Noticias sobre Archivos: Archivo de Simancas, Archivos del Poder Judicial de Michoacán, Universidad Veracruzana, Consejo Federal de Archivos Estatales (CoFAE)

José María Burrieza Mateos, nuevo director del Archivo General de Simancas

https://www.tribunavalladolid.com/

Rebeca Pasalodos Pérez

El historiador y archivero asume el cargo tras una larga trayectoria en archivos estatales y vinculada a Simancas desde 1995

José María Burrieza Mateos ha sido nombrado nuevo director del Archivo General de Simancas, centro de titularidad estatal dependiente del Ministerio de Cultura, incorporándose hoy oficialmente al cargo.

Nacido en Zamora en 1959, Burrieza es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca. Su carrera archivística comenzó en el Archivo Histórico Provincial de Zamora y, en 1991, ingresó como funcionario de carrera en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (Sección Archivos). Desde entonces, ha desarrollado su labor en diversos archivos estatales, entre ellos el Archivo de la Corona de Aragón (Barcelona) y el Archivo Histórico de la Nobleza (Toledo).

Vinculado al Archivo General de Simancas desde 1995, ha ocupado distintos cargos, como técnico de Sección de Organización y Descripción de Fondos Documentales y jefe del Departamento de Referencias. Entre 2010 y 2014 fue subdirector del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, y desde 2014 ejercía como subdirector del Archivo General de Simancas.
Sobre el Archivo General de Simancas

El Archivo General de Simancas, situado en la localidad vallisoletana de Simancas, custodia gran parte de la documentación de los organismos de gobierno de la monarquía hispánica desde la época de los Reyes Católicos (1475) hasta la instauración del Régimen Liberal (1834). Se trata del fondo documental más homogéneo y completo para el estudio de los siglos XVI al XVIII, fundado por Carlos V en 1540 y ampliado bajo el reinado de Felipe II.

Sus fondos se dividen en dos grandes bloques: los de la época austriaca y los de la época borbónica, ofreciendo así un recorrido estructurado por más de tres siglos de administración y gobierno.

El archivo se conserva desde el siglo XVI en una fortaleza acondicionada por el arquitecto renacentista Juan de Herrera. Durante siglos, generaciones de archiveros han trabajado para preservar los documentos, protegerlos del deterioro, estudiarlos y describirlos con rigor, además de difundir su contenido para favorecer su conocimiento entre la ciudadanía.

Conforman Sistema Institucional de Archivos del Poder Judicial de Michoacán

https://metapolitica.news/

Alejandro Martínez Castañeda

Con el objetivo de fortalecer la legalidad, la transparencia y la correcta administración de la documentación judicial, se llevó a cabo el acto protocolario de conformación del Sistema Institucional de Archivos (SIA) y la integración del Grupo Interdisciplinario del Poder Judicial del Estado de Michoacán, en el Salón de Usos Múltiples del Antiguo Palacio de Justicia.

Además de la conformación del SIA, durante el evento se dio cumplimiento a lo establecido en los artículos 50 al 54 de la Ley General de Archivos, que obligan a cada Sujeto Obligado a contar con un Grupo Interdisciplinario, integrado por profesionales de la propia institución, encargado de analizar los procesos y procedimientos que dan origen a la documentación pública, así como de garantizar su correcta organización, conservación y valoración.

En representación del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Órgano de Administración, Mtro. Hugo Alberto Gama Coria, el acto fue encabezado por la Dra. Katia Figueroa Cervantes, Secretaria Ejecutiva del Órgano Administrativo del Poder Judicial, quien tomó protesta a las y los integrantes del Grupo Interdisciplinario, exhortándolos a conducirse bajo los principios de legalidad, objetividad, integridad, transparencia y disponibilidad de la información.

Al término del evento, la Mtra. Luz Corona Bustos, directora de Archivos del Poder Judicial de Michoacán e integrante del Grupo Interdisciplinario, destacó la relevancia del SIA como una herramienta estratégica para el fortalecimiento del quehacer judicial.

