Mariana Mota Directora Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay: «La ley nos faculta a acceder a cualquier archivo»

«La ley nos faculta a acceder a cualquier archivo»

https://brecha.com.uy/
Mariana Contreras

Volvió a fines de julio a una institución que en los últimos años ha perdido prestigio, y hace un mes se convirtió en su presidenta. Dice que cinco directores no serían necesarios si el trabajo técnico e independiente estuviera consolidado y que entender eso es un desafío. Retomó la búsqueda de los desaparecidos, área que intensificará el trabajo en Argentina y desplegará una estrategia de búsqueda en los cementerios uruguayos. Mira con «sorpresa» alguna decisión del gobierno, que intenta no prejuzgar.

Mariana Mota asume como nueva integrante en el Consejo Directivo
https://www.gub.uy/

El 31 de julio, en una ceremonia realizada en el Palacio Legislativo, Mariana Mota asumió su cargo como directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH).

Su incorporación se produce debido a la renuncia del director Wilder Tayler y tras un proceso de recepción de postulaciones y elección por parte de la Asamblea General, de acuerdo con lo que establece la ley n° 18.446.

Mota es doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República, con estudios de posgrado en derechos humanos, educación en derechos humanos, acceso a la Justicia y una especialización en Derecho Penal. Tiene una trayectoria de más de veinte años como jueza letrada. Además, integró el Consejo Directivo de la INDDHH en el período 2017-2022.

La ceremonia de asunción contó con la participación de la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse, y los integrantes del Consejo Directivo de la INDDHH: la presidenta Carmen Rodríguez, el director Marcos Israel y la directora Jimena Fernández.

En representación del Consejo Directivo, Rodríguez felicitó a Mota y celebró su incorporación, destacando con entusiasmo que se trata de alguien “de la casa”, por tratarse de su segunda participación en el Consejo.

Tras asumir formalmente el cargo, Mota dirigió unas palabras al público, subrayando que es “deber del Estado hacer cesar las vulneraciones” y que “es deber de la Institución colaborar en que estas tareas se lleven adelante y se logren pronto los resultados esperados, porque toda demora solo profundiza las vulneraciones”. Expresó también que “la actividad de la Institución debe sostenerse con paciencia, perseverancia y pasión”, recordando en estas palabras el pensamiento del sacerdote y defensor de los derechos humanos, Luis “Perico” Pérez Aguirre.

Por su parte, Cosse señaló que la INDDHH “depende del Poder Legislativo donde están representados todas y todos los uruguayos” y afirmó que “los derechos humanos son abrazados por todo el Parlamento”.

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Archivos de la dictadura en uruguay analizados y procesados con Inteligencia Artificial

Uruguay analiza los archivos de la dictadura con inteligencia artificial
https://www.elobservador.com.uy/

El proyecto Cruzar combina técnicas de procesamiento de imágenes, lenguaje natural y reconocimiento óptico para trabajar con archivos de inteligencia.

30 instituciones tienen archivos de la dictadura Fotos Diego Battiste

Investigadores, docentes y estudiantes de la Universidad de la República trabajan en un proyecto que busca aplicar inteligencia artificial al análisis de archivos generados durante la dictadura uruguaya.

El proyecto se denomina Cruzar y está enfocado en facilitar el acceso y el análisis de documentos históricos mediante técnicas automatizadas de procesamiento.

La iniciativa involucra a la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Información y Comunicación, la Facultad de Ciencias Sociales y al Centro Interdisciplinario en Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático (CICADA).

También participan activamente integrantes de la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, aportando una dimensión social y de derechos humanos al trabajo técnico.

Uno de los archivos procesados es el Archivo Berrutti, que contiene alrededor de tres millones de páginas con documentos producidos por organismos de seguridad durante y después del régimen dictatorial.

Los documentos provienen de microfilms digitalizados, lo que genera dificultades técnicas debido a la baja calidad de muchas de las imágenes, que presentan manchas, desalineaciones o letras ilegibles.

Además del Archivo Berrutti, el proyecto trabaja con el Archivo Histórico de la ex Dirección Nacional de Información e Inteligencia y el del Cuerpo de Fusileros Navales, parcialmente digitalizados.

Los contenidos incluyen fichas personales, listas de personas, recortes de prensa, pasaportes, fotografías y registros de afiliaciones políticas, entre otros documentos vinculados al control estatal.

Para abordar este material, el equipo desarrolló un sistema escalonado que comienza con el procesamiento de imágenes, a fin de mejorar su calidad visual y preparar las transcripciones.

Las imágenes fueron recortadas y alineadas para facilitar la lectura automática mediante herramientas de reconocimiento óptico de caracteres (OCR), adaptadas específicamente para este tipo de fuentes.

Con este proceso, ya se han procesado más de 2,2 millones de imágenes, muchas de ellas complejas por su deterioro o por contener múltiples capas de información manuscrita y mecanografiada.

El sistema LUISA permite a la comunidad colaborar con transcripciones manuales, complementando el trabajo automatizado y validando resultados mediante supervisión humana.

Sistemas de búsqueda y extracción de información

Las transcripciones obtenidas se almacenan en el sistema LUZ, que organiza los textos y permite realizar búsquedas rápidas a través de grandes volúmenes de información procesada.

Se desarrolló además una herramienta llamada AMALIA, que permite realizar análisis cualitativos sobre los contenidos mediante procesamiento de lenguaje natural (PLN).

Esta herramienta permite identificar palabras clave, entidades nombradas y relaciones entre personas, instituciones o lugares mencionados en los documentos históricos.

Mediante estas técnicas se construyen grafos de conocimiento, estructuras que representan visualmente las conexiones entre datos y facilitan nuevas formas de exploración documental.

Lorena Etcheverry, docente de la Facultad de Ingeniería y coordinadora de CICADA, explicó que el proyecto comenzó con OCR basados en redes neuronales y hoy avanza con modelos multimodales y grandes modelos de lenguaje.

Etcheverry señaló que comenzaron a trabajar sobre fichas personales, documentos que contienen información sobre trayectorias individuales, vínculos sociales y pertenencia a organizaciones.

Con estos datos, se intenta reconstruir redes de relaciones, con el objetivo de revelar conexiones que permanecen invisibles en una lectura manual del archivo.

