Consejos Comunales y la organización de sus archivos administrativos

>>  viernes, 5 de julio de 2013

Consejos comunales abren sus archivos
http://www.ciudadccs.org.ve/ 05/07/2013
Visto desde el lugar de las personas que deciden asumir funciones dentro de un consejo comunal, la rendición de cuentas es un deber. Y desde la óptica de los demás ciudadanos en la comunidad, se trata de un derecho que poco se asume, por ignorancia o apatía.

Revisar cuentas implica chequear facturas, cronogramas de trabajo y resultados reales, entre otras cosas. En el ámbito vecinal, esta práctica debe ejecutarse por medio de las asambleas de ciudadanos, “la máxima instancia de deliberación y decisión para el ejercicio del poder comunitario, la participación y el protagonismo popular”, según lo describe la Ley Orgánica de Consejos Comunales (LOCC, Art. 20).

No obstante la precisión, auditorías efectuadas sobre la gestión de los consejos comunales, por la Contraloría General de la República (CGR), indican que la rendición de cuentas es omitida en algunos casos. Y esto desemboca en un hecho más complejo: en tanto los ciudadanos no exijan información, aumenta la potencialidad de la corrupción.

Los consejos comunales están sujetos a la supervisión de la CGR y a la contraloría social, figura establecida en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica de Consejos Comunales).

Si bien la Contraloría entiende que todavía no puede proceder en un consejo comunal como lo haría en un organismo del Estado, lo cierto es que comenzó a auditarlos desde 2007. Lamentablemente, es un hecho que hay fallas de varios tonos.

LOS INFORMES

En 2012, las contralorías estadales auditaron 87 consejos comunales. Gran parte de los expedientes de obras ejecutadas carecen de suficiente información que permita establecer el uso y destino de los recursos, amén de las asambleas de ciudadanos para la rendición de cuentas, cuyas actas no figuran.

Veamos este caso. Un solo expediente auditado a cierto consejo comunal en Carabobo, que recibió más de 2 millones de bolívares para construir 30 viviendas, refirió estas irregularidades: “74 facturas por un total de Bs 48.384,38 son ilegibles; hay Bs 7.672,8474 en gastos no vinculados con el desarrollo del proyecto por concepto de alimentos y bebidas, tarjetas telefónicas, consultas médicas y medicinas; Bs 5.002,50 por concepto de traslado en taxi, no indican el nombre y cédula de identidad del beneficiario, así como el destino y actividades por realizar” (Pag. 42 del Informe 2012 de la CGR, disponible en www.cgr.gob.ve).

La contralora general, Adelina González, ha informado que la CGR tiene especial interés en orientar la corrección de esas fallas. “Fuimos a los consejos comunales porque esa es una estructura que está adquiriendo vida y queremos que siga siendo viable, por eso hemos hecho un gran esfuerzo y tenemos 30 mil voceros y voceras capacitados por la Contraloría”, informó durante una entrevista con Ciudad CCS el pasado 17 de junio.

Algunas irregularidades tienen su respuesta en agentes externos, contratados por los mismos organismos que asignan los recursos a los consejos comunales.

“Son los mismos mafiosos de siempre; las empresas y los individuos que antes conseguían los contratos en las alcaldías, se han ido a tratar de embaucar a los consejos comunales”, amplió González.

En otros episodios, la responsabilidad apunta directamente a los integrantes del consejo. Por ejemplo, figuraron organizaciones donde las personas con firma autorizada y los administradores eran del mismo grupo familiar, o donde un vehículo comprado con recursos públicos estaba registrado a nombre de un vocero.

Hay otro elemento de peso. La eficiencia de las instituciones creadas para acompañar a los consejos comunales en la ejecución de proyectos también debe ser revisada.

Entre las recomendaciones planteadas por los auditores, éstos indican que Fundacomunal, adscrita al Ministerio para las Comunas y Protección Social, “debe ser más eficiente en la verificación y evaluación de proyectos” y en “el acompañamiento y la formación en materia técnica y administrativa”.

RECTIFICAR O REVOCAR

Exigir más información sería un buen comienzo para subsanar desviaciones. La Ley contra la Corrupción consagra el derecho de todos los ciudadanos a solicitar cualquier dato sobre la administración del dinero público, con excepción de los documentos relativos a la seguridad nacional (Arts. 8 y 10).

Los auditores especializados en este ámbito han sugerido igualmente constituir comisiones que dominen el adecuado manejo de trámites administrativos, como la contratación de bienes y servicios.

La contraloría social puede ser ejercida por todas las personas, individualmente o en colectivo. Para conocer detalles del procedimiento basta consultar la Ley de Contraloría Social, específicamente los artículos 9 al 13.

Las denuncias ante la CGR deben hacerse a través de las oficinas de Atención al Ciudadano, habilitadas en las contralorías estadales.