Subrayó que la correcta integración y operación del Sistema Institucional de Archivos contribuye directamente a la misión del nuevo Poder Judicial del Estado de Michoacán, al garantizar certeza jurídica, legalidad y transparencia en la impartición de justicia, asegurando que cada actuación judicial cuente con respaldo documental íntegro, confiable y accesible, en beneficio de los derechos de las personas y de la confianza ciudadana.

Finalmente, enfatizó que el trabajo del Grupo Interdisciplinario será clave para analizar los procesos internos que generan documentación, establecer criterios técnicos y aplicar medidas que aseguren una administración archivística responsable, acorde con los estándares que marca la Ley General de Archivos.

UV preserva y digitaliza archivos notariales con nueva plataforma
https://www.uv.mx/
David Sandoval Rodríguez, Fotos: César Pisil Ramos

La Universidad Veracruzana (UV), a través del área de Colecciones Especiales de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI) Xalapa, culminó un proyecto de varios años con la puesta en marcha de una nueva plataforma digital para la consulta de los archivos notariales más antiguos del estado, que datan de 1578 y son parte del acervo histórico que resguarda la institución desde 1957.

Aristeo Marín Ávila, historiador paleógrafo e integrante del equipo responsable de Colecciones Especiales, encargado del resguardo de estos fondos, explicó que la actualización tecnológica representa un paso decisivo para garantizar la preservación y el acceso digital al patrimonio documental universitario.

“La Universidad Veracruzana ha sido depositaria de los archivos notariales de Xalapa, Orizaba y Córdoba por más de seis décadas. Ahora, gracias a la digitalización y a esta nueva plataforma, cualquier persona puede acceder a documentos que narran más de cuatro siglos de historia”, señaló Marín Ávila.

Los archivos notariales, que abarcan del siglo XVI al XX, constituyen una fuente invaluable para los estudios de historia económica, social y cultural de Veracruz y México; su consulta en línea ha permitido que investigadores de instituciones afincadas en España, Estados Unidos y diversos estados del país accedan a información que antes sólo podía revisarse de manera presencial.

La primera versión digital de los archivos fue desarrollada hace casi veinte años, pero la evolución tecnológica y las nuevas normas internacionales de archivística hicieron necesaria una renovación profunda.

“El software original nos permitió abrirnos al mundo, pero ya no podía actualizarse”, recordó Marín Ávila, “por eso emprendimos un trabajo de varios años para poner al día toda la base de datos, normalizar la descripción de los documentos y adoptar estándares internacionales de interoperabilidad.”

El nuevo sistema está basado en Atom (por sus siglas en inglés: Access to Memory), una plataforma de software libre y de código abierto diseñada específicamente para la descripción, gestión y difusión de archivos y colecciones históricas.

Fue creada por el Consejo Internacional de Archivos (ICA), lo que garantiza su compatibilidad con repositorios internacionales y su mantenimiento a largo plazo.
Martín Páez Bistrain, director de la USBI, destacó que este logro fue posible gracias a un trabajo conjunto entre la UV y diversas dependencias de la institución.

Además de los archivos notariales, el sistema hospeda otros destacados fondos patrimoniales como el Archivo Leonardo Pasquel Jiménez, el Archivo Juan de la Cabada, la Colección José García Ocejo al igual que los archivos fotográficos de Anatole Pohorilenko y Roberto Williams García.

La digitalización de estos materiales también tiene un impacto en su conservación física, al reducir la manipulación de los documentos originales, que son conservados por el equipo de Colecciones Especiales, integrado también por Cruz Victoria Villegas Valencia, Nohemí García Chimal, Mayra Domínguez Méndez, Manuel Reyna Aragón y Aarón David Hernández Contreras.

“El acceso digital protege los materiales y democratiza su consulta ya que los investigadores no necesitan desplazarse hasta la USBI para conocer los registros notariales; ahora pueden hacerlo desde cualquier parte del mundo”, puntualizó Marín Ávila.

Para la comunidad universitaria, el lanzamiento de esta plataforma representa la culminación de una etapa de modernización tecnológica que fortalece la vocación de la UV como custodia del patrimonio documental y promotora del acceso libre al conocimiento, recalcó por su parte Martín Páez.

