El caso del incendio de los archivos custodiados por Iron Mountain aún sin cerrar

>>  martes, 17 de marzo de 2015

Inspecciones fallidas y las pruebas del encubrimiento
http://tiempo.infonews.com/ 17/03/2015


El hecho más reciente fue el intento de impedir una inspección al depósito de La Boca. Un inspector porteño y dirigente de ATE denunció el ocultamiento de expendientes por un año.

Evidencia - Una grúa remueve miles de documentos que se vinculan con empresas de todos los rubros de la economía.

Iron Mountain desembarcó en la Argentina en el 2000. Su primer depósito lo armó en un viejo galpón ubicado sobre la calle Zaraza 6135, en Villa Lugano en 2001. Al año siguiente la segunda filial aprovechó otro añejo tinglado en Pedro de Mendoza 2147/45, barrio de La Boca. 

El tercer punto arrancó en 2007: Azara 1245, la manzana de barracas que ardería intencionalmente siete años después. En la actualidad la empresa, ante las consultas periodísticas, siempre niega cualquier tipo de relación con el gobierno porteño más allá de los contratos ganados, sin embargo fue la segunda en radicarse en el Distrito Tecnológico que promovieron Cabrera y Pirovano, luego de 2008. 

Gracias a la invitación, que derivó en beneficios impositivos por cuatro millones, IRM amplió el cuarto depósito que tenía en el 2000 de Avenida Amancio Alcorta, al lado del club Huracán. Los tres principales depósitos de papel han soportado inspecciones y resistido clausuras a pesar de las graves fallas detectadas. La última fue denunciada por el ingeniero Edgardo Castro, inspector de higiene y seguridad urbana de la Ciudad y delegado gremial de ATE en la Dirección General del Trabajo que depende del ministerio de Desarrollo Económico conducido por Francisco Cabrera. El área, a partir de las denuncias y de la desaparición de más de 20.000 expedientes de inspección, ya sobrevivió a un intento de ser cerrada hace dos años, mediante un proyecto de ley que casi logra los votos necesarios dentro de la Legislatura. A pesar de los intentos para cerrarlo, y fundirlo dentro de la Agencia Gubernamental de Control Comunal, el organismo sigue realizando inspecciones como policía del trabajo en la ciudad. 

El último escándalo de la DGPT fue una cámara oculta denunciada por Castro –y dada a conocer en el Canal C5N–, contra Fernando Cohen, coordinador de Higiene y Seguridad en 2010. Ahora es gerente de la Subsecretaría de Trabajo, pero por entonces fue filmado explicando los problemas que tuvo para clausurar un laboratorio con graves problemas en sus instalaciones. "Ya te expliqué lo que hicimos con lo de Beta. Lo de Beta no se pudo clausurar, fuimos juntos porque no se pudo clausurar, por el quilombo que se armó. Buscamos una solución, lo cerramos y le mandamos la multa. Porque no lo íbamos a poder clausurar. ¿Por qué? ¿Sabés de quién era Beta?", preguntó Cohen. "No", le contestó su interlocutor y Cohen reveló: "De Goyo Zidar, el que era directivo de Boca, amigo de Macri. Llamó Macri en ese momento".

El esquema de protección fue permanente para IRM desde su llegada al país, denuncia Castro, y se profundizó con la plataforma de negocios que promovió el PRO desde la etapa previa a su gobierno. Todo ese desarrollo de relaciones entró en crisis luego del incendio, pero el vínculo se mantiene firme. La última prueba data, según Castro, del año pasado cuando el mecanismo de protección intentó impedir una inspección total dentro del depósito de IRM en La Boca. "Me escondieron el expediente por un año, desde que verifiqué una serie de problemas estructurales graves en esas instalaciones que podrian derivar en otro incendio". Fue poco después del incendio de Azara. "Verifiqué varios problemas, pedí una inspeccion a la Subsecretaría de Trabajo, y directamente me escondieron el expediente. Ahora apareció un año después, pero el lugar está practicamente desafectado", denunció Castro en diálogo con este diario. Su papel en el incendio de Azara fue central, porque hizo una de las dos inspecciones que impulsó la DGPT en 2008. La empresa y la fiscal del caso dicen que Castro se equivocó y que había inspeccionado otro lugar. Él sostiene lo contrario y hasta ahora ni la firma ni la comuna rebatieron los detalles que ventiló Castro. El caso volcó tras las pericias que confirman la intencionalidad de un incendio que profundizó las fallas que detectó Castro hace seis años. Dentro del expediente de habilitación que el PRO dijo haber perdido (y que denunció el auditor porteño por el FPV Eduardo Epszteyn) aparece la existencia de "ventilación forzada" dentro del depósito, que no está permitida por ley de higiene y seguridad. Tras las pericias, Castro evalúa intervenir en la causa judicial, según dijo a Tiempo. «
Autor: C. M. y L. R.

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