La Justicia, implacable con las titulaciones ‘fake’: condenas por intrusismo y falsedad documental
https://www.vozpopuli.com/
Blanca Valdés Mañas
Al menos decena de figuras políticas han estado en el punto de mira por adornar sus currículum
Al menos decena de figuras políticas han estado en el punto de mira este último mes por sus titulaciones 'fake' para adornar sus currículums con másteres que no eran másteres, carreras que no estudiaron o títulos propios que no están reconocidos por el Estado. El caso de Noelia Núñez, que dimitió como vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP y diputada en el Congreso tras reconocer que no era licenciada en Derecho, parecía un caso aislado, pero no.
Le siguió Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, que no es licenciada en Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual. Ana Millán, vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, no es titulada en Ciencias Políticas, tal y como aparece en diversos folletos. El Delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha estado presentándose durante 20 años como diplomado en Derecho Tributario sin tener los estudios, tal y como ha revelado Vozpópuli en diversas exclusivas.
Patxi López, portavoz de los socialistas en el Congreso, sigue presentándose como ingeniero industrial por la Universidad del País Vasco a pesar de que nunca acabó la carrera. Manuel Borrego, secretario general del PSOE en Badajoz, no terminó sus estudios en Ingeniería Química. Pedro Rollán, presidente del Senado, eliminó de su currículum que era diplomado y que tenía dos máster porque no eran títulos oficiales, entre otros.
Sin embargo, la justicia es implacable con este tipo de situaciones. En 2010, el Tribunal Supremo analizó el caso de un hombre que acudió al Colegio de Abogados de Madrid con un título de licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid que era de otra persona.
Lo manipuló para poner su nombre, apellidos y plasmó el sello y la firma de un notario que no existía. Su objetivo era usar esa colegiación para poder acceder a un puesto de director de relaciones laborales. También se inventó una larga y tendida experiencia laboral en el sector. El engaño tuvo éxito ya que consiguió el puesto y, durante ocho años, la empresa asumió el pago de su cuota como colegiado, lo que supuso un desembolso total de 9.555 euros.
El asunto pasó primero por la Audiencia Provincial de Madrid, que le condenó por un delito de intrusismo profesional agravado y otros dos de estafa (engañó a dos empresa) a cuatro años de prisión y a devolver el dinero que abonaron por su colegiación. El acusado recurrió al Supremo, pero confirmó la pena.
Despidos y falsificación en documento público
Un caso similar se enjuició en la Audiencia Provincial de Lleida en 2016, que condenó a una mujer como autora responsable de un delito de falsificación en documento público u oficial a 6 meses de prisión ya que, para ser contratada por el Ayuntamiento de Lleida a través del Colegio Riu Segre aportó su currículum académico, que incluía un certificado de monitor de patinaje artístico, emitido por la Federación Catalana de Patinaje. Documento que era falso.
En esta misma línea, un juzgado de lo Penal de Madrid condenó en junio una persona a 6 meses de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso medial con un delito de intrusismo profesional por falsear su título de enfermero.
Además, el Tribunal Superior de Justicia de León declaró en 2021 procedente el despido de un trabajador que mintió por partida doble. Dijo en currículum que podía desempeñar trabajos físicos porque sólo estaba impedido para la construcción. Sin embargo, un informe emitido por el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) reveló que tenía problemas en las piernas, columna vertebral, síndrome de túner carpiano y síndrome álgico.
Tenía una discapacidad del 33%. También falseó otro documento que tuvo que firmar antes de incorporarse a trabajar en el que aseguraba a la empresa que no tenía limitaciones físicas para manipular cargas, una tarea esencial porque iba a ser contratado para repartir mensajería y paquetes. Unas sentencias que demuestran que falsear titulaciones tienen consecuencias.
El delito de falsedad documental se comete cuando el autor altera, simula, modifica o falsifica un documento o parte del mismo. Se considera falsedad documental tanto la creación de un documento nuevo a partir del falso como la adulteración de uno de los elementos del documento.
El delito de falsedad documental: regulación y penas
https://www.dexiaabogados.com/
- Arturo González Pascual
La falsedad documental o falsificación de documentos es un delito regulado por el Código Penal español. En este post analizamos qué tipos de delitos de falsedad documental existen y con qué penas se castigan.
¿Qué es la falsedad documental?
El delito de falsedad documental es aquel que se comete alterando o falsificando los elementos esenciales de un documento verdadero para convertirlo en falso, o bien creando un documento nuevo y verdadero a partir de un hecho falso.
¿Qué se entiende por “documento” en la ciencia penal?
A tenor del artículo 26 del Código Penal se extrae la definición de documento, a partir de la cual podremos saber qué archivos son aquellos que pueden ser objeto de un delito de falsedad documental.
A los efectos de este Código se considera documento todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica.
¿Dónde se regula el delito de falsedad documental?
Los delitos de falsedad documental se sitúan en el Título XVIII (de las falsedades), Capítulo II (de las falsedades documentales), artículos 390 a 399 del Código Penal (CP).
¿Qué clases de documentos tienen cabida en este delito de falsedades?
Los documentos que tras ser alterados pueden encajar en un delito de falsedad documental son los que se indican a continuación:
Documentos públicos, especificados en el artículo 1216 del Código Civil: "Son documentos públicos los autorizados por un Notario o empleado público competente, con las solemnidades requeridas por la ley."
Documentos oficiales, que son aquellos expedidos y firmados por funcionarios en el ejercicio de sus funciones.
Documentos mercantiles, son los que encierran cualquier acto o derecho de naturaleza mercantil.
Documentales privados, que según la doctrina hacen referencia a aquellos que no constituyen un documento oficial, mercantil o público.
¿Cuál es el bien jurídico protegido en los delitos de falsedad documental?
El bien jurídico protegido a través de la tipificación del delito de falsedad documental es la veracidad de la que gozan determinados objetos en el tráfico jurídico como medios de prueba.
En otras palabras, se podría decir que el bien afectado y protegido por este hecho ilícito es la confianza en la autenticidad del documento y en la información veraz de su contenido probatorio.
¿Cuáles son los requisitos de un delito de falsedad documental?
Objetivamente hablando, se necesitará la presencia de los siguientes elementos para corroborar que se está ante un delito de falsedad documental: debe producirse una alteración de la verdad (mutatio veritatis) en alguno de los elementos esenciales del documento y ese cambio en los datos ha de ser lo suficientemente importante como para afectar a las consecuencias jurídicas que provocaría ese documento.
Por otro lado, desde el punto de vista subjetivo, los elementos esenciales que han de concurrir para afirmar la presencia de este delito son la conciencia y la voluntad del autor para alterar el documento en cuestión.
¿Qué tipos de falsedad documental contempla el Código Penal?
En el Capítulo II del Título XVIII del Código Penal aparecen diferentes secciones, en cada una de ellas se trata una forma diferente de cometer este delito y se establecen diferentes penas.
Así, se distinguen los siguientes tipos de falsedad documental:
1. Falsedad en documento público
Se regula en la sección 1ª (De la falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles y de los despachos transmitidos por servicios de telecomunicación), artículos 390 a 394. Este delito puede ser cometido tanto por funcionarios o autoridades públicas, como por particulares.
