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"la información de los archivos españoles sigue vetada a los historiadores"

>>  sábado, 9 de julio de 2016

"Los acuerdos con los que España entregó el Sáhara a Marruecos son una estafa"
http://www.eldiario.es/ 09/07/2016


Cuando Ana Camacho (Madrid, 1960) empieza a responder nuestras preguntas, se hace evidente que es una apasionada de todo lo que tenga que ver con el Sáhara Occidental. También, que le cuesta entender cómo el resto del mundo no comparte con ella su indignación y su enfado por las injusticias que sufre el pueblo saharaui y por las mentiras que nos han contado a todos sobre este conflicto.



¿Cómo surge la idea de publicar Sáhara Occidental: 40 años construyendo resistencia?


Surge en el Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental, con sede en Zaragoza, que es un movimiento muy activo de solidaridad con el pueblo saharaui, centrado en destacar el precedente que supone como incumplimiento del derecho internacional. De hecho, el Observatorio ya publicó un primer libro hace dos años y en los dos se hace especial hincapié en las cuestiones jurídicas. Marruecos intenta aparentar que el Frente Polisario es equivalente a la banda terrorista ETA del País Vasco o a los independentistas catalanes, intentando asentar la idea de que el Sáhara Occidental ha formado parte siempre de Marruecos y que ahora se quieren separar. Es un símil, sobre todo, pensando en España, que tenemos un papel relevante en la solución de este conflicto. Sin embargo, la realidad no tiene en absoluto nada que ver: ni Cataluña ni el País Vasco fueron jamás un territorio no autónomo pendiente de descolonización, que es la situación jurídica que tiene ahora mismo el Sáhara Occidental.

¿En qué consiste exactamente el incumplimiento del derecho internacional que mencionaba?

España incumplió gravemente el derecho internacional cuando entregó el territorio del Sáhara Occidental a Marruecos. La Carta de las Naciones Unidas describe perfectamente las responsabilidades jurídicas que tienen las potencias colonizadoras con los pueblos que administran; la principal obligación es descolonizar y, hasta que no se hace, no terminan esas responsabilidades. Los acuerdos de Madrid con los que España entrega en el 75 el Sáhara a Marruecos son una estafa a la opinión pública española, a la marroquí y al mundo entero. De hecho, el secretario general de Naciones Unidas hace un informe todos los años sobre cuáles son los pueblos del mundo pendientes de descolonizar. Pues bien, en África solo queda el Sáhara Occidental y ese informe dice que la potencia administradora es España, por mucho que nuestro país declarara acabadas sus responsabilidades en febrero del 76, cuando abandonó el territorio. Lo vimos con la descolonización de Timor Oriental, cuando Portugal abandonó la zona por la invasión de Indonesia. A diferencia de España, Portugal declaró que no podía ejercer sus facultades como potencia administradora sobre el terreno, pero que no las podía extinguir. Por eso, Portugal siguió defendiendo al pueblo de Timor Oriental, dándole voz en el conflicto a nivel internacional, hasta que lograron la independencia. Sin embargo, todos los gobiernos españoles han defendido que, con los acuerdos de Madrid firmados, ya no tenemos nada que ver con el Sáhara. Entonces ¿cómo se explica que Naciones Unidas nos siga incluyendo en su informe como potencia administradora? Los periodistas tenemos una gran responsabilidad con nuestros lectores, para garantizar su derecho a una información veraz y completa. Pienso que, con el Sáhara Occidental, nos hemos dejado contaminar y arrastrar por un relato que ha intentado torcer la verdad. Y, en este caso, rectificar el relato ayudaría mucho a la solución pacífica del conflicto.

¿Por qué este relato “torcido” ha predominado?

