Registro de celulares: la apuesta contra la extorsión que reaviva alertas de ciberseguridad https://fortunaypoder.com/
Desde este viernes, todos los usuarios de telefonía móvil en México deberán registrar su línea con una identificación oficial con fotografía y la CURP, un requisito que, de acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), deberá cumplirse antes del 29 de junio. Las líneas que no acaten la disposición serán suspendidas y, eventualmente, canceladas, en una de las reformas más relevantes para el mercado móvil en años recientes.
La medida busca cerrar un vacío histórico: la compra y activación de tarjetas SIM sin identificación, una práctica extendida que, según el gobierno federal, ha facilitado extorsiones telefónicas, secuestros virtuales y diversas modalidades de fraude.
El objetivo, sostienen las autoridades, es dificultar el uso de números imposibles de rastrear y colocar a los operadores bajo mayor escrutinio en materia de seguridad y trazabilidad.
De acuerdo con la CRT, Telcel, AT&T, Movistar y el resto de los operadores deberán resguardar la información de los usuarios bajo los mismos estándares que ya aplican al servicio pospago, en cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Sin embargo, el anuncio llega en un contexto complejo para la industria.
La firma de ciberseguridad SILIKN advirtió que el compromiso se asume en un entorno que erosiona la credibilidad del sector, luego de que en 2025 Telmex y AT&T sufrieran filtraciones masivas que expusieron datos personales de millones de usuarios, desde CURP y domicilios hasta información financiera.
Este antecedente eleva las alertas. Especialistas coinciden en que una nueva brecha de seguridad podría traducirse en robo de identidad, fraudes financieros y extorsiones dirigidas, precisamente los riesgos que la regulación pretende combatir. El recuerdo inmediato es el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), creado en 2021 y anulado en 2022 por la Suprema Corte debido a su carácter invasivo, al exigir datos biométricos y concentrar la información en una base central gubernamental.
Con ese precedente, los nuevos lineamientos buscan tomar distancia de ese modelo. No contemplan biométricos ni un padrón estatal, y establecen que los datos permanezcan en manos de los operadores privados. Aun así, el debate está lejos de cerrarse.
Especialistas y organizaciones civiles advierten que el impacto real del registro obligatorio en la delincuencia será, en el mejor de los casos, limitado, ya que buena parte de las extorsiones y estafas se han desplazado a servicios de voz sobre internet (VoIP) y a aplicaciones como WhatsApp, Telegram o Skype, que no dependen de una SIM mexicana ni están sujetas a este marco regulatorio.
Según SILIKN, los grupos criminales seguirán recurriendo al spoofing, cuentas efímeras, VPN y numeración internacional, mecanismos que simulan llamadas locales sin dejar un rastro verificable. A ello se suma otro flanco vulnerable: la suplantación de identidad. Aunque los operadores deberán validar documentos frente a bases oficiales, la existencia de credenciales falsas y un mercado negro de datos personales facilita que terceros registren líneas a nombre de víctimas inocentes.
Cuando estas personas detectan la usurpación —al intentar contratar un servicio o recibir notificaciones inusuales—, los casos suelen llegar a fiscalías y unidades cibernéticas, que deben solicitar videos de tiendas, registros de activación y rastreos de IMEI. El proceso, reconocen especialistas, es lento y con frecuencia inconcluso.
“El registro obligatorio de líneas representa, en teoría, un avance hacia la trazabilidad en un país asediado por la extorsión telefónica. Sin embargo, abre un nuevo capítulo de vulnerabilidad al obligar a los ciudadanos a confiar sus datos a compañías que arrastran un historial frágil en materia de ciberseguridad”, señaló SILIKN.
Al mismo tiempo, expuso la firma en un artículo, la medida deja intacto el ecosistema digital donde hoy operan los grupos criminales, desde plataformas de mensajería hasta sistemas basados en internet que funcionan al margen de la regulación telefónica tradicional.
“La CRT afirma que el objetivo es ‘restablecer la confianza’ en la telefonía móvil. Pero para millones de usuarios, esa confianza dependerá menos de los lineamientos y más de la capacidad de las empresas para demostrar —con hechos, no con declaraciones— que pueden proteger la información que ahora estarán obligadas a recolectar”, concluyó.
El delito de falsedad documental se comete cuando el autor altera, simula, modifica o falsifica un documento o parte del mismo. Se considera falsedad documental tanto la creación de un documento nuevo a partir del falso como la adulteración de uno de los elementos del documento.