Si lo comete un funcionario o autoridad pública, de forma dolosa, se castiga con penas de prisión de 3 a 6 años, multa de 6 a 24 meses e inhabilitación especial por tiempo de 2 a 6 años:
1. Será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad:
1.º Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial.
2.º Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad.
3.º Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho.
4.º Faltando a la verdad en la narración de los hechos.
Si lo comete un funcionario o autoridad pública, por imprudencia grave, según el artículo 391 del CP, será castigado con penas de multa de 6 a 12 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 1 año.
La autoridad o funcionario público que por imprudencia grave incurriere en alguna de las falsedades previstas en el artículo anterior o diere lugar a que otro las cometa, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a un año.
Pero como vemos también puede ser cometido por un particular, en función de lo establecido por el artículo 392 del CP y castigado con penas de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses.
1. El particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil, alguna de las falsedades descritas en los tres primeros números del apartado 1 del artículo 390, será castigado con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.
El que, para perjudicar a otro, cometiere en documento privado alguna de las falsedades previstas en los tres primeros números del apartado 1 del artículo 390, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.
En este supuesto también se diferencia entre el delito cometido por funcionario público y el cometido por un particular.
Por funcionario o autoridad pública, castigado con la pena de suspensión de 6 meses a 2 años:
La autoridad o funcionario público que librare certificación falsa con escasa trascendencia en el tráfico jurídico será castigado con la pena de suspensión de seis meses a dos años.
Este precepto no será aplicable a los certificados relativos a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública.
Por un particular, castigado con pena de multa de 3 a 6 meses:
1. El particular que falsificare una certificación de las designadas en los artículos anteriores será castigado con la pena de multa de tres a seis meses.
4. Falsificación de tarjetas de crédito y débito, cheques de viaje y demás instrumentos de pago
Sección 4ª (De la falsificación de tarjetas de crédito y débito, cheques de viaje y demás instrumentos de pago distintos del efectivo), artículos 399 bis y 399 ter.
1. El que altere, copie, reproduzca o de cualquier otro modo falsifique tarjetas de crédito o débito, cheques de viaje o cualquier otro instrumento de pago distinto del efectivo, será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años. (...)
Artículo 399 bis del Código Penal
Aquí un ejemplo concreto pero en Mexico
Sentencian a 7 años de prisión a Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, por falsificación de documentos
https://www.infobae.com/
Ale Huitron
Esta sentencia se suma a procesos penales que mantiene abiertos por delitos electorales por el caso PROSA y ejercicio indebido de funciones por FIRCAES
El pasado martes Sandoval fue vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 156 millones de pesos. FOTO: CUARTOSCURO.COM
Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, fue sentenciado a siete años de prisión tras acreditarse su responsabilidad en el proceso penal por el delito de falsificación de documentos en general, en su modalidad de uso de documento falso.
La Fiscalía General de Nayarit informó que un Juez dictó la sentencia este jueves 18 de septiembre, en el que las investigaciones lograron determinar que el sentenciado utilizó un documento apócrifo con el objetivo de apropiarse de un inmueble en el municipio de San Blas.
De acuerdo con los datos, este caso se centra en la apropiación de un terreno de 58 hectáreas con vocación agrícola y ganadera, en la que Sandoval falsificó la firma del propietario original y registró el predio a su nombre.
Con este hecho, el exgobernador afectó el patrimonio de las víctimas y atentó contra la legalidad, por lo que se determinó su culpabilidad y posterior sentencia.
Además de la pena de prisión, a Sandoval se le impuso una multa de 70 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de la reparación del daño, cuyo monto será determinado en la etapa de ejecución.
La Fiscalía del Estado detalló que aún se encuentran dos procesos penales abiertos en contra del exgobernador: uno por delitos electorales por el caso del Programa de Seguro Alimentario (PROSA) y otro por ejercicio indebido de funciones en el manejo del Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales del Estado de Nayarit (FIRCAES).
El pasado 9 de septiembre la Fiscalía Estatal confirmó que se emitió fallo condenatorio en contra del exgobernador por este delito, por lo que se esperaba que el día 11 del mismo mes se realizara la audiencia de individualización de sanción.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó este martes que Roberto Sandoval fue vinculado a proceso por segunda ocasión por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 156 millones de pesos.
Esto ocurrió luego de que un Juez de Control determinó el pasado 11 de septiembre vincularlo a proceso tras una audiencia que duró casi 48 horas, en la que se dio cumplimiento a una ejecutoria de amparo que el exgobernador obtuvo a su favor.
Dicho amparo ordenó que el Juez de Control repusiera la audiencia inicial, motivara y fundara su resolución.
Luego de que la FGR emitió sus argumentos para atribuirle a Sandoval su posible participación en la comisión del delito, el Juez de Control consideró que existían indicios razonables para procesarlo.
Con dos procesos pendientes, Roberto Sandoval permanecerá recluido en el Cefereso número 4, ubicado en Tepic, Nayarit, donde se encuentra desde el año 2021.
Palencia, epicentro de la Archivística https://www.elnortedecastilla.es/ Marta Moras Boada
Más de un centenar de especialistas en historia, archivística y patrimonio documental participan en el XXXIV Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, que se celebra hasta este viernes en Palencia.
Los participantes han completado este miércoles la primera jornada con una visita guiada por la ciudad y también disfrutaron de un recorrido nocturno por la Catedral, conocida como La Bella Desconocida. El congreso continuará este jueves con ponencias centradas en las universidades de la Corona de Aragón y en el archivo de la Universidad de Salamanca, además de visitas a enclaves emblemáticos de la provincia como San Juan de Baños, Dueñas y La Trapa.
El viernes clausurará la jornada el catedrático vallisoletano Félix Javier Martínez Llorente y un recorrido por los Campos del Renacimiento, como colofón a una cita que sitúa a la provincia en el mapa nacional de la archivística y de la historia universitaria.
Palencia acogerá en septiembre el XXXIV Congreso de Archiveros de la Iglesia en España https://cadenaser.com/
Palencia acogerá en septiembre el XXXIV Congreso de Archiveros de la Iglesia en España
La ciudad de Palencia será la anfitriona del XXXIV Congreso de Archiveros de la Iglesia en España, un evento que reunirá a expertos en un entorno cargado de historia y espiritualidad. Conocida como la antigua Pallantia, Palencia, descrita por Santa Teresa de Jesús en 1582 como una ciudad de «gente de la mejor masa y nobleza», ofrecerá a los asistentes un marco incomparable para explorar la riqueza de sus archivos eclesiásticos y su legado cultural.
Los asistentes al Congreso no solo profundizarán en la importancia de los archivos eclesiásticos, sino que también podrán sumergirse en el arte y la historia de Palencia. Este encuentro promete ser una experiencia única, donde pasado y presente se entrelazan en una ciudad que sigue siendo un faro de nobleza y cultura.
