ser escuchados, va a ser recogido su reclamo de información y se va a realizar una búsqueda directa. Por lo tanto es el valor reparador para estas miles de familias que han buscado información y que han encontrado alguna respuesta y sentirse atendidos por primera vez, que una institución se preocupa por sus exigencias. También hemos podido constatar el resultado que ha tenido para el Ministerio Público, para la Fiscalía porque hay al menos unos 10 juicios que ya se han realizado, donde hay incluso sentencias, otros que están en curso, donde los fiscales han podido fundamentar su investigación, la persecución penal, la aportación de pruebas con documentos de este archivo. Hay sentencias por casos muy importantes de desaparición forzada que han permitido identificar a los autores materiales, a un jefe intermedio, inmediato y a la autoridad superior. Hay condenas ya en los tres niveles.
Basándose casi exclusivamente en documentos del archivo. Eso para nosotros es la mejor constatación de la utilidad y la importancia que tienen los archivos en estos procesos judiciales. Es un buen referente sobre qué importancia tienen los archivos en estos procesos históricos que se parecen tanto para nuestros países.
¿Recuerda algún caso en especial, alguna condena?
Recuerdo el caso de la desaparición forzada de Fernando García, un joven dirigente estudiantil y sindical al mismo tiempo, porque trabajaba para estudiar, entonces se desenvolvía en los dos ámbitos. Desde 1984, cuando fue secuestrado, su compañera de vida Nineth Montenegro, una joven valiente que hoy es diputada en el Congreso, y la madre de Fernando, mantuvieron abierto el caso abierto por 26 años. Creció la hija que quedó huérfana siendo una niñita y también empezó a buscar a su padre. Eran las tres mujeres luchando. El caso era muy conocido pero jamás se había podido probar nada más que el testimonio de ellas. Gracias a los archivos se logró probar que el director general de la Policía de la época tuvo conocimiento del crimen. Incluso se estableció que Fernando García estuvo tres días detenido y que fue entregado al Ejército, que lo ejecutó extrajudicialmente.
¿Y qué se halló en los archivos sobre el general Ríos Montt, expresidente de Guatemala?
Más reciente es el juicio por genocidio contra el general Efraín Ríos Montt, que fue condenado a 80 años de cárcel. Cuando el juicio se produjo no fueron determinantes los documentos del archivo, pero sirvieron a los fiscales para desvirtuar el principal argumento de la defensa sobre que él no estaba enterado y no podía estar al tanto de lo que hacían sus subalternos, porque no le informaban. En el archivo de la Policía se encontraron documentos en los que el entonces director de la Policía de ese momento se dirigía a sus subalternos, jefes de los diferentes cuarteles, y les decía que estuvieran preparados las 24 horas del días porque en cualquier momento se podía presentar el general Ríos Montt ya que personalmente solía supervisar las operaciones. Luego se encuentra correspondencia de algunos jefes de Policía, en los que dicen que efectivamente el general Ríos Montt estuvo inspeccionando. Esos documentos contradijeron de manera categórica el argumento de que él era un jefe administrativo encerrado en una oficina que no se enteraba.
¿Cuál fue la mayor dificultad para empezar a tratar estos documentos?
Estaban en condiciones de desorden, de acumulación, eran literalmente cerros de documentos que fueron a tirar de cualquier manera en ese lugar, porque no los juntaron ahí para organizar el archivo sino para esconderlos. El mayor reto inicial fue justamente encontrarle una lógica a ese caos aparente. Darnos cuenta que dentro de un desorden fuimos encontrándole una lógica. Particularmente unas mujeres de la Policía Nacional que fueron asignadas a ese lugar tienen un mérito muy grande, porque en medio de condiciones tan difíciles del sitio, en medio de ratas, murciélagos, insectos, humedad, hicieron un esfuerzo en mantener separado lo que iba llegando de cada estructura de la Policía. Entonces separaron los documentos de la Dirección General, de la Sección de Inteligencia, del Primer Cuerpo. Eso en gran medida nos permitió saber que el principio de procedencia se podía ir estableciendo con viabilidad. Luego entender que los documentos aún amontonados conservan cierta relación unos con otros. Así empezamos a ordenar los archivos, de la misma manera como los ordenaron los encargados del archivo en su momento.
Autor: María Camila Rincón Ortega
http://www.elespectador.com/ 03/08/2014
El Espectador conversó con Gustavo Meoño, coordinador del Archivo Histórico de la Policía Nacional en Guatemala, sobre la importancia de los documentos para esclarecer las violaciones a los derechos humanos en periodos de conflicto.
Desde hace 9 años y 24 días Gustavo Meoño, el entonces director de la Fundación Rigoberta Menchú, se enamoró de un hallazgo que parecía casi milagroso: 7.900 metros de documentos de la Policía Nacional de Guatemala escondidos en un edificio abandonado que alguna vez estuvo destinado para ser un hospital. Había casi 80 millones de papeles organizados en torres interminables en los que reposaban todas las órdenes, oficios, rendiciones de cuentas y nombramientos de esa institución desde su fundación, en el siglo XIX, hasta 1997. Un año atrás se había firmado la paz con la Unidad Revolucionaria Nacional y se fundó la Policía Civil.
Una vez la comisión de la verdad de Guatemala empezó a preguntar por estos archivos, la institucionalidad negó su existencia y hasta invitó a revisar los cuarteles para comprobar que allí no estaban. Solo hasta 2005 se vinieron a encontrar y, con ellos, muchos de los secretos de la historia institucional y represión en Guatemala quedaron al descubierto. Esta historia, junto con lo que ha significado la construcción de memoria histórica y el esclarecimiento de los hechos a través de los documentos que se recuperaron casi por un golpe de buena suerte, se la contó Meoño, el actual director del Archivo Histórico de la Policía Nacional, a El Espectador.
¿Cómo surge el Archivo Histórico de la Policía Nacional?
Esto empieza el 5 de julio de 2005, por un hallazgo fortuito. La Procuraduría de los Derechos Humanos estaba realizando una investigación sobre otras denuncias y casualmente se descubrió que en un edificio a medio construir había muchas puertas cerradas con candados y cadenas. Al exigir inspeccionar lo que había allí, trataron de impedirlo, pero cuando se tuvo acceso resultó que lo que estaba escondido en ese lugar eran millones de documentos del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala. Era un edificio completo lleno de documentos, un edificio que iba a ser hospital de la Policía y que se quedó en obras desde 1982. La Policía le fue dando distintos usos a ese edificio, hasta que en 1996, justo cuando se iban a firmar los acuerdos definitivos de paz, dentro de la Policía dieron la orden de reunir todos los archivos y esconderlos en ese lugar. De manera que cuando ya se firmó la paz y la Comisión de la Verdad empezó a exigir acceso a los archivos para hacer su trabajo, la respuesta fue “no hay archivos, no existen, no sabemos qué pasó con ellos durante la guerra, desaparecieron”. Incluso decían que se podían visitar los diferentes cuarteles para comprobar que no había archivos. Claro, los habían escondido en este lugar. Eso nunca se supo hasta el hallazgo casual en el año 2005.
¿Y qué encontraron ahí?
El archivo estaba en condiciones terribles de deterioro por humedad extrema, filtraciones de agua, plagas de todo tipo, roedores, insectos, murciélagos, era un lugar excesivamente oscuro. Había miles de murciélagos en ese espacio. Inicialmente sólo pudimos hacer una medición en metros lineales y contabilizamos 7.900 metros, o sea, casi 8 kilómetros que hacen un aproximado de 80 millones de folios, que abarcan la historia completa de la Policía Nacional, desde su fundación en el siglo XIX hasta su disolución en 1997, justo por los acuerdo de paz que decidieron que esa policía represiva debía desaparecer y había que crear una Policía Nacional Civil. A lo largo de estos nueve años hemos logrado recuperar ese archivo casi en su totalidad, los documentos han sido recogidos, limpiados, preservados, organizados. Hemos logrado ya concluir todos los procesos archivísticos respecto a un periodo prioritario que va de 1975 a 1985 y digitalizar hasta el momento casi 17 millones de documentos, para que estén al alcance de la consulta pública y accesible en internet.
¿Cómo empiezan a rescatar los documentos? ¿Qué información empiezan a encontrar?
Se trata de un archivo administrativo, o sea que está toda la gama de documentos que una institución policíaca produce todos los días en su quehacer cotidiano. Esto obliga a respetar todos los documentos por igual, no es posible decir que hay uno más importante que otro. El único criterio de prioridad hasta el momento ha sido de 1975 a 1985, por ser el periodo en el cual, según la Comisión de la Verdad, se cometieron las mayores violaciones a los derechos humanos en Guatemala. La investigación es ya responsabilidad de los diferentes sectores y de las diferentes instituciones que necesitan hacer uso de esta información. En primer lugar el Ministerio Público encuentra en este archivo una fuente de información invaluable. Los familiares de las víctimas encuentran aquí posibilidades de información, datos, indicios fundamentales para saber qué pasó con sus familiares, con sus sindicatos, con sus asociaciones. La investigación periodística y académica también. Lo que hacemos nosotros es estimular esa investigación y garantizar el acceso a estos documentos amparados en una ley que establece que ninguna información que pueda estar relacionada con eventuales violaciones a los derechos humanos debe ser sujeta de censura, restricción o reserva, por eso todos los documentos se pueden consultar.
¿Qué ha significado este archivo para la historia reciente de Guatemala?
