Mostrando entradas con la etiqueta Junta de Andalucia. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Junta de Andalucia. Mostrar todas las entradas

Por equivocación destruyen expedientes de Archivo Judicial de Andalucía

>>  miércoles, 4 de julio de 2018

Destruyen por error cajas con 394 expedientes judiciales del archivo de la Junta de Andalucía
http://www.ideal.es/


El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía instó al órgano judicial a rehacer los procedimientos, de los que sólo lleva una decena terminados

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Fuengirola tiene un largo camino por delante después de que, por error, se destruyeran 78 cajas de procedimientos judiciales que se encontraban en el archivo que la Junta de Andalucía tiene en una nave del Parque Tecnológico. Y es que, después de tener conocimiento de lo ocurrido, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) instó al órgano judicial a que reconstruya los 394 expedientes que se encontraban en el interior de las cajas afectadas.

Tal y como adelantó ayer este periódico, los documentos judiciales fueron destruidos por error en octubre, aunque no fue hasta meses más tarde cuando, al reclamar el juzgado en cuestión un procedimiento judicial, se tuvo conocimiento de lo que había ocurrido. Desde la Junta han indicado que entonces se averiguó que la empresa adjudicataria que se encarga de la gestión del archivo judicial se equivocó en la entrega de las cajas que debían ser destruidas: «Unas estaban junto a otras y les dieron las que no eran».

El propio juzgado emitió hace solo unos días una diligencia en la que explicaba: «Por causas que no pueden discernir, 78 cajas correspondientes al Juzgado de Primera Instancia número 1 de Fuengirola tuvieron salida junto con las cajas que componían la Sección 9º de expurgo, y por tanto fueron destruidas con éstas y entre los procedimientos destruidos se encuentra el presente».

Precisamente, el expediente al que se refiere este documento judicial será uno de los primeros que deban reconstruirse. Desde el TSJA han asegurado que la Sala de Gobierno ordenó al Juzgado de Primera Instancia número 1 de Fuengirola que rehaga los procedimientos que han sido destruidos, «en especial y con carácter inicial de aquellos pendientes de diligencias solicitadas por la parte», como es este último caso. Según ha podido saber este periódico, hasta la fecha han sido reconstruidos una decena de procedimientos.

No se trata de una tarea sencilla. La forma de proceder se encuentra recogida en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la que se explica, entre otros aspectos, que las partes deben aportar los documentos para la reconstrucción del expediente. En el supuesto de que no existiera ninguna controversia sobre los extremos que afecten a la reconstrucción, el letrado de la Administración dictará decreto declarando reconstituidas las actuaciones.

Pero si hay desacuerdo, sea total o parcial, el letrado de la Administración convocará a las partes y al Ministerio Fiscal a vista ante el Tribunal, en la que se propondrá la prueba que sea precisa. En este caso, el Tribunal resolverá mediante auto la forma en que deben quedar rehechas las actuaciones, o la imposibilidad de su reconstitución. Contra esta resolución judicial podrá interponerse recurso de apelación.

Nuevo archivo

En cuanto a las quejas que ha recibido la Junta por parte de diversos sindicatos criticando la situación de los archivos judiciales en Málaga, sobre los que han llegado a decir que se encuentran colapsados, desde el Gobierno andaluz han manifestado que actualmente se está elaborando un pliego de condiciones para sacar a concurso la contratación de una nueva nave de 45.000 metros cuadrados para dedicarla al archivo de expedientes judiciales. Actualmente, se usan con este fin varios depósitos en los bajos de la Ciudad de la Justicia y en los Juzgados de Fuengirola, así como una nave en el Parque Tecnológico de Andalucía.

Desde la Junta han señalado que este concurso ya se celebró el año pasado. Sin embargo, han apuntado que quedó desierto, ya que solo se presentó una empresa al mismo, pero esta no reunía las condiciones necesarias para la adjudicación.

Autor: ÁLVARO FRÍAS Y JUAN CANO

Read more...

Por desalojo de Juzgados tirán a la basura expedientes y documentos

>>  viernes, 1 de abril de 2016

La Junta de Andalucía exige una investigación por los documentos tirados a la basura
http://andaluciainformacion.es/ 01/04/2016


"La Delegación del Gobierno ya ha solicitado que se abre una investigación hasta las últimas consecuencias ante estos hechos graves en los que se han vulnerado los derechos de las personas, y pedirá que se actúe con rigor para depurar las responsabilidades existentes. Existe una obligación importante de custodiar este tipo de documentos y llegado el caso, y si no se toman las medidas necesarias, la misma Delegación del Gobierno presentará la denuncia correspondiente".


La Junta de Andalucía ha manifestado a través de un comunicado de prensa que "no tiene entre sus responsabilidades" la guardia y custodia o el movimiento de los expedientes o documentación en el proceso de traslado a las nuevas dependencias judiciales de San Fernando. Tampoco se ha encargado de eliminar documentos porque no ha habido ninguna petición oficial al respecto para hacerlo bajo los protocolos reglados.

Como marca la normativa, cuando se produce una eliminación de archivos judiciales se sigue un protocolo muy estricto de expurgo que tiene todas las garantías y a través de empresas especializadas en esta tarea.

Para que se produzca la eliminación de expedientes judiciales antiguos debe decidirlo la Junta de Expurgo, un órgano creado por el Gobierno andaluz y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para impulsar la gestión de este proyecto mediante el análisis y ordenación de toda la documentación susceptible de ser eliminada o conservada.

La Junta de Expurgo es un órgano colegiado de naturaleza administrativa presidido por una magistrada y que cuenta con el apoyo de un miembro de la carrera fiscal, un secretario judicial, el jefe de servicio de Documentación y Publicaciones de la Consejería de Justicia e Interior, un funcionario archivero y otro funcionario que hace las veces de secretario. Este órgano determina la exclusión o eliminación de expedientes procesales o, en caso contrario, la transferencia de los mismos a la Administración competente en materia de patrimonio histórico.

Una vez se ha tomado esa decisión, los expedientes a eliminar son recogidos por una empresa especializada que utiliza los protocolos más exigentes de destrucción. Así, está protocolizado que los trozos que resultan no sobrepasan los 3mm de un lado y 4mm de otro.

En ninguna sede judicial se traslada o elimina papel por parte de esta administración si no es bajo esos estándares y esas garantías, por lo que tampoco se ha tenido relación con esos expedientes hallados en San Fernando ya que nadie nos ha pedido la “eliminación de papel” en estos días.