Cada año, este Congreso reúne entre 80 y 100 profesionales vinculados a los Archivos Eclesiásticos de diversas diócesis, universidades e instituciones religiosas de España. Además, el evento está abierto a otros participantes interesados, como archiveros locales de la sede anfitriona, en este caso Palencia, lo que enriquece el intercambio de experiencias y conocimientos sobre la gestión y conservación del patrimonio documental.
La consulta a archivos se reanuda con un máximo de diez documentos si es presencial y quedarán diez días en cuarentena
http://www.diariosigloxxi.com/
MADRID, 04 (SERVIMEDIA) La consulta a archivos se reanudará a partir de este lunes en la llamada ‘fase 0’ o de reactivación, aconsejando su acceso de forma telemática, o limitándola a diez documentos si resulta obligado proporcionarlos de manera presencial y que deberán quedar en ‘cuarentena’ durante diez días antes de estar disponibles de nuevo.
Así consta en la orden ministerial que firma el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y que se publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), abriendo el servicio de archivos a consulta al público a la vez que se producirá una apertura gradual del resto de establecimientos y comercios pequeños o la hostelería y restauración.
Así, los archivos prestarán sus servicios “preferentemente por vía telemática”, mediante solicitudes y peticiones que serán atendidas, cuando resulte posible, por los servicios de información, administración y reprografía digital.
Se registrarán y atenderán por orden de recepción y entregarán las correspondientes copias digitales o en papel, obtenidas a partir de soportes digitales, “hasta un máximo de veinticinco unidades”. Si resulta imposible esta fórmula y toca acceder a ejemplares in situ, se limitará a los citados diez documentos o unidades de instalación física en que éstos se encuentren, por jornada de trabajo y en las dependencias oportunas, previa cita y también atendidas por riguroso orden de solicitud.
En ambos casos, presencial y telemático, se dará prioridad a las peticiones de información y las copias de documentos que deban aportarse en procedimientos administrativos y judiciales, y comunicar al usuario si resulta imposible por razones justificadas, como puede ser no disponer de salas adaptadas para la situación del Covid-19.
A pesar de abrirse el servicio, no se podrán utilizar los ordenadores y medios informáticos de los archivos, destinados para el uso público por usuario ni por investigadores. Sí podrán, sin embargo,
utilizar sus equipos y recursos personales con conectividad a la red durante su estancia en las salas de consulta o en las que se habiliten para tal fin.
Cuando tengan acceso a un documento físico quedarán en cuarentena durante un período mínimo de diez días antes de poder ser utilizados de nuevo. Para que accedan a las instalaciones, las empresas o entidades tendrán que adoptar las medidas adecuadas para proteger su salud y evitar contagios, manteniendo la correspondiente distancia interpersonal, tanto en los circuitos de comunicación y demanda de servicios administrativos, como en las salas de trabajo y consulta, o en cualesquiera otras dependencias y espacios de uso público.
Asimismo, deberán poner a disposición de quienes accedan a los mismos agua, jabón, toallas de papel desechables y soluciones hidroalcohólicas; y adoptar también los correspondientes protocolos de seguridad para los trabajadores.
Los pequeños comercios reabren el lunes: la letra pequeña del BOE con los requisitos
https://www.elperiodico.com/
Peluquerías, pequeños comercios y restaurantes con opción de recogida en tienda podrán reabrir a partir de este lunes. La fase 0, la vigente en la mayoría de provincias, permitirá la vuelta a la actividad de todos aquellos comercios de hasta 400 metros cuadrados, aunque siempre con la obligación de tener cita previa. La atención individualizada y la distribución un trabajador por cliente es la norma que explicita la orden ministerial publicada este domingo en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esta también establece que, durante la fase 0, los comercios deben facilitar una atención preferente a los mayores de 70 años y concederles cita entre 10 de la mañana y 12 del mediodía, la franja habilitada para sus paseos.
Los negocios que ya tenían autorización para seguir operando de cara al público podrán continuar con los mismos protocolos de prevención y seguridad exigidos hasta ahora. Es decir, no es necesario pedir cita previa para acudir a comprar al supermercado, a la charcutería o cualquier otra tienda de suministros de primera necesidad. Simplemente se deberán respetar los mismos protocolos que han regido hasta ahora para este tipo de negocios, como el uso de guantes, gel desinfectante y restricciones de aforo para entrar, entre otros.
El resto de comercios tendrán la posibilidad de reabrir sus establecimientos, siempre que estos no superen los 400 metros cuadrados o estén ubicados en un centro comercial o recinto de similares características. Y estos tendrán vetados las zonas de espera dentro de los locales para que un cliente aguarde a ser atendido. Lo que implica que si un usuario llega antes de su hora o de que el profesional de rigor haya acabado de atender a la persona del turno previo, deberá esperar fuera del local. Asimismo, los clientes que acudan a los establecimientos con cita previa tendrán prohibido, en la medida que ello no sea inevitable, el uso de los aseos.
En el caso concreto de las peluquerías, donde el mantenimiento de la distancia de seguridad de dos metros entre cliente y profesional es imposible, el empresario deberá garantizar el "equipo de protección individual oportuno", según consta en el BOE, tanto para peluquero como para cliente. Y, en caso de coincidir más de un cliente a la vez en el establecimiento, estos sí deben guardar la distancia de seguridad de dos metros. Dejando, si fuera necesario, una butaca vacía entre corte de pelo y corte de pelo.
Recogida en tienda
En paralelo a las empresas que reabran desde el lunes con cita previa, la orden ministerial publicada este domingo en el BOE también habilita a reabrir a los negocios que operen a través de un sistema de recogidas. Es decir, los consumidores no podrán acceder al interior de los locales, pero sí podrán contactar con los mismos para preordenar una comanda y desplazarse hasta el establecimiento para recogerla. Esto impera tanto para los restaurantes y la venta de comida para consumo en el domicilio, como para otro tipo de actividades y productos.
Los desplazamientos a los establecimientos y locales solo podrán efectuarse dentro del municipio de residencia del comprador. Y la empresa comercializadora de estos servicios tiene la obligación de garantizar las medidas necesarias para evitar aglomeraciones de gente en el exterior de su local esperando a poder recoger su pedido.
En los establecimientos y locales comerciales que cuenten con zonas de autoservicio, deberá prestar el servicio un trabajador del establecimiento, con el fin de evitar la manipulación directa por parte de los clientes de los productos. Y quedan vetados los productos de prueba. Desinfección dos veces al día
En los comercios que pueden a abrir se tendrán que desinfectar las instalaciones al menos dos veces al día, una de ellas al cierre y con diluciones con lejía o desinfectantes comerciales y autorizados por el Ministerio de Sanidad. La desinfección tras cerrar será de carácter obligatorio y la otra limpieza será en la franja que decida el empresario. No obstante, las autoridades recomiendan que esta sea al mediodía, realizando una pausa en la atención al público.