En última instancia, soportar la gestión ineficiente de un consejo comunal o, en todo caso, poco dispuesto a la rectificación, no es obligatorio. Existe la posibilidad de revocar a los voceros . Las causales de revocatoria y el modo de proceder se explican entre los artículos 38 y 42 de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales.

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Habla un vocero: “Nos da flojera leer”

Rolando Rojas es integrante del consejo comunal Necesario es vencer, en la parroquia Antímano.

Este luchador y creyente del Poder Popular opina que las prácticas irregulares en las organizaciones de base decrecerían considerablemente si cada ciudadano se interesara más por informarse y conocer las leyes.

“Es ahí (en las leyes) donde está todo, lo que nos dejó nuestro Comandante (Hugo Chávez), cómo organizarnos, cómo tomar decisiones, cómo administrarnos, la contraloría social. Todo lo dejó allí. Yo creo que hay mucho desinterés en leer, de formarnos. Es más sencillo que una persona sin valores pueda cometer un ilícito en un consejo comunal cuando la gente no se preocupa por estar informada, por saber cómo funcionan o deberían funcionar nuestras organizaciones. Hay una Ley de Contraloría Social, y allí dice que podemos hacerle seguimiento a la gestión de las instituciones del Gobierno, a los consejos comunales, a todo el mundo, pero no, nos da flojera leer. Por ejemplo, las cinco leyes del Poder Popular (Ley Orgánica del Poder Popular; Planificación Popular; de las Comunas; Contraloría Social; y Economía Comunal, promulgadas en 2010) fueron distribuidas, las tiene todo el mundo, entonces hay que sacarlas de donde están guardaditas porque allí no hacen nada ”.

La recomendación aplica para los casos en que los ilícitos ocurren por ignorancia o con todo propósito.

El Comandante Eterno, Chávez, creía firmemente que las comunidades son capaces de administrar recursos transferidos por el Estado, incluso con más eficiencia que una alcaldía. Llegó a decir que la participación directa del pueblo en la gestión pública, o sea, el Poder Popular, “era el más grande logro de la Revolución”. Bien valdría honrar su fe.
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Fundacomunal: “Necesitamos que otros actores se sumen”

Voceros de consejos comunales e informes de las contralorías estadales sostienen que Fundacomunal ha descuidado la esencia de su misión, que es acompañar a los gobiernos de base en la elaboración y ejecución de proyectos.

La administración de Fundacomunal espera girar el timón hacia la eficiencia con una nueva gestión, asumida desde hace dos semanas por Joel Alfonso, un joven gerente que trae en su portafolio la conducción de Infocentros. “Ciertamente hemos recibido denuncias que indican que hay ciertas irregularidades cometidas por parte de algunos servidores públicos; eso es parte de lo que hemos estado revisando desde que llegamos a la institución. El Gobierno de Calle (iniciativa que planteó el presidente Nicolás Maduro y moviliza a todo el Gabinete Ejecutivo hacia las comunidades) también nos ha servido un poco para ver de manera directa esas situaciones, porque es un espacio de comunicación directa con la gente”, admite el responsable.

INSTRUCCIONES DE CAMBIO

El ministro de las Comunas y Protección Social (órgano rector de Fundacomunal), Reinaldo Iturriza, giró instrucciones precisas para corregir fallas.

Alfonzo cita tales directrices: “El acompañamiento es un proceso que implica estar en el sitio, presente en la comunidad, apoyando y orientando los procesos de organización. Tú no puedes hacer acompañamiento desde una oficina, hay que estar en las asambleas con la gente. Esa es una de las instrucciones. Lo otro importante es que nosotros, servidores públicos, nos asumamos como parte de un pueblo en su lucha por mejorar la calidad de vida”.

Algunos consejos comunales se quejan de recibir malos tratos por parte de los promotores. A su vez, promotores consultados aseguran que no reciben el apoyo institucional para movilizarse, entre otros sinsabores.

“No desconocemos el trabajo de los promotores, aunque hay que mejorarlo, tal vez desde la formación y la motivación. Asumir esas críticas es parte de reinventarnos para seguir avanzando”, responde Joel Alfonzo, y aprovecha para referir más tareas encomendadas por su ministro rector:

“Otra de las orientaciones es revisar la eficiencia en el trabajo de algunos compañeros y el burocratismo en lo interno de la institución. Si hay que hacer cambios, estamos con toda la disposición de hacerlo. Ya hemos visitado algunos estados y nos hemos reunido con distintas dependencias de Fundacomunal aquí en Caracas, incluyendo la sede que tenemos en El Guarataro, donde se han generado múltiples quejas”.

No obstante, acota que generar un cambio positivo amerita el apoyo de distintos actores.

“Tenemos alrededor de 3 mil promotores a escala nacional, es un número importante, aunque quizá no es suficiente para los 42.900 consejos comunales registrados en todo el país. Se necesita que otros actores se sumen, que otras instituciones acompañen, y que los consejos comunales con cierta experiencia consolidada, aporten su experiencia.

