10 años de prisión en Japón para funcionarios, legisladores y políticos que filtren archivos clasificados

Japón endurece castigos por filtraciones de archivos clasificados

http://www.planoinformativo.com/ 27/10/2013

El gobierno de Japón aprobó una ley que castiga con 10 años de cárcel a funcionarios, legisladores y políticos que filtren secretos oficiales y pongan en riesgo la seguridad nacional.
El gabinete del primer ministro, Shinzo Abe, acordó el proyecto que deberá de ser aprobado por el parlamento, en medio de críticas de que esta ley conducirá a un mayor control gubernamental sobre la información, reveló la agencia japonesa de noticias Kyodo.

La legislación está diseñada para proteger la información confidencial, "un requisito previo" para ganar la confianza en el intercambio de información de inteligencia con otros países, aseguró la propuesta del primer ministro japonés.

El gobierno espera aprobar el proyecto de ley durante la sesión extraordinaria de la Dieta prevista para el 6 de diciembre, cuando Abe presente una versión japonesa del Consejo de Seguridad Nacional para responder mejor a las amenazas de seguridad.

El secretario del gabinete, Yoshihide Suga, señaló que es urgente y necesario crear un marco jurídico para la protección de secretos de Estado. "Haremos todo lo posible para lograr la pronta aprobación del proyecto de ley" a través de la dieta, añadió.

En rueda de prensa, el principal portavoz del gobierno indicó que bajo la nueva ley, las filtraciones de "secretos especiales" (información concerniente a la política exterior y defensa, así como el espionaje y actividades terroristas) tendrá una pena de 10 años de prisión.

Además, los ciudadanos que colaboren con la filtración o difusión de esas informaciones pueden ser condenados a cinco años de prisión.

La nueva calificación de "secretos especiales" será designada por los ministerios y tendrá una vigencia de 30 años, periodo que podrá ser extendido por el gobierno.

Toda la información referente a las capacidades de defensa y armamento del país, así como los detalles referentes a negociaciones con otras naciones, será objeto de esa clasificación.

Los expertos han expresado su preocupación de que el proyecto de ley otorga al gobierno la autoridad para decidir a su criterio lo que son "secretos especiales", reforzando así su control de la información, ya que la legitimidad de esas designaciones no se verificaría por un tercero.