De cara a la prevención de riesgos para los trabajadores, los puestos de trabajo deberán ser desinfectados en cada cambio de turno. Y las empresas tienen la obligación de proveer de los equipos de protección individual (epi) y deberán desecharlos tras ser usados. Los uniformes y ropa de trabajo deberán lavarse en ciclos de 60 a 90 grados. Los clientes no podrán usar los baños a no ser que sea una extrema necesidad. A su vez no deberán incorporarse al trabajo los empleados con síntomas o que estén en cuarentena y deberá suprimirse el tema de fichaje con huella dactilar.
El Gobierno también ha aprobado medidas extraordinarias de precaución en el caso de tiendas de ropa. Aquellas piezas que un cliente se haya probado y que finalmente no compre deberán ser apartadas y lavadas con las oportunas medidas de seguridad. Y los probadores quedan limitados a uno por persona y los trabajadores del negocio deberán limpiarlos y desinfectarlos después de cada uso.
El Gaiás exhibirá el manuscrito con el itinerario que llevó a la noble romana Egeria desde Galicia a Tierra Santa https://www.20minutos.es/
El primer relato de viajes del que se tiene constancia en España fue escrito hace 16 siglos por una aristócrata de la Gallaecia romana, Egeria, que recogió en él su peregrinación a Tierra Santa.
El manuscrito más antiguo en el que se narra este viaje, datado del siglo XI, está ya en el Museo Centro Gaiás, donde ha llegado procedente de la biblioteca italiana de Arezzo para exhibirse dentro de la muestra 'Galicia, un relato no mundo', incluida en la programación del Xacobeo 21 y que se inaugurará la próxima semana.
Egeria está considerada la primera mujer escritora de la que se tiene constancia en la Península Ibérica, así como la primera peregrina que relató su viaje en un diario, escrito a modo de cartas en las que describía aquellos lugares que recorría y que incluyen Egipto, Antioquía, Edesa o Constantinopla.
La 'Peregrinatio Egeriae' está recogida en el Codex Aretinus 405, descubierto en 1884 por Gian Francesco Gamburrini en la Biblioteca Arezzo. Este texto data del siglo XI, cuando fue transcrito a partir de un manuscrito anterior.
Desde su descubrimiento, el 'Itinerario de Egeria' ha sido objeto de numerosas ediciones y traducciones en todo el mundo. Pese a que el manuscrito se conserva incompleto, se trata de una de las fuentes más valiosas para conocer el papel de la mujer al final del Imperio Romano, la espiritualidad de la época o la transición entre el latín culto y el vulgar que, posteriormente, daría lugar a las lenguas romances.
La exposición 'Galicia, un relato no mundo' explora los mitos, la historia y la memoria de la identidad gallega a lo largo del tiempo y del mundo. Para ello, agrupa más de 300 piezas entre las que destacan elementos de la relevancia del Libro de las Invasiones, el Mapa de Sawley, la Biblia Kennikott o la 'Santa' de Francisco Asorey.
Galaroza, años treinta: Lieva documenta una de las etapas menos conocida de la localidad cachonera http://revista.lamardeonuba.es/
La investigación histórica está viviendo momentos importantes en Galaroza. El Archivo Municipal y las colecciones privadas están aportando datos de mucho interés pertenecientes a diversas etapas históricas que están siendo sacados a la luz por parte de personas y colectivos. Su divulgación a través de boletines culturales y las redes sociales está aportando un relevante caudal de información y está despertando muchas emociones en los cachoneros.
Uno de los artífices de esta acción cultural es la Asociación Lieva, que publica revistas como ‘La Regaera’ o el ‘Boletín de Archivos Cachoneros’ en los que se incluyen datos, documentos y fotos fruto de sus investigaciones.
Su trabajo más reciente está siendo el descubrimiento y recopilación de datos y archivos procedentes de la década de los años 30 del siglo XX, desarrollado gracias al proyecto que presentó el Ayuntamiento de Galaroza denominado ‘Rescate de la Memoria cachonera, el rescate del olvido’, y que ha sido apoyado por Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática.
Entre las finalidades perseguidas, se encuentra la búsqueda de documentos de la década de los años treinta en archivos públicos y privados, conversaciones con vecinos para detectar otros documentos, sobre todo fotografías para que puedan incorporarse al proyecto, concienciación de los más jóvenes en valores como el respeto y la convivencia, la puesta a disposición del Ayuntamiento de un amplio catálogo de archivos escaneados para que formen parte de su archivo o la investigación de otros relatos que puedan incluirse en este discurso cachonero.
Las tareas están procurando una amplia cantidad de documentación entre las que se encuentran una memoria de gestión del Ayuntamiento republicano desde 1931 a 1935, los expedientes carcelarios de cachoneros a partir de 1936, microbiografías de vecinos represaliados y asesinados, trabajos de creatividad en torno a la tragedia de la Guerra Civil, detalles sobre la persecución religiosa, fotografías de lugares y escenas propias de la época y un sinfín de datos que están siendo recopilados.
Entre los documentos recogidos se encuentran cientos de reseñas procedente de hemerotecas y archivos de medios de comunicación como Odiel, ABC, La Vanguardia, El Sol o El Heraldo, que recogen lo más relevante sucedido en Galaroza durante el período entre 1930 y 1940. La investigación se extiende también a la esfera social, incluyendo descripciones y documentos relativos a iniciativas de los vecinos durante esa etapa, tales como la convivencia en Casinos de Sociedad como la ‘Unión Recreativa’ o la ‘Unión Patronal’, la creación del Club Deportivo Cachonero, la memoria de la Sociedad de Socorros Mutuos ‘La Alcancía’ o iniciativas culturales como el periódico ‘El Manicomio’.
Además, el objetivo es, sobre todo, la sistematización y catálogo de los documentos dispersos y su recopilación y unificación, para que todo quede condensado en un cuerpo archivístico que pueda ser consultado por investigadores e historiadores.
Otra finalidad del proyecto es la difusión de este trabajo mediante boletines culturales y la divulgación en medios de comunicación y redes sociales, a través de los cuales los cachoneros podrán conocer su historia y el público en general pueda apreciar este amplio trabajo de investigación.
Para la Asociación Cultural Lieva, sobre la que recae la responsabilidad de la investigación, supone uno de los retos más importantes para 2019, año en que celebra su vigésimo aniversario. La conmemoración de esta efeméride estará compuesta por un amplio programa de actividades con el que van a colaborar instituciones como la Fundación Unicaja.
La Policía Nacional recupera el archivo desaparecido de Juan de la Cierva https://www.laverdad.es/
Se trata de 938 legajos, 117 cajones, 19 archivadores, 150 carpetas y 157 libros contables que el bisnieto del ministro trasladó a un lugar desconocido hasta la fecha
Una operación desarrollada por la Policía Nacional en los últimos días ha permitido recuperar cientos de archivos del fondo documental de Juan de la Cierva y Peñafiel, ministro de Gobernación, Guerra, Hacienda y Fomento durante el reinado de Alfonso XIII. Los archivos, de gran valor histórico, se encontraban desaparecidos desde el año 1998.
En los últimos días los investigadores los hallaron en un local de Murcia y en una nave de Cabezo Cortado. Se trata de 938 legajos, 117 cajones, 19 archivadores, 150 carpetas y 157 libros contables que el bisnieto del ministro trasladó a un lugar desconocido hasta la fecha. Entre los documentos figuran cartas del ministro con Azorín o Ramón y Cajal.