"A tenor de lo ocurrido, los funcionarios de la Consejería de Justicia solo se van a hacer cargo de la recogida de esta documentación que ya ha sido retirada de la calle por la Policía Local de San Fernando si así nos lo solicitan por escrito los secretarios judiciales (dependientes del Ministerio de Justicia), y bajo los protocolos y formatos que nos establezcan ellos que son los responsables de la custodia de esos documentos", afirma.

CASO:
El Juzgado tira a la basura expedientes con datos personales de todo tipo
http://andaluciainformacion.es/ 01/04/2016

Declaraciones de acusados y testigos, expedientes de desahucios, atestados de accidentes e incluso fotografías de un presunto delito de malos tratos a una menor son algunas de las perlas que se pueden encontrar en el contenedor de la calle Tomás del Valle, frente al Palacio de Justicia.

Se trata de documentos que en vez de ser archivados o bien destruidos si no tienen ya interés legal, se exhiben ahora con nombres y apellidos de las personas involucradas, incluidos presuntos violadores “leves” cuyo resultado final se desconoce. Sin que falten las copias de conversaciones de WhatsApp como pruebas de la comisión de un posible delito.

El motivo es el desalojo de los Juzgados una vez que van a ser trasladados esta misma semana, sin que nadie haya caído en la cuenta de que se está tirando a la basura y poniendo al alcance de cualquiera datos personales de todo tipo, incluidas huellas digitales. Los propios vecinos han mostrado se enérgica protesta por lo que ha ocurrido.

Read more...

Inseguridad en Archivos:¿Han alterado documentos sobre las vías pecuarias de Andújar?

>>  miércoles, 13 de enero de 2016

El colectivo Revipe denuncia una grave y deficiente clasificación de las vías pecuarias del municipio
http://andujar.ideal.es/ 13/01/2016


El colectivo Revipe ha elaborado un estudio comparativo donde muestra un problema que considera grave sobre el asunto de las vías pecuarias de Andújar. El informe revela que en todas ellas se han encontrado serias discrepancias, tanto el nacimiento como en su recorrido, porque constata que no existe ni una sola vía pecuaria que coincida tanto en la clasificación como en el deslinde realizado entre los años 1951 y 1955 y establece las comparativas con los deslindes realizados en los años 1861 y 1902.

El coordinador del estudio realizado por Revipe (colectivo que trata la recuperación de las vías pecuarias), Pablo Quesada, habla que se puede estar incurriendo en una «gran corrupción». Realiza esta tajante aseveración Quesada porque entiende que se le han robado tierras a los agricultores. Integrantes de esta plataforma han buceado por los archivos de Parques Nacionales y en el Archivo Histórico Nacional, donde estos estudiosos dicen que deben de estar guardados los archivos de las vías pecuarias de Andújar.

Recabar información

Pablo Quesada conmina a la Junta de Andalucía a que recabe toda la información para realizar los deslindes, «porque se han inventado una veintena vías pecuarias», Señala que en el año 1955, peritos del EstadoÂÂÂ realizaron alteraciones de las vías pecuarias de Andújar, así como de Cañadas Reales, como la de Marmolejo, que posee una extensión de 22 kilómetros.

Revipe exige por tanto la anulación de la Clasificación de los años 1951-55 y del posterior deslinde realizado por la Junta de Andalucía, porque argumenta que se está hablando de muchos miles de millones de euros. «Sustituyen veredas por cañadas y ninguna vía pecuaria de Andújar está sana, comparando el deslinde del año 1902, que fue el mejor que tuvo Andújar y es en el espejo en el que deben de mirarse ahora la Junta de Andalucía para realizar los deslindes», propone Quesada. Señala que el realizado a principios del siglo XX daba detalles precisos y matemáticos, sin disfrutar de los avances que existen hoy en día.

Demanda tanto a la Junta como al Estado que realice un estudio exhaustivo con los deslindes reales, que obligaría a una nueva clasificación «justa y como debe de ser, porque lo que queremos es acabar con los privilegios», recalca Quesada. El estudio realizado por el equipo técnico de Revipe y su sus abogados han detectado un total de 125 errores en el último estudio de clasificación y que se lo presentaron a responsables de las vías pecuarias.

Recabar información

Pablo Quesada conmina a la Junta de Andalucía a que recabe toda la información para realizar los deslindes, «porque se han inventado una veintena vías pecuarias», Señala que en el año 1955, peritos del Estado realizaron alteraciones de las vías pecuarias de Andújar, así como de Cañadas Reales, como la de Marmolejo, que posee una extensión de 22 kilómetros.

Revipe exige por tanto la anulación de la Clasificación de los años 1951-55 y del posterior deslinde realizado por la Junta de Andalucía, porque argumenta que se está hablando de muchos miles de millones de euros. «Sustituyen veredas por cañadas y ninguna vía pecuaria de Andújar está sana, comparando el deslinde del año 1902, que fue elmejor que tuvo Andújar y es en el espejo en el que deben de mirarse ahora la Junta de Andalucía para realizar los deslindes», propone Quesada. Señala que el realizado a principios del siglo XX daba detalles precisos y matemáticos, sin disfrutar de los avances que existen hoy en día.

Demanda tanto a la Junta como al Estado que realice un estudio exhaustivo con los deslindes reales, que obligaría a una nueva clasificación «justa y como debe de ser, porque lo que queremos es acabar con los privilegios», recalca Quesada. El estudio realizado por el equipo técnico de Revipe y su sus abogados han detectado un total de 125 errores en el último estudio de clasificación y que se lo presentaron a responsables de las vías pecuarias.

Pablo Quesada ahonda en la gravedad de estas equivocaciones, porque entiende que se han producido apropiaciones de terrenos de una forma indebida, «creemos que se ha alterado un documento oficial importante sobre las vías pecuarias de Andújar, porque se cambiaron los planos». Está convencido que el grupo de personas que realizó la última clasificación de las vías pecuarias «practicó la ilegalidad y por eso disponemos de los estudios oficiales que demuestran la realidad», apostilla.

Autor: JOSÉ C. GONZÁLEZ

Read more...

Digitalización cero por financiación cero del gobierno dice La Junta

>>  martes, 24 de noviembre de 2015

La Junta acusa al Gobierno del retraso en la digitalización de la Justicia
http://cordopolis.es/ 24/11/2015

Una sesión de un juicio en un tribunal de Córdoba | MADERO CUBERO

El consejero informa a las autoridades judiciales de Córdoba de las dificultades para eliminar el papel en juzgados y fiscalías el próximo enero debido “a la financiación cero” del Estado

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha visitado hoy la Audiencia de Córdoba y subrayado que el objetivo marcado por el Gobierno central de lograr el próximo 1 de enero una Administración de Justicia digitalizada, sin papel, resulta imposible “con una financiación cero” del ejecutivo de la nación para este fin.