La nueva plataforma está disponible de forma gratuita en el portal de la USBI-Xalapa, accediendo desde la liga: https://fciuv.uv.mx/

Su director dijo que se espera que continúe creciendo con nuevos fondos y proyectos de preservación digital ya que “es el fruto de muchos años de esfuerzo colectivo; hemos sentado los cimientos para que el patrimonio histórico universitario siga vivo y accesible para las generaciones futuras.”

“No contamos con un equipo de desarrollo propio, así que solicitamos apoyo a la Facultad de Estadística e Informática; un estudiante de servicio social dedicó más de un año a realizar la migración y programación de la nueva plataforma, con lo que incluso obtuvo su titulación”, explicó.

César Alejandro Vallejo Galván, en aquel entonces alumno de la Licenciatura en Informática, desarrolló el sistema y logró migrar la base de datos a Atom, incluso con esta labor fue que se basó para realizar su trabajo recepcional, agregó el entrevistado.

El proceso, añadió, incluyó la colaboración de especialistas de la Dirección General de Tecnologías de Información (DGTI) y la Dirección General de Bibliotecas, quienes validaron la seguridad, los estándares técnicos y la interoperabilidad del sistema.

“Fueron años de trabajo y coordinación que llevaron a que hoy la UV cuente con una herramienta moderna, limpia y funcional, que permitirá no sólo la consulta de los archivos notariales, sino también la incorporación de otras colecciones históricas”, destacó Páez Bistrain.

Lanzan un curso virtual para fortalecer la gestión documental en archivos públicos
https://sisanjuan.gob.ar/

El Ministerio de Gobierno informó que se realizará el curso virtual “Herramientas para la Gestión de Documentación y la Administración de Archivos”, una iniciativa del Consejo Federal de Archivos Estatales (CoFAE) que pone en marcha una propuesta de formación virtual destinada a generar soluciones prácticas para la gestión de documentación y la administración de archivos públicos de todo el país.

La propuesta formativa tendrá una duración de cinco semanas, con una carga total de 32 horas, y se dictará bajo modalidad virtual asincrónica a través del campus virtual del Archivo General de la Nación. La primera comisión se desarrollará entre el 23 de febrero y el 3 de abril de 2026, con un cupo máximo de 25 participantes, quienes contarán con el acompañamiento de un tutor.

Información clave para la inscripción:

Fecha límite: Hasta el 13 de febrero de 2026.
Comunicación de vacantes: Hasta el 19 de febrero.
Destinatarios: Principalmente personal que se desempeñe en archivos adheridos al CoFAE.
Requisito fundamental: Cada postulante deberá presentar una carta aval de su Director/a de Archivo titular.

Compromiso institucional y asistencia técnica:

El aval de las autoridades de cada institución es mandatorio, garantizando que el agente pueda cursar en horario laboral y realizar prácticas profesionales con los fondos documentales del organismo. Un aspecto innovador de este programa es que el trabajo final podrá ser transformado en un proyecto de desarrollo, contando con el acompañamiento y asistencia técnica de la Comisión de Capacitación del CoFAE.

Se establece, asimismo, un sistema de responsabilidad institucional: aquellos archivos cuyos aspirantes se inscriban y abandonen la cursada sin justificación, quedarán en el último orden de mérito para las vacantes de los cursos subsiguientes durante el año 2026.

Criterios de selección y vacantes:

Para la asignación de vacantes, se priorizará el siguiente orden:

• Personal de archivos miembros del CoFAE.
• Personal de archivos adherentes al CoFAE.
• Agentes de archivos estatales provinciales con vínculos con el archivo titular de su jurisdicción.

Durante el cursado, se abordarán contenidos vinculados a las nociones básicas de la archivística contemporánea, incluyendo criterios de identificación, clasificación y ordenamiento documental; gestión de documentos electrónicos y expedientes digitales; y el marco normativo vigente en materia de plazos de guarda y acceso a la información. Como valor agregado, para la aprobación se requerirá la elaboración de un diagnóstico del área de desempeño y un proyecto de mejora, que podrá ser acompañado posteriormente como asistencia técnica por la Comisión de Capacitación del CoFAE.