Documentos históricos. El entonces jefe del Estado, Francisco Franco, con uniforme de Aviación, pasa revista a las tropas alemanas el 22 de mayo de 1939. A su lado va el general Wolfram von Richthofen, jefe de la Legión Cóndor, que destruyó Gernika el 26 de abril de 1937 / Gutmaro Gómez Bravo lleva décadas estudiando lo que ocurrió en España antes, durante y después de que la Guerra Civil enfrentara a vecinos, hermanos y amigos, dejando un inmenso reguero de sangre. Por eso, la idea de que el Ministerio de Defensa se decida a desclasificar documentos militares de aquellos años infernales, le parece a este profesor de Historia Contemporánea de la Complutense el mejor de los regalos.
Para él, como para buena parte de la familia de investigadores de este país que se han dejado las pestañas estudiando aquella época, la situación y gestión de muchos de esos archivos es algo difícil de entender. «Es complicado explicar lo que llega a sentir uno sabiendo que están ahí y que no se pueden consultar. De algún modo, siempre tienes la impresión de que te falta algo. Por eso, la desclasificación de esos documentos es la mejor de las noticias, la llave que abre la puerta a la validación de muchos trabajos en algunos casos y el estímulo que anima a seguir e, incluso, a corregir si es necesario», dice quien atesora más de media docena de libros que analizan aquella época, ahora que Defensa ha decidido abrir 500 cajas del Archivo Militar de Ávila con documentación anterior a 1968.
Gómez Bravo asegura que, de poder acceder a ese enorme armario repleto de secretos, él iría de cabeza a consultar todos los documentos relacionados con la coordinación del golpe de Estado de 1936 a nivel territorial. «Eso tiene tela; es muy importante porque ahora sabemos que aquí o allí triunfaron unos u otros por diversas razones, pero son básicamente razones ideológicas. Acceder a esa documentación, que no es propaganda sino material de trabajo de aquel momento, desvelaría muchas incógnitas. Desde el funcionamiento, a las armas utilizadas, la financiación... Es fundamental manejar información sin contaminar porque eso es irrefutable, más allá de que, cada cual, haga luego la lectura que considere».
Ni él, ni colegas como Jorge Marco, se explican por qué, si en todos los países modernos está perfectamente regulado por ley este asunto, en España investigar determinados periodos recientes de nuestra historia es sumirse en una horrible pesadilla. Reino Unido, todo facilidades
«El problema es que en España no disponemos de una ley que obligue a ir desclasificando documentos como ocurre en otros países. Aquí depende del gobierno de turno, sea del signo que sea. Y eso, aunque quieran percibirlo así, es una clara vulneración de los derechos de los ciudadanos. Es lógico pensar que debe haber cierto control sobre determinados documentos por razones de seguridad, pero estamos hablando de información que nada tienen que ver con eso», afirma Marco, profesor de Política y Estudios Internacionales en la Universidad de Bath (Reino Unido).
El historiador madrileño, experto en la violencia y la memoria de la Guerra Civil, asegura que se podría escribir un libro sobre las aventuras y desventuras de un investigador en España. «Realizando mi tesis estuve tres años intentando por todos los medios llegar a unos documentos y finalmente lo conseguí gracias a una suerte de cadena de contactos. Eso es inaceptable. En el Reino Unido voy al Foreign Office, saludo y consulto lo que quiero».
Él, si hoy le abrieran a la puerta a todo eso que lleva décadas bajo llave, iría directo a los archivos del Ministerio de Interior para investigar sobre la Brigada Político Social, vinculada a la Dirección General de Seguridad. «Llevo años intentándolo sin conseguirlo. En la época de Zapatero, el equipo de investigación del que formaba parte llegó incluso a reunirse con personas muy cercanas al presidente, pero nada. Una y otra vez nos repetían que aquellos documentos no estaban catalogados... y punto».
Marco, que nació en 1977, dos años después de la muerte de Franco, no entiende a quienes alimentan la idea de que recordar el pasado puede abrir viejas heridas, especialmente cuando muchos, como él o la profesora de la Universidad de Cantabria Rebeca Saavedra, pertenecen a una generación que no mira con rencor al pasado. Bombardear el arte
Saavedra tampoco entiende que todos esos fondos, no solo los del Archivo Militar de Ávila, sino los que se atesoran en los ministerios de Interior, Exteriores, Defensa, Hacienda... de la Guardia Civil, la Policía... no estén al alcance de los ciudadanos. «Analizar esos archivos es la única manera de dar solvencia a tu trabajo», dice esta historiadora a la que le encantaría poder consultar las órdenes de bombardear diferentes objetivos en los últimos años de la guerra.
Autora del libro 'Destruir y proteger. El patrimonio histórico artístico durante la Guerra Civil', mantiene que conocer si se dieron órdenes de bombardear las rutas establecidas para la salida del patrimonio, si se hizo sabiendo lo que estaba en juego, o no, aclararía mucho las cosas. «Es vital que los fondos sean accesibles; que se abran. Ningún historiador puede pensar lo contrario».
Aquí las cosas no funcionan como deberían. Cada año, muchos historiadores españoles esperan con ansia la desclasificación de documentos secretos que de forma automática aplica el Gobierno británico. En el reino de Isabel II todos los archivos son públicos a partir de 30 años, y gracias a ellos supimos que Franco censuró el accidente nuclear de Palomares (Almería, 1966) o tuvimos noticias de la cooperación del franquismo con Hitler en lo que se bautizó como 'Operación Carne Picada'. «Necesitamos pruebas»
«Los historiadores necesitamos pruebas demostrativas y esas pruebas están ahí, en los archivos militares, en los de los organismos de la función pública, de la policía... son tan importantes como que, sin ellos, muchas veces no hay nada. ¿Qué deberíamos tener? Una buena ley es clave, decisiva para conservar con buena salud una democracia. Con garantías de seguridad, claro, pero es la condición para conservar la verdad», afirma Enrique Moradiellos, catedrático de Historia Contemporánea con una lista de reconocimientos (incluido el Premio Nacional de Historia) casi tan larga como el de publicaciones en las que bucea en la insurrección militar española de 1936, las dimensiones internacionales de la Guerra Civil o la figura del dictador.
UN DERECHO MUY LIMITADO
Lo que dice la ley. La Ley de Transparencia, en su artículo 12, declara el principio del derecho de acceso a la información pública. Sin embargo, muy poco más allá, en el artículo 14, se encarga de fijar los «límites al derecho de acceso» y la lista de materias reservadas es larga. «El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, [.] los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria [.], la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión, o la protección del medio ambiente».
Él (que ha acuñado eso de que «en el hoy están los ayeres» que repite cada año a sus alumnos, y que no ha tenido problema en afirmar que, si odias mucho a Franco, deberías dedicarte a estudiar música porque no sirves para historiador) reconoce con resignación que a ningún gobierno este asunto le ha parecido una prioridad. «Durante años, para acceder a determinados documentos había que contar con el permiso de tal o cual político o militar y, si el asunto estaba depositado en un archivo provincial, con el beneplácito del responsable de Cultura de turno de la Diputación. Ese no debería ser el criterio. Los archivos son nuestros laboratorios. Los cuadros se pintan con pequeñas pinceladas; hay que conocer muchas pequeñas cosas para saber qué pasó».