Las herramientas desarrolladas están disponibles en el Repositorio Luisa Cuesta, alojado en el Campus Luisi Janicki y gestionado por la UdelaR junto a la Institución Nacional de Derechos Humanos.

Todo el trabajo se inscribe dentro de una estrategia de preservación de la memoria histórica desde un enfoque técnico, pero con implicancias sociales y jurídicas.

En paralelo, se conformó una red regional de investigación en inteligencia artificial y derechos humanos, integrada por instituciones de Uruguay, Argentina, Chile y México.

Esta red busca expandir el uso de tecnologías de análisis documental para otros archivos históricos en la región, siempre bajo principios de ética, transparencia y validación humana.

El CICADA, centro impulsor del proyecto, organiza del 5 al 7 de noviembre su primer congreso regional, donde se presentarán avances en ciencia de datos, aprendizaje automático e inteligencia artificial.

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digitalización de los archivos de inteligencia policial: permitirá conocer la verdad a las diversas causas judiciales

Gobierno retomó tarea de digitalización de los archivos de inteligencia policial

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Ignacio Errandonea, Gabriela Valverde y Alejandra Casablanca en el archivo de 

la Dirección Nacional de Inteligencia Policial. Foto: Presidencia.

El proceso de microfilmado y digitalización de los archivos de inteligencia policial se detuvo en 2020, por lo cual resta el trabajo sobre el 70 % de los documentos.

Este jueves, la subsecretaria del Ministerio del Interior (MI), Gabriela Valverde, y la titular de la Secretaría de Derechos Humanos del Pasado Reciente, Alejandra Casablanca, ingresaron al archivo de la Dirección de Información e Inteligencia del MI, en el marco de la actualización del convenio que habilita la digitalización de este conjunto de archivos de la dictadura.

El acuerdo entre la Secretaría, el MI y la Universidad de la República permitió la clasificación y digitalización del 30 % del total de este archivo, pero la tarea se interrumpió en 2020. Desde esta jueves, las facultades de Comunicación y de Humanidades organizarán el trabajo y el escaneo de los documentos. Junto a las autoridades, concurrió el integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Ignacio Errandonea.

Valverde explicó que el proceso comprende a los archivos entre los años 1973 y 1985, con el objetivo de “colaborar en la búsqueda del proceso que sufrieron las personas detenidas” durante los años de interrupción de la democracia, en especial “para la búsqueda de la verdad y justicia para las personas detenidas desaparecidas”.

Por su parte, Casablanca señaló que ese archivo cuenta con información sobre el pasado reciente que permitirá “acercar” la verdad a las diversas causas judiciales. La jerarca afirmó que la prioridad estará en la organización del material vinculado a detenidos desaparecidos y, en una segunda instancia, desarrollar una “política de Estado de memoria que se base en la verdad”, explicó a la web oficial de Presidencia.

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“Archivo Berrutti”: cerca de tres millones de documentos

Un repaso por lo que dejó la comisión investigadora sobre el espionaje en democracia

https://ladiaria.com.uy/

Los tranquilos días de enero son ideales para hacer evaluaciones de muchas de las cosas que pasaron el año pasado. El diputado del Frente Amplio (FA) Gerardo Núñez también hizo un balance; en su caso, de la investigación que lleva adelante la comisión que preside en la Cámara de Representantes, con uno de los nombres más largos que haya tenido una comisión parlamentaria: “Sobre los posibles actos de inteligencia de Estado, violatorios de la normativa legal y constitucional, llevados a cabo por personal policial o militar desde 1985 hasta la fecha”. Pero aun más extenso es el “archivo Berrutti”, la principal fuente de estudio de la comisión, que alberga cerca de tres millones de documentos. El archivo se denomina así, metonímicamente, porque fue encontrado en 2007 durante la gestión de la entonces ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti, en un dependencia de su cartera. La comisión investigadora se creó en noviembre de 2016 e iba a funcionar hasta diciembre de 2017, pero se extendió por un semestre más.

Gerardo Núñez. Foto: Pablo Vignali (archivo, noviembre de 2016)

“El balance es que en nuestro país claramente existió una práctica que se dio por lo menos desde 1968, que estuvo al servicio de la represión y el terrorismo de Estado. Además, una vez conquistada la democracia, las agencias de inteligencia siguieron operando prácticamente con el mismo formato con el que operaban en la dictadura”, señaló Núñez a la diaria. Además, resaltó que tanto las dependencias de inteligencia militar como policial ya en dictadura comenzaron a organizar un repliegue –luego de que el régimen perdiera el plebiscito constitucional de 1980– con el objetivo “de que se pudiera proteger la impunidad, persiguiendo a aquellos sectores sociales y partidos políticos que tienen una impronta por la defensa de los derechos humanos y contra el terrorismo de Estado”.

Entre ceja y ceja

El trabajo de la comisión investigadora tiene gira en torno a dos pilares. El primero es el análisis de los documentos y el segundo son los testimonios de los diversos responsables de las dependencias policiales y militares que comparecieron ante la comisión. El balance que Núñez hace de los testimonios no es tan contundente como el de los documentos. Lo calificó de “dispar”, ya que las declaraciones oscilaron entre quienes reconocieron de forma explícita el espionaje –unos pocos– y quienes ni siquiera se dignaron a darse una vuelta por el Palacio Legislativo –varios–. En el medio de ambos polos están los que asistieron pero aseguraron no saber nada –la mayoría–. Entre los elementos importantes para el análisis que destacó Núñez está el testimonio de Máximo Costa Rocha, ex jefe de la Dirección General de Información e Inteligencia del ministerio del Interior, quien reconoció que el gobierno del presidente Julio María Sanguinetti tenía interés en dar “seguimiento” al proceso que finalizó en el referéndum para derogar la ley de caducidad, el 16 de abril de 1989, que al final fue rechazado.