Los interesados en participar deberán comunicarse con el Archivo General de la Provincia enviando un mail a archivogeneral@sanjuan.gov.ar. El programa completo y el listado de contactos provinciales estarán disponibles próximamente en la web haciendo click aquí.

Esta iniciativa se enmarca en el trabajo conjunto entre el Archivo General de la Provincia, dependiente de la Secretaría de Relaciones Institucionales y el CoFAE, orientado a fortalecer las capacidades técnicas del personal archivístico y promover una gestión documental más eficiente, moderna y acorde a las exigencias actuales.

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Increible pero cierto: Archivo Judicial de Alicante no tiene Licencia de Apertura

El Archivo Judicial de Alicante lleva veinte años funcionando sin licencia de apertura

https://www.informacion.es/
J. A. Martínez

El Archivo Judicial Provincial de Alicante lleva veinte años funcionando sin licencia de apertura. Los hechos han sido denunciados por el sindicato UGT ante la inspección de Trabajo, mientras que desde la Conselleria de Justicia ya se han iniciado los pasos para legalizar las instalaciones, ubicadas en el Polígono del Pla de la Vallonga. Se trata de una nave a la que los juzgados envían todas las causas judiciales y todas las pruebas de convicción una vez cerrada. «Se trata de un almacén masivo de material combustible, como el papel, que la clasifican como un lugar de alto riesgo de incendio», alertó el responsable de Justicia de UGT, Juan Pedro Pelegrín, que incidió en que precisamente la ausencia de licencia impedía un plan adecuado de seguridad para el edificio.

Desde la Conselleria de Justicia se confirmó la falta de la licencia de apertura, aunque se subrayó que se trataba de una situación ya heredada que se encuentra en vías de solución desde el pasado mes de julio. Según explicaron estas fuentes, el archivo cuenta desde julio con la licencia medioambiental, que se trata del documento provisional que supone un primer paso administrativo para legalizar la situación. «Heredamos un establecimiento sin licencia y sin medidas adecuadas contra incendios y lo que hemos hecho, una vez advertida la disfunción, es ponerle solución», insistieron esas fuentes. Según recalcaron desde Justicia, a comienzos del pasado septiembre, han empezado obras con un presupuesto de más de un millón de euros, para adecuar el espacio. «Se prevé que estos trabajos duren entre seis y ocho meses y, tras su finalización, y, por tanto adecuación, el Ayuntamiento expedirá la licencia de apertura», explicaron. Esto supone que se espera tener la licencia de apertura entre febrero y abril del año próximo.


El edificio empezó a funcionar durante los años de al frente de la . Las fuentes consultadas por este diario señalaron que en su día la obtención de la licencia quedó pendiente de un trámite que no llegó a completarse. Mientras tanto, las instalaciones han estado funcionando de manera irregular y distintos gobiernos han ido pasando por la Generalitat. La situación era desconocida en las sedes judiciales que durante este tiempo han ido enviando al edificio toda la documentación de los casos ya cerrados para su archivo. Aunque el Defensor del Pueblo ya había recibido quejas sobre el funcionamiento de las instalaciones a lo largo de esta década. Durante este verano, el sindicato UGT presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo para denunciar unas deficiencias «que comprometían seriamente la seguridad y la salud de los trabajadores», con incumplimientos de la legislación de prevención de riesgos laborales.


Medidas insuficientes Además de los riesgos por acumulación de papel, se encuentra el hecho de que el único sistema de extinción de incendios son extintores portátiles. «Un sistema a todas luces insuficiente para hacer frente a un incendio en una zona con tanta carga de fuego», señala el sindicato, que considera que los medios adecuados para la extinción de incendios consistirían en instalar con un sistema de rociadores automáticos que garanticen una respuesta inmediata y eficaz. A esto se une, según la denuncia presentada en la inspección de Trabajo, que el centro carece de una señalización de evacuación adecuada. «Las señales de salida, los recorridos de evacuación y los puntos de encuentro no están correctamente indicados o son inexistentes, lo que crea confusión y puede comprometer la seguridad en caso de emergencia», alertan. A esto se une otras deficiencias como el hecho de que haya numerosos expedientes y palés esparcidos por el suelo de la nave. «Esa falta de orden y limpieza no solo obstaculiza la circulación, sino que también incrementa el riesgo de caídas, golpes y accidentes laborales», denuncian.