Su sueño sería poder acceder a las cartas que Franco escribió a Hitler, Mussolini y Oliveira Salazar, algunas durante la guerra. «No es solo saber qué dice, sino cómo lo dice. La forma, la palabra exacta con la que se refiere al enemigo, si hay algo corregido... Todo eso es importante porque puede abrir muchas puertas. Es fundamental colocarse ante las reliquias del pasado. Reliquia, al fin y al cabo, significa aquello que permanece».
Salvar el Archivo demandará al Gobierno en la Audiencia Nacional si no vuelven los fondos https://www.elnortedecastilla.es/
Mario Conde y Policarpo Sánchez intervinieron ayer en la presentación de la nueva junta directiva de la asociación Salvar el Archivo. /
Los 400.000 documentos del Archivo de la Guerra Civil que fueron enviados en sucesivas remesas a Cataluña desde el año 2006 vuelven a situarse en el ojo del huracán informativo. La asociación Salvar el Archivo anunció ayer que el próximo mes de octubre emprenderá una nueva estrategia para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez que ordene la devolución al Palacio de San Ambrosio de los denominados 'papeles de Salamanca', que fueron entregados al Govern catalán de forma ilegal.
El presidente de la asociación, Policarpo Sánchez, adelantó ayer las acciones que emprenderá esta formación, coincidiendo con la presentación pública de los nuevos miembros de la junta directiva de la asociación, entre los que figuran el controvertido expresidente de Banesto y abogado del Estado, Mario Conde, y el periodista Herman Tertsch.
Sánchez avanzó que el próximo mes de octubre «vamos a reclamar por la vía administrativa, y si ésta no resulta favorable, mediante demanda civil ante la Audiencia Nacional, al Gobierno de España la devolución de los fondos expoliados del Archivo de Salamanca». Además, la asociación emprenderá acciones legales demandando «por vía civil, penal o ambas» a la Generalitat catalana y a los «responsables directos del intento de ocultación de los documentos y bienes que están obligados a devolver». En concreto, la demanda consistirá en una querella contra los que fueron responsables de la Consejería catalana de Cultura entre los años 2006 y 2015.
Esta nueva fase de la estrategia reivindicativa de Salvar el Archivo incluirá también la organización de actos en diferentes ciudades españolas con el objetivo de «poner de nuevo en el foco del debate nacional el tema del Archivo de Salamanca». Con estas actuaciones se persigue especialmente «generar presión al Gobierno de Pedro Sánchez» y «pedirle públicamente que cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la sentencia del Tribunal Constitucional que nos dan la razón», enfatizo Policarpo Sánchez.
Por su parte, Mario Conde recalcó que el Archivo de Salamanca es sinónimo de «historia y cultura» y atribuyó a razones políticas la fragmentación que ha padecido y que desembocó finalmente en el incumplimiento, incluso, de resoluciones dictadas por los jueces.
«Me alegro de estar aquí», verbalizó Conde, quien recordó que fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y, concretamente, la entonces ministra de Cultura, Carmen Calvo –actual vicepresidenta del Gobierno de Sánchez– la que autorizó la salida de los legajos, ya que el Ejecutivo socialista «necesitaba los votos de los nacionalistas catalanes para otra finalidad» y luego ese respaldo se tradujo en «la fragmentación de un archivo histórico».
Asimismo, Conde denunció que la Generalitat de Cataluña haya actuado como «juez y parte» en la selección de los documentos de acuerdo a la Ley de Restitución y que «ha cometido abusos». Estos excesos los asignó a que «muchísimos documentos no catalanes han sido trasladados», entre ellos de Valencia, Madrid, Asturias y Aragón.
El exbanquero lamentó también que, además de arrebatarlos de manera indebida, no se hayan fotocopiado y que los que no han podido ser entregados a sus legítimos propietarios, tal y como contempla una sentencia del Tribunal Constitucional, no han retornado al Centro Documental de la Memoria Histórica. En este sentido, evidenció que el Gobierno de España y, en concreto, el Ministerio de Cultura, a pesar de ese fallo judicial, no esté haciendo «nada». De hecho, precisó que «la misma ministra que ordenó sacarlos es la que ahora no quiere devolverlos». También justificó la existencia de esta asociación porque el Estado «renuncia a hacer lo que tiene que hacer como es el cumplimiento de resoluciones judiciales».
Durante sus reflexiones, Conde confesó que le gusta que la agrupación Salvar el Archivo sea un movimiento «estrictamente de la sociedad en defensa de unos archivos que son patrimonio de todos los españoles». También dejó claro que, personalmente, no tiene ningún interés en sentar en el banquillo a nadie y sí en recuperar los documentos para Salamanca y «esperemos que el Estado cumpla con su misión». En este sentido, aseveró que «detrás de la inacción del Estado parece existir una ilógica política que ha afectado tanto al PP como al PSOE».
Fábulas del nacionalismo
El periodista Hermann Tertsch engarzó la reclamación salmantina con la «situación extraordinaria» que vive el país. «Hay zonas de España donde no se pueden ejercer las libertades, donde no se aplica la Constitución y donde se destruyen documentos», sentenció. También acusó al Ejecutivo catalán de «adoctrinamiento en el odio y la hispanofobia» y del «secuestro de partes de la historia que aluden a Cataluña y la posible destrucción de esas partes que no les convienen para la historia que están inventando», dejando clara su profunda desconfianza y frontal oposición hacia «las fábulas que nos cuenta el nacionalismo». Incluso llegó a definir a los Mossos d' Escuadra como «una policía política de los golpistas». Autor: RICARDO RÁBADE / WORDSALAMANCA
Un archivo digital de la UA permite acceder a los expedientes de 20.000 represaliados del franquismo
https://valenciaplaza.com/
27/03/2018 - ALICANTE (EFE).- La represión franquista afectó a más de 20.000 personas en la provincia de Alicante, principalmente durante los años cuarenta, según el investigador Francisco Moreno, autor de un proyecto que ha permitido diseñar un portal de la Universidad de Alicante (UA) en el que se recopilan datos de estos represaliados.
Este portal, desarrollado por el Archivo de la UA, permite acceder a los expedientes de estas víctimas de la dictadura, organizados por nombres y poblaciones, según han informado hoy fuentes de la institución académica. En él también se pueden consultar datos referidos a las acusaciones, los consejos de guerra, la vida en las prisiones y las biografías de los represaliados, y también reúne dibujos inéditos hechos por ellos durante su encarcelamiento.
La represión franquista afectó a más de 20.000 personas, sobre todo en la década de los cuarenta, que "es cuando fue más fuerte, aunque duró hasta la muerte del dictador", según Moreno. Esta base de datos es el resultado del trabajo colaborativo en el que participan más de treinta investigadores alicantinos.