En una reunión que ha mantenido con las autoridades judiciales de Córdoba, el consejero ha señalado que “pese a la apuesta indudable” de la Junta para lograr la digitalización absoluta de la Administración de Justicia, este objetivo se va a ver distorsionado por la “repentina y precipitada” decisión del Gobierno central de fijar por ley el 1 de enero de 2016 como fecha límite para que el ‘papel cero’ sea una realidad en todos los juzgados y fiscalías.

“Quedan menos de dos meses para la eventual implantación del denominado papel cero y no se ha dotado todavía a los gobiernos autonómicos del equipamiento necesario para hacer efectiva esta medida”, ha precisado De Llera, que se ha reunido con el presidente de la Audiencia Provincial, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, el fiscal jefe, Juan Bautista Calvo-Rubio, el juez decano, José Carlos Romero, el secretario coordinador, Pedro Alejándrez, y los responsables de los colegios de abogados, procuradores y graduados sociales.

Desde principios del próximo año, todos los profesionales de la justicia y órganos judiciales deberán utilizar sistemas telemáticos para la presentación de escritos y documentos, así como para la realización de actos de comunicación procesal, en todos los órdenes jurisdiccionales. Ya a partir de 2017, la comunicación por vía telemática será obligatoria también para las personas jurídicas, ha apuntado De Llera.

Según ha recordado el consejero, en la Administración de Justicia de Andalucía se utiliza Lexnet desde 2009, fundamentalmente para las notificaciones por Internet a los procuradores, y actualmente se está haciendo extensivo el sistema a abogados, graduados sociales, abogados del Estado, letrados de la Junta, fiscales y cuerpos de seguridad del Estado.

Además, la Consejería de Justicia e Interior prevé, entre otras medidas, dotar de firma digital al sistema de gestión procesal Adriano de forma generalizada tras haberse realizado ya más de 96.000 firmas en sentencias, autos y decretos; facilitar la consulta de la documentación en formato digital de manera ágil y permitir a las fiscalías utilizar esos archivos digitalizados, ya que no tienen acceso a Adriano.

Con vistas al próximo 1 de enero, la Consejería de Justicia e Interior ya ha iniciado una serie de experiencias piloto en juzgados de El Ejido, Velez-Málaga, Coria del Río y Huelva, en los procedimientos que se realizan para la presentación de los documentos que no inician trámite. Asimismo, se están haciendo los desarrollos para las adaptaciones respecto a la presentación de documentos que inician trámite, con el objetivo en ambos casos de que no haya que imprimir la documentación digital en los decanatos.

La digitalización de órganos judiciales y fiscalías está respaldada por la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, que obliga a tramitar de manera electrónica los asuntos judiciales, y por la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 5 de octubre de 2015, que ha incorporado el objetivo del papel cero en los juzgados a partir del 1 enero del 2016.


Read more...

Eliminados expedientes judiciales antiguos y sin valor por Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía

>>  sábado, 26 de septiembre de 2015

La Junta ha eliminado 315.074 expedientes judiciales antiguos y sin valor en Córdoba
http://www.europapress.es/ 26/09/2015


La Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía ha eliminado 315.074 expedientes judiciales antiguos en la provincia de Córdoba, guardados en un total de 4.786 cajas, con el objetivo de liberar espacio de los archivos de los juzgados y tribunales, retirando documentos carentes de valor jurídico o histórico y cuya destrucción ha sido aprobada por la Junta de Expurgo, de la que forman parte el Gobierno andaluz y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Así lo ha destacado, en declaraciones a Europa Press, la delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Rafi Crespín, quien ha señalado que, además, Justicia e Interior va a proponer un nuevo expurgo de 2.368 cajas, con otros 137.669 documentos, para antes de final de año, lo que supondrá la destrucción de más de 452.000 expedientes desalojados de los archivos judiciales de esta provincia.


Con esta nueva acción, la Junta de Andalucía quiere seguir avanzando en el proyecto de eliminación de documentación judicial antigua y sin utilidad y que supone una mejora de los espacios en los archivos judiciales, en este caso de la provincia cordobesa. Estas actuaciones se incluyen en la primera destrucción masiva de esta documentación judicial sin valor, que corresponde a diligencias previas y juicios de faltas de entre 1945 y 1998 y que se inició en 2012.

El objetivo fundamental de esta iniciativa, según ha recordado Crespín, es liberar espacio en los archivos y tribunales, así como "profundizar en el proyecto de modernización que viene impulsando la Junta, para potenciar la progresiva eliminación de documentación que no tiene ningún valor y avanzar en el proceso de impulso de una Justicia digital y sin papeles. De esta forma, se logra un ahorro de costes y de tiempo y se contribuye a la protección del medio ambiente".

Este proyecto forma parte también de la definición de un modelo único de tratamiento y gestión documental, para el control y acceso a la documentación judicial, desde su creación hasta su eliminación o conservación por interés judicial o histórico.

La eliminación de expedientes judiciales antiguos es acordada por la Junta de Expurgo, un órgano creado por el Gobierno andaluz y el TSJA para impulsar la gestión de este proyecto, mediante el análisis y ordenación de toda la documentación susceptible de ser eliminada o conservada.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Uno de los criterios principales en la selección de los documentos judiciales que se van a eliminar o archivar, según ha precisado la delegada, "es su interés judicial e histórico. De esta forma, se garantiza la conservación de la documentación con valores históricos o bien de aquélla que posea un relieve social, económico, político o cultural".

La Junta de Expurgo es un órgano colegiado de naturaleza administrativa presidido por una magistrada y que cuenta con el apoyo de un miembro de la carrera fiscal, un secretario judicial, el jefe de servicio de Documentación y Publicaciones de la Consejería de Justicia e Interior, un funcionario archivero y otro funcionario que hace las veces de secretario.

Este órgano determina la exclusión o eliminación de expedientes procesales o, en caso contrario, la transferencia de los mismos a la administración competente en materia de patrimonio histórico

Autor: Europapress

Read more...