Por todo ello, pedían que Trabajo realizara una inspección exhaustiva de las instalaciones. Paralelamente, remitieron al Ayuntamiento de Alicante otro escrito alertando de la situación en las instalaciones y recordando que es al consistorio a quien le corresponde velar por el control de la legalidad urbanística y que la licencia de apertura es el mecanismo para garantizar la adecuación de la actividad. En ese escrito, se recordaba que en el caso de que ocurriera cualquier tipo de accidente dentro del recinto se podría derivar responsabilidad patrimonial de la Administración

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El Archivo Judicial en Venezuela: Condición de Imputado

Archivo Judicial y Condición de Imputado
https://www.alc.com.ve/
Alberto Jurado Salazar

El archivo judicial está previsto en los artículos 296 y 364 del Código Orgánico Procesal Penal, para el procedimiento ordinario y el procedimiento especial para el juzgamiento de los delitos menos graves, respectivamente, en los siguientes términos:

Artículo 296. Vencido el plazo fijado en el artículo anterior, el Ministerio Público deberá presentar el acto conclusivo. Si vencido el plazo que le hubiere sido fijado, el o la Fiscal del Ministerio Público no presentare el acto conclusivo correspondiente, el Juez o Jueza decretará el archivo judicial de las actuaciones, el cual comporta el cese inmediato de todas las medidas de coerción personal, cautelares y de aseguramiento impuestas y la condición de imputado o imputada. La investigación sólo podrá ser reabierta cuando surjan nuevos elementos que lo justifiquen, previa autorización del Juez o Jueza. Artículo 364. Si vencidos los lapsos a los que se refieren el encabezado y primer aparte del artículo anterior, el Ministerio Público, ha omitido la presentación del correspondiente acto conclusivo, el Juez o Jueza de Instancia Municipal, decretará el Archivo Judicial de las actuaciones, el cual comporta el cese inmediato de todas las medidas de coerción personal, cautelares y de aseguramiento impuestas y la condición de imputado o imputada.

La decisión del Archivo Judicial decretado por el juez de control comporta, en virtud de la no presentación de acto conclusivo alguno en el tiempo establecido, el cese inmediato de todas las medidas de coerción personal como la privación judicial preventiva de libertad o medidas cautelares sustitutivas de libertad, medidas de coerción real y de aseguramiento impuestas,.

Además como consecuencia del archivo judicial tenemos la pérdida de la condición de imputado y la imposibilidad de reabrir la investigación sin la previa autorización del juez de control, cuando surjan nuevos elementos que lo justifiquen, y exclusivamente por medio de solicitud motivada del Ministerio Público.

Doctrina Jurisprudencia sobre el Archivo Judicial

En este sentido, citaremos la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, del 19 de febrero de 2004, (caso: “Banco de Venezuela, S.A., Banco Universal”), en la cual se expresó lo que sigue:

“(…) Ahora bien, conforme con el artículo 314 in fine del Código Orgánico Procesal Penal, el archivo de las actuaciones ‘comporta el cese inmediato de todas las medidas de coerción personal, cautelares y de aseguramiento impuestas y la condición de imputado. La investigación sólo podrá ser reabierta cuando surjan nuevos elementos que lo justifiquen, previa autorización del juez’.

En ese caso, al quedar firme la decisión que ordena el archivo de las actuaciones culmina el proceso penal, por cuanto no sólo quedan sin efecto las medidas de coerción que se hubieran decretado, sino que además, el imputado pierde tal condición, y no se concibe un proceso penal sin que exista imputado alguno.

Ciertamente, el juzgador puede autorizar la reapertura de la investigación si surgen nuevos elementos fácticos, pero en tal supuesto será menester comenzar un nuevo proceso, pues el tramitado inicialmente culminó con el archivo del expediente;

por lo tanto, no se trata de un proceso en curso cuya continuación esté condicionada a la aparición de tales elementos y a la autorización del juez, sino de un proceso que terminó, aunque puede iniciarse otro por los mismos hechos, al surgir nuevos elementos relativos a los hechos(…)”.