El presidente de la comisión investigadora subrayó que cuando se define que determinado asunto es de interés para un gobierno desde el punto de vista de la inteligencia militar o policial, “se transforma en una directiva operativa”. “Seguramente utilizaron fuentes abiertas, pero como se ha visto en el ‘archivo Berrutti’, también hay fuentes cerradas, sobre todo de inteligencia militar. Y hay menciones a labores que estaba haciendo inteligencia policial que también tenían que ver con fuentes cerradas; es decir, recolección de información que pasa por encima de aspectos constituciones, legales y normativos”, señaló Núñez, y acotó que no sabe si fue Sanguinetti quien dio la orden de “interesarse” por el proceso del referéndum, “pero está claro que su gobierno promovió este tipo de prácticas”. “En el ‘archivo Berrutti’ hay cientos de documentos de inteligencia militar que están focalizados en el trabajo del voto verde, la recolección de firmas y los procesos de discusión dentro de los partidos. Ahí se involucraba al FA, al Partido Nacional y al Partido Colorado. Tenían interés en conocer cómo se iban posicionando los distintos sectores dentro de cada uno de los partidos para armar su estrategia de contraofensiva sobre esta situación”, aseguró Núñez.

Por ejemplo, un documento del “archivo Berruti” de abril de 1987 –pocos meses después de que empezara la recolección de firmas para establecer la consulta popular– tiene como asunto “referéndum”, con el sello del Servicio de Información de las Fuerzas Armadas, y dice: “Se establece que por intermedio del movimiento sindical se llevan juntadas 75.000 firmas en Montevideo, cifra que se estiraría a 80.000 el primero de mayo”.

Además, Núñez citó un documento en el que un agente solicita a la dirección de inteligencia militar hojas para diagramar un volante, que tenía como idea central que, con o sin referéndum, no se iba a condenar a “los héroes de la patria”, refiriéndose a los militares.

“Ahí hay un claro ejemplo de cómo la inteligencia tuvo un rol de contrainteligencia. Fue una tarea que operó en el plano propagandístico y psicológico. Es decir, no fue solamente la recolección de información, sino que con ella operaban para generar un sentido y un estado de ánimo social”, aseguró el diputado, y agregó que a veces el espionaje servía para hacer “chantajes”: “Recolectaban tal información de tal dirigente de un partido y eso después, tal vez, se ponía a jugar para trabar determinados proyectos políticos”.

Entre los testimonios relevantes, Núñez también destacó el del contralmirante (r) Óscar Otero, quien estuvo al frente de la Dirección General de Información de Defensa entre mayo de 1995 y abril de 1996, durante el segundo gobierno de Sanguinetti. El militar retirado fue el más explícito, al reconocer no sólo el espionaje sino también que este se hacía “por costumbre”. Entre los documentos fechados en el período en el que Otero estuvo en el cargo se puede encontrar desde la lista de dirigentes del FA –con sus números de teléfono incluidos– que se reunieron con Fidel Castro cuando el líder cubano llegó a nuestro país en visita oficial, hasta infiltraciones en el Partido Colorado y en diversas asociaciones, como la de Maestros, Empleados Bancarios y Funcionarios de Pluna.

Así las cosas, como hay testimonios que involucran a los dos gobiernos de Sanguinetti, Núñez quiere citar al ex presidente colorado para que dé su testimonio ante la comisión, pero todavía no lo discutieron en la interna de la bancada del FA. No obstante, el diputado lo conversó informalmente con varios de sus compañeros y todos están de acuerdo. “Yo soy partidario de que tiene que participar y, seguramente, otros ex presidentes también, para que nos digan por qué se generaron este tipo de acciones, si existieron las directivas concretas, quién las dio y por qué motivos”, indicó el diputado.

la diaria se había contactado en setiembre con Sanguinetti, quien aseguró que su gobierno “nunca jamás” ordenó un espionaje “de nadie ni de nada”. Agregó que “cosas que pueden haber ocurrido ahí adentro habrán escapado a toda idea de contralor o de conducción política”, y que si hubiera tenido noticias sobre el espionaje “hubiera actuado”. Por último, señaló que está dispuesto a comparecer ante la comisión, pero que no cree posible que pueda agregar nada más de lo que le dijo a este medio.

Lista de invitados 2018 

La comisión investigadora extendió su trabajo hasta el 30 de junio de 2018, debido a que todavía está analizando el gran volumen de documentos del “archivo Berrutti”, e hizo un pedido al Ministerio del Interior para que se proporcionen todos los archivos de inteligencia policial, de forma de complementar la información. Además, todavía falta que comparezcan ante la comisión varios de los directores de inteligencia policial. Luego invitarán a los ex encargados de las direcciones de inteligencia de cada fuerza del ámbito militar, es decir, la Fuerza Aérea, la Armada Nacional y el Ejército; se trata de una veintena de personas. Por último, Núñez no descartó que también inviten a más personas del ámbito civil.

Arranquen sin mí

Juan A Zerpa, Daniel Legnani, Mario Aguerrondo y Francisco Wins, ex directores de inteligencia militar entre 1985 y 1999, no asistieron a la comisión en la fecha en que se los invitó. Núñez explicó que no fueron citados de vuelta ya que “por el tono de la respuesta” demostraron que “no tenían interés”. Por eso la Cámara de Representantes aprobó una declaración en la que cuestionó a los cuatro militares, ya que entendieron que su ausencia “constituye un impedimento formal para el análisis y la investigación”. “Esta actitud pretende desconocer al Parlamento y el cometido encomendado” a la comisión, “queriendo amputar la posibilidad de que el pueblo uruguayo conozca las razones de por qué se desarrolló Espionaje Militar en Democracia”, sentenció la declaración. En cambio, hasta el momento todos los ex jefes de inteligencia policial que fueron citados dieron respuestas positivas, indicó Ñúñez.

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60 cajas de archivos encontradas en casa del coronel del ejercito fallecidp Elmar Castiglioni

Ejército hizo desparecer en 2006 los archivos clave de la OCOA
http://www.elobservador.com.uy/ 06/10/2015

La ministra Berruti los lacró, pero los sacaron de su lugar

Es "muy poco probable" que la información requisada por la Justicia al recientemente fallecido coronel del Ejército Elmar Castiglioni tenga datos relevantes que contribuyan a averiguar el destino de los desaparecidos durante la dictadura militar (1973-1985), dijeron a El Observador varios exoficiales que trabajaron en tareas de Inteligencia. Por su parte, la ex ministra de Defensa, Azucena Berruti, dijo a La Diaria tener la esperanza de que las 60 cajas encontradas en la casa del militar sean los archivos que en 2006 faltaron de un inventario que se hizo en la sede de Inteligencia. Pero, según el relato de militares allegados a la Inteligencia, aquellos documentos que Berruti no encontró en realidad fueron hechos desaparecer por la fuerza de tierra.

