Usuarios de telefonía móvil en México deberán registrar su línea con una identificación oficial con fotografía y la CURP

Registro de celulares: la apuesta contra la extorsión que reaviva alertas de ciberseguridad
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Desde este viernes, todos los usuarios de telefonía móvil en México deberán registrar su línea con una identificación oficial con fotografía y la CURP, un requisito que, de acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), deberá cumplirse antes del 29 de junio. Las líneas que no acaten la disposición serán suspendidas y, eventualmente, canceladas, en una de las reformas más relevantes para el mercado móvil en años recientes.

La medida busca cerrar un vacío histórico: la compra y activación de tarjetas SIM sin identificación, una práctica extendida que, según el gobierno federal, ha facilitado extorsiones telefónicas, secuestros virtuales y diversas modalidades de fraude.

El objetivo, sostienen las autoridades, es dificultar el uso de números imposibles de rastrear y colocar a los operadores bajo mayor escrutinio en materia de seguridad y trazabilidad.

De acuerdo con la CRT, Telcel, AT&T, Movistar y el resto de los operadores deberán resguardar la información de los usuarios bajo los mismos estándares que ya aplican al servicio pospago, en cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Sin embargo, el anuncio llega en un contexto complejo para la industria.

La firma de ciberseguridad SILIKN advirtió que el compromiso se asume en un entorno que erosiona la credibilidad del sector, luego de que en 2025 Telmex y AT&T sufrieran filtraciones masivas que expusieron datos personales de millones de usuarios, desde CURP y domicilios hasta información financiera.

Este antecedente eleva las alertas. Especialistas coinciden en que una nueva brecha de seguridad podría traducirse en robo de identidad, fraudes financieros y extorsiones dirigidas, precisamente los riesgos que la regulación pretende combatir. El recuerdo inmediato es el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), creado en 2021 y anulado en 2022 por la Suprema Corte debido a su carácter invasivo, al exigir datos biométricos y concentrar la información en una base central gubernamental.

Con ese precedente, los nuevos lineamientos buscan tomar distancia de ese modelo. No contemplan biométricos ni un padrón estatal, y establecen que los datos permanezcan en manos de los operadores privados. Aun así, el debate está lejos de cerrarse.

Especialistas y organizaciones civiles advierten que el impacto real del registro obligatorio en la delincuencia será, en el mejor de los casos, limitado, ya que buena parte de las extorsiones y estafas se han desplazado a servicios de voz sobre internet (VoIP) y a aplicaciones como WhatsApp, Telegram o Skype, que no dependen de una SIM mexicana ni están sujetas a este marco regulatorio.

Según SILIKN, los grupos criminales seguirán recurriendo al spoofing, cuentas efímeras, VPN y numeración internacional, mecanismos que simulan llamadas locales sin dejar un rastro verificable. A ello se suma otro flanco vulnerable: la suplantación de identidad. Aunque los operadores deberán validar documentos frente a bases oficiales, la existencia de credenciales falsas y un mercado negro de datos personales facilita que terceros registren líneas a nombre de víctimas inocentes.

Cuando estas personas detectan la usurpación —al intentar contratar un servicio o recibir notificaciones inusuales—, los casos suelen llegar a fiscalías y unidades cibernéticas, que deben solicitar videos de tiendas, registros de activación y rastreos de IMEI. El proceso, reconocen especialistas, es lento y con frecuencia inconcluso.

“El registro obligatorio de líneas representa, en teoría, un avance hacia la trazabilidad en un país asediado por la extorsión telefónica. Sin embargo, abre un nuevo capítulo de vulnerabilidad al obligar a los ciudadanos a confiar sus datos a compañías que arrastran un historial frágil en materia de ciberseguridad”, señaló SILIKN.

Al mismo tiempo, expuso la firma en un artículo, la medida deja intacto el ecosistema digital donde hoy operan los grupos criminales, desde plataformas de mensajería hasta sistemas basados en internet que funcionan al margen de la regulación telefónica tradicional.

“La CRT afirma que el objetivo es ‘restablecer la confianza’ en la telefonía móvil. Pero para millones de usuarios, esa confianza dependerá menos de los lineamientos y más de la capacidad de las empresas para demostrar —con hechos, no con declaraciones— que pueden proteger la información que ahora estarán obligadas a recolectar”, concluyó.