Más sobre la falsificación de documentos y sus concecuencias

La Justicia, implacable con las titulaciones ‘fake’: condenas por intrusismo y falsedad documental

https://www.vozpopuli.com/

Blanca Valdés Mañas

Al menos decena de figuras políticas han estado en el punto de mira por adornar sus currículum

Al menos decena de figuras políticas han estado en el punto de mira este último mes por sus titulaciones 'fake' para adornar sus currículums con másteres que no eran másteres, carreras que no estudiaron o títulos propios que no están reconocidos por el Estado. El caso de Noelia Núñez, que dimitió como vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP y diputada en el Congreso tras reconocer que no era licenciada en Derecho, parecía un caso aislado, pero no.

Le siguió Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, que no es licenciada en Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual. Ana Millán, vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, no es titulada en Ciencias Políticas, tal y como aparece en diversos folletos. El Delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha estado presentándose durante 20 años como diplomado en Derecho Tributario sin tener los estudios, tal y como ha revelado Vozpópuli en diversas exclusivas.

Patxi López, portavoz de los socialistas en el Congreso, sigue presentándose como ingeniero industrial por la Universidad del País Vasco a pesar de que nunca acabó la carrera. Manuel Borrego, secretario general del PSOE en Badajoz, no terminó sus estudios en Ingeniería Química. Pedro Rollán, presidente del Senado, eliminó de su currículum que era diplomado y que tenía dos máster porque no eran títulos oficiales, entre otros.

Sin embargo, la justicia es implacable con este tipo de situaciones. En 2010, el Tribunal Supremo analizó el caso de un hombre que acudió al Colegio de Abogados de Madrid con un título de licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid que era de otra persona.

Lo manipuló para poner su nombre, apellidos y plasmó el sello y la firma de un notario que no existía. Su objetivo era usar esa colegiación para poder acceder a un puesto de director de relaciones laborales. También se inventó una larga y tendida experiencia laboral en el sector. El engaño tuvo éxito ya que consiguió el puesto y, durante ocho años, la empresa asumió el pago de su cuota como colegiado, lo que supuso un desembolso total de 9.555 euros.

El asunto pasó primero por la Audiencia Provincial de Madrid, que le condenó por un delito de intrusismo profesional agravado y otros dos de estafa (engañó a dos empresa) a cuatro años de prisión y a devolver el dinero que abonaron por su colegiación. El acusado recurrió al Supremo, pero confirmó la pena.

Despidos y falsificación en documento público

Un caso similar se enjuició en la Audiencia Provincial de Lleida en 2016, que condenó a una mujer como autora responsable de un delito de falsificación en documento público u oficial a 6 meses de prisión ya que, para ser contratada por el Ayuntamiento de Lleida a través del Colegio Riu Segre aportó su currículum académico, que incluía un certificado de monitor de patinaje artístico, emitido por la Federación Catalana de Patinaje. Documento que era falso.

En esta misma línea, un juzgado de lo Penal de Madrid condenó en junio una persona a 6 meses de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso medial con un delito de intrusismo profesional por falsear su título de enfermero.

Además, el Tribunal Superior de Justicia de León declaró en 2021 procedente el despido de un trabajador que mintió por partida doble. Dijo en currículum que podía desempeñar trabajos físicos porque sólo estaba impedido para la construcción. Sin embargo, un informe emitido por el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) reveló que tenía problemas en las piernas, columna vertebral, síndrome de túner carpiano y síndrome álgico.

Tenía una discapacidad del 33%. También falseó otro documento que tuvo que firmar antes de incorporarse a trabajar en el que aseguraba a la empresa que no tenía limitaciones físicas para manipular cargas, una tarea esencial porque iba a ser contratado para repartir mensajería y paquetes. Unas sentencias que demuestran que falsear titulaciones tienen consecuencias.