Novasoft no ira a concurso de archivo por reducción de presupuesto y atraso en pagos de la Junta de Andalucia

>>  viernes, 10 de enero de 2014

Novasoft no optará al concuso del Archivo Judicial al reducir la Junta el presupuesto
http://www.abcdesevilla.es/ 10/01/2014


La unión temporal de empresas (UTE) que viene gestionando el Archivo Judicial Territorial de Málaga durante los dos últimos años, formada por Novasoft y Eulen, ha decidido no presentarse al próximo concurso público para cubrir el servicio debido a que la Junta de Andalucía ha reducido casi un 50 por ciento el presupuesto, que ha quedado fijado en 330.578 euros.

«No vamos a licitar porque es un proyecto muy difícil de gestionar con ese importe», ha indicado el director general de Novasoft, Francisco Guerrero. Además, el margen de demora en los pagos por parte del Gobierno andaluz oscila entre los 90 y los 180 días. «Tenemos facturas con casi 300 días de retraso», ha añadido.

En cualquier caso, el responsable de Novasoft ha querido dejar claro quela UTE no es la que despide a los 13 trabajadores del archivo, sino que el día 23 de enero termina su concurso y el personal, al estar contratado por obra y servicio, cesa su actividad en dicha fecha.

«La Junta podría haber hecho una prórroga automática del concurso, pero con una bajada del 50 por ciento no era posible», ha manifestado Francisco Guerrero, quien ha hecho hincapié en que es el Gobierno andaluz el que no ha querido incluir en el pliego de condiciones, como venía siendo habitual, la subrogación de la plantilla.

Mientras tiene lugar el proceso de selección, cuyo plazo de presentación acaba este viernes, y se designa en abril a la nueva empresa que se hará cargo del servicio, la Junta ha apostado por hacer un apaño temporal mediante un contrato menor de servicios por valor de 18.000 euros, que la UTE actual ha preferido rechazar.

«Se trataba de contar con dos o tres personas atendiendo en el mostrador para mantener el servicio durante estos dos meses», ha explicado el director general de la empresa, instalada en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).

Además, ha estimado que más de la mitad de la plantilla del archivo podría no ser subrogada debido al escaso margen de beneficio que obtendrá la sociedad que se haga con la concesión, aunque en su opinión serán «muy pocas» las que pujen.

Novasoft decidió presentarse al pasado concurso al contar éste con un componente tecnológico, que consistía en el desarrollo de una plataforma informática llamada Archiva, mediante la cual se han digitalizado los expedientes de los dos últimos años. Sin embargo, la Junta ha decidido prescindir de este programa a partir de abril, lo que supondrá un esfuerzo de años tirados por la borda. «El trabajo ha quedado reducido a la mera gestión de personas externas», ha finalizado Guerrero.

Autor: FRANCISCO JAVIER FLORES 

Read more...

Proyecto para mejorar gestión de archivos judiciales en España

>>  domingo, 10 de noviembre de 2013

La Junta lidera un proyecto nacional para mejorar la gestión de los archivos judiciales en toda España
http://andaluciainformacion.es/ 10/11/2013


La Junta de Andalucía va a liderar un proyecto a nivel nacional para mejorar la gestión de los archivo judiciales en toda España, según el acuerdo adoptado por el Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica (cteaje), órgano en el que están representados el Gobierno central, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las comunidades autónomas que tienen asumidas las competencias de Justicia como Andalucía.

La Administración andaluza va a aportar a este proyecto de alcance estatal el programa piloto Jara puesto en marcha por la Consejería de Justicia e Interior en los archivos de los juzgados de Sevilla, una experiencia que se va a extender posteriormente al resto de las provincias andaluzas. Se trata de una aplicación que permite mejorar la gestión de la documentación judicial y facilita además su control y acceso en todo el proceso, desde su producción inicial hasta su eliminación o archivo para su conservación permanente.

La Junta ha asumido, en el seno del comité técnico para la Justicia Electrónica, la coordinación de un grupo de trabajo creado específicamente para avanzar en la gestión archivística judicial mediante la implantación de nuevas tecnologías. Este grupo está formado por representantes del Poder Judicial, del Ministerio de Justicia, Fiscalía General del Estado y de las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias judiciales, como Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Canarias, Cataluña, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra, País Vasco y Valencia.

La Consejería de Justicia e Interior, según informa la Junta en un comunicado, expondrá en este grupo de trabajo el desarrollo del sistema Jara en Andalucía, una herramienta que permite a los funcionarios judiciales mejorar los criterios de clasificación y descripción, así como asumir nuevas funcionalidades. La Junta ya ha implantado esta nueva aplicación en las sedes judiciales de la ciudad de Sevilla, donde se han llevado a cabo también unos cursos de formación para los usuarios. El propósito de la Junta es, una vez se consolide la experiencia en los órganos judiciales sevillanos, es extender próximamente al resto de Andalucía esta herramienta e plantear su implantación también a nivel nacional.

SELECCIÓN Y DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS JUDICIALES

Andalucía ha sido una de las comunidades autónomas pioneras en la implantación de la gestión documental en el ámbito de la Administración de Justicia, cuyo objetivo fundamental es normalizar y racionalizar el volumen documental que produce y para prestar un servicio más eficaz y de calidad a la ciudadanía.

Para ello, la Consejería de Justicia e Interior ha elaborado un plan de descripción documental, que tiene como fin facilitar la identificación y el acceso a la documentación, por un lado, y establecer, por otro, los planes para su conservación o eliminación una vez cumplidos los plazos previstos en la normativa vigente y en función de los valores históricos o culturales que posean.

Jara es una aplicación web sencilla y de fácil manejo, accesible a través del Escritorio Judicial, que permite la creación de varios perfiles según las tareas encomendadas y que automatiza funciones claves entre el órgano judicial y el archivo de la sede judicial, como son las transferencias, el servicio de préstamos o los envíos a la Junta de Expurgo.

La cumplimentación de datos de esta aplicación está concebida para que se pueda hacer todo desde una misma pantalla, lo que permite la vinculación de los distintos tipos de procedimientos que se están realizando, como puede ser un juicio de falta con su ejecutoria o la descripción de las piezas separadas vinculadas con el procedimiento principal.

Además, la aplicación permite asumir nuevas funciones en el futuro, según los requerimientos de los usuarios, y está preparada para poder integrarse con otros sistemas ya en funcionamiento, como es el Sistema de Gestión Procesal Adriano.

Read more...

