INVESTIGARAN LA QUEMA DE ARCHIVOS OFICIALES EN LA DICTADURA
>> viernes, 23 de abril de 2010
Denuncia penal por quema de archivos de la dictadura
EN: EL DIARIO ON LINE
FECHA: 23/04/2010
El bloque de diputados provinciales de la UCR realizó una presentación ante la Fiscalía del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay para que investigue un posible delito de acción pública. A través de la iniciativa legal, los legisladores pretenden conocer quién o quiénes y cómo se autorizó la destrucción de documentos perteneciente a la Jefatura de la Policía Departamental de Concordia en 2004, el mismo día que se aprobó una ley para la protección de archivos oficiales.
La gestión legal de los legisladores entrerrianos del radicalismo se desencadenó a partir que salió a la luz la irregular situación en la que se comprobó una importante pérdida de documentación pública cuando días pasados la misma fue requerida –sin éxito–, en el marco de una investigación por desaparición de personas.
Al tomar conocimiento del hecho por la prensa concordiense, y posteriormente la existencia de un acta del Archivo General de la provincia de Entre Ríos donde consta que en Concordia se procedió a la eliminación por medio de la incineración de documentación policial que se hallaba archivada en la Jefatura de Policía Departamental Concordia, el bloque de la UCR formalizó un pedido de informe. “Dado que hechos como la quema de documentación de la dictadura oscurecen la lucha democrática por los derechos humanos, la búsqueda de verdad y justicia para los responsables de crímenes de la época más negra de nuestra historia”, se argumentó, al tiempo que resolvieron también realizar una presentación judicial ante la presunción de un grave delito.
En este sentido, en el trámite dejaron sentado que, llamativamente, mientras era destruía esta información el 10 de marzo de 2004, la Cámara Baja de la provincia “daba media sanción al proyecto de ley por el cual se crearía luego el Registro Único de la Verdad”. Precisamente, a través de la ley Nº 9.577, el subsecretario de Derechos Humanos, Roque Minatta, solicitó la exhibición de esta documentación, mencionaron.
LA LEY. “El dato cobra relevancia puesto que de la lectura del diario de sesiones se colige la inminencia de la sanción de esta ley que reforzaba la obligación de poner esa documentación ‘expurgada’ a disposición de los interesados”, advierte la denuncia.
De este modo, los legisladores ponen en evidencia que “con mucha cercanía se sancionaría definitivamente la ley que, de acuerdo a su redacción, obligaría inexorablemente a la exhibición de la documentación destruida ese mismo día”, para lo cual citan el artículo 2º de la mencionada normativa: “El Poder Ejecutivo provincial a través del organismo citado, pondrá a disposición del Registro Único de la Verdad los archivos de la Policía de la provincia y de cualquiera de las dependencias de los tres poderes del Estado y entes descentralizados, autárquicos y organismos municipales que refieran a dicha represión” .
En la presentación judicial del bloque de la UCR se sostiene así que “la ley evitó poner el límite del año 1976 a la obligación de conservar y exhibir esos archivos, a diferencia de otras legislaciones provinciales, por lo tanto, era obvio que la documentación anterior a ese año que fue destruida debía ser conservada”, afirmaron.
Respecto a las salvedades que pudieran realizarse para el acto realizado, los legisladores refieren asimismo que “conforme los artículos 8º y 17º de la Ley 7.452, si los archivos tuvieran más de 30 años de antigüedad podrían considerarse documentos históricos que deben conservarse en el Archivo; o bien, si tuvieren menor antigüedad, podrían catalogarse como documentos administrativos que también deberían estar bajo custodia del Archivo”.
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