"Para llevar a cabo este portal, en el cual trabajo desde hace quince años aproximadamente, hemos bebido de tres ámbitos archivísticos, el Archivo General e Histórico de Defensa en Madrid, el Histórico Provincial de Alicante y diferentes fuentes locales, en las cuales han colaborado distintas personas para poder hacer realidad este proyecto", ha explicado Moreno.
Hablamos de documentación parcial, porque falta mucha -por descuido o de una manera interesada- y también porque se encuentra muy descuidada, además de la carencia de fuentes alternativas para contrastar la información que es básicamente la oficial que se conserva", ha señalado.
A pesar de todo, el portal también incluye material complementario que permite "hacernos una idea general de cómo se produjo la represión franquista en las comarcas de Alicante", según fuentes de la UA.
En la web se pueden hallar biografías e historias de vida de algunos de los represaliados, como "José Bevià, Marina Olcina, Carmen Camaño o Josep Mengual, entre otros", han especificado. Moreno ha destacado cómo ha sido de complicado llevar a cabo este trabajo "ingente" de documentación y recopilación de datos.
Una ardua tarea debida, por un lado, a "la desaparición de mucha documentación, como son los archivos de la Falange que Martin Villa ordenó destruir y de los cuales pocos se han salvado gracias a personas individuales", ha revelado Moreno.
Y, por otra, a "la parcialidad de una información en la cual se atribuye toda clase de crímenes y excesos a personas que no tenían ninguna posibilidad de defenderse o con consejos de guerra a partir de informes de ayuntamientos, rectores, policía gubernativa, servicios de información militares, Guardia Civil y Falange", ha indicado.
Los consejos de guerra derivados de la Causa General del año 1942, "un tipo de venganza del régimen", también tienen una relevancia especial en la represión franquista, según Moreno. Ello se tradujo en juicios que tuvieron lugar "sin ninguna garantía jurídica", derivados de informes de afectos al régimen y con información a menudo imprecisa como "afiliados a partidos de izquierda, contradictoria y descuidada", ha asegurado. "Hablamos de documentación, sentencias e informes llenos de tantos errores que será imposible enmendarlos todos", ha añadido.
El portal incluye la reproducción de muchos de estos informes o sentencias -señala el origen- para que se conozcan las acusaciones y las conductas por las cuales muchos de los represaliados eran condenados. En la web también se puede encontrar un apartado introductorio sobre la represión franquista en la provincia de Alicante hecho por Moreno con diferentes textos que tratan la cuestión desde una perspectiva que permite entender cómo funcionó una "represión sistemática y planificada" en Alicante.
Igualmente, se puede encontrar material creado por los reclusos republicanos en las cárceles, como cuentos e ilustraciones -en algún caso inéditas-, normalmente dedicados a sus hijos o de algún otro recluso, además de instantáneas, recortes de prensa o pinturas.
El Plan de Patrimonio Documental busca consolidar el sistema de Archivos https://www.noticiascyl.com
La Consejería de Cultura y Turismo trabaja ya en el IV Plan de Intervención en el Patrimonio Documental de Castilla y León.
La Consejería de Cultura y Turismo trabaja en el IV Plan de Intervención en el Patrimonio Documental de Castilla y León, cuya vigencia abarcará el periodo 2017-2020 y que busca consolidar y reforzar el Sistema de Archivos, su personal e infraestructuras y una proactividad continuada, tanto en la labor social de los archivos como en su función administrativa.
Debe reflejarse en un nuevo perfil profesional que incluya tanto el desarrollo de competencias transversales como una especialización en destrezas tecnológicas que posibiliten la gestión del archivo electrónico. Todo ello permitirá afianzar la calidad y la eficiencia de los servicios ofrecidos por los centros de archivo, garantizando la transparencia y la accesibilidad para los usuarios.
Para el cumplimiento de los objetivos, el IV Plan de Intervención en el Patrimonio Documental de Castilla y León se articula en diferentes líneas de actuación en torno a tres principios básicos: la colaboración, la calidad de los servicios y la transparencia en la gestión.
La optimización del gasto, el aprovechamiento racional de los recursos, el crecimiento exponencial del volumen de documentación generado -y, por extensión, de información- y el aumento de nuevas demandas reafirman a los archivos en la necesidad de coordinar los esfuerzos.
Por otro lado, se busca cumplir los compromisos con la sociedad, de forma proactiva, anticipándose a las necesidades del ciudadano, facilitándole una relación fluida con la Administración -en tanto que los archivos son garantes de derechos- y posibilitando un vínculo con la historia y la cultura que los archivos representan.
El IV Plan de Intervención en el Patrimonio Documental de Castilla y León 2017-2020 materializa algunos de los compromisos de la IX Legislatura, en materia de archivos.
La ejecución del traslado a la Ciudad de la Justicia está ya a más del 40%
http://www.eldiadecordoba.es/
La mudanza de los órganos judiciales continuará ahora por la Audiencia provincial y se prolongará hasta finales del año
Operarios trasladan archivos del Instituto de Medicina Legal a la Ciudad de la Justicia. / BARRIONUEVO
Rosa Aguilar sentenció ayer en Córdoba que el traslado de los órganos judiciales que hay repartidos por la capital a la Ciudad de la Justicia ya ha completado su cuarta fase de un total de diez. Todo ello después de las últimas quejas vecinales al respecto por la falta de aparcamientos en la zona o de los propios trabajadores del sector de la Justicia en Córdoba respecto a la mudanza. "La Ciudad de la Justicia tenía diez fases de mudanza que había que completar y hemos completado ya cuatro, que es la mudanza de todos los funcionarios y juzgados que estaban fuera de lo que es el Palacio de Justicia", sentenció la titular del ramo, quien añadió que "estamos moviendo en estos momentos los archivos vivos y los archivos muertos que significan del orden de 150.000 archivos; además, en una mudanza de estas características luego hay que reajustar cosas y solucionar otras", por lo que pidió tranquilidad tanto a unos como a otros.
Instalados ya esos órganos judiciales que estaban dispersos por la ciudad, como el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, los juzgados de Primera Instancia 9 y 9-Bis (cláusulas suelo), y el Registro Civil, las tres secciones de la Audiencia Provincial serán los últimos en mudarse, en el próximo diciembre, tal y como detalló la consejera.
Aguilar insistió en que ahora comenzará la mudanza del Palacio de Justicia "y hasta diciembre estaremos trabajando y, por lo tanto, lo iremos dejando todo solucionado, por eso reitero lo de la tranquilidad". Y respecto a la queja de falta de espacios en el nuevo edificio por parte de los funcionarios, la consejera puntualizó que el edificio de la Ciudad de la Justicia cuenta con 51.000 metros cuadrados, "un crecimiento exponencial con respecto al espacio actual y, además, estamos ante una Ciudad de la Justicia referente ya en España".
Además, explicó que el asunto de la falta de aparcamientos "lo estamos hablando con el Ayuntamiento" y "vamos a ver si también puede haber alguna línea del autobús municipal que llegue hasta la Ciudad de la Justicia y por lo tanto tenga una parada próxima con el objetivo de que no haya que utilizar el coche para desplazarse a un lugar que está bien ubicado".