Junta y Diputación de Andalucia visitan Palacio de Villafranca por el incendio del pasado jueves

>>  lunes, 9 de septiembre de 2013

Técnicos de la Junta y la Diputación visitan el archivo de Los Palacios a cuenta del incendio
http://www.teinteresa.es/ 09/09/2013

EUROPA PRESS, LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA)
Ana Melero, responsable de archivos de la Junta de Andalucía, y Carmen Barriga, su homónima en la Diputación provincial, acompañadas por el concejal de Cultura, Jesús Condán, y el archivero municipal, Julio Mayo, han visitado este lunes las dependencias del archivo de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) a cuenta del incendio declarado el pasado jueves y saldado con la calcinación del departamento y buena parte de su contenido.

Tras la visita, según informa el Ayuntamiento palaciego, estos técnicos transmitirán sus impresiones a los responsables políticos respectivos, a los que se solicitará ayuda dada la magnitud de la tarea por concluir, ya que lo ocurrido es de "una envergadura inusual, inédita en el tiempo en que llevamos desarrollando nuestra labor tanto en la Diputación como en la Junta de Andalucía", con unas consecuencias muy graves "pues los documentos de archivo, a diferencia de cualquier bien mueble, son únicos y si se pierden no se pueden recuperar", según palabras de Melero difundidas por el Consistorio.

CASO ÚNICO

Ambas expertas han ofrecido su colaboración particular, ya que "ante una situación como esta, los compañeros archiveros de Diputación y de la Junta tenemos que estar al lado del Ayuntamiento y del responsable del archivo municipal que se enfrentan a un caso del que no recordamos ningún otro en Andalucía: hemos tenido inundaciones graves como las de Peñaflor, hemos tenido robos, pérdidas, incluso caídas de edificio, pero nunca un incendio de un archivo municipal". Melero señala que las actuaciones que se están llevando a cabo hasta este momento, tanto por el archivero municipal, Julio Mayo, como por los voluntarios, está permitiendo que se recupere parte de los documentos.

Por su parte, el archivero municipal, Julio Mayo, explica que "tras el incendio, en muy pocos minutos tuvimos la gran suerte de poder rescatar el primer baluarte documental que es el Libro del Becerro, actualmente depositado en una caja fuerte blindada de una entidad bancaria completamente a salvo. A partir de ahí, mi labor se centró en tratar a pie de archivo de que todo lo que se sacara estuviera controlado, supervisado y custodiado debidamente, estableciendo ya un primer criterio de lo salvable o lo inservible. En el mismo lugar de los hechos. fuimos poniendo en práctica medidas para la recuperación de documentos".

DOS VÍAS DE ACTUACIÓN

Se están llevando a cabo dos líneas de actuación; una centrada en el patrimonio documental histórico y otra en la reconstrucción administrativa del municipio. Esta última se desplazará a otras instalaciones y ahí comenzará una etapa larga en la que se irá recuperando documentación con la ayuda de otras fuentes documentales como copias o información adicional.

La recuperación del patrimonio documental histórico continuará en la nave del Polígono Industrial El Muro, aunque es imposible ponerle una fecha de finalización, de manera que se congelará la documentación que no de tiempo a intervenir para hacerlo adecuadamente, de ello existe un precedente en Florencia que Julio Mayo conoce bien, "así que trataremos de congelar el amasijo de papeles que está todavía húmedo para que no se compacte y después podremos actuar. Todo ello lo haremos con personal cualificado en la restauración".

Mayo también destaca que "hemos puesto toda nuestra capacidad al servicio de la coordinación de muchas manos para poder secar y recuperar el desastre y desarraigo que este incendio ha ocasionado en el patrimonio documental".

Ana Melero, responsable de archivos de la Junta de Andalucía, y Carmen Barriga, su homónima en la Diputación provincial, acompañadas por el concejal de Cultura, Jesús Condán, y el archivero municipal, Julio Mayo.


Read more...

La Junta de Andalucia eliminara más de 300 kilometros de documentos judiciales

>>  martes, 25 de junio de 2013

La Junta comienza a destruir miles de documentos judiciales antiguos para aligerar archivos de los tribunales
http://www.europapress.es/ 24/06/2013


La Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía ha iniciado en Sevilla el proceso de destrucción de expedientes judiciales "antiguos y sin valor" con el que pretende "liberar espacio" en los archivos de los tribunales de la capital.

Según ha informado la Consejería en una nota, esta actuación emana del acuerdo adoptado por la Junta de Andalucía y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para la eliminación y conservación selectivas de aquella documentación de los órganos judiciales de la comunidad.

Se trata de una "acción pionera" que en Sevilla afectará en una primera fase a 80.314 expedientes de juicios de faltas y diligencias previas, de 1976 a 1990, almacenados en 1.104 cajas, y que se llevará a cabo "respetando la confidencialidad de los documentos y siguiendo criterios medioambientales".

La Junta ha dado un plazo de dos meses a los interesados en las actuaciones judiciales para que pudiesen optar a recuperar, antes de su destrucción, aquellos documentos aportados en su día a los procesos, y cuyas referencias se han publicado con anterioridad en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

La eliminación de estos primeros expedientes judiciales en Sevilla está gestionada por la Junta de Expurgo, un órgano creado por el Gobierno andaluz y el TSJA para ordenar y analizar la documentación susceptible de ser destruida o conservada.

Uno de los criterios principales en esta selección estriba en determinar el "interés judicial e histórico" de los documentos, para lo cual se cuenta con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte, al que el departamento de Emilio de Llera asigna un "papel relevante" en la elaboración de una tabla de valoración esencial para determinar las muestras de cada tipo de expedientes que tienen acceso a los correspondientes archivos históricos provinciales.
DOCUMENTOS A CONSERVAR

De esta forma, se garantiza la conservación de aquellos expedientes de interés y con valores históricos que, en el caso de Sevilla, ha supuesto el envío 7.164 expedientes en 122 cajas al Archivo Histórico Provincial de Sevilla para guardarlos como documentación permanente de acuerdo con esos criterios.

Entre los documentos que la Junta de Expurgo conservará están "aquellos de interés histórico y social y que tengan un valor por ser un caso especial y destacado", o bien por ser "representativo de la realidad social, económica, cultural o política de ese instante".

La Junta de Expurgo es un órgano colegiado de naturaleza administrativa presidida por una magistrada y que cuenta con el apoyo de un miembro de la carrera fiscal, un secretario judicial, el jefe de servicio de Documentación y Publicaciones de la Consejería de Justicia e Interior, un funcionario archivero y otro funcionario que hace las veces de secretario. Es el órgano que determina la exclusión o eliminación de expedientes procesales o, en caso contrario, la transferencia de los mismos a la Administración competente en materia de patrimonio histórico.