MOLINOS DE VIENTO

Alfonzo se ha rodeado de un equipo dispuesto a luchar contra vicios establecidos. Uno de ellos es Oscar Contreras, director general designado. “Le he dicho a Joel que no podemos pasar por aquí sin pena ni gloria. En todo caso, si salimos sin lograr los objetivos, que lo hagamos por haber tratado de luchar contra un molino de viento, pero no por adaptarnos y acostumbrarnos a una lógica aborrecible (el burocratismo) que ya no aguanta más”, confiesa Contreras.

Este equipo pone a disposición el correo eficienciafundacomunal@gmail.com, a sabiendas de que recibirán “aluviones de denuncias”, y decreta dos sacramentos: 1) Ningún consejo comunal debe darle dinero a ningún funcionario para ninguna gestión. 2) Todos los ciudadanos tienen el deber de hacer contraloría social.
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“El acompañamiento institucional ha fallado”

Geovany Rojas ha sido elegido por tres períodos consecutivos (cada uno de dos años) como vocero de Finanzas en un consejo comunal del Distrito Capital. Reconoce que las organizaciones de autogobierno ciudadano tienen el reto de superar irregularidades en el manejo de recursos, lo cual explica desde dos causas fundamentales.

Por un lado, dice que existe un problema de formación, y por el otro, que las instituciones deben ser más eficientes en el acompañamiento.

“Si bien es cierto que los consejos comunales hemos cometido errores, también pasa que las instituciones del Estado han fallado en ese sentido. ¿Cómo? Pues es que cuando se hace la transferencia de recursos a un consejo comunal, debería hacerse el acompañamiento y el control, porque, en la mayoría de los casos, los voceros no tenemos experiencia en administración o contaduría, esas herramientas”, explica.

Geovany asegura que Fundacomunal, despacho adscrito al Ministerio para las Comunas y Protección Social, encargado de asesorar a los consejos comunales en la formulación y ejecución de proyectos, ha estado ausente.

“Muchas veces llamamos a los promotores para que asistan a nuestras asambleas y nos ayuden a orientarnos, y no llegan, o se quejan de que no les están dando gastos de movilización, entre otras cosas. Ha pasado también con la Alcaldía de Caracas y el Gobierno del Distrito Capital, transfiere recursos y no manda al ingeniero, al fiscal, al promotor”.

No obstante, también concede que en este año 2013, la presencia de las instituciones ha sido más constante.

VIENE DE LA EXCLUSIÓN

El otro componente al que este vocero comunal atribuye los ilícitos administrativos es la formación, a su vez originada por el modelo de educación excluyente que dominó durante el período puntofijista (1958-1998).

“Mira, gran parte de la gente de los barrios no tienen estudios universitarios, aunque poco a poco eso ha ido mejorando con la Misión Sucre (Programa de educación universitaria municipalizada y de filosofía inclusiva), y eso es así porque durante los 40 años anteriores a nuestra Revolución, los pobres, y los que ahora hemos sido llamados a ser el Poder Popular, teníamos posibilidades casi nulas de ir a una universidad, éramos más útiles como mano de obra para la burguesía”.

Este líder social, que ya estudió Derecho, Trabajo Social y ahora Ciencias Políticas, invita a sus conciudadanos a superar las deficiencias desde el conocimiento.

“Mi recomendación es que hagamos círculos de estudio y discusión en todos los consejos comunales para conocer las leyes, los procedimientos. Que seamos el ejemplo de disciplina y honestidad al que nos llamó nuestro Comandante Chávez”.

Igualmente, sugiere aprovechar los cursos de formación que ofrecen algunas instituciones. El Banco Central de Venezuela, por ejemplo, dicta talleres de contabilidad, y la Contraloría General de la República hace lo propio con los procedimientos de contraloría social, manejo de libros y archivos.
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Prepararse para hacerlo mejor

La Contraloría General de la República (CGR) comenzó a desplegar un plan destinado a formar voceros comunales en el manejo de los recursos y la organización de información. La contralora Adelina González ha dicho que al menos 30 mil personas ya recibieron el taller. Voceros que asistieron a este curso testifican que la utilidad es indudable.

“Aprendimos muchas cosas que desconocíamos al momento de rendir cuentas, por ejemplo, que debemos tener foliadas cada una de las facturas; en caso de que alguna se extraviara, así podríamos saber qué había allí. Al iniciar un proyecto se debe hacer, con toda rigurosidad, una asamblea de ciudadanos, donde se informe cuánto dinero nos aprobaron o cuándo se va a iniciar la obra. Y al cierre, igual, otra asamblea para verificar resultados. Hay que llevar un libro de gastos, otro de actas y otro de inventario”, detalló Geovany Rojas.

Para consejos comunales interesados, el taller se puede solicitar a través de las oficinas de Atención al Ciudadano, en las contralorías estadales.


Autor: Yesenia Chapeta

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