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La falsificación de documentos: partida de nacimiento de Maduro

Descubra por qué la partida de nacimiento de Maduro es falsa
https://dolartoday.com/ 18/04/2016

Luego de realizar un análisis jurídico, el abogado venezolano Nelson Ramírez Torres, concluyó que la partida de nacimiento del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, y que fue presentada por la presidente del Consejo Nacional electoral (CNE), “es falsa”

elvenezolanonews.com

El jurista enumeró una lista en las que señala las razones de por qué el documento de nacimiento presentado por Lucena y Raymond Orta que indican que Maduro nació en territorio venezolano es falso por las siguientes razones:

Porque la hoja de papel utilizada carece del sello del Concejo Municipal del Distrito Federal, requisito de validez ordenado por el artículo 446.3 del Código Civil. Orta utilizó como documento indubitado, para cotejar la firma del jefe civil, el acta anterior (No. 2822, de Diana Ferrier García). Obsérvese que ésta sí tiene el sello redondo en su parte superior derecha. Reseña el Miami Diario.

Porque cada hoja debe estar numerada y la correspondiente al acta Nº 2823 no lo está. Nótese que la 2822 tiene en la parte superior derecha, debajo del sello, el No. 433. Lo anterior puede ser constatado en este. Los libros de las parroquias o municipios debían estar foliados, y el artículo 447.4 del Código Civil ordenaba que el presidente del Concejo Municipal dejara constancia del número de folios que contenga el libro. Que no tenga el sello ni el número del folio significa que intercalaron una hoja con contenido falso, independientemente de que las firmas del jefe civil y de la secretaria hayan sido o no falsificadas.

Es falsa porque el acta dice al final: “Esta presentación fue ordenada por el procurador de menores”, y resulta que dicha mención fue insertada cuando el documento ya había sido cerrado o terminado de redactar; y prueba de esto es que después de esa mención escribieron “Terminó, se leyó y conforme firman”, cuando lo usual es que esto se escribe al final del documento y antes de las firmas.

Es falsa porque del lado derecho de la línea 26 dice “El Jefe Civil” (para colocar su firma debajo) y al comienzo de dicho renglón está la palabra “menores”, es decir, que para insertar la frase “Esta presentación fue ordenada por el procurador de menores”, usaron parte del renglón 26, lo cual, por anormal, corrobora la falsificación. Lo normal era que al finalizar dicha frase, haya punto y aparte y que la mención “El Jefe Civil” esté en el renglón 27. En síntesis, el formato oficial usual en todas las actas es el que se observa en el acta 2822 (Diana Ferrier). El desaguisado de la 2823 se ratifica con ver que la palabra “Presentante”, no fue escrita en el renglón 27 sino más arriba, pegada del renglón 26.

Es falsa porque al final de la frase “Terminó, se leyó y conforme firman”, el escribiente puso un punto con la intención de que fuese punto y aparte, como lo prueba el guión colocado (acentuada costumbre) después de dicho punto.

Es falsa porque, en 1964, los procuradores de menores no tenían atribuciones para ordenar a las jefaturas civiles las presentaciones de menores. La materia estaba regulada por el Código Civil; por el Decreto No. 409 del 28 de septiembre de 1946; y por el Decreto Nº. 300 del 30 de diciembre de 1949, por el cual se dictó el Estatuto de Menores. Ninguno de esos instrumentos legales atribuía tal facultad a los procuradores de menores.

Es falsa porque no expresa las circunstancias correspondientes a la procuraduría de menores, es decir, porqué intervino, qué se investigó y que decidió. El artículo 448 del Código Civil ordena expresar en la partida “las circunstancias correspondientes a cada acto”.

Es falsa porque en la partida ni siquiera consta cuál procuraduría supuestamente actuó

Es falsa porque ni siquiera se sabe si una procuraduría de menores intervino.

Es falsa porque ni siquiera aparece la fecha de la supuesta decisión de la procuraduría de menores; como tampoco un oficio de ella ordenando el levantamiento del acta.