El anterior criterio constitucional, resalta la importancia de la obligación del Ministerio Público de dar término a la fase preparatoria del proceso penal con la diligencia que el caso requiera, en virtud de la exigencia constitucional de una justicia expedita (Artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).

Esto debido a que la actuación de los órganos jurisdiccionales debe encaminarse a proteger a todo imputado reconociendo sus derechos y brindándole las garantías necesarias para su ejercicio, a los fines de evitar someterlo a un proceso penal interminable, siendo la misma una de las funciones del archivo judicial.

En contraposición tenemos lo regulado en cuanto al archivo fiscal como acto conclusivo cuya facultad de presentación al Juez de Control corresponde a la representación del Ministerio Público y que su omisión podría igualmente provocar que el juez de primera instancia penal en funciones de control decrete el archivo judicial en los términos arriba mencionados, así tenemos que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 22 de noviembre de 2024, en la sentencia 403, dejó las siguientes máximas jurisprudenciales:

“…Toda persona sometida a investigación tiene derecho de conocer con certeza su situación procesal y de obtener una resolución definitiva dentro de un plazo razonable…”.

“…El archivo fiscal es un acto conclusivo que permite que la investigación termine de un modo provisional, por cuanto implica una clausura provisoria de la misma…”.

“…El archivo fiscal colige la carencia de elementos de investigación que permitan presentar una acusación formal por parte del Ministerio Público…”.

“…El efecto jurídico del archivo fiscal es la suspensión del proceso penal…”.

“…Decretado el archivo fiscal, el representante del Ministerio Público no se encontraría facultado de proseguir con la investigación, ni ordenar la realización de diligencia alguna, excepto en caso que surgiese algún elemento de prueba nuevo que justifique la reapertura de la causa…”.

“…De existir plena certeza de que posteriormente no surgirán nuevos elementos de convicción, el acto conclusivo procedente será el sobreseimiento…”.

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Caos en los archivos del IMSS causó tensión en el registro judicial

El juez ordena al exgerente de Serveis Socials que esté "localizable"
http://www.diaridetarragona.com/ 14/10/2015

El caos en los archivos del IMSS causó tensión en el registro judicial. Los problemas para encontrar papeles llevaron al secretario judicial a amenazar a trabajadores municipales con arrestos por un delito de omisión de la custodia de documentos oficiales

Dos agentes de la Guardia Civil, el pasado viernes al mediodía, saliendo de la sede del IMSS. Foto: Lluís Milián

El registro judicial que catorce agentes de la Guardia Civil llevaron a cabo el pasado viernes en seis dependencias del Ayuntamiento de Tarragona para buscar documentación original del Caso Inipro tuvo momentos de máxima tensión. Los problemas con los que se encontraron los efectivos del cuerpo de seguridad estatal para recabar la documentación requerida llevaron al secretario judicial a amenazar con arrestos a algunos trabajadores municipales por un delito de omisión de la custodia de documentos oficiales.

Así lo aseguraron ayer al Diari varias fuentes, las cuales remarcaron que la desorganización municipal provocó que fueran numerosos los empleados de la administración local que no fueron capaces de encontrar los papeles que interesaban al juez. Todo esto provocó momentos de nerviosismo que llevaron a los representantes del Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona a pedir a los funcionarios y responsables de la corporación local a buscar «debajo de las piedras si es necesario» los expedientes y certificados solicitados por parte del juzgado para analizar las adjudicaciones irregulares del Consistorio a la empresa Iniciatives i Programes SL.

De momento, sin imputados

Los agentes estuvieron durante ocho horas en la nueva sede del Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) en la Plaça Prim, junto a la iglesia de Sant Joan. Este organismo se mudó hace pocas semanas a las nuevas dependencias, un hecho que causó que alguna información no se encontrara aún en esas oficinas y que la gerente del IMSS no supiera concretar al momento donde estaba cada expediente.

