¿Destruyeron documentos las Fuerzas Armadas en El Salvador?

Tensión entre Defensa e IAIP por destrucción de archivos 

http://www.laprensagrafica.com/

El ministro de la Defensa, David Munguía Payés, aseguró ayer que la Fuerza Armada no ha destruido ningún documento sobre operativos militares que concluyeron en masacres durante el conflicto armado. No obstante, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) sostiene que hay evidencias de que varios documentos fueron expurgados (destruidos) en el momento inmediato en que ciudadanos solicitaron, a través de la oficina de acceso castrense, la información que contenían esos documentos.

“Rechazamos tajantemente cualquier información sobre la destrucción de documentación de valor histórico para la investigación administrativa y judicial sobre operaciones militares. No se ha ordenado ninguna destrucción de documentos (...) Se debe tener claro también que varias de las operaciones no constan en los libros, porque se hicieron de palabra, verbales”, dijo el ministro Munguía Payés.

El ministro, además, calificó de “parcial” la resolución del IAIP sobre la supuesta destrucción de documentos y la posterior notificación a la Fiscalía General de la República (FGR), para que investigue y determine si hay responsabilidad penal en el acto de expurgación de documentos.

“Esa resolución está parcializada. El Instituto de Acceso acusa a esta institución armada de destruir documentos, sin darnos derecho a audiencia e ignorando presunción de inocencia. Nos sentimos ofendidos como institución armada por los señalamientos del Instituto”, dijo el ministro, quien agregó que la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) “le dio la razón al Ministerio de la Defensa en este caso”.

Jaime Campos, comisionado del IAIP, dijo a este periódico que la razón por la que el Ministerio de la Defensa no fue escuchado antes de solicitar a la Fiscalía una investigación, es porque “los entes obligados a dar información nunca están dispuestos a ser investigados”. Según Campos, no tenía sentido preguntarle al Ministerio de la Defensa si estaba de acuerdo con la notificación que el Instituto hizo la semana pasada ante el ministerio público.

La comisionada Herminia Funes fue más allá y dijo que “el ministro debe leer la ley para entender que el instituto no se ha extralimitado y que ha hecho lo que le compete, es decir notificar a la Fiscalía de esta situación”. Funes también señaló que entre todas las instituciones obligadas a entregar información, el Ministerio de la Defensa es una de las instituticiones que sobresalen por negar información, bajo el argumento de que es inexistente.

“A los funcionarios públicos no les gusta verse expuestos ante la opinión pública, no les gusta rendir cuentas. Eso no abona al derecho de acceso a la información”, dijo la comisionada.

Petición a Sala

Los comisionados adelantaron que después de la Semana Santa, el instituto enviará un escrito a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la CSJ, para que emita una medida cautelar sobre el resguardo de toda la documentación relacionada con el caso de las hermanas Ernestina y Erlinda Serrano, desaparecidas el 2 de junio de 1982, durante una campaña militar denominada Operación Limpieza. Sobre ese caso, el Ministerio de la Defensa también se negó a dar información y acudió ante esa Sala para pedir que respalde su respuesta sobre la “no existencia de esos documentos”.

“Ante este caso, en que hay evidencia de la destrucción de documentos, vamos a pedir a la Sala de lo Contencioso que emita una medida cautelar. Lastimosamente no hay un plazo para que la Sala resuelva lo solicitado por el Ministerio de la Defensa, pero en ese tiempo es que debe emitir la medida cautelar del resguardo de toda la documentación”, dijo el comisionado Campos.

Los comisionados explicaron que harán la petición a la Sala, porque temen que el Ministerio de la Defensa “continúe destruyendo documentos”.

La evidencia

La comisionada Funes dijo que aunque el ministro de Defensa asegura que no hubo expurgación de documentos, hay dos actas que comprueban que documentos de operativos militares fueron destruidos, con el aval del Archivo General de la Nación (AGN) en abril de 2015 y otros en noviembre de 2016. Esas fechas, además, coinciden con la solicitud de información y proceso de apelación en el instituto.

“Nos llama poderosamente la atención que en las actas se evidencia que hubo destrucción de documentos sobre operativos militares, pero que siguen intactos libros sobre menú de comidas durante los operativos”, dijo la comisionada.