Es falsa porque si la procuraduría hubiera ordenado la presentación del niño, sería lo más relevante del documento, por lo que es anormal que aparezca al final, como algo accesorio y sin explicación.

Descartamos que la procuraduría haya intervenido para investigar si Maduro nació en la Policlínica Caracas. Orta dijo a Nitu Pérez (EU En Vivo) que pudo ser por haber sido presentado el niño dos años después de nacido, lo cual no compartimos porque no consta en la partida, en la que ni siquiera se señala el número del expediente de la supuesta procuraduría, en el que se indiquen las circunstancias del parto, incluyendo el testimonio de los padres, del partero y de los testigos.

Es falsa porque se suministraron datos falsos, atribuyéndole un lugar de nacimiento (Caracas) sin el soporte correspondiente, que es la tarjeta de nacimiento hospitalaria.

El artículo 17 del Decreto No. 409 de la Junta Revolucionaria de Gobierno (Gaceta Oficial No. 22123, de 28 de septiembre de 1946), ordenaba que “Es además obligatoria la identidad: a) En las casas de maternidad, para los niños recién nacidos y sus respectivas madres”.

Si en la Jefatura Civil de La Candelaria están guardados los archivos de nacimiento de la Policlínica Caracas (derribada por la ampliación de la avenida México), ¿dónde está la tarjeta hospitalaria de Maduro?

Es nula porque la declaración del nacimiento y presentación del niño fue extemporánea, fuera de los veinte días que ordenaba el Código Civil, lo cual se exige justamente (ahora son 90 días), para impedir fraudes en la identificación

Es falsa la atestación porque es falso que la madre haya sido venezolana.

Es falsa la atestación porque es falso que el padre fue “economista, natural de Coro, estado Falcón”. No existe prueba de que fuese venezolano, como tampoco de que era economista. De opuesto a lo que dice el “Informe Orta”, existen fuertes indicios de que no lo fue.

Es falsa porque la jefatura de La Candelaria violó el artículo 470 del Código Civil, por no enviar copia de la partida a la jefatura de Santa Rosalía, que es la de la residencia de los padres (Valle Abajo, Los Chaguaramos). El Código es estricto porque ordena la remisión dentro de los diez días siguientes”.

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Importancia de las facturas y los comprobantes que la soportan: factura falsa del área de Deportes

Los comprobantes de la presunta factura falsa de Deportes, eliminados
http://www.lacomarca.net/ 17/05/2014

Nuevo episodio en la polémica de la presunta factura falsa del área de Deportes de casi casi 4.000 euros de diciembre de 2012. Cuando la oposición pidió el comprobante de la factura, un planillo de trabajadores y las actas de los partidos, desde el Servicio Municipal de Deportes se aseguró que se había borrado toda la documentación del ordenador del pabellón.

Por ello, se solicitó que el informático del Ayuntamiento lo revisara para comprobar si conseguía recuperar la información. Al parecer, el técnico no ha conseguido encontrar estos archivos aunque la oposición está a la espera de conocer el informe que entregará al secretario del Ayuntamiento sobre la investigación. «Cada uno que de la lectura que quiera. 

Nosotros lo único que nos encontramos en silencio, silencio y más silencio», asegura el portavoz socialista, Manuel Ponz.

Por su parte, el concejal delegado de Deportes, Nacho Esparrells, reitera lo que ya dijo en febrero, cuando dio el tema por zanjado en una rueda de prensa en la que habló por última vez del asunto. En aquella ocasión, el edil mantuvo que la factura es correcta puesto que está contrastada con los servicios jurídicos, intervención y el Servicio Municipal de Deportes. También se preguntó si el revuelo que ha ocasionado la factura se debe a que la oposición ya está «moviendo la maquinaria» de cara a las elecciones municipales de 2015. Esparrells recordó que en una reunión con el edil de Deportes y el secretario del Ayuntamiento a petición de Esparrells, los tres técnicos aseguraron que era la primera vez que veían la factura y que no estaban capacitados para afirmar si la factura era correcta o no.

