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No encuentran expediente del crimen de Los Galindos, se pierde en traslado

>>  martes, 21 de julio de 2015

El sumario del crimen de Los Galindos se pierde en un traslado
http://www.diariodesevilla.es/ 21/07/2015

El sumario del crimen de Los Galindos se pierde en un traslado

El derrumbe de un techo en los juzgados de Marchena obligó a la Junta a llevar el expediente a Sevilla, pero no fue catalogado debidamente

Fotografía de 2014 por el diario digital Arahal Información

El sumario del mayor asesinato colectivo de la historia reciente de Sevilla se ha perdido. El expediente 20/1975 de los juzgados de Marchena, que contiene la investigación de las cinco muertes que se registraron hace cuarenta años en el cortijo de Los Galindos, no se encuentra donde debería estar: los archivos de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía.

Hasta el año 2014, los más de 1.300 folios del sumario estuvieron almacenados en los juzgados de Marchena, donde los tomos llegaron a estar apilados en el suelo, repletos de polvo y manchados de humedad, ante la falta de espacio y el mal estado de las dependencias judiciales. Prueba de ello son las dos fotografías que acompañan estas líneas, publicadas en la primavera de 2014 por el diario digital Arahal Información y que motivaron una intervención por parte de la Junta. Además de miles de papeles, se apilaban en el suelo algunas pruebas claves en otros casos de homicidios de la comarca.

El desplome de un techo de artesonado en el edificio de los juzgados de Marchena, en agosto del año pasado, provocó el traslado de todos los archivos que se guardaban en estas dependencias. Los expedientes se llevaron al almacén general de la Consejería de Justicia, en Sevilla, donde hasta ahora se creía que estaban. Fuentes de la Consejería de Justicia e Interior manifestaron ayer a este periódico que, debido a la urgencia con la que se hizo el traslado, éste se efectuó por bloques y no expediente a expediente, como debería haberse hecho normalmente. Esto motivó que no se catalogaran como es debido todos los legajos.

Las mismas fuentes admitieron que el sumario de Los Galindos no está en la parte del almacén que debería estar, según se catalogó el año pasado tras la mudanza. Esto no necesariamente significa, aclaran las fuentes, que haya desaparecido, puesto que el expediente puede encontrarse en otro bloque distinto que se trasladara desde Marchena y que simplemente fuera mal inventariado. En cualquier caso, lo cierto es que a día de hoy el sumario está ilocalizable. No está en los juzgados de Marchena ni tampoco aparece en los archivos de la Consejería en Sevilla.

Con la pérdida de estos papeles desaparecen unos documentos que no aclaran uno de los mayores misterios de la historia negra de España, pero sí que han adquirido con el tiempo un valor histórico. Existen algunas copias -incluso digitalizadas- en manos de algunas de las personas que participaron en la investigación del caso o que trabajaban en los juzgados durante la época en la que ocurrieron los crímenes. Hace veinte años, coincidiendo con el vigésimo aniversario de la matanza, alguien incendió la puerta de los juzgados de Marchena, aunque el fuego no llegó a destruir ningún papel.

Precisamente mañana miércoles se cumplen cuarenta años del quíntuple crimen, que sigue sin resolver y que prescribió hace ya dos décadas. Si apareciera ahora el asesino -o los asesinos-, quedaría impune. En estos cuarenta años se han vertido todo tipo de teorías, algunas de ellas muy rocambolescas, acerca de esta matanza, que ha inspirado novelas, películas y programas de misterio. Otras, como la que maneja el periodista Francisco Gil Chaparro, que recopiló en su libroEl crimen de Los Galindos una serie de reportajes sobre el caso, son más sencillas: aquel día no estaba previsto que muriera nadie en el cortijo. A alguien se le fue la mano con el capataz, Manuel Zapata Villanueva, de 59 años, que fue golpeado en la cabeza con una pieza de una empacadora llamada pajarito. Las otras cuatro víctimas debieron ser testigos que hubo que eliminar.

El cuerpo de Zapata apareció tres días después y en un principio se pensó que era el asesino, pero debió ser el primero en morir. Tras él, fue asesinada su esposa, Juana Martín Macías, de 53 años, también golpeada con el pajarito. Luego llegaron José González Jiménez, de 27 y tractorista del cortijo, y la mujer de éste, Asunción Peralta Montero, de 33. Ambos murieron a golpes y fueron descuartizados y quemados. El quinto muerto fue Ramón Parrilla González, de 40, también tractorista, que recibió dos disparos de escopeta.