El delito de falsedad documental: regulación y penas
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- Arturo González Pascual
La falsedad documental o falsificación de documentos es un delito regulado por el Código Penal español. En este post analizamos qué tipos de delitos de falsedad documental existen y con qué penas se castigan.
¿Qué es la falsedad documental?
El delito de falsedad documental es aquel que se comete alterando o falsificando los elementos esenciales de un documento verdadero para convertirlo en falso, o bien creando un documento nuevo y verdadero a partir de un hecho falso.
¿Qué se entiende por “documento” en la ciencia penal?
A tenor del artículo 26 del Código Penal se extrae la definición de documento, a partir de la cual podremos saber qué archivos son aquellos que pueden ser objeto de un delito de falsedad documental.
A los efectos de este Código se considera documento todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica.
¿Dónde se regula el delito de falsedad documental?
Los delitos de falsedad documental se sitúan en el Título XVIII (de las falsedades), Capítulo II (de las falsedades documentales), artículos 390 a 399 del Código Penal (CP).
¿Qué clases de documentos tienen cabida en este delito de falsedades?
Los documentos que tras ser alterados pueden encajar en un delito de falsedad documental son los que se indican a continuación:
Documentos públicos, especificados en el artículo 1216 del Código Civil: "Son documentos públicos los autorizados por un Notario o empleado público competente, con las solemnidades requeridas por la ley."
Documentos oficiales, que son aquellos expedidos y firmados por funcionarios en el ejercicio de sus funciones.
Documentos mercantiles, son los que encierran cualquier acto o derecho de naturaleza mercantil.
Documentales privados, que según la doctrina hacen referencia a aquellos que no constituyen un documento oficial, mercantil o público.
¿Cuál es el bien jurídico protegido en los delitos de falsedad documental?
El bien jurídico protegido a través de la tipificación del delito de falsedad documental es la veracidad de la que gozan determinados objetos en el tráfico jurídico como medios de prueba.
En otras palabras, se podría decir que el bien afectado y protegido por este hecho ilícito es la confianza en la autenticidad del documento y en la información veraz de su contenido probatorio.
¿Cuáles son los requisitos de un delito de falsedad documental?
Objetivamente hablando, se necesitará la presencia de los siguientes elementos para corroborar que se está ante un delito de falsedad documental: debe producirse una alteración de la verdad (mutatio veritatis) en alguno de los elementos esenciales del documento y ese cambio en los datos ha de ser lo suficientemente importante como para afectar a las consecuencias jurídicas que provocaría ese documento.
Por otro lado, desde el punto de vista subjetivo, los elementos esenciales que han de concurrir para afirmar la presencia de este delito son la conciencia y la voluntad del autor para alterar el documento en cuestión.
¿Qué tipos de falsedad documental contempla el Código Penal?
En el Capítulo II del Título XVIII del Código Penal aparecen diferentes secciones, en cada una de ellas se trata una forma diferente de cometer este delito y se establecen diferentes penas.
Así, se distinguen los siguientes tipos de falsedad documental:
1. Falsedad en documento público
Se regula en la sección 1ª (De la falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles y de los despachos transmitidos por servicios de telecomunicación), artículos 390 a 394. Este delito puede ser cometido tanto por funcionarios o autoridades públicas, como por particulares.
Si lo comete un funcionario o autoridad pública, de forma dolosa, se castiga con penas de prisión de 3 a 6 años, multa de 6 a 24 meses e inhabilitación especial por tiempo de 2 a 6 años:
1. Será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad:
1.º Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial.
2.º Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad.
3.º Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho.
4.º Faltando a la verdad en la narración de los hechos.
Si lo comete un funcionario o autoridad pública, por imprudencia grave, según el artículo 391 del CP, será castigado con penas de multa de 6 a 12 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 1 año.
La autoridad o funcionario público que por imprudencia grave incurriere en alguna de las falsedades previstas en el artículo anterior o diere lugar a que otro las cometa, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a un año.
Pero como vemos también puede ser cometido por un particular, en función de lo establecido por el artículo 392 del CP y castigado con penas de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses.
1. El particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil, alguna de las falsedades descritas en los tres primeros números del apartado 1 del artículo 390, será castigado con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.