Las dudas sobre la factura del área de Deportes surgieron porque la empresa facturaba alrededor de 2.000 euros mensuales por las actividades que realizaba en el pabellón. Sin embargo, en diciembre de 2012, mes de menor actividad deportiva, facturó casi 4.000 euros. La empresa cobró por 35 arbitrajes de los que presuntamente no se realizó ninguno. También facturó 32 clases de spinning y 45 sesiones de apoyo pero, al parecer, tan solo impartió 22 y 10 respectivamente.

Autor:  Laura Castel

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Archivo Judicial de Santiago instaura nuevo formato de certificación con 10 medidas de seguridad

El nuevo sistema antifalsificación que tienen las escrituras públicas
http://www.latercera.com/ 12/04/2014

El Archivo Judicial de Santiago estableció un formato con 10 medidas de seguridad. Tiene un adhesivo con holograma y un código de barra, entre otros elementos.

En junio de 2013 en el Archivo Judicial de Santiago detectaron una serie de irregularidades en las escrituras públicas. Testamentos, mandatos generales y contratos de compra venta fueron falsificados, imitándose los sellos y firmas del archivero. Tras esto, la Fiscalía Centro Norte comenzó a investigar a una presunta red de falsificadores de estas escrituras para obtener créditos bancarios. Sin embargo, en el Archivo también se tomaron medidas, estableciéndose una unidad antifraude y en febrero pasado la implementación de un nuevo formato de los protocolos notariales.

“Con la finalidad de evitar fraudes o perjuicios a terceros, se estableció un nuevo formato de certificación que cuenta con 10 medidas de seguridad”, señala el informe que el 19 de marzo el archivero judicial de Santiago, Francisco Leiva, le envío a la ministra visitadora de la Corte de Apelaciones de Santiago, María Soledad Melo.

Este nuevo formato fue luego informado al pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago y a la totalidad de los magistrados, notarios y conservadores del país.

De acuerdo al informe de Leiva, una de las modificaciones más destacables es la creación “del respaldo electrónico de todas las certificaciones en un repositorio (depósito digital de almacenamiento de archivos) propio e interno, que permite a cualquier organismo o interesado consultar de manera expedita y con absoluta certeza respecto a su autenticidad”.

A un adhesivo de seguridad con forma de holograma en el ángulo superior izquierdo, un código de barra digital y un timbre de tinta (ver infografía), se suma en el inverso del papel un sello digital de aprobación, el cual será entregado tras ser analizado por la recién creada unidad antifraude del archivo. También tendrá un certificado digital de vigencia, que se encontrará en la parte inferior de la hoja.

Otra de las medidas es la implementación de una firma electrónica en las escrituras públicas, la cual comenzará a funcionar el próximo 21 de abril.

“Pusimos dos stickers de seguridad. Uno que permite unir las hojas y así no pueden incorporar una hoja maliciosamente al medio ni modificarla. Tiene un adhesivo especial inviolable”, señala el archivero Francisco Leiva.

Añade que cuentan con timbres indelebles en partes específicas que sólo se pueden ver a través de luz ultravioleta. “Los timbres que ponemos son todos distintos, tanto el que pone la fecha como el del archivero. Tenemos 10 de cada uno de estos entonces vamos variando todos los días y los anotamos en un libro de repertorio”.

Según el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, Luis Maldonado, hace un tiempo que se percataron de estos cambios. “Nos empezaron a llegar copias del Archivo que vienen certificadas con un papel plateado y un número y las hojas están corcheteadas con ese sello, un triángulo que ponen en la esquina de las hojas”.

Maldonado valora estas medidas, tomando en cuenta que “las primeras falsificaciones que llegaron al conservador provinieron del archivo judicial”. Sin embargo, cree que no es suficiente. “Igualmente nosotros estudiamos a fondo cada escritura que llegue, porque lo falsifican todo, entonces a la larga nada es indestructible”, indica.