Autor: FERNANDO PÉREZ ÁVILA SEVILLA

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Importancia de los archivos para comprobar la idoneidad de una persona a un cargo

>>  domingo, 25 de enero de 2015

Grimaldo Córdoba solo cursó dos años en la UP
http://elsiglo.com/ 25/01/2015


A todos tenía engañados. Grimaldo Córdoba, quien en su hoja de vida asegura tener títulos de Medicina con especialidad en Pediatría

Grimaldo Córdoba solo cursó dos años en la UP. ITZA B. DE MOSCA
DUDAS

A todos tenía engañados. Grimaldo Córdoba, quien en su hoja de vida asegura tener títulos de Medicina con especialidad en Pediatría, ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá (UP) en 1991, pero en 1992 abandonó la carrera.

Lo anterior fue confirmado ayer por el decano de esta facultad, Enrique Mendoza, quien aseguró que Córdoba abandonó los estudios de Medicina General un año después de haberse matriculado.

‘Él sí cursó estudios durante dos años en la facultad y permaneció hasta el cuarto semestre de la carrera’, dijo. ‘Evidentemente no se gradúo de médico en esta facultad’, aseguró Mendoza con expediente en mano. Aclaró que para obtener la especialidad en Pediatría los médicos deben concursar por una plaza en los hospitales José Domingo de Obaldía, en Chiriquí; Manuel Amador Guerrero, en Colón, Hospital del Niño y en Especialidades Pediátricas de la Caja de Seguro Social. En estos debe ejercer por tres años para culminar la especialidad.

En el Ministerio de Salud (MINSA) no hay constancia de que Córdoba halla laborado en algún hospital bajo su competencia antes de ser director de Promoción de la Salud, informó la entidad.

La explicación de Mendoza de cómo se obtiene la especialidad en Pediatría surge luego de que en la biografía que Córdoba tenía en el sitio www.grimaldocordoba.com señalaba que en la UP obtuvo la especialidad en Pediatría y Medicina de la Adolescencia.

En su biografía el supuesto doctor decía que culminó la carrera de Medicina en la Escuela de Ciencias Médicas de Centroamércia Doctor Andrés Vesalio Guzmán, en Costa Rica. Misteriosamente la biografía desapareció el jueves del sitio web.

Renuncia verbal

Pese a que Córdoba, se comprometió a presentar los documentos (idoneidad) que lo acreditan como médico al ser separado de su cargo el 6 de enero, este jueves en horas de la tarde informó verbalmente su renuncia al puesto.

Esta renuncia la anunció ayer el secretario de Salud, Luis Vega, quien reiteró que la separación del cargo se dio debido a la denuncia que hizo un grupo de la sociedad en la que cuestionaban la idoneidad de Córdoba como médico.

Es a raíz de esta denuncia que en el MINSA se elevó la consulta al Consejo Técnico de Salud, competencia que tiene a su cargo otorgar y revocar la idoneidad de todos los funcionarios de salud en Panamá, indicó.

‘Le corresponde a este Consejo investigar y dar a conocer los resultados’, dijo Vega tras señalar que el presidente Juan Carlos Varela ni el ministro de Salud, Francisco Terrientes, han violado alguna norma al nombrar a Córdoba, porque para el cargo que ocupaba no se requiere ser médico de profesión.

Idoneidad no aparece

‘Investigamos si en los archivos constaba la idoneidad de médico pediatra; esta no se encontró y por eso se le separó’, expresó Itza Barahona de Mosca, secretaria del Consejo Técnico de la Salud. Indicó que ahora el Consejo investigará si Córdoba ejerció la medicina sin la idoneidad y de ser así aplicarán la sanción que corresponde y remitirán el caso al Ministerio Público. Córdoba no respondió las llamadas que se le hicieron.

Autor: Esther Ortega S. esortega@elsiglo.com

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Expedientes de administración pública deben estar en buenas condiciones. Ver este ejemplo

>>  jueves, 22 de mayo de 2014

La Guardia Civil carga una furgoneta con expedientes de cursos de la Junta
http://www.larazon.es/ 22/05/2014

Momento en el que introducen los expedientes de la Junta ayer en el furgón del juzgado de Alaya Manuel Olmedo

Agentes de la Guardia Civil se personaron ayer en la sede de la Dirección General de Formación de la Junta para recoger expedientes de cursos reclamados por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya. Una furgoneta salió camino del juzgado repleta de documentos. La Benemérita desconoce hasta qué punto se ha podido perjudicar la investigación que realiza sobre un posible fraude en los fondos para la formación de trabajadores al haberse producido, el pasado martes, una filtración en la que, de hecho, se anunciaba el registro que finalmente se efectuó ayer, según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto. El malestar entre los agentes, que llevan muchos meses trabajando en el caso, es considerable.