Para empezar, porque el relato de la guerra del Sáhara comienza en el 75; todavía teníamos una dictadura en España. Curiosamente, ahora sabemos que el Gobierno de Franco había apoyado el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui; lo hemos descubierto gracias a archivos extranjeros porque la información de los archivos españoles sigue vetada a los historiadores. Desde mediados de los 70, cuando España aún era una potencia colonizadora, Naciones Unidas proponía un referéndum para que el pueblo saharaui optase de forma libre y transparente entre tres opciones: ser un pueblo independiente y soberano, formar parte de Marruecos o incluso en aquella época se barajaba la posibilidad de seguir siendo colonia española. Marruecos llegó a votar a favor de las resoluciones de Naciones Unidas que pedían a España descolonizar y permitir ese referéndum en el Sáhara. Sin embargo, en el relato periodístico es frecuente presentar el referéndum como una reivindicación propuesta por el Frente Polisario. Marruecos ha propiciado otras mentiras históricas, como crear la farsa de que la Marcha Verde obligó a España a entregar el Sáhara para evitar una guerra. Supuestamente, el 6 de noviembre de 1975 los militares españoles dejaron pasar a los civiles de la Marcha Verde que cruzan la frontera de Marruecos para evitar un genocidio. Allí, estuvo Televisión Española, evidentemente sometida a la férrea censura del régimen. Años después, con la documentación histórica, hemos podido confirmar lo que contó cuando se jubiló el responsable de los servicios de inteligencia del ejército español en ese momento, el coronel José Ramón Diego Aguirre: que la auténtica invasión había empezado en secreto con tanques una semana antes, el 30 de octubre. Allí no hubo un equipo de televisión ni corresponsales. Hemos pasado años con la mente marcada por unas imágenes de televisión en el subconsciente colectivo que falseaban que la auténtica marcha había empezado una semana antes y con tanques.

¿Desde cuándo se sabe esto?

Cuando José Ramón Diego Aguirre puede hablar ya estábamos a mediados de los años 80. Esa información habría sido un bombazo antes, entre el 75 y el 78, porque había mucha preocupación. En aquella época, Felipe González pronunció un discurso en el Sáhara diciendo que se comprometía con la historia y que, si podía, declararía la nulidad oficial de los acuerdos de Madrid. Sin embargo, nada más ganar las primeras elecciones, lo primero que hizo fue olvidarse del Sáhara. No sólo eso; los medios de comunicación afines al PSOE también se olvidan de la causa saharaui. A los periodistas que nos llamaba la atención este conflicto, nos ocurría que, cuando íbamos a nuestros jefes, nos decían que esto no interesaba. En mi caso, a mí me vetaron clarísimamente; habrá gente que no lo reconocerá o no lo dirá por miedo.

¿Sugiere que detrás de esa falta de interés de los medios se escondía algo?

Evidentemente, había una presión por parte de los partidos políticos. Hoy en día sabemos, por ejemplo, que Marruecos ejerce una presión brutal sobre España hasta el punto de que la cooperación en materia de terrorismo para evitar otro 11-M está condicionada al asunto del Sáhara Occidental. Con eso en juego, podemos imaginar cómo cada partido que gobierna va a hacer lo posible para que Marruecos coopere. Además, Marruecos se ha gastado muchísimo dinero en financiar partidos políticos de países occidentales. No lo sabemos con certeza en el caso de España ni en Francia, pero en Estados Unidos es conocido que incluso Hillary Clinton ha recibido dinero de la fundación de Mohamed VI. Es presumible que esa fundación haya gastado también en partidos políticos de otros países.

¿Cómo se controla ese relato periodístico sobre el Sáhara Occidental actualmente?

Con todo tipo de maniobras sucias, como es propio de cualquier guerra; siempre se dice que la primera víctima de un conflicto bélico es la verdad. Cada uno de los contendientes intenta describir el conflicto de manera que sirva para apoyar sus intereses; aunque en este caso, claramente, hay una parte, Marruecos, que miente más que la otra. Todavía hoy, que ya llevamos 40 años de conflicto, una de las principales preocupaciones del régimen marroquí sigue siendo mandar a la cárcel a todo el que diga que el Sáhara está ocupado, porque eso supone decir que no pertenece a Marruecos. Por este motivo, hay periodistas castigados con cárcel o con la prohibición de ejercer su profesión. Además, es difícil conseguir los permisos para entrar en la zona ocupada y, una vez allí, los compañeros aseguran que no les dejan moverse, que hay represalias, expulsiones… En nuestro caso, el colmo es que en las redacciones de los medios españoles se coloque la etiqueta de "pro saharaui" a algunos periodistas. En el fondo, te están diciendo que no eres objetivo, cuando se supone que un periodista lo primero que tiene que hacer es defender los derechos humanos, la ley y el derecho internacional. El código ético de la UNESCO marca como un deber ineludible para los periodistas que estén del lado de los débiles, de las causas justas y, sobre todo, las causas de descolonización, como es ésta.