Recolector de información

Las fuentes dijeron que Castiglioni, que pasó por varias reparticiones de Inteligencia dentro de las Fuerzas Armadas, se caracterizaba por reunir para sí información, presuntamente para usarla con algún fin personal, aunque no hay evidencia de que ello haya ocurrido.

"De cada repartición que pasaba, copiaba y se llevaba cosas, era tremendo", dijo uno excamaradas de Castiglioni.

Las fuentes estimaron que el grueso de la información que la jueza Beatriz Larrieu incautó de la casa de Castiglioni pertenecía a la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (Dinacie), ex Dirección General de Información de Defensa (DGID), ex Servicio de Información de Defensa (SID), donde el militar revistó en el año 2006.

Esa repartición, dependiente del Ministerio de Defensa, estuvo históricamente bajo la égida de un general o coronel del Ejército. La ley de Caducidad estableció en 1986 que la jefatura fuera rotativa con la Armada y la Aviación. Antes de que el mando empezara a rotar, el Ejército reunió toda la información que consideraba importante estratégicamente y se la llevó a su servicio de Inteligencia propio (que funciona en la sede de la escuela de Inteligencia en la calle Eduardo Víctor Hedo, exDante).

En la DGID, luego Dinacie, quedó información de escasa relevancia, como por ejemplo registro de vicios o comportamientos de algunos dirigentes políticos.

Lo que sí quedó en esa repartición, y hoy está provocando cierta preocupación, son los nombres de los informantes, algunos de los cuales son personas allegadas a la izquierda, cuya tarea, en ciertos casos, no terminó con el fin de la dictadura sino que continúa hasta el presente.

Tanto la Dinacie como el Servicio de Inteligencia del Ejército manejan fondos con los que se les paga mensualmente a estos informantes. ¿El monto?: depende del lugar en el que estén y de la calidad de la información que aporten.

El titular de cada repartición recibe todos los meses ese dinero y hace recibos para pagarles a los confidentes.

Pero un militar retirado dijo que si esa información estaba en poder de Castiglioni, los informantes pagos no deberían estar nerviosos ya que, incluso en el recibo, se ponía el apodo ya que el nombre real solo lo conocía el "manipulador", nombre que se le da al militar que logra cooptar al colaborador.

Lo que la ministra dejó

La labor de los servicios de inteligencia militares, sobre todo el de la Dinacie, que debe coordinar el trabajo de todos los servicios de Inteligencia que funcionan en el país, nunca estuvo del todo claro desde un punto de vista legal, ya que las Fuerzas Armadas no pueden accionar en el orden interno.

Al margen de eso, las relaciones entre los servicios militares y los de la Policía fueron muy malas y, tras la dictadura, nunca compartieron información importante.

Pero las fuentes aportaron un dato que parece ser aún más relevante que la suerte que puedan correr los informantes de los militares: ¿qué ocurrió con los archivos que pueden dar indicios sobre los desaparecidos?

Durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010) la entonces ministra de Defensa, Azucena Berruti, telefoneó un día de 2006 al entonces jefe del Ejército, Carlos Díaz, y le informó que al día siguiente iría a la sede de la Inteligencia del Ejército a lacrar toda la información que allí hubiese. Díaz ni se dignó en avisarle a sus subalternos y al día siguiente mayúscula fue la sorpresa en la sede militar cuando apareció la ministra con sus colaboradores. "Revisaron hasta los armarios de los coroneles", dijo un militar.

Todo fue lacrado pero, según supo El Observador, cuando el grupo liderado por la ministra se retiró del lugar no se llevó un detalle preciso de la cantidad y calidad de la información registrada.

Cuando volvieron a buscarla, una parte de esa información lacrada había desaparecido. ¿Cuál?: casi toda la que pertenecía a la denominada OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas).

"Se comprobó que no estaba completo el material, teníamos que seguir buscando a ver qué había pasado", dijo Berruti a la Diaria.

Si bien el Servicio de Inteligencia tuvo durante la dictadura un papel importante en la detención e interrogatorio de detenidos, la OCOA, que tenía delegados en todas las reparticiones del país, estaba a la vanguardia de las operaciones no solo contra el MLN sino contra otros grupos como el Partido Comunista. Castiglioni integró la OCOA. "El Ejército era muy minucioso a la hora de elaborar informes y ahí sí, en los archivos de la OCOA uno puede saber quién detuvo a quién en qué momento, y dónde y por quién fue interrogado", dijo un informante, quien reiteró: "Esa información no estaba cuando la fueron a buscar porque el Ejército la hizo desaparecer de la sede de Inteligencia y no creo que vuelva a aparecer ahora".

Autor: Gabriel Pereyra

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22.000 obras de material fílmico se conservan en el Archivo de la Cinemateca de Uruguay.

¿Qué contiene el amenazado archivo de Cinemateca?  

http://www.180.com.uy/ 10/07/2015

El primer largometraje uruguayo, imágenes de Montevideo de 1898, el primer film sonoro nacional, cine-noticias de la década del 40, entre otras, son algunas de las obras únicas que resguarda el archivo de Cinemateca. 180 recorrió el archivo y habló con Lorena Pérez, una de sus encargadas.

En las cuatro bóvedas del archivo de Cinemateca se guardan 22.000 obras de material fílmico. Es la colección más grande de imágenes en movimiento uruguayas. Está ubicado en la calle Dionisio Fernández, en el km 16 de la ruta 8, a menos de 3km de Zonamérica.

El archivo contiene distintos formatos fílmicos: una bóveda recoge los nitratos de celulosa, una los acetatos de celulosa en blanco y negro, otra las películas a color y la más nueva tiene mayormente películas a color pero también algunas en blanco y negro, debido al espacio faltante. Se las separa porque cada una necesita de una temperatura, humedad y condiciones de aire distintas para su óptima conservación, explicó a 180 Lorena Pérez, archivóloga y encargada de la colección de Cinemateca.