Las pesquisas se iniciaron en diciembre del año pasado, cuando la Guardia Civil realizó sendos registros en los archivos de UGT-A de Sevilla y Córdoba. La operación fue ordenada por la juez Alaya, a la que la Audiencia apartó del caso en marzo. No obstante, Alaya cursa diligencias sobre una pieza separada que abrió en septiembre del año pasado y que se deriva de los pagos millonarios de UGT-A a una empresa pantalla de la órbita del conseguidor de los ERE Juan Lanzas dedicada a tareas formativas.

Los responsables de la investigación pidieron a la juez instructora, Mercedes Alaya, que reclamara a la Junta los expedientes relativos a formación de trabajadores. El 17 de marzo, la Guardia Civil se dirigió de nuevo a la magistrada para concretar su petición y que se pidieran los citados expedientes referidos al periodo comprendido entre 2004 y 2011. Como ha pasado suficiente tiempo para que la Junta pudiera cumplimentar la petición, la Benemérita pidió a Alaya que dictara un auto en el que se hiciera un requerimiento para que los papeles y soportes informáticos fueran entregados de inmediato.

La sorpresa saltó el martes, cuando se filtró una noticia en la que se daba cuenta del registro, que no se iba a efectuar hasta ayer. Lo cierto, según las citadas fuentes, es que se tienen noticias de que en las últimas horas se ha trabajado con intensidad en la citada Dirección General y que cuando los agentes de la Guardia Civil se presentaron ayer con el requerimiento, parte de la documentación estaba ya preparada.

La actitud de Carlos Cañavate, titular de la mencionada Dirección General, ha sido en todo momento de colaboración con los agentes. De hecho, Cañavate indicó a la Guardia Civil que la documentación, en papel y soporte digital, que faltaba sería entregada ayer mismo o en los próximos días. El requerimiento que la juez Alaya había entregado a los investigadores era para que no se fueran de las dependencias oficiales hasta que no tuvieran en sus manos dicha documentación o la certeza de que contarían con ella en breve.

La Guardia Civil investiga el asunto de las ayudas a la formación por orden de dos juzgados de Sevilla: el 6, de Alaya, sobre el papel de la Junta de Andalucía en este caso; y el 9, sobre posibles irregularidades cometidas por UGT. La actuación de ayer se produjo después de que el lunes se personaran funcionarios del juzgado de Alaya en la Dirección de Informática de la Junta para obtener dos claves de programas relacionados con la formación
Autor:J. M. Zuloaga .
Alonso: “No sé qué expedientes se ha llevado la juez”
http://ccaa.elpais.com/ 22/05/2014


El consejero de Educación, el socialista Luciano Alonso, desconoce cuántos y qué expedientes ha recogido la Guardia Civil de la dirección general de Formación Profesional para el Empleo por orden de la juez Mercedes Alaya, según ha dicho esta mañana en una comparecencia parlamentaria solicitada por el grupo popular. “No sé qué expedientes se ha llevado la juez”, ha dicho Alonso, quien ha informado que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil continuarán hoy con este trabajo. Alonso ha dicho que Educación firmó un recibí.

Alonso no ha facilitado información alguna sobre la investigación interna abierta por su departamento sobre la justificación de expedientes recibidos por instituciones, agentes sociales y entidades privadas para cursos de formación. “Queremos garantizar la seguridad jurídica de terceros para todos y cuando la información de reintegro sea firme la haré pública, no antes”, ha argumentado.

En una comparecencia en el Parlamento el pasado 30 de abril, el consejero de Educación contó que había pedido el reintegro de 1.059.176 euros de los 2.326 millones que destinó la Junta en siete años, desde 2007 hasta 2013. Ese dinero corresponde a cuatro expedientes, de un total 1.728 analizados, en los que ha habido fraude, por un uso no justificado de las ayudas.

Alonso se ha ceñido hoy sólo a dar una cronología de la petición cursada por la juez Alaya, que abrió una causa separada de los ERE sobre supuestos delitos en cursos de formación realizados por el sindicato UGT con fondos de la Junta de Andalucía. Según ha dicho, el pasado 20 de marzo la dirección general de Formación Profesional para el Empleo recibió una diligencia de requerimiento de información sobre la gestión y justificación de las ayudas recibidas por agentes sociales, así como un desplegable con las ayudas concedidas entre 2004 y 2011. También solicitaba acceso a la UCO de las aplicaciones informáticas sobre los cursos.