¿Cuál es la historia del tuitero Chris Coleman?

Es un tuitero misterioso que se ha dedicado a divulgar correspondencia de la diplomacia marroquí. Son unos tuis que ponen de manifiesto que hay toda una estrategia para conseguir tergiversar el relato del conflicto en las principales capitales claves en la toma de decisiones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: Bruselas, París, Washington... Según denuncia este tuitero, Marruecos dedica un enorme esfuerzo diplomático y económico en la creación de supuestos periódicos, en financiar a académicos tanto marroquíes como extranjeros que defienden las tesis que a ellos les convienen, les publican libros, les financian incluso centros de investigación internacional... Marruecos ha reconocido que estos e-mails de diplomáticos son auténticos. Es toda una red de corrupción para mentir en dos frentes: a las diplomacias y las opiniones públicas occidentales y, sobre todo, al pueblo marroquí.

El título del libro habla de "40 años construyendo resistencia", ¿hay resistencia también en el ámbito de la información?

Sí, somos muchos los periodistas que organizamos reuniones para hablar de los problemas que hay a la hora de dar una información continuada y verídica. No se trata de contar sólo aisladamente noticias puntuales sobre el conflicto, sino informar sobre qué ocurre después. ¿Cuánta información sobre el Sáhara hemos visto publicada en los últimos meses? Y eso que está a punto de terminar el plazo que Naciones Unidas ha dado a Marruecos para obligarle a que vuelvan los cascos azules a sus puestos en los territorios ocupados. Luego dicen que no hay censura. De hecho, tras comprobar que la prensa española apenas publicaba nada, los propios saharauis han desarrollado una comunicación por internet muy importante. Son muy activos en el mundo de la ciber guerra, utilizando las redes sociales para difundir su causa y romper el bloqueo informativo.

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Investigadores han protestado por el cierre con siete llaves de los archivos españoles

>>  jueves, 6 de noviembre de 2014

Que no se toque ni un solo papel
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/ 06/11/2014


Los administradores del poder no pueden actuar como si los archivos fueran suyos, del Gobierno, y no de todos los ciudadanos

tribuna

Siegfried Lenz (Lyck, Prusia oriental, 1926) fue uno de los escritores de la posguerra alemana más respetados y leídos del país. A lo largo de su obra intentó explorar la culpabilidad de sus compatriotas en los horrores del nazismo y luchó para dar forma a una nueva identidad nacional. Hace quince días murió en Hamburgo. Tenía 88 años y a lo largo de su prolífica y exitosa vida de escritor había logrado vender más de 30 millones de ejemplares. La ministra alemana de Cultura, Monika Grütters, defendió bien su valioso trabajo. “No reprimir la propia historia, sino superarla. Con este convencimiento, Lenz contribuyó, como autor de la generación de posguerra, a restablecer la fama de Alemania como nación de cultura”, señaló la ministra. “Nos quedará para siempre su sentido de la responsabilidad ciudadana”, decía el presidente de la Academia de las Artes de Berlín, Klaus Staeck.

Todos se han referido a la labor de Lenz -que tomó como una especie de misión personal a lo largo de toda una vida- de procesar intelectualmente el pasado nazi de Alemania hasta hacerlo digerible a las futuras generaciones, para que pudiesen extraer cuanto nutriente ético pudiera proporcionar la experiencia vivida. Así, hizo gravitar sobre sus relatos todo el peso de la culpa y las heridas de la guerra, identificándola con una losa que persigue a los supervivientes y como el lastre invisible de los amigos perdidos en la batalla y de los errores cometidos.

En el polo opuesto, en España, el relator especial de la ONU, Pablo de Greiff, reconoce que hay mucha información sobre el periodo franquista, si bien “está sumamente dispersa”. Constata que “no existen censos oficiales de víctimas ni datos oficiales sobre el número total de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura”, mientras persisten “temas subexplorados”, como los trabajos forzosos, niños robados, la represión o la implicación de empresas privadas “en la comisión de violaciones de los derechos humanos”. Pese a alabar el trabajo que realizan asociaciones y fundaciones, De Greiff centra sus lamentos en que la Ley de Transparencia 19/2013 “no haya sido la oportunidad para abordar los vacíos legales” para acceder a los archivos y fondos documentales, así como a la documentación que, “invocando riesgos para la seguridad nacional” sigan clasificados.