El que, para perjudicar a otro, cometiere en documento privado alguna de las falsedades previstas en los tres primeros números del apartado 1 del artículo 390, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.
En este supuesto también se diferencia entre el delito cometido por funcionario público y el cometido por un particular.
Por funcionario o autoridad pública, castigado con la pena de suspensión de 6 meses a 2 años:
La autoridad o funcionario público que librare certificación falsa con escasa trascendencia en el tráfico jurídico será castigado con la pena de suspensión de seis meses a dos años.
Este precepto no será aplicable a los certificados relativos a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública.
Por un particular, castigado con pena de multa de 3 a 6 meses:
1. El particular que falsificare una certificación de las designadas en los artículos anteriores será castigado con la pena de multa de tres a seis meses.
4. Falsificación de tarjetas de crédito y débito, cheques de viaje y demás instrumentos de pago
Sección 4ª (De la falsificación de tarjetas de crédito y débito, cheques de viaje y demás instrumentos de pago distintos del efectivo), artículos 399 bis y 399 ter.
1. El que altere, copie, reproduzca o de cualquier otro modo falsifique tarjetas de crédito o débito, cheques de viaje o cualquier otro instrumento de pago distinto del efectivo, será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años. (...)
Artículo 399 bis del Código Penal
Aquí un ejemplo concreto pero en Mexico
Sentencian a 7 años de prisión a Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, por falsificación de documentos
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Ale Huitron
Esta sentencia se suma a procesos penales que mantiene abiertos por delitos electorales por el caso PROSA y ejercicio indebido de funciones por FIRCAES
El pasado martes Sandoval fue vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 156 millones de pesos. FOTO: CUARTOSCURO.COM
Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, fue sentenciado a siete años de prisión tras acreditarse su responsabilidad en el proceso penal por el delito de falsificación de documentos en general, en su modalidad de uso de documento falso.
La Fiscalía General de Nayarit informó que un Juez dictó la sentencia este jueves 18 de septiembre, en el que las investigaciones lograron determinar que el sentenciado utilizó un documento apócrifo con el objetivo de apropiarse de un inmueble en el municipio de San Blas.
De acuerdo con los datos, este caso se centra en la apropiación de un terreno de 58 hectáreas con vocación agrícola y ganadera, en la que Sandoval falsificó la firma del propietario original y registró el predio a su nombre.
Con este hecho, el exgobernador afectó el patrimonio de las víctimas y atentó contra la legalidad, por lo que se determinó su culpabilidad y posterior sentencia.
Además de la pena de prisión, a Sandoval se le impuso una multa de 70 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de la reparación del daño, cuyo monto será determinado en la etapa de ejecución.
La Fiscalía del Estado detalló que aún se encuentran dos procesos penales abiertos en contra del exgobernador: uno por delitos electorales por el caso del Programa de Seguro Alimentario (PROSA) y otro por ejercicio indebido de funciones en el manejo del Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales del Estado de Nayarit (FIRCAES).
El pasado 9 de septiembre la Fiscalía Estatal confirmó que se emitió fallo condenatorio en contra del exgobernador por este delito, por lo que se esperaba que el día 11 del mismo mes se realizara la audiencia de individualización de sanción.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó este martes que Roberto Sandoval fue vinculado a proceso por segunda ocasión por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 156 millones de pesos.
Esto ocurrió luego de que un Juez de Control determinó el pasado 11 de septiembre vincularlo a proceso tras una audiencia que duró casi 48 horas, en la que se dio cumplimiento a una ejecutoria de amparo que el exgobernador obtuvo a su favor.
Dicho amparo ordenó que el Juez de Control repusiera la audiencia inicial, motivara y fundara su resolución.
Luego de que la FGR emitió sus argumentos para atribuirle a Sandoval su posible participación en la comisión del delito, el Juez de Control consideró que existían indicios razonables para procesarlo.
Con dos procesos pendientes, Roberto Sandoval permanecerá recluido en el Cefereso número 4, ubicado en Tepic, Nayarit, donde se encuentra desde el año 2021.
CURP biométrica: qué es, cuándo entra en vigor y lo que hay que saber sobre la nueva identificación oficial
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La CURP servirá como identificación oficial en trámites y servicios. El documento contará con las huellas dactilares, escaneo del iris, firma electrónica y fotografía digital del titular
Una persona coloca sus pulgares en un escáner de huellas dactilares.