Funes también agregó que en las actas de expurgación dice que, entre los documentos destruidos, hay algunos que no han sido especificados y que solo fueron mencionados como “otros documentos”.

“La Fiscalía también tiene que investigar a qué se refieren los otros documentos destruidos, porque pueden ser importantes”, comentó.

Autor: Ezequiel Barrera

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Supuesto extravío de archivos para negar información a ciudadanos

Pérdida de documentos evidencia falta de rigor para proteger archivos
http://www.elsalvador.com/ 25/03/2016

El IAIP reporta seis casos donde las instituciones públicas aseguran extravío, inexistencia o destrucción de información de carácter público.

Desde que entró en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública en mayo de 2011, se han presentado al menos seis casos donde las instituciones del Estado involucradas han argumentado el supuesto extravío de archivos para negar información a ciudadanos, algo que genera dudas en instituciones como el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) sobre la capacidad resguardo de documentos por parte de los oficiales de acceso a la información pública de las instancias involucradas.

En este contexto el IAIP considera que en el país no hay cultura ni tradición en el manejo de los archivos públicos, lo cual hace más complicado que esta instancia colegiada cumpla con su obligación de mejorar en la gestión documental y de archivos en más de 300 instituciones del Estado y sus autónomas.

Desde este punto de vista el comisionado del IAIP, Jaime Campos, considera que los extravíos y la destrucción de documentos refleja la necesidad de crear una Ley General de Archivos, sobre todo porque existe “una vieja tradición” en los funcionarios públicos de considerar la documentación de su gestión como un patrimonio personal, lo cual afecta en su resguardo y abre espacio a arbitrariedades que restringen el derecho y acceso a la información.

“Es urgente que como sociedad abramos un debate sobre la necesidad de un marco legal que garantice el cuido de los archivos y expedientes de todo tipo de información, no es posible que se pierdan documentos que son de interés público”, analizó Campos.

El supuesto extravío de los registros de los viajes del expresidente Mauricio Funes por parte de Casa Presidencial y la destrucción de documentos en el Ministerio de Economía, han sido los casos más sonados y recientes, pero Campos recuerda que el primer caso que se conoció es el de un informe especial elaborado por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre títulos irregulares de Licenciados en Ciencias Jurídicas, conocido como “informe Vidales”.

En dicho informe constan los nombres de decenas de abogados bajo sospecha de haber obtenido su título universitario de forma anómala, hecho público en 2001 y que estuvo a cargo de Roberto Vidales, fiscal especial para esta investigación ordenada por el entonces titular del ministerio público, Belisario Artiga.

Campos señala que una ciudadana pidió en noviembre de 2013 el reporte pero que la FGR adujo “extravío” en sus archivos y que no existían copias debido a que se entregó la versión original a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“En este caso le ordenamos a la Fiscalía que adoptara mecanismos que permitan la administración, catalogación, conservación y protección de la información, algo que ya hemos hecho como Instituto con nueve lineamientos que hemos enviado a ministerios, autónomas, alcaldías e instituciones descentralizadas”, confirmó Campos.

Una parte de estas medidas es que se cree (o se fortalezca) la Unidad de Gestión Documental y de Archivos, la cual complementará el trabajo de las Oficinas de Información y Respuesta (OIR) de las entidades públicas y permitiría dar una respuesta “más exacta” sobre las solicitudes de los ciudadanos, razona Campos.

Al respecto, relacionar el trabajo de estas áreas es lo que permitirá un mayor cuido de todo tipo de documentos porque, según el comisionado, sin archivos e información debidamente organizados el acceso a la documentos de interés público “es una ilusión que afecta la transparencia”.

“El primer paso para tener oficinas de acceso a la información es contar con un archivo sistematizado, con documentación bien organizada y respaldada porque sobre todo el quehacer público debe existir un respaldo, una evidencia, para rendir cuentas a los ciudadanos”, agregó .

Acta de Acuerdos de Paz, un caso con historia

El 6 de mayo de 2014 la ciudadana Domitila Rosario Piche pidió una copia certificada del Acta de los Acuerdos de Paz. Sin embargo la Presidencia de la República se encontró con que el histórico documento “estaba extraviado” y no se consignaba en los archivos de la institución.