Por todo esto, Borja de Riquer y tres centenares de investigadores han protestado por el cierre con siete llaves de los archivos españoles. Y es que la consulta de la documentación de algunos archivos históricos españoles se ha convertido en un tema extremadamente polémico que puede acabar en un escándalo de alcance internacional. Las dificultades con que se encuentran los investigadores a la hora de trabajar en los archivos públicos derivan de las insuficiencias y las contradicciones de la política archivística española. Hoy es una evidencia que la ley del Patrimonio Histórico Español de 1985 es obsoleta, entre otras cosas, porque se contradice con la ley de Protección de Datos de 1999 y con la reciente ley de Transparencia. Persisten las arbitrariedades a la hora de interpretar cuáles son los datos personales que pueden realmente afectar “a la seguridad, al honor de las personas, a la intimidad privada y familiar y a la propia imagen”. Y eso hace que muchos responsables de archivos se vean obligados a interpretar una normativa poco precisa y a actuar a menudo como censores, restringiendo el acceso a muchos documentos.

Hay dos sentencias del Tribunal Constitucional que afectan a esta cuestión que tendrían que servir de directriz máxima. La sentencia de Francisco Tomás y Valiente del 14 de febrero de 1992 defendía el predominio del “interés público de la información sobre el hipotético derecho al honor”. Según esta sentencia, las restricciones tendrían que ser una excepción y siempre habría que dar prioridad al “derecho a la información veraz”. La otra fue la redactada por María Emilia Casas el 23 de febrero del 2004 y afectó al famoso programa de TV3 dirigido por Dolors Genovès sobre el consejo de guerra a Manuel Carrasco i Formiguera. La sentencia fue bien clara: había de “prevalecer el derecho a la difusión pública de las investigaciones sobre el derecho al honor de las personas cuando la información se ajusta a los usos y métodos característicos de la ciencia histórica”.

Los últimos años se han producido en dos archivos españoles hechos realmente inaceptables que hay que denunciar públicamente. El actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha vetado la desclasificación de unos 10.000 documentos militares correspondientes a los años 1936-1968, aunque la anterior ministra, Carme Chacón, había autorizado su consulta y eventual reproducción. Mucho más grave es lo que pasa con la documentación histórica del archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. El 15 de octubre del 2010, a propuesta del ministro Miguel Ángel Moratinos, el Consejo de Ministros declaró como secreta y reservada gran parte de la documentación sobre la actividad diplomática, las relaciones internacionales y la política exterior españolas sin fijar una limitación temporal, por lo cual esta restricción podía afectar tanto a la documentación del siglo XX como a la del XVIII. Parece que el escándalo Wikileaks influyó bastante en este acto, inaceptable en cualquier Estado democrático, dado que incumple la legislación española y la internacional. El ministro utilizó el argumento de que se hacía eso con el fin de garantizar “la seguridad y la defensa del Estado” y para hacerlo utilizó la vieja ley franquista de Secretos Oficiales de 5 de abril de 1968. Pero la cosa no acaba aquí. Hace unos meses, el actual ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, ha tomado una medida drástica que ha significado la interrupción de numerosas investigaciones que hacían historiadores españoles y extranjeros: ha decidido el cierre del archivo histórico del Ministerio de Exteriores con la excusa de que todos sus fondos se trasladan al Archivo Histórico Nacional y al Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares.

Estas actuaciones de ministros del Gobierno Rajoy suponen una clara vulneración de los derechos de los ciudadanos para acceder a la documentación histórica y un incumplimiento flagrante de acuerdos y normativas internacionales (Consejo de Europa, Consejo Internacional de Archivos, Unesco, etcétera). La existencia de políticos que vetan el acceso a la documentación o dificultan su consulta refleja la limitada calidad de la democracia española. Impedir el libre conocimiento del pasado es una violación directa de los derechos humanos, de unos derechos tan básicos y elementales como cualquiera de los que conforman una democracia plena. Son ya numerosas las asociaciones y los grupos de historiadores que han protestado por estos hechos y que piensan denunciarlos ante organismos internacionales.