El pasado 7 de abril, esta información se envió a los servicios jurídicos de la Junta. Hace dos días, el 20 de mayo, la Guardia Civil recogió las claves de las aplicaciones informáticas y ayer “se presentaron a recoger” la documentación. Según Alonso, la colaboración de la Junta llegó hasta el punto de “facilitar hasta el transporte” de estos archivos.

El PP se ha mostrado muy insatisfecho con los datos aportados por Alonso y ha acusado a la presidenta de la Junta, de "imponer la ley del silencio". La diputada popular Teresa Ruiz Sillero ha acusado al consejero de "informar desinformando" lo que, en su opinión, da pie a que se puedan plantear "hipótesis" sobre el uso fraudulento de los fondos.

El PP había pedido la comparecencia para conocer la situación de la tramitación administrativa de los expedientes de reintegro de cantidades indebidamente percibidas por UGT de Andalucía en concepto de subvenciones para la formación para el empleo, así como de las cantidades devueltas por dicho concepto. Según los datos aportados por Alonso, se han inspeccionado un total de 41 expedientes de UGT, de los que tres "a los que se les ha iniciado ya el procedimiento de inicio de reinyegro". Pese a la insistencia de la diputada del PP, el titular de Educación no ha dicho a cuánto se eleva la cantidad en cuestión. Estos expedientes corresponden a líneas de ayudas a formación para desempleados.

Ruiz Sillero se ha mostrado sorprendida por el "desparpajo" de Alonso al afirmar que no conoce la documentación que se ha llevado la Guardia Civil, por lo que, según ella, debería ser destituido de su cargo. "Yo no hubiera dormido", le ha reprochado la diputada, quien ha preguntado si "esto es una ramificación del caso de los ERE o no".

A lo largo de toda su intervención, Alonso ha acusado al PP de generar un "confusión orquestada" que denota su desconocimiento del procedimiento administrativo y de crear "una gran hoguera" de todo lo relacionado con los cursos de formación. "Hacen juicios sumarísimos con expedientes que aún están en plazo de justificación", ha subrayado.

Autor: LOURDES LUCIO

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IMPORTANCIA DE LOS ARCHIVOS EN LOS CASOS DE NIÑOS ROBADOS

>>  martes, 17 de mayo de 2011


Los archivos, una pieza clave para esclarecer los casos de niños robados
http://www.larioja.com / 16/05/2011
Los archivos históricos se han convertido en una pieza clave para acceder a los documentos que acrediten los posibles casos de niños recién nacidos robados en los hospitales a partir de los años 50, después de la proliferación en toda España de denuncias en este sentido.
El fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales, ha admitido hoy que en su origen había "muchas piezas del puzzle por encajar", al ser "una investigación muy difícil por tratarse de hechos ocurridos hace cuarenta o cincuenta años, cuya documentación va apareciendo poco a poco".
Morales ha presentado hoy junto al consejero andaluz de Cultura, Paulino Plata, una exposición en el Archivo Histórico Provincial de Málaga de documentos sobre posibles casos de bebés robados.
En la muestra hay un libro de registro de inscripción de abortos, con datos recabados entre 1956 y 1976, un certificado de aborto del hospital de San Juan de Dios de Málaga de 1965, una hoja impresa sin rellenar del boletín estadístico de abortos del mismo año o la autorización del juez de Lucena para la inhumación de un feto, junto al expediente judicial correspondiente, también de 1965.
Según este fiscal, desde el punto de vista jurídico "las posibilidades son enormes, desde falsificaciones a suposiciones de partos, a sustitución de un niño por otro o hasta la posibilidad de una usurpación del estado civil".
"Las víctimas nos manifiestan que su deseo no es tanto obtener una responsabilidad penal de los posibles autores de los hechos, sino que pretenden únicamente defender su derecho e interés legítimo a saber la verdad", ha explicado Morales.
La provincia de Málaga, con 69 posibles casos denunciados, de los que tres ya se han "judicializado", es pionera al haber editado una guía para orientar a las posibles víctimas.
"Antes existía un desconcierto absoluto, se denunciaban hechos poco precisos y había dificultades cuando se presentaban personas no legitimadas reclamando en instituciones sanitarias datos que están reservados y que sólo pueden ser reclamados por los interesados", según el fiscal jefe. EFE


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