Sobre esto, Campos recuerda que el caso se llevó al IAIP porque Piche apeló y presentó una nota periodística que arrojaba indicios de que el documento original de los Acuerdos estaba en poder del expresidente Alfredo Cristiani, quien firmó en nombre del Estado salvadoreño el cese al conflicto armado.

“En este otro caso se vuelve a evidenciar que Casa Presidencial no tenía sistematizado ni registrado un documento de tanta relevancia, de tanto interés. Nosotros incluso declaramos como medida cautelar, antes de la resolución final, que Cancillería pidiera a Naciones Unidas (ONU) una copia porque el Oficial de Información de la Presidencia dijo que no habían indicios del archivo”, enfatizó Campos.

La copia al final fue entregada por Cristiani al presidente Salvador Sánchez Cerén en un acto público y, posteriormente, a la demandante.

Más reciente, Campos asegura que están dos casos relacionados con la construcción del supermercado Walmart en el municipio de Mejicanos.

El primero es el de la copia de los planos de drenaje del inmueble que pidió un ciudadano a la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), donde se adujo extravío por destrucción de varios expedientes luego de que se inundara el archivo durante una depresión tropical.

El otro es el de la municipalidad de Mejicanos, quien declaró como inexistentes los permisos de construcción del mismo proyecto. Sobre este se ha dado plazo a la comuna para que obtenga una copia, ya sea de la OPAMSS o de Walmart como dueño de la obra.

“Todo esto trae también a colación la necesidad de contar con archivistas profesionales en el país y que a través de una ley se le dé peso a la protección de los documentos para contar con un acceso a la información más profesionalizado”, valoró Campos.

Sobre el supuesto el extravío del registro de viajes del expresidente Funes, Campos recordó que en diciembre de 2014, el IAIP fue notificado por Casa Presidencial sobre la creación de una copia de seguridad que resguardara la información, a raíz de que una medida cautelar que emitió el Instituto para proteger esa información, que fue denegada por Capres a la Fundación Nacional para el Desarrollo por estar “bajo reserva”.

“Nosotros fuimos informados por el abogado de la Presidencia de que la copia se hizo, hoy desconozco cuáles son las razones para decir que no hay registros”, aclaró Campos.

Sanciones, tema clave

Ante estos casos, el comisionado dice que la Ley de Acceso, aunque da facultades para investigar y sancionar, da un plazo de solo 90 días para hacerlo, ya que luego los casos prescriben para el IAIP.

“Este es un tema sujeto a una reforma a la Ley, casos como el de los viajes del ex presidente Funes para el Instituto ya prescribieron, de nuestra parte nada se puede hacer, aunque en el caso de la destrucción de los archivos del ministerio de Economía ya sentamos un precedente porque hemos sancionado al encargado que tomó esa decisión”, finalizó Campos.

El IAIP asegura que promoverá en los próximos meses la necesidad de una Ley General de Archivos y buscará ampliar su capacidad de incidencia en este tema con la ley vigente, sobre todo con los procedimientos para cuidar los datos de las instituciones públicas.

Autor: Por Juan José Morales

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Transparencia en registros y archivos, es lo que permita a instituciones y ciudadanía valorar legalidad y conveniencia de viajes presidenciales

Interés público y vida privada
http://www.elfaro.net/ 28/07/2014

En una reciente entrevista, el expresidente Mauricio Funes reclamó a este periódico estar incursionado en su vida privada al preguntarle por personas y por viajes que, dijo, no tuvieron relación con sus responsabilidades al frente del Ejecutivo.

El debate entre los límites de la vida privada y el interés público es amplio y no ha sido totalmente dirimido en las democracias. En Estados Unidos, por ejemplo, los tribunales, los medios de comunicación y el poder legislativo coincidieron todos en considerar de interés público el hecho de que un presidente, Bill Clinton, tuviera una relación extramarital. Lo mismo ha sido considerado en Francia y en Italia.