El poder del Estado sobre los archivos no puede derivar en una excesiva consideración sobre su titularidad y en la creencia de que no se trata de un servicio público. Los administradores del poder no pueden actuar como si los archivos fueran suyos, del Gobierno, y no de todos los ciudadanos. Esta actitud del Gobierno Rajoy contrasta con la adoptada por el Ejecutivo argentino, que ha puesto a disposición de todo el mundo la documentación confidencial de las fuerzas armadas (actas Secretas de la Junta Militar de 1976-1983, “listas negras” de intelectuales, artistas, periodistas…) localizada recientemente en un cuartel de Buenos Aires. Las lecciones de democracia se dan con hechos, no con palabras.

Con todos estos antecedentes tan trabajados y escritos por Borja de Riquer y cientos de los investigadores presentamos y defendimos en octubre una moción en el Senado con tres puntos. En ella, el Senado insta al Gobierno a:

1. Cumplir los criterios de la Unión Europea sobre el acceso a los archivos históricos que se rige por la “norma de los treinta años”: los documentos se abren al público treinta años después de su fecha de creación.

2. Permitir que los Archivos de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Defensa puedan ser consultados por los investigadores.

3. Revisar la Ley de Secretos Oficiales para que no haya ningún impedimento legal a esta labor histórica y de transparencia.

Todos los Grupos la apoyaron. ¿Quién no lo hizo? El PP. Y la moción fue directamente al cesto de los papeles. La democracia en España brilla por su ausencia.


Autor: IÑAKI ANASAGASTI 

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EN ARCHIVO DE BANCA FERNANDEZ-LLAMAZARES HALLAN FOTOGRAFIAS DE AVIONES SOVIETICOS CON INSIGNIAS FRANQUISTAS

>>  lunes, 25 de marzo de 2013

Hallan en León unas antiguas fotos de aviones soviéticos con insignias del Ejército del Aire de Franco
http://www.elnortedecastilla.es/ 25/03/2013
El Conservador del Archivo de la Banca Fernández-Llamazares, Javier González Fernández-Llamazares, dio hoy a conocer el hallazgo de un álbum de fotos de uno de los miembros de la familia leonesa Pallarés en las que se muestran fotografías de aviones de Stalin –un bombardero 'Katiuska' y cazas 'Chatos– con las insignias del Ejército del Aire Franquista en 1942.


Antiguas fotografías de aviones soviéticos con insignias del Ejército del Aire de Franco. / Ical
De esta manera, Fernández-Llamazares se encontró «por sorpresa» con uno de los episodios más desconocidos del conflicto, que el arma aérea española se refundó no sólo con los aviones alemanes de la Legión Cóndor, sino también con otros cientos de aparatos «capturados» a la República, entre ellos, franceses, norteamericanos y, sobre todo, «los aviones de Stalin».

Varios de estos aviones fueron enviados desde septiembre de 1936 en apoyo a la Segunda República Española en su lucha antifascista por parte del Gobierno soviético y estuvieron operativos en el armada aérea franquista hasta 1955, ya que la mayoría se fueron dando de baja al quedarse obsoletos durante la Segunda Guerra Mundial y tener problemas de falta de piezas de repuesto.

Estas fotografías fueron también reconocidas por el experto y divulgador de Historia Militar, Jesús María López de Uribe, que detectó el modelo de los aparatos y determinó que fueron obtenidas probablemente en los aeródromos de Los Llanos (Albacete) y Villanubla (Valladolid). Así, López de Uribe observó la importancia de estas imágenes para el estudio de la Historia de la aviación militar española.

Un aventurero leonés

El autor del álbum, repleto de fotografías y dibujos de aquella época, era un joven de la familia de los Pallarés –importante familia burguesa, propietaria del edificio que hoy es el Museo de León–, que fue miembro del bando Nacional durante la guerra como telemetrista y participó en acciones tan importantes como el «embarrancamiento» del destructor de la República 'José Luis Díez', en una playa británica de Gibraltar a finales de 1938.