Si bien tienen algunos registros de filmaciones de aficionados que decidieron donarlos, la mayoría del archivo lo conforman noticieros, cortometrajes y largometrajes, tanto documentales como de ficción. Se encuentran en soportes que permiten hacer un recorrido por la historia de la captura de la imagen en movimiento: 8, 9, 16 y 35mm, nitrato, acetato y poliéster, U-Matic, Betacam, DV Cam, VHS, bandas magnéticas de sonido y DVD.

Entre los materiales más destacados del archivo, se encuentran las imágenes más antiguas filmadas en Montevideo por Félix Oliver en 1898, el primer largometraje uruguayo, “Almas de la costa” -que está siendo restaurado en México-, y “Dos destinos”, el primer largometraje sonoro del país, contó Pérez.

También, gran parte de la colección lo forman las cine-noticias de las décadas del 40, 50, y 60, que se transmitían antes de las películas en las salas de cine, además de colecciones de cineastas uruguayos ya desaparecidos y algunos trabajos de Ferruccio Musitelli.

Además, Cinemateca tiene el Centro de Documentación Cinematográfica, dedicado a depositar fotografías, afiches, etc.

Peligro: inflamable

El principal motivo por el que deben aislar al nitrato de celulosa de los otros formatos es que es autocombustible y emite gases que intentan que no alcancen al resto de los films.

Uno de los grandes enemigos de la conservación de películas es el síndrome de vinagre, que provoca la descomposición y cuando alcanza un nivel avanzado deja inutilizable a la cinta. “Es muy contagioso y por eso hay que tratar de tener solos en la bóveda a esos materiales para que no contaminen a otros”, indicó Pérez.

La conservación está sujeta a la refrigeración y la humedad que tengan las bóvedas, aunque Pérez dijo que no existe una bóveda perfecta en la que se puedan guardar todas las películas. “No siempre se llega a los estándares ideales pero hay que tener en cuenta que lo que le hace peor a las películas es la variación de temperatura. Si bien hay un estándar fijado para que tengan determinada temperatura y humedad, lo más importante es tener constantes esas medidas. Para ingresar a las bóvedas, se pasa por una antecámara, al entrar vas cerrando puertas para que no se modifiquen los valores”, explicó.

Además de todos los materiales propios, en las bóvedas de Cinemateca se conserva el archivo del Sodre, ya que en esa institución no tenían lugar donde guardar sus nitratos de celulosa separados del resto.

“Lo tenemos inventariados e identificados pero el trabajo con esa colección lo hacen ellos, nosotros les prestamos el espacio. No pagan por ello, se hizo solamente por la preocupación de que los materiales estén mejor resguardados”, comentó la responsable del archivo.

Preservar sin fondos

La falta de fondos en Cinemateca pone en alto riesgo las condiciones del archivo. De acuerdo a Pérez, el archivo ideal lleva “mucha plata, cientos de miles de dólares al año o más” pero todo depende del tipo de archivo que se quiera tener.

Como está planteada la situación hoy en día, Cinemateca solo puede hacer una conservación pasiva de los materiales pero no puede restaurar los que están dañados.

“En Uruguay no hay laboratorios. No se pueden digitalizar las películas porque no tenemos escáner, lo máximo que podemos hacer es un telecinado. Esto consiste en que las películas se proyectan y el telecinado captura esa imagen. Una digitalización ya es un escaneo cuadro por cuadro, es mucho más fiel a la copia”, indicó. “Almas de la costa”, el primer largo uruguayo, está siendo sometido a estos procesos en México, gracias a un acuerdo con la Cineteca Nacional de ese país.

Más allá de las condiciones de conservación, las películas se degradan de por sí debido al paso del tiempo. “Así las tengas en condiciones ideales, lo que haces es demorar la degradación. Si se pudiera digitalizar sería otra cosa”, comentó Pérez.

A pesar de que el costo de tener un laboratorio en Uruguay sería imposible de sobrellevar sin ayuda estatal, un grupo de trabajo trabaja hacia esa meta. Esa sociedad –formada por los archivos de Cinemateca, la Universidad Católica, Udelar y el Sodre- busca idear un plan que beneficie a todos y con el que puedan trabajar todos los archivos.

Pérez aclaró que las veces que han ido al Parlamento a informar sobre su situación se debieron a que están obligados porque están declarados como Patrimonio Nacional. Sus mayores preocupaciones se radican en lo que puede llegar a pasar con el material uruguayo. “En 60 años, Cinemateca ha logrado generar una colección lo más completa posible de los materiales que existen acá. Es gran parte de la memoria. Ahí es donde radica nuestra mayor preocupación”, señaló.

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“...inaceptable que (…) un señor que no soporta los archivos eche mano a la justicia para arremeter contra periodistas o medios

Un medio debe remover un artículo de la web por pedido de un ex juez
http://www.analisisdigital.com.ar/ 10/04/2014

La jueza federal de Concepción del Uruguay, Beatriz Aranguren, hizo lugar a un pedido de habeas data y ordenó al sitio Diario Junio retirar de la web un artículo donde contaba que el entonces designado y luego removido juez de Concordia Julián Genaro Quevedo había firmado solicitadas de apoyo al represor Ricardo Miguel Cavallo cuando fue detenido en México, en 2002. El fallo fue apelado ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná y en las próximas horas, el CELS presentará un amicus curiae para que se le permita dar su opinión en el caso. 

El 27 de diciembre, la magistrada ordenó a los buscadores Yahoo! y Google, a Diario Junio y otro sitio web que “realicen todos los actos necesarios –utilizando los medios técnicos, humanos y económicos que se requieran– para eliminar y/o bloquear toda posibilidad de que por medio de sus buscadores pueda accederse al contenido de los blogs que poseen la información falaz respecto al accionante –Sr. Julián Genaro Quevedo– en relación a su presunta suscripción de una solicitada del 2002 titulada ‘Apoyo de las FFAA, de Seguridad y Policiales’ y un pedido en el año 2003 dirigido al Presidente de México, exigiendo la inmediata libertad de Ricardo Cavallo y su seguro regreso a la Argentina y/o suprimir de sus sitios la misma”, según consta en el fallo al que accedió Página Judicial.