Culturalmente El Salvador no es un país donde este tipo de relaciones tengan carácter público ni parecen ser un elemento de interés político o jurídico. El Faro ha mantenido siempre fuera de su agenda las relaciones privadas de personajes públicos. Pese a considerar que en ciertos casos podría ser lícito y de interés general discutirlas, hemos decidido siempre no convertirlas en prioridad.

Sin embargo, el reportaje que publicamos esta semana sobre una serie de vuelos privados realizados por el entonces presidente Mauricio Funes, en compañía de amigos y de una mujer para la que casa presidencial pidió pasaporte diplomático pese a no tenerla entre su personal, según él mismo reveló, tiene para nosotros que ver con asuntos que van mucho más allá de la vida privada del exmandatario.

En primer lugar, tiene que ver con la falta de transparencia en la naturaleza, objetivos y participantes de los viajes del presidente de la República durante su mandato. Solo alguna claridad en cuanto a la duración y destino de esos viajes, y los criterios con los que se decide realizarlos y se definen las comitivas que los conforman, permitiría valorar su idoneidad y su verdadero carácter público o privado. Debe ser la transparencia en registros y archivos, y no la palabra de un presidente o expresidente, lo que permita a las instituciones y la ciudadanía valorar la legalidad y la conveniencia de los viajes presidenciales.

Y en segundo lugar tiene que ver con el financiamiento de los viajes privados del presidente de la República.

Hay, esencialmente, solo dos opciones: o fueron financiados con fondos públicos, o fueron financiados con fondos privados (la tercera opción es con fondos públicos extranjeros, lo cual se descarta en viajes privados como estos). Las declaraciones del expresidente Funes, del ex director del Seguro Social y del ejecutivo de la empresa que alquiló uno de los aviones, coinciden en que esos viajes fueron financiados con fondos privados. El Faro no tiene hasta ahora ningún elemento que haga concluir lo contrario. La posibilidad restante es, por tanto, que hayan sido financiados con fondos privados tal como lo aseguran los mismos entrevistados. El expresidente incluso dice que fueron parcialmente patrocinados por Miguel Menéndez Avelar, su amigo personal y un empresario que multiplicó sus ganancias en contratos estatales durante la administración Funes.

A diferencia del expresidente, a nosotros sí nos parece de interés público saber quién paga los viajes privados del jefe del Ejecutivo. Por un lado es necesario para saber si el presidente recibe favores contrarios a la ley de ética. Por otro, en este caso concreto, podría ayudar a esclarecer cómo el señor Menéndez Avelar logró tan jugosos contratos con el Estado y además logró el nombramiento de familiares, socios y representantes de sus empresas en instituciones del Estado. Falta revisar si esas instituciones le beneficiaron de alguna manera. Para eso, se supone, están las instituciones del Estado encargadas de la contraloría.

También nos parece de interés público determinar quiénes iban en esos viajes, porque eso ayuda a entender la naturaleza de los mismos. Entre los pasajeros de esos múltiples vuelos privados iba Ada Mitchell Guzmán, una joven de 25 años que posee un pasaporte diplomático solicitado por Casa Presidencial, por razones aun no suficientemente establecidas ni por cancillería ni por el expresidente, y que ya había figurado en un reportaje anterior nuestro por encontrarse además vinculada a una red de compraventas de Menéndez y a una compañía de spas, de la que según el propio Funes ella es gerente, que compra propiedades en lugares en los que no puede operar locales comerciales.

Finalmente, nos parece de gran interés público un hecho que no parece exclusivo de la presidencia Funes pero que este reportaje evidencia: los presidentes salvadoreños se ausentan del país sin notificación alguna, en algunos casos sin siquiera dejar registros, para llevar a cabo viajes privados. Con ello, impiden que las instituciones encargadas de velar por el buen uso de los fondos públicos puedan controlar la legalidad del financiamiento de esos viajes o si los participantes del viaje han realizado actividades privadas durante tiempos correspondientes a sus obligaciones laborales.

Es por estas razones que consideramos de interés público los viajes, y eso incluye los viajes privados, de un presidente. En este caso, como el mismo expresidente Funes ha dicho, hubo más viajes de los enumerados en las publicaciones de El Faro. Él mismo afirma que algunos fueron realizados en el avión particular de Miguel Menéndez. Es lamentable que, al igual que hizo durante su mandato, no quiera dar más información al respecto.