Una vez acabada la guerra, este aventurero se negó a regresar a León para encargarse de los asuntos comerciales de la familia. Fue entonces cuando se alistó en la Academia Pre-Militar de San Javier en Murcia, siendo adscrito al grupo 52 de Hidroaviones en Pollensa (Mallorca), y murió con sólo 26 años en un accidente aéreo en 1947.

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INTERCAMBIO DE ARCHIVOS DEL SIGLO XX ENTRE ESPAÑA Y MARRUECOS

>>  miércoles, 18 de julio de 2012

Acuerdo hispano-marroquí para la memoria histórica común
http://www.elimparcial.es/ 18/07/2012

España y Marruecos firmarán en los próximos días un Protocolo de cooperación relativo al intercambio de archivos y documentación que conciernen el siglo XX marroquí y la participación española en la historia moderna del país norteafricano. “Se trata de un acuerdo de cooperación bilateral de gran trascendencia para nosotros”, ha declarado en exclusiva a El Imparcial el Alto Comisario para los Resistentes y antiguos combatientes del Ejército de Liberación marroquí, Mustafá el Ktiri.

“Marruecos tiene diseminados sus archivos históricos en una docena de países, entre ellos España”, afirma el Alto Comisario. “Nuestro propósito es establecer acuerdos con todos ellos para la adquisición de copias de los mismos, de manera que sirvan para las generaciones futuras de marroquíes”. Según El Ktiri, se trata de lospaíses con los que Marruecos ha tenido una relación particular a lo largo del siglo XX. Entre ellos, España, Francia, Portugal, Italia, Bélgica, Holanda, Reino Unido, Rusia, Egipto y Turquía.

Las relaciones entre Marruecos y España han sido particularmente densas en el último siglo, tanto por la participación de marroquíes en las diferentes contiendas españolas, como por la existencia delProtectorado español en el norte de Marruecos entre 1912 y 1956.

“Un primer paso muy importante en la recuperación de nuestra memoria común, se dio con la donación porparte de los Archivos del general Varela, de un fondo digitalizado concerniente a nuestra historia”, comenta el Alto Comisario. “Estamos muy reconocidos al Ayuntamiento de Cádiz, a la fundación de los Archivos Varela y a la familia del que fuera Alto Comisario de España en Marruecos entre 1945 y 1951, porque los miles de páginas, fotos y documentos que conciernen a la historia de Marruecos van a servir para trasmitir a las próximas generaciones una parte fundamental de nuestra Historia”, concluye Mustafá el Ktiri.

El Alto Comisariado para los resistentes en Marruecos, cuya misión es la recuperación dela memoria histórica con el fin de “reforzar el sentimiento de ciudadanía positiva”, dispone ya de un amplio servicio de estudios,documentación y edición. Ha publicado una Enciclopedia del Movimiento Nacional de la Resistencia en doce volúmenes; y según los miembros veteranos de la resistencia anticolonial marroquí, “los acuerdos con España” permitirán ampliar aún más otros volúmenes en preparación.

La donación española de una parte significativa de los archivos del general Enrique Varela, ha sido particularmente apreciada en Marruecos, donde la figura del controvertido general franquista, es recordada con gran estima. “Nunca nos olvidaremos de lo que el general Varela hizo por la Resistencia”, afirma el Alto Comisario. Si bien es cierto que el primer responsable del protectorado español, oficialmente “entendió la lucha por la independencia de Marruecos, aunque la consideraba prematura”, no dudó en facilitar oficiosamente las acciones de los resistentes marroquíes. “La inminente firma del Acuerdo hispano-marroquí, seráun momento importante en nuestras relaciones”, concluye Mustafa el Ktiri.

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DESAPARECEN LAS AYUDAS PARA ARCHIVOS

