Más sobre la falsificación de documentos y sus concecuencias

La Justicia, implacable con las titulaciones ‘fake’: condenas por intrusismo y falsedad documental

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Blanca Valdés Mañas

Al menos decena de figuras políticas han estado en el punto de mira por adornar sus currículum

Al menos decena de figuras políticas han estado en el punto de mira este último mes por sus titulaciones 'fake' para adornar sus currículums con másteres que no eran másteres, carreras que no estudiaron o títulos propios que no están reconocidos por el Estado. El caso de Noelia Núñez, que dimitió como vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP y diputada en el Congreso tras reconocer que no era licenciada en Derecho, parecía un caso aislado, pero no.

Le siguió Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, que no es licenciada en Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual. Ana Millán, vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, no es titulada en Ciencias Políticas, tal y como aparece en diversos folletos. El Delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha estado presentándose durante 20 años como diplomado en Derecho Tributario sin tener los estudios, tal y como ha revelado Vozpópuli en diversas exclusivas.

Patxi López, portavoz de los socialistas en el Congreso, sigue presentándose como ingeniero industrial por la Universidad del País Vasco a pesar de que nunca acabó la carrera. Manuel Borrego, secretario general del PSOE en Badajoz, no terminó sus estudios en Ingeniería Química. Pedro Rollán, presidente del Senado, eliminó de su currículum que era diplomado y que tenía dos máster porque no eran títulos oficiales, entre otros.

Sin embargo, la justicia es implacable con este tipo de situaciones. En 2010, el Tribunal Supremo analizó el caso de un hombre que acudió al Colegio de Abogados de Madrid con un título de licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid que era de otra persona.

Lo manipuló para poner su nombre, apellidos y plasmó el sello y la firma de un notario que no existía. Su objetivo era usar esa colegiación para poder acceder a un puesto de director de relaciones laborales. También se inventó una larga y tendida experiencia laboral en el sector. El engaño tuvo éxito ya que consiguió el puesto y, durante ocho años, la empresa asumió el pago de su cuota como colegiado, lo que supuso un desembolso total de 9.555 euros.

El asunto pasó primero por la Audiencia Provincial de Madrid, que le condenó por un delito de intrusismo profesional agravado y otros dos de estafa (engañó a dos empresa) a cuatro años de prisión y a devolver el dinero que abonaron por su colegiación. El acusado recurrió al Supremo, pero confirmó la pena.

Despidos y falsificación en documento público

Un caso similar se enjuició en la Audiencia Provincial de Lleida en 2016, que condenó a una mujer como autora responsable de un delito de falsificación en documento público u oficial a 6 meses de prisión ya que, para ser contratada por el Ayuntamiento de Lleida a través del Colegio Riu Segre aportó su currículum académico, que incluía un certificado de monitor de patinaje artístico, emitido por la Federación Catalana de Patinaje. Documento que era falso.

En esta misma línea, un juzgado de lo Penal de Madrid condenó en junio una persona a 6 meses de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso medial con un delito de intrusismo profesional por falsear su título de enfermero.

Además, el Tribunal Superior de Justicia de León declaró en 2021 procedente el despido de un trabajador que mintió por partida doble. Dijo en currículum que podía desempeñar trabajos físicos porque sólo estaba impedido para la construcción. Sin embargo, un informe emitido por el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) reveló que tenía problemas en las piernas, columna vertebral, síndrome de túner carpiano y síndrome álgico.

Tenía una discapacidad del 33%. También falseó otro documento que tuvo que firmar antes de incorporarse a trabajar en el que aseguraba a la empresa que no tenía limitaciones físicas para manipular cargas, una tarea esencial porque iba a ser contratado para repartir mensajería y paquetes. Unas sentencias que demuestran que falsear titulaciones tienen consecuencias.