Modernización

Al aumento en los niveles de seguridad y autenticidad de los protocolos notariales, se suma un proyecto de digitalización de estas hojas.

“A fines de febrero se inició la digitalización de escrituras anteriores a 1984 (...). La instalación de dos nuevos scanners permitirán sextuplicar la producción actual. De esta forma, se espera completar íntegramente la digitalización de los protocolos notariales desde 1980 en adelante en un plazo de 18 meses”, señala el informe de Leiva.

El conservador Luis Maldonado valoró la iniciativa. “Me parece estupendo que estuviera todo digitalizado”.

por Javiera Matus

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VIOLACION DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD o su FALSIFICACION

Documentos de bebés abortados habrían servido para crear identidades falsas
http://diariolasamericas.com/ 10/04/2013

MIAMI.- Cuando el infortunio, por razones inesperadas, provoca el nacimiento prematuro de un bebe que no vivirá, este feto sirve para garantizar a futuro una identificación forjada en Venezuela. Las mafias que venden cédulas en esa nación funcionan desde hace décadas y, pese a intentos valiosos de depuración, continúan mercadeando la vida de quienes no cuentan con legitimidad.

En una entrevista exclusiva con el ex director del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), general Marco Ferreira, se conoció este modus operandi que facilita la legalización de personas nativas de otras naciones.

Es una práctica que se realiza desde hace décadas. Por requerimientos de ley, en las prefecturas o jefaturas civiles de Venezuela es necesario presentar la formalidad del lamentable parto. Puede tratarse de un aborto espontaneo o provocado, pero hace falta registrar la eventualidad en los libros respectivos.

En estos despachos laboran personas que, además de ser funcionarios, operan como extensiones de una red distribuida en distintas entidades para detectar estos eventos en oficios y utilizarlos con el paso del tiempo. Hay familias provenientes de un país en conflicto que arriban al suelo venezolano con previo contacto hacia gestores paralelos y llegan con la negociación casi lista para obtener la identidad de todo el grupo.

Marco Ferreira explicó que de acuerdo a las edades de los miembros, pueden acercar a las familias hacia el territorio donde más se facilita la falsificación. “Los gestores indagan en aquellas defunciones cuyas presentaciones pueden coincidir con la edad aproximada de solicitante. Una vez detectada en los libros, desprenden esa página para sustituirla por la partida de nacimiento falsa del cliente”.

Allí no culmina el proceso. El general Ferreira dijo que el siguiente paso es llevar al grupo hacia la sede más cercana del SAIME para realizar la solicitud de la cédula de identidad. En ese departamento, se exige la presentación de un documento para comprobar el nacimiento. “Se entrega el oficio de la prefectura y un funcionario debería corroborar la veracidad del papel en la oficina que lo expidió. Generalmente, al cruzar esa información, la operación cuenta con la complicidad de un gestor irregular y aprueba con engaño premeditado esa partida”.

Después, pese a las dudas por la edad avanzada de los solicitantes, se emite la cédula de identidad y el mismo día, el grupo familiar puede contar con un pasaporte supuestamente legal, con los sellos y firmas de rigor. Así estaría la diligencia completa, anteriormente estipulada desde el exterior con la asistencia de las mafias en la extranjería venezolana.

Marco Ferreira contó al Diario Las Américas que durante su jefatura fue solicitada una averiguación por parte de la embajada de los Estados Unidos hacia algunos beisbolistas quienes, por trámites con gestores, lograron cambiar su edad para ajustarse a las exigencias de las ligas menores norteamericanas y poder firmar con esos equipos.

Según Ferreira muchas de las familias son llevadas hasta ciudades de los estados Barinas, Zulia, Táchira e incluso el Distrito Capital. Estas personas, generalmente provienen de países en conflicto que arriban a Venezuela para contar con seguridad social, un sistema de salud y educación adecuada para los hijos, además de oportunidades de negocios.

POR JOSÉ PERNALETE

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