La decisión de la jueza Aranguren fue recurrida por Carlos (Claudio) Gastaldi, editor de Diario Junio, por considerar el fallo es “a todas luces arbitrario e írrito”, y ahora será la Cámara Federal de Apelaciones la que resuelva sobre el planteo de Quevedo.

En principio, el abogado Rubén Pagliotto, que representa al periodista, cuestionó que la jueza Aranguren “se inclina abiertamente por otorgar credibilidad palmaria a los dichos del ex magistrado interino (Quevedo) por sobre lo que aportaron como argumentos defensivos el consorcio de demandados”, en referencia a Gastaldi, Yahoo! y Google.

Más allá de esto, en su escrito ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, Pagliotto hizo hincapié en que la pretensión de Quevedo, a la cual hizo lugar la jueza Aranguren, “juega abiertamente en contra de la libertad de expresión y opinión”.

Además, en las próximas horas, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a través del abogado Damián Loreti, se presentará ante el tribunal para que sea tenido en cuenta como amicus curiae y se le permita dar su opinión en el caso. Esta figura, que traducida del latín significa “amigos del tribunal”, es un recurso para que las personas individuales o colectivas que tengan un interés legítimo y justificado en brindar su opinión sobre diferentes cuestiones tratadas en un proceso, puedan hacerlo, y así lo reguló la Corte Suprema a partir de 2004.

Respecto de la apelación, Pagliotto consideró que “es inaceptable que (…) un señor que no soporta los archivos eche mano a la justicia para arremeter contra los periodistas o medios que simplemente cumplieron con la tarea de difundir una información que aparece en la web” e insistió en que Diario Junio “en modo alguno es el responsable de que el nombre de Quevedo aparezca en la web emparentado con hechos gravísimos” y agregó: Gastaldi no inventó las solicitadas. Estas existieron y desde hacía diez años estaban consignadas en los sitios web”.

En su momento, Quevedo negó haber suscripto las notas de apoyo al represor de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA): “No sé cómo esos nombres (el suyo, el de su esposa y otros familiares de la mujer) fueron incluidos en las peticiones” al presidente mexicano Vicente Fox. Sin embargo, Pagliotto destacó el rol que cumplió el general Raúl José Ortiz, suegro de Quevedo, durante la represión, como fundamento para sostener que “la aparición de su nombre y apellido completo (de Quevedo), junto a su número de DNI en por lo menos dos notas, en diferentes años (2002/2003) y con la misma orientación ideológica es demasiada coincidencia como para creer, sin más, sus dichos respecto de que él no firmó nada”.

Fuente. Página Judicial.

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Acuerdo para que archivos de Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) pasen a custodia civil

Historias devueltas
http://ladiaria.com.uy/ 04/10/2013
Ministerio del Interior entrega archivos de inteligencia a Secretaría de Derechos Humanos.

El secretario de Presidencia, Homero Guerrero, el ministro del Interior (MI), Eduardo Bonomi, la coordinadora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Graciela Jorge, y el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE), Álvaro Rico, firmaron ayer un acuerdo para que los archivos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) pasen a custodia civil.

Homero Guerrero, Graciela Jorge, Eduardo Bonomi y Álvaro Rico, ayer, en el Ministerio del Interior. Foto: Pablo Nogueira

El convenio establece que ese ministerio entregará a la Secretaría de Derechos Humanos los documentos originales del archivo histórico de la DNII-Departamento III, los expedientes de la Justicia Militar y del Supremo Tribunal Militar “depositados en el archivo de la Dirección Nacional de Policía Técnica -Sección Legajos y Prontuarios”, y los archivos “con documentación sobre la situación de los derechos humanos en la historia reciente del Uruguay, depositados en Jefaturas de Policía del interior del país, inicialmente en Salto, Soriano y Tacuarembó”. También establece la entrega a la Universidad de la República (Udelar) de “las colecciones de diarios, semanarios, revistas editadas y material de estudio y propagandístico de circulación legal, ilustrativos de la época histórica, que se hallen depositados en el Archivo de la DNII”.

Este acuerdo amplía “el horizonte de la investigación histórica del período dictatorial que sufrió el país” y garantiza “el acceso responsable -de las víctimas y familiares de las víctimas- a la información contenida en esos archivos”, añade el MI.

La digitalización y procesamiento de la documentación serán financiados por el MI y la Udelar, mientras que la Secretaría de Derechos Humanos gestionará la inclusión de los archivos en el programa Memoria del Mundo, de UNESCO, como parte de las obligaciones asumidas.

Rico dijo a la diaria que los documentos en papel se van a “localizar” en la Secretaría de Derechos Humanos y serán digitalizados “para su mejor preservación” y organizados “con criterios archivísticos”, porque ahora “están organizados bajo criterios policiales”. Una copia del material digitalizado volverá al MI y otra tendrá como destino la FHCE. Rico explicó que el archivo de Policía Técnica está conformado básicamente por expedientes, pero el de la DNII contiene “material de las organizaciones políticas, principalmente de izquierda, que en su momento fue incautado por los servicios policiales” y con la “vuelta de los años es prácticamente el único lugar donde se han conservado”, agregó el historiador. Esos archivos incluyen documentos de las direcciones políticas clandestinas, volantes que “se tiraron en ese período”, prensa clandestina de las organizaciones, informes, documentos enviados por dirigentes en el exilio, folletos y hasta banderas y símbolos, todo fruto de las requisas de las sedes y locales partidarios, indicó Rico.

Si bien los historiadores que han trabajado junto a la Secretaría de Derechos Humanos ya tuvieron acceso a unos 14 archivos, entre ellos los de la Policía, no han tenido la misma suerte con la información que puede estar conservada en el ámbito del Ministerio de Defensa Nacional. De hecho, se desconoce si existe material de archivo en poder de la Dirección Nacional de Inteligencia de Estado, dependencia de ese ministerio y que coordina los departamentos de Inteligencia del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

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No hay ni una sola empresa pública estatal que cumpla en un 100% con la ley de acceso a la información

Organismos públicos incumplen norma que les obliga publicar datos en Internet
http://www.lr21.com.uy/ 05/06/2013

El incumplimiento de la ley de acceso a la información por parte de las distintas oficinas públicas fue denunciado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAINFO), que aseguró que no hay ni una sola empresa pública estatal que cumpla en un 100% con lo que establece la normativa.