En el conjunto de Andalucía, serán más de 350.000 documentos de seis provincias los que van a ser eliminados en esta primera fase, correspondientes todos a diligencias previas y juicios de faltas de las décadas de los 70, 80 y 90. A esta primera destrucción documental seguirá una segunda fase que desechará otros 300.000 expedientes, por lo que se elevará a 650.000 el número de expedientes judiciales destruidos en toda Andalucía en el marco de este proyecto, destinado a rebajar la saturación de los archivos de los tribunales.

MÁS DE 300 KILÓMETROS DE DOCUMENTACIÓN A ELIMINAR

Según ha resaltado la Junta, el volumen de la documentación judicial en Andalucía, tanto de archivos de gestión como susceptibles de ser destruidos, es "de tal magnitud" que alcanzaría una distancia de 300 kilómetros si se alinearan todas las cajas que contienen los citados documentos.

Esta eliminación de documentos se realizará, además de en Sevilla, en los archivos judiciales de las ciudades de Málaga y Cádiz, así como en los municipios de Arcos de la Frontera (Cádiz), Motril (Granada) Coín (Málaga) y Huércal Olvera (Almería).

El objetivo de esta iniciativa es liberar espacio en los archivos y tribunales y "profundizar" al mismo tiempo en el proyecto de modernización que viene impulsando la Junta para potenciar la progresiva eliminación de documentación que "no tiene ningún sentido conservar" y avanzar en el camino hacia una Justicia digital y sin papeles.

Con esta finalidad se trabaja en la actualidad en el análisis de 2,2 millones de casos judiciales de toda la comunidad para seguir seleccionando documentación "sin interés" y proceder a su eliminación.

Estas actuaciones en archivos judiciales van encaminadas también a la definición de un modelo único de tratamiento y gestión documental a través del sistema 'Jara', una aplicación que la Junta está implantando progresivamente en los juzgados sevillanos y que hace posible el control y acceso a la documentación judicial hasta su eliminación o conservación por interés judicial o histórico.

La Junta inserta este proyecto en su "apuesta por la modernización y desarrollo de las nuevas tecnologías" para "seguir dando pasos hacia una Justicia más ágil y eficaz basada en los avances tecnológicos y la progresiva eliminación del papel", lo que supondrá "un ahorro medioambiental, de costes y de tiempo".

Mientras que el TSJA ha valorado positivamente la destrucción de documentos judiciales en su última memoria, en la que, según la Junta, "ha puesto de relieve la necesidad de seguir potenciando esta iniciativa del Gobierno andaluz", éste ha subrayado la labor realizada por los secretarios judiciales y los funcionarios de auxilio judicial que colaboran "de forma decidida" con los técnicos de archivo de la Consejería de Justicia e Interior.

Read more...

Parlamento de Andalucia destruira archivos de la Junta de Portavoces (30 años) ¿Y que dice la Junta de Andalucia?

>>  miércoles, 12 de junio de 2013

El Parlamento borrará archivos "grabados por error" desde 1983
http://www.eldiadecordoba.es/ 12/06/2013


Advierte tras 30 años que audios y vídeos de las juntas de Portavoces son accesibles y toma una decisión: destruirlos

El Parlamento de Andalucía borrará todas las grabaciones realizadas de la Junta de Portavoces en los últimos 30 años una vez que ha advertido que son accesibles para los ciudadanos y al entender no sólo que no deben facilitarse, sino que nunca se deberían haber grabado. Este material (bobinas y casetes) está disponible en los servicios de documentación del Parlamento y puede solicitarse su consulta a través de una referencia bibliográfica en la web. Se trata de 563 archivos de las sesiones de la Junta de Portavoces que cada dos semanas se celebran en el Parlamento andaluz. La primera corresponde al 16 de marzo de 1983 y es un archivo de audio, como los siguientes hasta el 22 de junio de 2005, cuando se almacenan estas sesiones como archivos audiovisuales y así hasta la última grabada el 12 de diciembre del pasado 2012.

Al no haber constancia de vídeos desde principios de este año, esta redacción pidió consultar la grabación de la Junta de Portavoces del 20 marzo donde supuestamente se acordó la subida de las dietas (posteriormente rectificada), aunque ninguno de los portavoces de los grupos parlamentarios (PP, PSOE e IU) recuerdan que se abordase esa cuestión.

Fuentes oficiales del Parlamento andaluz negaron en primer término que hubiera grabación de esas reuniones y, advertidos de que sí constan en la biblioteca del Parlamento anteriores a esa fecha, anunciaron que los servicios jurídicos del Parlamento han resuelto a la mayor brevedad borrar esos documentos desde 1983 alegando que en ningún caso deben ser públicos. "Ha sido un error y se borrarán. Esas reuniones no tendrían por qué estar grabadas", expusieron. ¿Un error desde hace 30 años?, preguntó esta redacción. "Nadie se había interesado antes. No teníamos constancia de que existieran", añadieron. Así que, una vez advertidos, los responsables del Parlamento han decidido que estos archivos deben ser destruidos, según comunicaron ayer fuentes oficiales del Gabinete de Prensa del Parlamento.

De ejecutarse esta decisión sólo quedaría como prueba de esas sesiones el acta escrita de las reuniones que, según entienden también los letrados de la Cámara, no pueden ser públicas. Se da la circunstancia sin embargo que los medios de comunicación sí pueden acceder in situ a las sesiones de la Junta de Portavoces. Pero sin embargo no pueden tener acceso a las actas de las mismas ni, a partir de ahora, a las grabaciones de estas sesiones, ya que no se realizarán.

El Parlamento también niega el acceso al acta de la Mesa del Parlamento, el otro órgano donde supuestamente se acordó la subida de las dietas el 20 de marzo. Las mismas fuentes subrayan que estas actas pertenecen a los miembros de cada órgano (es decir, las actas de la Junta de Portavoces pueden ser solicitadas por los grupos parlamentarios), por lo que los diputados sí podrían tener acceso a los acontecimientos que se produjeron en estas reuniones.

Sin embargo, no consta hasta el momento interés por parte de ninguno de los grupos por solicitar estas actas y aclarar cómo se orquestó el pasado 20 de marzo la polémica subida de las dietas para el presidente de la Cámara, Manuel Gracia, y los secretarios adjuntos de cada grupo.

En el caso del presidente de la Cámara se elevó la dieta de alojamiento y manutención de 500 a 600 euros semanales (400 euros más al mes), en 1.200 euros mensuales más para los secretarios de PSOE y PP (José Muñoz y Rafael Salas) y en 920 euros para la diputada de IU Alba Doblas. Esta subida no fue publicitada por ningún instrumento del Parlamento y fue advertida por esta redacción al comparar el régimen económico de los diputados con la aprobada a principios de año (en la web fue suplantado un documento por otro). A las pocas horas el propio Gracia anunció que se revocaría esta decisión, lo que finalmente aprobó la semana pasada la Mesa del Parlamento.