SOPA Images (SOPA Images/LightRocket via Gett)
La CURP biométrica ya es oficial en México. Esta nueva versión de la Clave Única de Registro de Población será un documento de identificación necesario para realizar trámites y servicios en México, como la inscripción a programas sociales, trámites bancarios, inscripciones escolares, atención médica en el sector público, entre otros.
El documento de identidad incluirá la fotografía, las huellas dactilares y el escaneo del iris del titular conforme al decreto publicado el miércoles 16 de julio en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Diseño de la Clave Única de Registro de Población actualmente.
SEGOB
¿Qué es la CURP biométrica?
La CURP biométrica es una evolución del documento tradicional de identificación ciudadana. Aunque conserva su estructura alfanumérica de 18 caracteres, la nueva CURP integrará datos biométricos, como:
Las huellas dactilares de ambas manos
Escaneo del iris
Fotografía digital del titular
Firma electrónica
El decreto por el que se expide la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, publicado en el DOF, señala a la CURP como fuente única de identidad de las personas y explica que el documento ha adquirido el carácter de identificación oficial.
El documento estará disponible tanto en formato físico como digital. Esta última ha quedado a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
¿Por qué será obligatoria?
La CURP biométrica obligatoria responde a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, una de las reformas clave recientemente aprobadas por el actual gobierno, orientada a fortalecer los mecanismos de búsqueda de personas. Además, al adquirir la categoría de documento de identidad, todos los entes públicos y privados deberán aceptarla para realizar trámites o prestar servicios.
¿Cuándo entra en vigor?
La implementación de la CURP biométrica será gradual. Se estima que para enero de 2026 el proceso se abrirá al público en general en módulos del Registro Civil y otras oficinas habilitadas en todo el territorio nacional.
Así, en febrero de 2026, todos los módulos del país estén habilitados para emitir la CURP biométrica. A partir de entonces el documento será de carácter obligatorio y la versión convencional dejará de ser aceptada en trámites y servicios que requieran identificación.
¿Cómo se tramita?
Por el momento, el trámite solo está disponible en el Estado de Veracruz —en municipios como Xalapa, Coatzacoalcos, Poza Rica, Misantla y Tantima—, y en algunos módulos seleccionados en Ciudad de México y el Estado de México donde se han llevado a cabo pruebas piloto desde inicios del mes de julio.
Los documentos requeridos son:
Acta de nacimiento certificada y actualizada
Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)
CURP tradicional validada ante el Registro Nacional de Población (Renapo)
Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses
Correo electrónico activo
Para los menores de edad, será necesario acudir con el padre, la madre o el tutor legal, quien también deberá acreditar su identidad y parentesco. Se estima que el proceso de escaneo de los biométricos no durará más de 20 minutos.
El trámite es gratuito en las zonas donde se han iniciado las pruebas piloto, y se espera que se mantenga así en el resto del país.
¿Qué pasa si no la aceptan como identificación oficial?
Las instituciones públicas o privadas que se nieguen a aceptar la CURP biométrica como documento de identificación oficial podrían hacerse acreedoras a multas de 10.000 a 20.000 UMAs, es decir, hasta de 2 millones de pesos.
Archivos para la paz: memoria, alteridad y resistencia
https://oem.com.mx/
Foto: Fototeca / INAH
Archivo General del Estado de Chihuahua
A pesar de que la humanidad vive uno de sus periodos de mayor paz, como afirma el antropólogo Yuval Noah Harari en su libro Sapiens, la violencia y los conflictos armados no han desaparecido. Harari señala: “La mayoría de la gente no aprecia lo pacífica que es la era en la que vivimos. Ninguno de nosotros estaba vivo hace 1000 años, de modo que olvidamos fácilmente que el mundo solía ser mucho más violento. Y cuanto más raras se hacen las guerras, mucha más atención atraen”. Aunque en los últimos dos siglos se han establecido Estados-nación como formas de organización territorial, las guerras y la violencia persisten. Si bien el número de víctimas ha disminuido respecto a otras épocas, son innegables las masacres y enfrentamientos armados que hemos presenciado en las últimas décadas.
Frente a estos conflictos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha promovido una cultura de paz, basada en la resolución pacífica de disputas mediante el diálogo y la negociación. Esto no significa eliminar los desacuerdos, que son inevitables dada la diversidad de visiones, ideas y culturas que caracterizan a la humanidad, sino abordarlos sin recurrir a la violencia.