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Incendian archivos históricos sobre niños desaparecidos en El Salvador

Queman archivos sobre niños desaparecidos en El Salvador
http://www.elnuevoherald.com/ 16/11/2013

 

LA IMAGEN muestra documentos quemados en una oficina de la organización humanitaria en San Salvador dedicada a buscar niños desaparecidos. 

ANTONIO NODAR-IMAGENES LIBRES / AP

SAN SALVADOR -- Desconocidos incendiaron este jueves en San Salvador los archivos históricos de una organización humanitaria no gubernamental encargada de buscar a los niños desaparecidos durante la guerra civil (1980-1992), denunciaron sus miembros.

El ataque fue perpetrado por tres desconocidos encapuchados que llegaron esta madrugada al local de la Asociación Probúsqueda de los Niños y Niñas Desaparecidos durante el conflicto armado, dijo a la AFP Félix Meléndez, comunicador del ente humanitario.

“Tras amenazar con armas al vigilante procedieron a atarlo junto a otras dos personas y luego prendieron fuego en las habitaciones donde estaban los archivos, los documentos jurídicos y la parte administrativa (…) Además se robaron dos computadoras portátiles”, manifestó Meléndez.

El presidente salvadoreño Mauricio Funes tildó el hecho de “criminal” y dijo que le “preocupa” que se hayan extraviado documentos “importantes”, a la vez que se comprometió a realizar una investigación para poder descubrir a los responsables.

“Es un hecho criminal que condenamos (…) vamos a hacer todo lo posible por esclarecerlo y establecer quiénes son los responsables”, dijo Funes en rueda de prensa.

Para el mandatario, las investigaciones que estaba realizando Probúsqueda sobre desapariciones “probablemente pudo incomodar” a implicados en esas “graves violaciones” a los Derechos Humanos.

El comunicador de Probúsqueda, dijo que buena parte de la información destruida es recuperable porque estaba respaldada, pero la naturaleza del acto en sí resulta altamente preocupante.

AGENCE FRANCE PRESSE

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Archivos de asesinatos en El Salvador en conflicto

Exigen familias entrega de archivos de asesinatos en el Salvador
http://www.info7.com.mx/ 14/10/2013

Notimex - Los familiares de víctimas del conflicto armado de El Salvador pidieron a la Iglesia católica que se les entreguen documentos y testimonios de casos de asesinatos que procesaba la recién cerrada Tutela Legal del Arzobispado.

Un grupo de deudos de víctimas de masacres ejecutadas por el Ejército entre 1980 y 1992 dijeron que nunca se les consultó sobre la clausura de Tutela Legal, entidad humanitaria donde miles de salvadoreños confiaban en que los acompañaran en las pesquisas sobre derechos humanos.

"Ese material es nuestro", aseguraron los familiares afectados en un comunicado de prensa emitido este lunes.

Los familiares de las víctimas que hicieron el pronunciamiento están relacionados con casos que procesaba la Tutela, como la masacre de El Mozote, donde murieron unas mil personas, la mayoría niños o mujeres, en el marco de un operativo militar en el oriente del país.

También estuvieron presentes parientes de afectados por las matanzas de Las Queseras, El Sumpul, San Gregorio.

Asimismo, acudieron personas contaminadas en el Sitio de Niños, para exigir al Arzobispado que se les entregue la documentación relativa a sus casos.

Los representantes rechazaron que otra entidad humanitaria retome el trabajo de Tutela Legal, porque no se sienten representados.

Los demandantes solicitaron una reunión con el nuncio apostólico en El Salvador, monseñor León Kalenga, para exponer su preocupación sobre el destino de estos archivos de la memoria histórica.

El arzobispo de San Salvador, José Luis Alas, quien enfrenta fuertes críticas por haber ordenado el cierre de Tutela, anunció la víspera que una comisión especial trabaja en la creación de una nueva institución humanitaria.

El prelado reiteró el compromiso de la Iglesia católica con las víctimas del conflicto armado, y prometió resguardar muy bien los archivos que a lo largo de la guerra y en la actualidad procesaba la recién desaparecida Tutela.

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