Desde algunos sectores consultados por esta redacción se ha destacado la sorpresiva reacción del presidente del Parlamento (que fue respaldada por los grupos) de anular la medida si entendía que este aumento era necesario para hacer frente a otros gastos. Gracia justificó esa subida de su dieta en el "uso menos intensivo" que hace del coche oficial para compensar los desplazamientos con su automóvil particular. Estos mismos sectores subrayan que, si constaba un informe jurídico de los letrados del Parlamento, la medida, pese a la reacción social provocada, podría haber sido defendida. Pero según confirmaron fuentes del Parlamento, no hay constancia oficial de que se solicitase un informe jurídico a los letrados.

Esta circunstancia, más la negativa a que se puedan consultar las actas, aumenta la opacidad de la institución y de lo que pasó verdaderamente el 20 de marzo, que tampoco supieron aclarar la semana pasada en rueda de prensa el presidente de la Cámara (que dijo que la iniciativa fue de los portavoces) y los representantes de los grupos.

El primer comunicado del Parlamento anotó que este acuerdo fue avalado tanto por la Mesa como por la Junta de Portavoces, aunque no se facilite prueba. No obstante, IU, que atribuyó al PP la iniciativa y luego se desdijo, apuntó que todo se originó en una reunión informal. Estas incógnitas siguen sin despejarse.

Read more...

Junta de Expurgo a cargo de eliminacion selectiva de documentos judiciales en Almeria

>>  miércoles, 8 de mayo de 2013

La Junta comienza en Almería la eliminación selectiva de documentos judiciales antiguos y sin valor
http://www.teleprensa.es/ 08/05/2013

La Consejería de Justicia e Interior destruye 11.500 expedientes judiciales de la provincia y conserva aquellos que tienen un especial valor judicial o histórico

Destrucción de material

ALMERÍA.- La Consejería de Justicia e Interior ha iniciado en Almería la destrucción de expedientes judiciales antiguos y sin valor con el objetivo de liberar espacio en los archivos de los tribunales andaluces, según el acuerdo adoptado por la Junta y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para la eliminación y conservación selectivas de aquella documentación de los órganos judiciales de la comunidad.

La primera eliminación masiva de documentos judiciales ha comenzado en la Ciudad de la Justicia de Almería y afecta en una primera fase a 350.000 procedimientos de seis provincias correspondientes a diligencias previas y juicios de faltas de las décadas de los 70, 80 y 90.

A esta primera destrucción documental, seguirá una segunda fase que desechará otros 300.000 expedientes, por lo que se elevará a 650.000 los expedientes judiciales destruidos en toda Andalucía en este proyecto destinado a rebajar la saturación de los archivos de los tribunales.

En la provincia de Almería se ha iniciado la eliminación selectiva de 11.500 expedientes judiciales almacenados en 316 cajas. La documentación que será destruida procede del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Huércal-Overa. Además, se han enviado 34 cajas y 1.255 expedientes al Archivo Histórico Provincial de Almería para guardarlos como documentación permanente de acuerdo con la tabla de valoración aprobada por el interés que contienen estos procedimientos para su conservación.

300 kilómetros lineales

El volumen de la documentación judicial en Andalucía, tanto de archivos de gestión como susceptibles de ser destruidos, es de tal magnitud que alcanzaría una distancia de 300 kilómetros si se alinearan todas las cajas que contienen los citados documentos. Esta acción pionera de eliminación de documentos se realizará, además de realizarse en los juzgados Huércal-Overa, se procederá también a desarrolar en los archivos judiciales de las ciudades de Málaga, Sevilla y Cádiz, así como en los municipios de Arcos de la Frontera (Cádiz), Motril (Granada) y Coín (Málaga).

La eliminación de estos expedientes está gestionada por la Junta de Expurgo, un órgano puesto en marcha por el Gobierno andaluz y el TSJA para ordenar y analizar la documentación susceptible de ser destruida o conservada. Uno de los criterios principales en esta selección estriba en determinar el interés judicial e histórico de los documentos, contando para ello con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte que tiene un papel relevante en la aprobación de las correspondientes tablas de valoración, esenciales para determinar las muestras de cada tipo de expedientes que tienen acceso a los correspondientes archivos históricos provinciales. De esta forma, se garantiza la conservación de la documentación con valores históricos.

La Junta de Expurgo es un órgano colegiado de naturaleza administrativa presidida por una magistrada y que cuenta con el apoyo de un miembro de la carrera fiscal, un secretario judicial, el jefe de servicio de Documentación y Publicaciones de la Consejería de Justicia e Interior, un funcionario archivero y otro funcionario que hace las veces de secretario. Este órgano determina la exclusión o eliminación de expedientes procesales o, en caso contrario, la transferencia de los mismos a la Administración competente en materia de patrimonio histórico.

La Junta ha dado un plazo de dos meses a los interesados en las actuaciones judiciales para que puedan recuperar aquellos documentos aportados en su día a los procesos que van a ser destruidos y cuyas referencias se han publicado ya en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Selección de otros 2,2 millones de documentos

El objetivo de esta iniciativa es liberar espacio en los archivos y tribunales y profundizar al mismo tiempo en el proyecto de modernización que viene impulsando la Junta para potenciar la progresiva eliminación de documentación que no tiene ningún sentido conservar y avanzar en el camino hacia una Justicia digital y sin papeles. Con esta finalidad se trabaja en la actualidad en el análisis de 2,2 millones de casos judiciales de toda la comunidad para seguir seleccionando documentación sin interés y proceder a su eliminación.

Entre los documentos que la Junta de Expurgo que conservará estarán aquellos documentos judiciales de interés histórico y social, por tener un valor por ser un caso especial y destacado o bien por ser representativo de la realidad social, económica, cultural o política de ese instante.

El TSJA ha valorado positivamente la destrucción de documentos judiciales en su última memoria en la que ha puesto de relieve la necesidad de seguir potenciando esta iniciativa del Gobierno andaluz. La Junta de Andalucía, por su parte, subraya la labor realizada por los secretarios judiciales y los funcionarios de auxilio judicial que colaboran de forma decidida con los técnicos de archivo de la Consejería de Justicia e Interior.