En este contexto, cabe preguntarse: ¿cuál es la relevancia de los archivos en la construcción de la paz? Si entendemos los archivos o documentos más allá del papel, como registros que pueden materializarse en objetos como credenciales, monedas, obras de arte, grabaciones o libros, podemos reconocerlos como medios fundamentales en la preservación de la memoria y la identidad colectiva. En regímenes autoritarios y contextos bélicos, los archivos han sido blanco frecuente de ataques, precisamente porque representan visiones del mundo, memorias y culturas que desafían o incomodan al poder.
Durante el régimen nazi, por ejemplo, se quemaron más de 25 mil libros, considerados por ese gobierno como contrarios al “espíritu alemán”. Ya en el siglo XXI, durante la invasión de Estados Unidos a Irak, se produjo una devastadora pérdida del patrimonio cultural de una de las civilizaciones más antiguas: Mesopotamia. Como narra el escritor Fernando Báez en Historia universal de la destrucción de libros, el 12 de abril de 2003 se llevó a cabo el saqueo del Museo Arqueológico de Bagdad: “Treinta objetos de gran valor desaparecieron, más de catorce mil piezas menores fueron robadas y las salas destruidas. El 14 de abril se quemaron un millón de libros en la Biblioteca Nacional. También ardió el Archivo Nacional, con más de diez millones de registros del período republicano y otomano...”.
Más recientemente, en Estados Unidos, la censura de ciertos libros ha alcanzado cifras alarmantes: según PEN America, más de 10 mil títulos han sido prohibidos en las escuelas y bibliotecas públicas de ese país. Esta realidad recuerda distopías literarias como Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, donde la lectura se convierte en un acto de rebeldía frente a un gobierno que promueve la quema de libros para controlar el pensamiento.
Un sistema en el que los archivos, tanto históricos como de trámite y concentración, son accesibles, refleja una sociedad democrática que opta por el diálogo antes que por la represión. Los archivos abren una puerta hacia la alteridad; preservarlos es una muestra de que se cuida también a quienes piensan diferente, a quienes pertenecen a otra época, cultura o etnia. Son puentes para el diálogo y, por lo tanto, instrumentos clave en la construcción de sociedades más justas y pacíficas.
En cambio, en contextos de guerra o dictadura, se promueve la destrucción de todo aquello que representa “lo otro”, lo diferente, aquello que puede cuestionar el orden impuesto por la fuerza.
Por ello, en conflictos recientes como los de Israel y Palestina, Ucrania, Sudán, Yemen o la República Democrática del Congo, la posibilidad de abrir espacios genuinos de diálogo para la construcción de una cultura de paz dependerá también de la capacidad de proteger y respetar los archivos, las memorias y los registros culturales de cada pueblo. Destruir la memoria es impedir el diálogo; conservarla, en cambio, es sembrar el camino hacia la reconciliación.
Capacita Contraloría a más de 600 funcionarios en gestión de archivos https://www.cronica.com.mx/ Diego Araiza
Capacitación en gestión documental a personal del Poder Ejecutivo Funcionarios públicos participan en las sesiones impartidas por la Contraloría del Estado para mejorar el manejo de archivos institucionales
Con el objetivo de fortalecer la gestión documentalen las dependencias del Poder Ejecutivo y organismos paraestatales, laContraloría del Estadoha impartido capacitaciones y asesorías a más de600 personas servidoras públicasen lo que va del año. Estas acciones forman parte de una estrategia para mejorar la organización y conservación de archivos institucionales, pieza clave en la transparencia y la rendición de cuentas.
Durante los primeros meses de 2025, 636 funcionarios públicos han recibido formación sobre procedimientos, formatos y normas que rigen el funcionamiento de los archivos administrativos. Esta capacitación no solo busca reforzar el cumplimiento normativo, sino también sensibilizar al personal sobre la importancia de preservar la memoria documental del gobierno estatal.
El impulso a esta iniciativa surge también a partir de los hallazgos obtenidos en los procesos de entrega-recepción establecidos por la Constitución, donde se detectaron áreas de oportunidad en el manejo documental. A través de estas actividades, la Contraloría busca garantizar que cada dependencia cuente con un Sistema Institucional de Archivos eficiente y actualizado.
