Caos en los archivos del IMSS causó tensión en el registro judicial

>>  jueves, 29 de octubre de 2015

El juez ordena al exgerente de Serveis Socials que esté "localizable"
http://www.diaridetarragona.com/ 14/10/2015


El caos en los archivos del IMSS causó tensión en el registro judicial. Los problemas para encontrar papeles llevaron al secretario judicial a amenazar a trabajadores municipales con arrestos por un delito de omisión de la custodia de documentos oficiales


Dos agentes de la Guardia Civil, el pasado viernes al mediodía, saliendo de la sede del IMSS. Foto: Lluís Milián

El registro judicial que catorce agentes de la Guardia Civil llevaron a cabo el pasado viernes en seis dependencias del Ayuntamiento de Tarragona para buscar documentación original del Caso Inipro tuvo momentos de máxima tensión. Los problemas con los que se encontraron los efectivos del cuerpo de seguridad estatal para recabar la documentación requerida llevaron al secretario judicial a amenazar con arrestos a algunos trabajadores municipales por un delito de omisión de la custodia de documentos oficiales.

Así lo aseguraron ayer al Diari varias fuentes, las cuales remarcaron que la desorganización municipal provocó que fueran numerosos los empleados de la administración local que no fueron capaces de encontrar los papeles que interesaban al juez. Todo esto provocó momentos de nerviosismo que llevaron a los representantes del Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona a pedir a los funcionarios y responsables de la corporación local a buscar «debajo de las piedras si es necesario» los expedientes y certificados solicitados por parte del juzgado para analizar las adjudicaciones irregulares del Consistorio a la empresa Iniciatives i Programes SL.

De momento, sin imputados

Los agentes estuvieron durante ocho horas en la nueva sede del Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) en la Plaça Prim, junto a la iglesia de Sant Joan. Este organismo se mudó hace pocas semanas a las nuevas dependencias, un hecho que causó que alguna información no se encontrara aún en esas oficinas y que la gerente del IMSS no supiera concretar al momento donde estaba cada expediente.

Desde allí, los efectivos de la Guardia Civil fueron a la Tabacalera y, posteriormente, a la antigua facultad de Lletres en la Plaça Imperial Tarraco. Fue en ese emplazamiento, pasadas las siete de la tarde, donde apareció el exgerente del IMSS, Antonio Muñoz, quien a mediados de 2013 fue el único cabeza de turco cuando saltó la crisis, ya que se vio obligado a dimitir. Pese a que en su momento el gobierno municipal señaló a Muñoz como el único culpable de las «irregularidades sin intencionalidades punibles» según las definió el pasado viernes la portavoz Begoña Floria, lo cierto es que, de momento, ni el exgerente ni ninguna otra persona está imputada. Eso sí, el juez solicitó a Antonio Muñoz que esté localizable» durante las próximas horas, por lo que no puede descartarse que, a raíz de la información obtenida anteayer, en breve haya encausados por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y alteración fraudulenta de concurso público.

Pasadas las diez de la noche, los agentes se dirigieron al palacio municipal de la Plaça de la Font, donde buscaron dos certificados del secretario general, Joan Anton Font. La búsqueda de información finalizó en la oficina de servicios sociales de Campclar, un registro que acabó pasada la una de la madrugada, tras más de 14 horas de actividad en las que los agentes se llevaron dos cajas de papeles e información digital.

‘Responsabilidades políticas’

El portavoz del PP, Alejandro Fernández, manifestó ayer en la red social Facebook que «los larguísimos registros tienen muy mala pinta. La experiencia nos demuestra que la Guardia Civil actúa siempre con rigor. Alguien en el Gobierno Ballesteros tendrá que asumir responsabilidades políticas».

Por su parte, Arga Sentís (ICV) tiene «respeto y confianza» con la justicia, si bien lamentó que las actuaciones «están afectando a una de las áreas más sensibles y necesarias del Ayuntamiento», ya que todo ello «no permite que los profesionales de Serveis Socials puedan desarrollar su trabajo en las mejores condiciones».

Autores: O. Saumell / A. Juanpere

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