Estas actuaciones en archivos judiciales van encaminadas también a la definición de un modelo único de tratamiento y gestión documental, haciendo posible el control y acceso a la documentación judicial hasta su eliminación o conservación por interés judicial o histórico.

Este proyecto se inserta en la apuesta por la modernización y desarrollo de las nuevas tecnologías que está realizando la Junta, para seguir dando pasos hacia una Justicia más ágil y eficaz basada en los avances tecnológicos y la progresiva eliminación del papel, lo que supondrá un ahorro medioambiental, de costes y de tiempo.

Read more...

GOBIERNO Y ESTADO ACUERDAN MODIFICACION DE LEY DE ARCHIVOS POR ACCESO CIUDADANO A DOCUMENTOS OFICIALES

>>  martes, 25 de septiembre de 2012

La Junta cambiará la ley de archivos tras la pugna con el Gobierno
http://www.diariodesevilla.es/ 25/09/2012

El Gobierno central discrepó en febrero de que algunos de sus documentos sean de titularidad pública en virtud de la ley andaluza de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental aprobada en octubre de 2011 por unanimidad por el Parlamento de Andalucía.

Seis meses después, la comisión bilateral entre el Gobierno y el Estado abierta para resolver esta discrepancia ha acordado que la Junta modifique la ley para evitar que este conflicto llegue al Tribunal Constitucional, por lo que ambas administraciones han solucionado el primer frente competencial abierto desde que el PP ocupa la Presidencia del Gobierno. El acuerdo está firmado por el ministro de Hacienda y Administración Pública, Cristóbal Montoro, y la consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, y se publicó ayer en el BOE y en el BOJA.

Esta ley andaluza amplía las posibilidades de acceso ciudadano a los documentos oficiales. Sin embargo, el Gobierno renegó de un artículo (9.2) en el que se consideran documentos de titularidad pública los de la Administración del Estado y sus sociedades, los de los órganos judiciales radicados en la comunidad, los de notarías y registros públicos y los de organismos europeos e internacionales.

Por ello, en el seno de la comisión bilateral entre la Junta y el Estado se aprobó constituir un grupo de trabajo para resolver estas discrepancias sobre la confidencialidad de los documentos.

El acuerdo resuelve que la ley incorporará una disposición adicional (duodécima) por lo que esos documentos de titularidad pública "se someterán a la legislación estatal que les sea de aplicación, sin perjuicio de los dispuesto en la presente ley en todo aquello en lo que no se oponga".

De esta manera, ambas partes consideran "solventadas" las discrepancias manifestadas y, que de no haberse resuelto, habrían desembocado en un recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional, por lo que dio aviso a este órgano de que finalmente no interpondrá ese recurso al alcanzar un acuerdo con la Junta de Andalucía.

NOTA: Aquí podrás acceder a la Ley 7/2011, de 3 noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía:  http://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/222/1 





Read more...

ARCHIVO DE ALFONSO CANALES SERA PROTEGIDOS POR JUNTA DE ANDALUCIA

>>  martes, 22 de mayo de 2012

La Junta protegerá la biblioteca y el archivo de Alfonso Canales como bien de interés bibliográfico
http://www.europapress.es/ 22/05/2012


La Consejería de Cultura y Deporte ha incoado el procedimiento para la declaración de la biblioteca y el archivo literario del poeta malagueño Alfonso Canales como bien de interés bibliográfico andaluz. La resolución correspondiente, de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) este lunes, destacando "la grandeza de la figura literaria e intelectual" del escritor.

Además, destaca el "relevante interés" que para Andalucía tiene este bien cultural ya que en la biblioteca y el archivo del poeta "se conserva buena parte de la memoria de nuestras letras en el siglo pasado que necesita de especial protección". La biblioteca de Alfonso Canales está compuesta por 24.118 volúmenes, mientras que en el archivo de su legado se contabilizan 15.635 documentos con 18.000 folios.

La resolución publicada refleja que era sabido que el poeta había ido reuniendo "a lo largo de su dilatada vida artística y profesional, una extensa y singular biblioteca, del mismo modo que había archivado la correspondencia mantenida durante decena de años con lo más señero de la literatura española de los dos últimos tercios del siglo XX español".

De este modo, tanto la biblioteca como el archivo serían "un único e indivisible bien de interés bibliográfico andaluz como colección, ya que en caso de desmembrarse perderían gran parte de su valor intelectual, científico e investigador", señala la resolución de la Consejería de Cultura y Deporte.
EJEMPLO DE BIBLIOTECA HUMANÍSTICA

La biblioteca resulta, por su distribución temática y la cuidada selección de obras y autores, un "gran ejemplo de biblioteca humanística". En la resolución del director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, Julio Neira, también se subraya que la misma "se caracteriza por su impecable estética unida a los más selectivos criterios en cuento a autores y obras y a la más cuidada organización por materias", con volúmenes de entre 1482 y 1830 de gran calidad y/o rareza bibliográfica.

Por lo que se refiere al archivo de Alfonso Canales, "es un conjunto documental de excepción, por su tamaño y el interés de sus contenidos, fundamentalmente poéticos y literarios". Se detalla que "está completo y en perfectas condiciones, ordenado y dispuesto para su estudio".

Alfonso Canales Pérez (Málaga 1923-2010) fue doctor en Derecho y licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada. Ejerció de fiscal y abogado, además de profesor de Música en el Conservatorio de Málaga y de profesor de Historia del Arte y de Literatura en el Seminario Diocesano.

Además, fundó revistas como 'Papel azul' (1951-1952), autor de las colecciones de libros 'A quien conmigo va', junto al también poeta antequerano José Antonio Muñoz Rojas, y 'El arroyo de los ángeles', con José Salas. También participó en la redacción de la revista 'Caracola' (1952-1973), dirigida por José Luis Estrada.

Su voz poética se consagró con 'Sobre las horas' (1950) y 'El candado' (1956). Con 'Aminadab' (1965) logró el Premio Nacional de Literatura de ese año. Con 'Réquiem andaluz' (1972) obtuvo el Premio de la Crítica, y 'El puerto' (1979) fue I Premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla.

Hijo Predilecto de Málaga y Medalla de Oro de la provincia, en su haber cuenta con más de 30 obras de poesía publicadas, cuatro antologías y otras cuatro traducciones. Canales fue presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo y miembro correspondiente por Andalucía de la Real Academia Española de la Lengua y de la Real Academia de la Historia.

Read more...

Snap Shots

Get Free Shots from Snap.com

  © Free Blogger Templates Autumn Leaves by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP