Sociedades de inteligencia artificial: empresas sin humanos adentro

Sociedades de inteligencia artificial: la discusión legal que abre el plan de Federico Sturzenegger
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Betania Allo

El proyecto para crear empresas sin humanos plantea dudas sobre responsabilidad, control jurídico y riesgos regulatorios.

Un agente de Inteligencia Artificial no es un chatbot que responde preguntas.

Hace unos días, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger anunció que enviará al Congreso un proyecto para reformar la Ley de Sociedades y crear una figura nueva: las “sociedades de inteligencia artificial ”.

Una empresa sin socios, sin directores, sin ningún humano adentro. Solo código que decide, opera y genera ingresos. La noticia se viralizó sin la circulación del proyecto. Y las reacciones fueron predecibles: entusiasmo de un lado, alarma del otro. Ninguna de las dos se detuvo a explicar qué significa esto en términos concretos.

                                  Una empresa sin socios, sin directores, sin ningún humano adentro.¿Qué es una empresa sin humanos?

Es la descripción funcional de algo que ya existe en los mercados financieros, en las cadenas de suministro globales y en la infraestructura crítica de varios países: sistemas de inteligencia artificial que perciben su entorno, planifican secuencias de acción, ejecutan decisiones y producen efectos en el mundo sin que exista, entre cada uno de esos pasos, un acto humano de autorización. Un agente de IA no es un chatbot que responde preguntas. Es un sistema que puede detectar el incumplimiento de un contrato, evaluar las condiciones pactadas, generar la documentación procesal y presentar una demanda ante un tribunal, todo sin que ningún humano haya tomado la decisión de hacerlo. El abogado del cliente se entera después. Reitero: esto ya ocurre. Lo que Sturzenegger propone es darle forma jurídica societaria a esa capacidad operativa.Qué implica en términos jurídicos

Acá empieza el problema real, y es más profundo de lo que el debate público está mostrando. Los agentes de IA no tienen voluntad en ningún sentido técnico-jurídico. No tienen intención. No pueden ser mandatarios porque no pueden ser titulares de las relaciones jurídicas que generan. No encajan en la representación voluntaria porque el operador humano define un objetivo general, no los actos específicos para alcanzarlo. Y esto no es un detalle académico; tiene consecuencias operativas inmediatas. Cuando esta sociedad de IA ejecuta una transferencia errónea, aictva una cláusula de rescisión que nadie decidió activar, o es utilizada para estructurar una operación de lavado de dinero, la pregunta es simple: ¿quién responde? ¿El desarrollador del modelo que escribió el código hace dos años en otro país? ¿El inversor que registró la sociedad en Buenos Aires? ¿El sistema mismo? Con el derecho vigente, ninguno tiene una respuesta clara. Con el proyecto tal como fue anunciado, tampoco.

Qué implica en términos operativosEl modelo que cita Sturzenegger es Irlanda, que capturó el PBI de Apple incorporando la empresa dueña del software de iPhone. El razonamiento es: si en diez años los agentes de IA producen el 90% del PBI mundial, que paguen impuestos en Argentina. La lógica tiene sentido. La trampa también es real: Irlanda capturó el PBI en papel. El control efectivo de esos activos nunca fue irlandés. Si las sociedades de IA registradas en Argentina son controladas por capitales extranjeros, con modelos entrenados afuera y operando infraestructura que no está en territorio argentino, Argentina asume la exposición regulatoria y el riesgo reputacional sin retener soberanía sobre nada. Los inversores serios, los que buscan una sede operativa legítima y no un cascarón jurisdiccional, necesitan algo más que una figura societaria. Necesitan saber que el marco legal resuelve tres preguntas operativas básicas: quién responde cuando algo sale mal cómo se prueba qué decidió el sistema y por qué y bajo qué ley se resuelven los conflictos cuando el agente opera en múltiples jurisdicciones simultáneamente.

Si en diez años los agentes de IA producen el 90% del PBI mundial, que paguen impuestos en Argentina.

El orden correcto

El proyecto no es una locura per se. Es cómo un edificio sin cimientos. Antes de crear la figura societaria, el ordenamiento necesita definir bajo qué condiciones los actos que produce un agente de IA son jurídicamente válidos. Necesita un registro de operadores responsables. Necesita que los parámetros de operación del sistema tengan valor jurídico equivalente a un poder de representación. Necesita estándares de trazabilidad para que un juez pueda reconstruir qué pasó.

Sin eso, la sociedad de IA no tiene nada de innovación. Es impunidad con domicilio fiscal. Argentina tiene una oportunidad real. Pero las jurisdicciones que van a ganar esta carrera son las que construyen los marcos de responsabilidad más sólidos, porque eso es lo que convierte un registro societario en una ventaja competitiva genuina. Sturzenegger tiene razón en mirar lejos, pero el orden en que se construye importa.

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