ARCHIVO SECRETO POLICIAL COMO PRUEBA EN JUICIO

>>  lunes, 18 de marzo de 2013

Archivo policial secreto complica a los exmilitares
http://www.diariodecuyo.com.ar/ 17/03/2013
La Policía de San Juan tenía guardada documentación en la que constaba la actividad política, gremial y estudiantil de la dirigencia de la época del golpe.

Un archivo que la Policía de San Juan tenía celosamente guardado desde la época del golpe militar, en el que constaban las planillas con el registro de la actividad política, sindical y estudiantil de la dirigencia de aquella época, es una de las pruebas más importantes en el desarrollo del megajuicio por delitos de lesa humanidad que lleva adelante el Tribunal Oral Federal (TOF). Es porque en esos documentos constan, por ejemplo, los operativos que hacían los efectivos del Regimiento de Infantería de Montaña (RIM) 22 de detención de personas durante la dictadura militar. Y aparecen, entre otros, los nombres y las firmas de la mayoría de los acusados en el llamado megajuicio. El archivo era manejado por el llamado D2, que es el área de inteligencia de la fuerza.

Según fuentes judiciales, los más complicados por esos documentos, que son parte de la prueba que tendrán en cuenta los jueces a la hora de dictar la sentencia, son Jorge Olivera, Gustavo De Marchi, Francisco Del Torchio, Horacio Nieto, Osvaldo Martel y Daniel Gómez. Todos cumplieron tareas en Marquesado.

Estos documentos salieron a la luz el año pasado, porque los jueces del TOF, cuando empezó el proceso, el 7 de noviembre del 2011, habían enviado pedidos de informes a distintas áreas, como el RIM 22, Gendarmería, Policía Federal y la Policía de San Juan, para que aportaran datos sobre su tarea para la época del golpe. Así fue que la Policía local, con el visto bueno de las autoridades políticas de la provincia, entregaron ese archivo secreto hasta el momento.

Según testigos, estaba guardado en una habitación en un lugar que se mantiene en reserva porque allí la fuerza resguarda documentos sobre su actividad.

Por ejemplo había carpetas clasificadas sobre el Partido Comunista, el Partido Justicialista y la Agrupación Montoneros. Además, había ficheros con los datos personales de los dirigentes. Constaban el nombre y apellido, donde militaban, qué actividad desarrollaban y también aparecen las fechas de sus detenciones.

Uno de los datos más llamativos, según las fuentes, es que aparece la ficha de María Ana Erize, en la que consta que fue detenida el 15 de octubre de 1976 por fuerzas conjuntas, es decir Ejército, Policía Federal y Policía de San Juan. También está la ficha del gobernador José Luis Gioja y consta que fue detenido el 30 de marzo del ‘76 (ver aparte).

El archivo, que ahora está bajo la custodia del TOF, cobra nueva relevancia cuando, según fuentes judiciales, el megajuicio está llegando a su término. La intención es terminar con las declaraciones testimoniales en abril, y que la sentencia sea dada a conocer en mayo. Desde sus comienzos, el proceso se vislumbró como complicado, porque tiene 60 víctimas, 2 de ellas desaparecidas (ver infografía). 



Incluso una de ellas murió por las heridas de bala que recibió cuando fue detenido, que es Daniel Russo, que era compañero de militancia de Erize en la Agrupación Montoneros.

Entre los delitos que se les imputan a los acusados se encuentran los de homicidio agravado, que es el más grave y que prevé una pena de reclusión o prisión perpetua. Otros delitos que se les achacan a los acusados son violación de domicilio, privación ilegal de la libertad y las torturas. Cabe aclarar que para los delitos de tiene en cuenta el Código Penal anterior, por la época en la que se habrían producido los delitos.

En cuanto a la situación de los acusados, fuentes del proceso señalan que a Olivera lo complican los testimonios y la documentación que lo ubican como participante en los operativos de detención de personas. En el caso de De Marchi, las pruebas lo ubican como encargado del operativo de detención de dirigentes en la Exlegislatura, donde interrogaban y torturaban gente. Del Torchio está acusado por la privación de la libertad y tormentos a figuras políticas y dirigentes sindicales. Lazo está acusado por haber sometido a torturas a la jueza Margarita Camus y a Cristina Anglada, otra de las víctimas de la represión. Nieto, quien le tocó reemplazar al comisario Ernesto Pateta, que murió baleado cuando personas no identificadas atacaron su auto, lo complican en la causa Erize. Martel está acusado de haber sometido a tormentos a la jueza Camus y en las torturas seguidas de muerte de Alberto Carvajal. Gómez está sospechado en la causa en la que aparecen como víctimas figuras políticas de la provincia como el gobernador Gioja.

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