La mejora en la gestión documental no solo tiene implicaciones administrativas. Según la Contraloría, también es fundamental para garantizar el acceso a la información, un derecho de los ciudadanos, y permite elaborar diagnósticos más certeros sobre la situación de los archivos en cada organismo, tanto en su estructura como en su funcionamiento.
Como parte de este esfuerzo, se ha fortalecido el control sobre el acervo documental mediante auditorías continuas realizadas por los órganos internos de control.
Estas revisiones permiten identificar desviaciones, corregir malas prácticas y asegurar que los archivos cumplan con la normatividad archivística vigente.
La estrategia de capacitación, acompañada de asesorías personalizadas, busca tener un impacto de largo plazo en la administración pública estatal, promoviendo una cultura institucional de orden, legalidad y transparencia.
Con ello, la Contraloría apunta a una gestión documental más robusta que sirva tanto a los gobiernos en turno como a la ciudadanía, al conservar de manera responsable los documentos que dan cuenta de las decisiones y acciones gubernamentales.
Los archivos en los acervos de los museos: una tarea pendiente
https://www.informador.mx/ Por: María de Guadalupe Núñez Figueroa
Los museos no sólo generan y resguardan documentos administrativos fundamentales para su gestión, sino que también conservan otro tipo de archivos entendidos estos como archivos de objetos y archivos históricos que forman parte constitutiva de sus acervos. Sin embargo, la falta de normativas específicas y la escasa aplicación de la legislación archivística han dejado en un estado de vulnerabilidad a ambos tipos de archivos, afectando la preservación de la memoria cultural.
Los museos, como instituciones culturales, producen documentos esenciales para su funcionamiento: oficios administrativos, correspondencia de directores, catálogos de exposiciones, registros curatoriales y museográficos, entre otros. Estos archivos documentan su historia y son claves para comprender la evolución de los recintos, la adquisición de colecciones y su impacto en la sociedad.
Si bien la Ley General de Archivos (LGA) y otras normativas establecen principios para la gestión, conservación y acceso a estos documentos para los sujetos obligados, en la práctica muchas instituciones no los aplican rigurosamente. La falta de conocimiento del marco legal, la ausencia de normativas internas y la insuficiencia presupuestal dificultan su cumplimiento, dejando documentos esenciales en riesgo de deterioro o pérdida.
Además de sus propios documentos administrativos, los museos conservan archivos históricos dentro de sus colecciones. Estos pueden incluir manuscritos, mapas, códices, correspondencia, fotografías y registros sonoros, entre otros. Son fuentes primarias de gran valor para la historia y la investigación, ya que documentan hechos, personajes y contextos específicos del pasado.
A diferencia de los documentos administrativos, estos archivos suelen quedar relegados dentro de las colecciones, sin estrategias claras de clasificación, conservación y consulta. En muchos casos, carecen de digitalización y de acceso público, limitando su aprovechamiento como fuentes de conocimiento.
Uno de los principales retos es que las instituciones deberían aplicar las normas de organización, tanto para los archivos administrativos como a los históricos, pues dejan a estos últimos sin un tratamiento adecuado o un plan eficaz que permita su clasificación apegada a la LGA. Mientras que los documentos administrativos cuentan con claves y registros para su identificación, los archivos en los acervos suelen almacenarse sin la aplicación de normativas claras, afectando su conservación y disponibilidad.
A nivel internacional, países como Canadá y Noruega han implementado modelos de integración entre bibliotecas, archivos y museos para optimizar la gestión documental y fomentar la investigación interdisciplinaria. En México, en cambio, la falta de un esquema específico o su aplicación como lo marca la LGA para los archivos en los acervos museísticos ha dificultado su correcta conservación y consulta.
Es imprescindible que los museos adopten políticas claras para el resguardo y acceso de sus archivos históricos y administrativos. La correcta aplicación de la Ley General de Archivos garantizaría la conservación de los documentos que dan cuenta de la gestión de los museos, mientras que estrategias específicas permitirían salvaguardar y difundir los archivos dentro de sus acervos.
Si bien el panorama está cambiando con una mayor conciencia sobre la responsabilidad de los museos en la gestión documental, aún queda mucho por hacer para que los archivos en sus acervos y los generados por su labor institucional reciban la atención que merecen.
Para saber
Esta entidad está compuesta por aspectos de índole multicultural que durante su proceso evolutivo ha forjado de manera distintiva su identidad. Sus habitantes como parte esencial de sus componentes producen la herencia cultural material e inmaterial, representada por su entorno natural, arquitectura, urbanismo y tradiciones, los cuales, se encuentran sujetos a un proceso constante.