Hace tan sólo unos días, la Sección Sindical de CCOO en Justicia calificó de "insuficiente" el transporte público para acceder a la Ciudad de la Justicia, algo que "advirtió ya en mayo" y para lo que señaló que "había que prever el gran número de vehículos privados que acudirían a la zona". El sindicato destacó que "no en vano, esta edificación está catalogada como edificio de alta concurrencia, es decir, que a diario acudirán al mismo casi 700 empleados y empleadas públicos, más profesionales y público", lo que significa que "más de un millar de personas pasarán a diario por el edificio".
Fue el pasado mes de junio y después de 30 meses de obras cuando el nuevo espacio judicial se empezó a dotar de mobiliario y cuando también se comenzó a trasladar el archivo acumulado en las nueve sedes actuales, que desaparecerán una vez la Ciudad de la Justicia funcione al 100%. A lo largo del pasado julio también se empezaron a instalar los sistemas informáticos; hasta 60 camiones fueron necesarios.
La Ciudad de la Justicia ha costado casi 67 millones de euros -de financiación público-privada- y cuando esté totalmente en funcionamiento acogerá a unas 1.000 personas al día. En la sede -cuya maqueta se presentó de manera oficial en septiembre de 2007, aunque se proyecto comenzó a gestarse allá por el año 2001 con la elección de su ubicación-, que albergará el 100% de los órganos judiciales, fiscales y forenses, se prevé crear hasta 80 puestos de trabajo directos (entre técnicos, mantenimiento, archivo y cafetería), unidos estos a los que surgirán de manera indirecta en los negocios que se muevan alrededor en esta zona.
RIESGOS Y PREVENCIÓN EN EL ARCHIVO GENERAL
(AGUMA)
2013
https://www.uma.es/media/files/PRL-AGUMA.pdf
INTRODUCCIÓN
Según el art. 5 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales
"la política en materia de prevención tendrá por objeto la promoción de la mejora de las
condiciones de trabajo dirigida a elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud de
los trabajadores en el trabajo".
Asimismo el plan de prevención de riesgos laborales de la Universidad de Málaga (en
adelante, UMA) establece que:
“el modelo de prevención participativa, basada en el derecho de los trabajadores a
participar activamente en todo aquello que pueda afectar a su seguridad y salud en
el trabajo. Para ello, se dispone de los cauces representativos establecidos
legalmente y de aquellos otros creados a tal efecto.” Por lo que “todos los miembros
de la empresa estarán implicados en actividades preventivas para evitar daños
personales y materiales, de acuerdo con las funciones establecidas al respecto.”
Además, “la actividad preventiva en el seno de la UMA debe integrarse dentro de su
sistema general de gestión, mediante la implantación y aplicación del Plan de
Prevención de Riesgos Laborales.”
Así, “su integración en todos los niveles jerárquicos de la empresa implica la atribución a
todos ellos, y la asunción de éstos, de la obligación de incluir la prevención de riesgos en
cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones que se adopten”.
Debiendo “los trabajadores y sus representantes contribuir a la integración de la prevención
de riesgos laborales en la empresa y colaborar en la adopción y el cumplimiento de las
medidas preventivas través de la participación.”
Por lo tanto, la prevención de riesgos laborales ha de integrarse en todas las actividades y
decisiones de la UMA: en los procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las
condiciones en que éste se preste, así como en todos sus niveles jerárquicos.
Por otra parte, el artículo 19.2 del Estatuto de los Trabajadores determina que el trabajador
está obligado a observar en su trabajo las medidas legales y reglamentarias de seguridad e
higiene.
En este sentido, el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, recoge las obligaciones de los trabajadores en materia preventiva,
estableciendo en primer lugar la obligación de cada trabajador de velar por su propia
seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar
su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad
con su formación y las instrucciones del empresario.
Esta obligación genérica se concreta en una serie de obligaciones particulares de los
trabajadores entre las que destacan las siguientes:
1) Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias
peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los
que desarrollen su actividad.
2) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el
empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
3) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de
seguridad existentes en los medios relacionados con su actividad o en los lugares
de trabajo en los que ésta tenga lugar.
4) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo y al Servicio de Prevención,
sobre cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo
para la seguridad y salud de los trabajadores.
5) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad
competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el
trabajo.
6) Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de
trabajo seguras.
De acuerdo con la Ley, el incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en
materia de prevención de riesgos tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los
efectos previstos en el Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo
establecido en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios
públicos o del personal estatutario al servicio de las Administraciones Públicas.
Como la prevención es responsabilidad de todos, también el Archivo de la Universidad de
Málaga (AGUMA) y el PAS de la misma han de velar por el normal desenvolvimiento del
trabajo en su ámbito.
Referencias:
SEPRUMA:
http://www.uma.es/prevencion/
RIESGOS LABORALES EN LA BIBLIOTECA.-
BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Grupo de Personal
Los archivos se ‘desnudan’ http://www.elnortedecastilla.es/
Las actividades de este año persiguen dar a conocer la necesaria e íntima relación entre la conservación del patrimonio monumental y la documentación
Segovia celebrará el Día Internacional de los Archivos con un amplio programa de actividades, que este año persiguen dar a conocer la necesaria e íntima relación entre la conservación del patrimonio monumental y la documentación. La sala de La Alhóndiga acoge desde ayer la exposición ‘Archivos Segovianos: Monumentos documentados’, dedicada a una selección de obras arquitectónicas que se han conservado en la provincia de Segovia. Algunas de ellas son muy conocidas y visitadas, otras lo son menos y están aún por descubrir al público en general, pero todas ellas poseen un valor incalculable más allá de su belleza estética, basado en la apreciación que los ciudadanos hacemos de ellas.
Los archivos segovianos quieren darlas a conocer a través de otros vestigios históricos, como son los documentos de los archivos, porque es a través de ellos como los historiadores del arte las han conocido y los restauradores las han puesto en valor, resaltando su belleza primitiva conservada y lo relatado en los textos antiguos transmitidos en la documentación de archivo.
La difusión de la exposición se ampliará con la conferencia-coloquio ‘Los archivos como fuentes documentales en la restauración monumental’, que el día 9 de junio impartirá el catedrático emérito y conservador del Alcázar de Segovia, José Miguel Merino de Cáceres, en el Archivo Histórico Provincial. En esta charla se ampliará la información con explicaciones concretas de cómo y cuándo debe realizarse una intervención restauradora, sus procedimientos y sus consecuencias y cómo las actuaciones se conservan detalladas en los documentos de los archivos para ser estudiadas antes de abordar cualquier otra intervención posterior.
Para poner en contacto a los ciudadanos con los archivos, ya que la prioridad cuando fue creado el Día Internacional fue la apertura y conocimiento a la sociedad de sus funciones y contenidos, los once archivos participantes ofrecerán una visita guiada durante las jornadas de puertas abiertas, donde se podrán ver los diferentes centros, conocer su contenido y recorrer sus instalaciones.
Entradas