Las obligaciones legales alcanzan en algunos casos a situaciones harto complejas como por ejemplo la Corte Electoral que cumple apenas el 15% de sus obligaciones en la materia según el Centro de Archivos.

“Algunos de los organismos centrales para el fortalecimiento de la democracia se encuentran lejos del cumplimiento de las obligaciones legales mínimas en materia de transparencia (…) Lo más preocupante es que la media de los organismos están en un nivel medio bajo o bajo, sobre todo algunos organismos como las juntas departamentales y las intendencias. Algunos tienen un muy buen comportamiento, si bien sus niveles son mejorables, tal es el caso de la Contaduría General de la Nación, el Banco Central del Uruguay, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (Agesic) o el Ministerio de Desarrollo Social”, dijo Mariana Mas, integrante de CAINFO al programa No Toquen Nada.
Todavía “estamos por vencer la cultura del secreto”

El 42,5% de los organismos tienen un nivel de cumplimiento bajo de las normas, pese a que hace ya cuatro años que entro en vigencia la ley 18.381 que regula el tema.

“Tal vez se deba a que todavía estamos tratando de vencer la cultura del secreto, que se vuelva una práctica habitual estar poniendo información en línea, como una práctica que se le debe a los ciudadanos. Por otra parte tenemos otro elemento que es la Unidad de Acceso a la Información Pública, que es un organismo de control, que todavía es débil, cuenta con poco presupuesto y no se ha abocado a formar en el acceso a la información pública a los organismos obligados por ley”, explicó Mas.

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ARCHIVO VERTICAL DE ENFRENTAMIENTO AMBIENTAL ENTRE URUGUAY Y ARGENTINA

En la Biblioteca del Instituto Magnasco se atesoran siete años de lo acontecido día a día durante el conflicto ambiental pastero, que provocó el peor enfrentamiento diplomático de la historia entre Uruguay y Argentina.

http://www.diarioelargentino.com.ar/ 08/02/2013

Podría decirse que oficialmente la declaración del conflicto ambiental entre ambos países, comenzó el 4 de octubre del 2003, cuando el entonces intendente Emilio Martínez Garbino, cruzó a la ciudad de Fray Bentos, con un contingente de la entonces recientemente conformada Asamblea Ambiental.
Fue la primera vez que mediante un petitorio, entregado al intendente de Río Negro, se expresaba el descontento de todo un pueblo sobre ambos emprendimiento pasteros que se proyectaban (Ence y Botnia) construir en la margen este del Río Uruguay .
Desde entonces, se sucedieron las masivas asambleas en el Teatro Gualeguaychú, los reiterados cortes de la ruta 136, el surgimiento de Arroyo Verde como un ícono de la lucha ambiental, la llegada del conflicto al Tribunal de La Haya para dirimir el pleito y la hazaña de Evangelina Carrozo en Viena, durante la cumbre de la Unión Europea y América Latina.
Todo esto fue determinante para que el Instituto Magnasco, tomara la decisión en enero de 2006 de comenzar a archivar los artículos periodísticos de los diarios locales y nacionales sobre la temática ambiental.
Desde entonces decenas de carpetas foleadas se almacenan en un armario de la biblioteca Olegario Víctor Andrade del Instituto, constituyendo hoy uno de los archivos gráficos más importantes de la ciudad, referente al conflicto pastero, con fácil accesibilidad para todos.
“Cuando vimos que este tema era un filón riquísimo, comprendimos que la historia estaba en los diarios, y comenzamos a archivarlo, después comenzaron a salir libros sobre el conflicto y también los tenemos a todos”, explicó Norma Martinetti, presidenta de la Comisión Directiva del Instituto Magnasco.
“Esto también forma parte de la historia de Gualeguaychú y desde los Memoriosos decidimos archivarlo y aquella persona que quiera ir a los orígenes del conflicto (2002 -2003) puede consultar los diarios locales de ese entoces, que también lo tenemos archivados”, agregó Norma.
Los Memoriosos, es un programa que inició el Instituto Magnasco años atrás, para rescatar de la cultura oral, los oficios tradicionales, historias o leyendas urbanas y poder transcribirlas mediante de relatos de vecinos de Gualeguaychú.
Es a través de este programa, en la cual el Magnasco piensa a mediano plazo implementar una sala que muestre la vida cotidiana de Gualeguaychú donde se podría llegar a dedicarle un espacio de la lucha ciudadana ambiental.

Digitalizar los archivos

Al ser consultado por si se piensa digitalizar el archivo gráfico, Norma explicó que no es conveniente porque el soporte tecnológico de almacenamiento de información evoluciona muy rápido.
“Cuando microfilmamos las 70 mil páginas de los diarios locales, que intervino Parque de España, cuyo representante en Argentina está en Rosario, vinieron al Instituto Magnasco y al ver lo que teníamos inmediatamente dijeron que si, por ser un material de calidad para ser preservado, por la antigüedad de los diarios. Después de un año, cuando nos entregaron la microfilmación les peguntamos por la digitalización de los archivos, pero nos dijeron que es un trabajo inútil para una institución que no cuenta con tantos recursos económicos. Ellos nos dieron un ejemplo claro cuando nos dijeron que la Biblioteca de Washington digitalizó y ahora no le sirve”, concretó.
El archivo periodístico puede consultarse de lunes a viernes de 10 a 12 y de 16 a 20 y los sábados de 10 a 12 en la Biblioteca del Instituto Magnasco.

Por Diego Elgart
De la Redacción

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ARCHIVO HISTORICO DIPLOMATICO DEL URUGUAY

Abrirán “histórico” archivo diplomático uruguayo sobre Malvinas
http://www.unoticias.com.uy/ 20/01/2013
Este 21 de enero abrirán en Uruguay el archivo histórico diplomático, que habilitará al ex combatiente Cesar González Trejo a acceder a parte de la documentación clasificada perteneciente a la época del conflicto que tuvo como principales actores a Argentina e Inglaterra.

Cesar González Trejo es un ex combatiente de Malvinas, ex Presidente de la Federación de Veteranos. Posee amplia trayectoria en la lucha por los derechos de los veteranos, así como también un militante de la causa Malvinas.