Paso firme en la modernización de archivos del Poder Judicial
https://diariohumano.com.mx/
Se instala Grupo Interdisciplinario para digitalizar, organizar y preservar los archivos judiciales conforme a la Ley General de Archivos.
Con el objetivo de contar con una instancia que coadyuve en el análisis de los procesos y procedimientos institucionales que dan origen a la documentación que integran los expedientes de cada serie documental, con el fin de colaborar con las áreas o unidades administrativas y jurisdiccionales productoras de la documentación en el establecimiento de los valores documentales, vigencias, plazos de conservación y disposición documental, la Magistrada Presidenta Claudia Jeanette Cota Peña, presidió el acto de Instalación del Grupo Interdisciplinario en Materia de Archivo del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur; en cumplimiento a la Ley General de Archivos y la Ley de Archivos para el Estado.
Esta acción permitirá sentar las bases para modernizar las actividades relacionadas con la producción, organización, acceso, consulta, valoración, disposición y conservación de los documentos de archivo e impulsar la transformación hacia una nueva cultura archivística al interior del Poder Judicial.
La Magistrada y Consejera Presidenta precisó en su intervención que para la consecución de los objetivos y funciones que la Ley atribuye a este Grupo Interdisciplinario, se priorizará el uso de tecnologías de la información, impulsando la digitalización documental y fomentando el acceso y consulta de los archivos de la institución.
El evento fue encabezado por Claudia Jeanette Cota Peña, Magistrada presidenta del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, acompañada por la Licenciada Claudia Elena Meza de la Toba, Subsecretaria General de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado, en representación del Gobernador Constitucional del Estado y Hugo Trasviña, Director del Archivo General del Estado; en el que también se contó con la presencia de Magistradas, Magistrados, Consejeras y Consejeros de los Plenos del Poder Judicial del Estado, así como de los titulares de las áreas que conforman el Grupo Interdisciplinario en Materia de Archivo del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, así como de funcionarios judiciales y administrativos de la Institución.
En el acto intervino Claudia Elena Meza de la Toba, quien reconoció el compromiso, determinación y de la sensibilidad para el cumplimiento de esta obligación por parte del Poder Judicial.
Con estas acciones se fortalece la importante encomienda de regular, organizar y conservar, administrar y preservar de manera homogénea los archivos, contribuyendo con eficacia a la administración de justicia, la correcta gestión y el avance institucional, con el fin de mejorar el quehacer jurídico del Poder Judicial del Estado, .
Suele haber casos en los que, los contribuyentes desconocen en dónde se encuentran los pedimentos que amparan sus importaciones y exportaciones, esto por estar dispersos en diversos departamentos, en el de contabilidad y fiscal por aquello de los pagos de las contribuciones al comercio exterior, accesorios y aprovechamientos; en el de logística por la declaración de los transportes, seguros, carga o descarga declarados en el pedimento como parte de los incrementables; y por increíble que parezca en el de jurídico, al adjuntarse como documentos anexos a los contratos de compraventa, entre otras múltiples razones.
En ese supuesto se pensaría que no debería haber mayor inconveniente, bastaría con localizarlos, recopilarlos y concentrarlos en un "expediente de operaciones de comercio exterior" –junto con la demás documentación, entre esta, aquella cuya información se transmitió como anexos al pedimento, las manifestaciones de valor, entre otros–, y conservarlos en la forma que se hayan emitido u obtenido, como parte de la contabilidad por los plazos previstos en el CFF, y es así.
Pero, qué pasa si los pedimentos están extraviados, basta con pedir una copia simple de estos al agente aduanal o la agencia aduanal con quien se llevó a cabo el despacho aduanero de las mercancías; pues bien, como medida práctica puede ser de utilidad; sin embargo, lo ideal es tener el documento original "de localizarlo", o en su defecto, una copia certificada del mismo.
En ese caso, las personas físicas o morales interesadas en obtener copias certificadas de los pedimentos y anexos –incluso transmitidos al Sistema Electrónico Aduanero en documento electrónico y digital– de las operaciones que hayan efectuado y que obren en los archivos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en el citado sistema, deberán hacer la petición correspondiente en términos de la regla 1.1.10. de las Reglas Generales de Comercio Exterior 2022, para lo cual les podría ser de utilidad la copia simple del pedimento, proque contiene información requerida en la "Solicitud de expedición de copias certificadas de pedimentos y sus anexos” que deberá tramitarse al efecto.