>>  jueves, 14 de octubre de 2010

Las subvenciones del Gobierno a la cultura valenciana 'no dan ni para pipas'
EN: ELMUNDO.ES
SITE: http://www.elmundo.es
FECHA: 14/10/2010
La consellera de Cultura, Trini Miró, ha denunciado que el dinero que el Gobierno destina a los valencianos en materia cultural "no da ni para pipas", ya que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2011 prevén una asignación por habitante de "tan sólo" 0,50 céntimos.
Según las cuentas del Ejecutivo central, la Comunidad Valenciana recibirá 2,7 millones de euros para sus proyectos culturales, un 58% menos que el pasado ejercicio, lo que para el Consell es una prueba más de la "discriminación y el abandono" a los que está "sometida" esta autonomía.
La consellera ha ofrecido una rueda de prensa para valorar el proyecto de PGE y ha mostrado un paquete de pipas para "escenificar" la aportación a la Comunidad Valenciana del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En este punto, Miró ha recordado que el año pasado invitó a los periodistas a un café para simbolizar el euro que aproximadamente le correspondía a cada valenciano y ha ironizado con el hecho de que, quizás en 2012, tendrá que llevar "la bolsa de pipas vacía".
La representante del Consell ha ido desgranando los distintos programas del Ministerio de Cultura y se ha referido especialmente al de Música y Danza, en el que se refleja que la dotación para el Palau de les Arts ha disminuido un 13%, al pasar de 1.285.000 euros en 2010 a los 1.128.600 en 2011. Al respecto, ha recordado que, no sólo no se ha cumplido la promesa del ex ministro de Cultura César Antonio Molina de subir hasta los cinco millones la ayuda al coliseo, sino que desde 2009 éste ha sufrido un recorte del 21%.
Miró ha comparado la asignación del teatro de ópera valenciano coninstituciones similares del país, que, aunque también han visto reducida su ayuda, ésta "continúa siendo mucho mayor", y ha citado al Teatro Real (15,7 millones); Liceo (casi 12 millones); Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera (2,2) y el Teatro de la Maestranza (2,4).
De igual modo, ha reprochado que Dansa València, el Institut Valencià de la Música y el Misteri d'Elx pierden un 12% de su subvención.
Por lo que se refiere a los museos, ha recordado que el IVAM experimenta una rebaja del 6% (de 250.000 a 235.000 euros) mientras que el Museo del Mediterráneo -un centro "fantasma", según Miró- anunciado "a bombo y platillo" por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tenía asignados en 2010 312.000 euros "de los que no se ejecutó ni uno sólo".
La situación del IVAM contrasta con la del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), que con 4.080.000 euros, dispone de una dotación 17 veces mayor que la del museo valenciano, o el MACBA (1.950.000 euros), que recibirá ocho veces más, apuntó.
Mención aparte merece para la consellera el caso del Museo de Bellas Artes de Valencia San Pío V, para el que se contemplan en 2011 140.000 euros, un 91% menos que en 2010, cuando se contabilizaron 1.580.000 euros de los que únicamente se gastaron para la redacción del proyecto de la V fase de ampliación 580.000 euros.
Ampliación 'congelada'
Miró subrayó que, además, la proyección económica que incluyen las cuentas del Estado -con 150.000 euros para 2012 y 2013 y un millón más en 2014- supone que el Ministerio "congela" las obras "tan necesarias" en la pinacoteca que, según parece, "se irán mucho más allá de lo prometido". Por ello, ha anunciado que el Grupo Parlamentario Popular planteará una enmienda a los PGE en la que reclamará que se dote al San Pío V el año que viene con 8,7 millones de euros (los 7,7 previstos en 2010 más el millón no empleado).
Otras de las quejas de Miró han sido que para Zapatero "no existe Sagunt a Escena", festival para el que no se ha reservado partida, y la desaparición de las ayudas para archivos, ya que, mientras en 2010 se otorgaron 40.000 euros para la nueva sede del Archivo Provincial de Castellón para el ejercicio próximo no hay asignación "de los más de 40 millones que el Ministerio prevé para toda España".
Presupuestos del Consell
Preguntada por si la Generalitat piensa compensar algunos programas en sus presupuestos, la consellera ha comentado que el Consell se mantendrá en la línea de "austeridad" pero "garantizando la calidad". Así, ha incidido en que las subvenciones del Ministerio "nunca nos han sacado de apuros" y es "el gobierno del presidente Camps sólo el que está realizando este esfuerzo cultural".
Por último, avanzó, interrogada por la situación de otras autonomías gobernadas por los 'populares', que su departamento realizará un estudio pormenorizado para saber qué puesto ocupa entre las comunidades autónomas en ayudas en materia cultural. "En 2010 éramos los número 17, en 2011 no me extrañaría que estuviéramos a la cola", sentenció


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