El ex combatiente solicitó a la Embajada Argentina en el Uruguay el apoyo y la provisión de un scanner y una laptop para archivar digitalmente los documentos que tengan relación o vinculación directa con el conflicto del año 1982.

Por otro lado, el Embajador Argentino Dante Dovena ante dicho pedido confirmó la provisión de los elementos solicitados y se puso a total disposición del ex soldado hoy veterano de la causa Malvinas.

Es de destacar, que el Foro Malvinas en Uruguay, reitera su firme respaldo al reclamo permanente de Argentina respecto de su soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, así lo informó el Asesor de la Embajada Argentina en el Uruguay, Victorio Pirillo.

Montevideo, Uruguay
UNoticias
Fuente: AIM.
GG

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BRECCIA: ARCHIVOLOGOS TRABAJAN EN ORGANIZAR ARCHIVOS DE DICTADURA DE URUGUAY

Breccia: Presidencia "ya cuenta con un equipo preparado"

http://www.espectador.com// 08/03/2012

El nieto del maestro Julio Castro, Ariel Castro, puso en tela de juicio que el Estado esté poniendo todos sus recursos disponibles para encontrar los restos de los detenidos desaparecidos durante la dictadura y averiguar las circunstancias precisas en que estas personas murieron o fueron ejecutadas.

Ariel Castro explicó a En Perspectiva como buena parte de la investigación debió ser realizada por los propios familiares. Ellos, junto a algunos amigos, periodistas, y Ong’s fueron quienes lograron ubicar a testigos relevantes, e incluso documentos que se encontraban en dependencias del propio Estado. 

Ariel Castro señalaba que la escasez de recursos para realizar ese tipo de indagatoria ocurrió primero en la Comisión para la Paz y se mantuvo incluso en los Gobiernos del Frente Amplio (FA) cuando, por ejemplo, los fiscales a cargo de estos expedientes no cuentan con los medios humanos y materiales necesarios.

Para Ariel Castro estas investigaciones podrían haber avanzado mucho más rápido y eficientemente si se hubieran conformado equipos multidisciplinarios, de investigadores profesionales, archivólogos, e historiadores, que además contaran con un fuerte respaldo político.

Ante estas declaraciones el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, se comunicó con En Perspectiva para realizar algunas puntualizaciones. Breccia señaló que, sin querer ingresar en el terreno de la polémica, debería “considerarse que la reapertura de la causa del maestro Julio Castro fue realizada por resolución del presidente Mujica, de julio de 2010, o sea la reapertura de las investigaciones acerca del maestro Julio Castro que justamente arrojaron posteriormente los resultados que arrojaron prácticamente en el día de ayer o antes de ayer con el procesamiento de algunas personas fue realizada a partir de la voluntad expresa de este Poder Ejecutivo”.

En segundo lugar Breccia aclaró que “se debe recordar que hubo una resolución de este Poder Ejecutivo presidido por el presidente Mujica por la que se revocó por razón de legitimidad todos los actos administrativos que habían incluido hechos en la Ley de Caducidad, esto es en general”. 

En tercer término “hay que recordar la creación de la comisión interministerial que con fecha 2011 cuenta con representación de todas las organizaciones de derechos humanos representativas de los ministerios de Relaciones Exteriores, de Interior, de Defensa, de Educación y Cultura y el ministerio público, o sea de los fiscales, de esos que el ingeniero Castro mencionaba”. 

“En la comisión de seguimiento para la paz estamos trabajando más de 25 personas contratadas por Presidencia en convenio con la UdelaR, costeadas por Presidencia, que están encargados en primer lugar de la investigación de campo o sea recolección de datos que van llegando permanentemente a la comisión, están trabajando en la investigación arqueológica, en la investigación histórica y en la investigación archivológica o sea precisamente lo que el ingeniero Castro pedía”, agregó Breccia.

Según el secretario de Presidencia esas “más de 25 personas”, son entre 25 y 30, “están trabajando en la actualización del banco de datos genéticos, que era una cosa que estaba bastante incompleta y que era un reclamo permanente de las asociaciones de familiares, a través del trabajo de la comisión interministerial financiado por Presidencia de la República, la actualización de un banco genético no es gratis, es decir hay que tomar muestras, hay que comprar los kits necesarios para tomar muestras, hay que ubicar a la gente que se encuentra muchas veces dentro o fuera del país”.

Además “se ha trabajado en la organización archivística de una base de datos cruzados con accesibilidad de los archivos que obraban en nuestro poder de la Comisión para la Paz y de la Comisión de Seguimiento que continuó las tareas de la Comisión para la Paz. Se ha logrado el acceso a más de 17 archivos a los cuales en su mayoría aún no se había accedido”, indicó el jerarca. 

Esos archivos son “los que estaban en el Ministerio del Interior, en Sanidad de las Fuerzas Armadas, en dependencias del Ministerio de Defensa, en dependencias de Inteligencia, archivos particulares”. Es decir “se ha logrado el acceso a todos los archivos que por supuesto suponen inmenso material de investigación y de cruzamiento de datos sobre los cuales está trabajando ese equipo de archivólogos que yo le mencionaba con anterioridad”, señaló Breccia.

Ante esta organización del trabajo “se han abierto dos líneas de investigación”. Por un lado “el tema de los enterramientos que es donde trabaja fundamentalmente el equipo de antropólogos liderado por el profesor López Más”.

Por otro lado esta “la investigación de datos concretos que han permitido ir obteniendo otros datos como por ejemplo, el dato de que los hermanos Julien pasaron efectivamente por el Cir en la calle Palmar. Todo este trabajo que estoy mencionando que es un trabajo que hacen más de 25 personas trabajando en conjunto y costeadas por Presidencia de la República se hace además en permanente contacto con jueces y fiscales”.

El secretario de la Presidencia cerró sus declaraciones indicando que se sentía en la obligación de aclarar estas cosas porque “yo no dudo que lo que dijo el ingeniero Castro no haya sucedido a lo largo de muchos años. Lo que me parece es que la labor de la Comisión de Seguimiento ha sido clara, esto es lo que viene sucediendo desde hace un año y medio a esta parte, yo no sé lo que puede haber sucedido con anterioridad. Presidencia cuenta con un equipo preparado para investigaciones, integrado por profesionales”.

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