En la edición digital número 518 de fecha 30 de septiembre de 2022 se podrán consultar aspectos importantes del pedimento y como recuperarlos ante su pérdida o extravío, así como el procedimiento a seguir.
La Secretaría de Gobierno, el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Universidad de La Ciénega a través de la Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo, realizaron el Coloquio “Debates contemporáneos sobre la función de los archivos en la transición a lo digital”.
En un comunicado de prensa se informó que lo anterior como parte de las actividades encaminadas a la armonización de la Ley Estatal de Archivos, mismo que contó con la asistencia de Mireya Quintos, directora de Desarrollo Archivístico Nacional (AGN) a fin de reforzar el trabajo conjunto con la instancia federal.
En este evento se expusieron los requerimientos para poder avanzar en la implementación de instrumentos digitales que permitan acceder de manera más fácil a los archivos históricos en la entidad.
En el evento estuvieron presentes el subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales, Humberto Urquiza Martínez; Martha Luz Corona Bustos, directora de Archivos del Poder Ejecutivo; así como funcionarios federales, estatales y de los ayuntamientos de Pátzcuaro y Santa Ana Maya.
El Colegio de Bachilleres de Tlaxcala inició un proceso de actualización del manejo de los archivos respecto a los lineamientos de organización y conservación, para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
Con ello la institución estará en posibilidades de brindar un mayor y mejor servicio de atención a la comunidad escolar, así como a la sociedad que requiera información sobre la Institución.
La directora general del subsistema, Silvia Josefina Millán López, manifestó que esta institución tiene el compromiso para que todos sus archivos sean manejados por el personal administrativo, bajo asesoramiento y capacitación de personal del Archivo General del Estado de Tlaxcala.
Señaló que al capacitarse personal directivo y administrativo permitirá que todas las áreas administrativas tengan orden respecto a la documentación que les sea requerida por la Ley de Transparencia, así como garantizar el cuidado de los documentos que posee, pues algunos tienen carácter histórico.
Aseguró que una vez terminado el curso los encargados del archivo tanto de las áreas administrativas como de Planteles contarán con un bosquejo de catálogo de la disposición documental, una guía simple de archivo y un cuadro general de clasificación.
El curso-taller denominado “Organización y Control de documentos en Archivo” es impartido a directivos y trabajadores administrativos, por asesores del Archivo General del Estado de Tlaxcala y el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala.
Afirmó Millán López, que esta institución está en movimiento, vinculación, innovación y comunicación institucional, para avanzar y armonizar los trabajos del Colegio de Bachilleres, a la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala.
Asimismo, señaló que en el mes de diciembre concluirá la capacitación a los trabajadores que se encargarán de los archivos del Subsistema, para que a partir de enero cuando entre en vigor las reformas a la Ley Federal de Transparencia, se armonicen los archivos de acuerdo a la normatividad.
Pese a contar con un Archivo Histórico Municipal que fue construido con una inversión superior a los 12 millones de pesos, miles de documentos oficiales perteneciente al municipio de Guanajuato, son arrumbados en una caseta ubicada en la Ex Estación del Ferrocarril.
Fue el 28 de mayo de 2009, cuando el Gobierno Municipal del entonces alcalde panista Eduardo Romero Hicks, inició la primera etapa del Archivo Histórico Municipal.
En la obra, el municipio invirtió 1.9 millones de pesos y su construcción se realizó sobre la entrada del túnel Tiburcio Álvarez, frente al Jardín El Cantador. La construcción quedó en obra negra durante aproximadamente 4 años.
Clausura XXXVI Reunión Nacional de Archivos http://www.oem.com.mx/ 14/10/2015
CON LA REPRESENTACION del Gobernador del Estado, Carlos Lozano de la Torre, el Secretario General de Gobierno, Sergio Reynoso Talamantes, clausuró los trabajos de la XXXVI Reunión Nacional de Archivos, afirmando que en Aguascalientes estamos muy orgullosos de nuestro patrimonio documental e histórico, por lo que el Jefe del Ejecutivo, ha girado la instrucción de brindar apoyo absoluto a las tareas de conservación y rescate de todos los archivos que lo conforman.
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