Este es uno de los archivos más grandes de su tipo en Latinoamérica. En un país como Guatemala, donde ha imperado la impunidad, donde sistemáticamente se ha negado el derecho ciudadano de acceso a la información, pues este archivo significa una oportunidad enorme para establecer la verdad de los hechos. Hemos conseguido que se respete este trabajo. Han sido tres gobiernos diferentes con los que nos ha tocado trabajar y hemos conseguido que se nos permita actuar sin injerencias, sin censura, sin intervención. Lo que nos ha permitido constatar en la práctica la importancia vital de los archivos para recuperar la memoria histórica, esclarecer la verdad y buscar justicia.
¿Y para las víctimas qué ha significado este escenario?
También significa para las víctimas tener por primera vez un lugar adonde dirigirse, una institución que les puede dar alguna respuesta y que les garantiza por lo menos una atención digna, van a ser escuchados, va a ser recogido su reclamo de información y se va a realizar una búsqueda directa. Por lo tanto es el valor reparador para estas miles de familias que han buscado información y que han encontrado alguna respuesta y sentirse atendidos por primera vez, que una institución se preocupa por sus exigencias. También hemos podido constatar el resultado que ha tenido para el Ministerio Público, para la Fiscalía porque hay al menos unos 10 juicios que ya se han realizado, donde hay incluso sentencias, otros que están en curso, donde los fiscales han podido fundamentar su investigación, la persecución penal, la aportación de pruebas con documentos de este archivo. Hay sentencias por casos muy importantes de desaparición forzada que han permitido identificar a los autores materiales, a un jefe intermedio, inmediato y a la autoridad superior. Hay condenas ya en los tres niveles.
Basándose casi exclusivamente en documentos del archivo. Eso para nosotros es la mejor constatación de la utilidad y la importancia que tienen los archivos en estos procesos judiciales. Es un buen referente sobre qué importancia tienen los archivos en estos procesos históricos que se parecen tanto para nuestros países.
¿Recuerda algún caso en especial, alguna condena?
Recuerdo el caso de la desaparición forzada de Fernando García, un joven dirigente estudiantil y sindical al mismo tiempo, porque trabajaba para estudiar, entonces se desenvolvía en los dos ámbitos. Desde 1984, cuando fue secuestrado, su compañera de vida Nineth Montenegro, una joven valiente que hoy es diputada en el Congreso, y la madre de Fernando, mantuvieron abierto el caso abierto por 26 años. Creció la hija que quedó huérfana siendo una niñita y también empezó a buscar a su padre. Eran las tres mujeres luchando. El caso era muy conocido pero jamás se había podido probar nada más que el testimonio de ellas. Gracias a los archivos se logró probar que el director general de la Policía de la época tuvo conocimiento del crimen. Incluso se estableció que Fernando García estuvo tres días detenido y que fue entregado al Ejército, que lo ejecutó extrajudicialmente.
¿Y qué se halló en los archivos sobre el general Ríos Montt, expresidente de Guatemala?
Más reciente es el juicio por genocidio contra el general Efraín Ríos Montt, que fue condenado a 80 años de cárcel. Cuando el juicio se produjo no fueron determinantes los documentos del archivo, pero sirvieron a los fiscales para desvirtuar el principal argumento de la defensa sobre que él no estaba enterado y no podía estar al tanto de lo que hacían sus subalternos, porque no le informaban. En el archivo de la Policía se encontraron documentos en los que el entonces director de la Policía de ese momento se dirigía a sus subalternos, jefes de los diferentes cuarteles, y les decía que estuvieran preparados las 24 horas del días porque en cualquier momento se podía presentar el general Ríos Montt ya que personalmente solía supervisar las operaciones. Luego se encuentra correspondencia de algunos jefes de Policía, en los que dicen que efectivamente el general Ríos Montt estuvo inspeccionando. Esos documentos contradijeron de manera categórica el argumento de que él era un jefe administrativo encerrado en una oficina que no se enteraba.
¿Cuál fue la mayor dificultad para empezar a tratar estos documentos?
Estaban en condiciones de desorden, de acumulación, eran literalmente cerros de documentos que fueron a tirar de cualquier manera en ese lugar, porque no los juntaron ahí para organizar el archivo sino para esconderlos. El mayor reto inicial fue justamente encontrarle una lógica a ese caos aparente. Darnos cuenta que dentro de un desorden fuimos encontrándole una lógica. Particularmente unas mujeres de la Policía Nacional que fueron asignadas a ese lugar tienen un mérito muy grande, porque en medio de condiciones tan difíciles del sitio, en medio de ratas, murciélagos, insectos, humedad, hicieron un esfuerzo en mantener separado lo que iba llegando de cada estructura de la Policía. Entonces separaron los documentos de la Dirección General, de la Sección de Inteligencia, del Primer Cuerpo. Eso en gran medida nos permitió saber que el principio de procedencia se podía ir estableciendo con viabilidad. Luego entender que los documentos aún amontonados conservan cierta relación unos con otros. Así empezamos a ordenar los archivos, de la misma manera como los ordenaron los encargados del archivo en su momento.
Autor: María Camila Rincón Ortega
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