Desde allí, los efectivos de la Guardia Civil fueron a la Tabacalera y, posteriormente, a la antigua facultad de Lletres en la Plaça Imperial Tarraco. Fue en ese emplazamiento, pasadas las siete de la tarde, donde apareció el exgerente del IMSS, Antonio Muñoz, quien a mediados de 2013 fue el único cabeza de turco cuando saltó la crisis, ya que se vio obligado a dimitir. Pese a que en su momento el gobierno municipal señaló a Muñoz como el único culpable de las «irregularidades sin intencionalidades punibles» según las definió el pasado viernes la portavoz Begoña Floria, lo cierto es que, de momento, ni el exgerente ni ninguna otra persona está imputada. Eso sí, el juez solicitó a Antonio Muñoz que esté localizable» durante las próximas horas, por lo que no puede descartarse que, a raíz de la información obtenida anteayer, en breve haya encausados por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y alteración fraudulenta de concurso público.

Pasadas las diez de la noche, los agentes se dirigieron al palacio municipal de la Plaça de la Font, donde buscaron dos certificados del secretario general, Joan Anton Font. La búsqueda de información finalizó en la oficina de servicios sociales de Campclar, un registro que acabó pasada la una de la madrugada, tras más de 14 horas de actividad en las que los agentes se llevaron dos cajas de papeles e información digital.

‘Responsabilidades políticas’

El portavoz del PP, Alejandro Fernández, manifestó ayer en la red social Facebook que «los larguísimos registros tienen muy mala pinta. La experiencia nos demuestra que la Guardia Civil actúa siempre con rigor. Alguien en el Gobierno Ballesteros tendrá que asumir responsabilidades políticas».

Por su parte, Arga Sentís (ICV) tiene «respeto y confianza» con la justicia, si bien lamentó que las actuaciones «están afectando a una de las áreas más sensibles y necesarias del Ayuntamiento», ya que todo ello «no permite que los profesionales de Serveis Socials puedan desarrollar su trabajo en las mejores condiciones».

Autores: O. Saumell / A. Juanpere

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Se promueve la creación por Ley del Archivo Judicial de Entre Ríos.

El STJ impulsa un proyecto de Ley para crear un archivo judicial dinámico

http://www.aimdigital.com.ar/ 11/08/2015

Ingresó en la Cámara de Senadores un proyecto del Superior Tribunal de Justicia (STJ) por el que se promueve la creación por Ley del Archivo Judicial de Entre Ríos, confirmó AIM. La iniciativa propone que el organismo resguarde, registre, archive y expurgue expedientes del Poder Judicial.

Fachada Tribunales. Foto: AIM.

Los senadores de la provincia deberán analizar si aprueban o no la iniciativa del STJ por la que se crearía por Ley el Archivo Judicial, que funciona bajo la órbita de ese poder desde el 2002. La propuesta implica un marco jurídico que establece pautas respecto de la organización de las distintas secciones y su funcionamiento así como también se regula sobre los expedientes inexpugnables y los plazos de conservación de expedientes indestructibles, corroboró esta Agencia.

La reforma legislativa apunta a “adaptar” el marco legal a las necesidades, parámetros y directrices que se vislumbran actualmente, ya en la actualidad la cantidad de expedientes a disposición del archivo provocó el rebasamiento total del espacio físico existente. En ese marco, se fijan reglas sobre los expedientes que no podrán destruirse vinculados a disposiciones sobre derechos reales; sobre mesura, deslinde y alojamiento; filiación, adopción, nulidad y revocación y cuestiones referidas a asentamientos o modificaciones en el Registro Civil y Capacidad de las Personas; sucesiones, expropiaciones, libros de sentencias y acuerdos; y documentos administrativos que especialmente se determinen.

Por otro lado, se crearía una sección histórica, “para causas, expedientes y demás documentación cuyo valor de conservación sea resuelta por el STJ”, según el artículo octavo del proyecto.

Reseña histórica

En la provincia el Archivo General tuvo sus orígenes en el Decreto 4, de mayo de 1860, firmado por el gobernador Justo José de Urquiza. Los sucesivos gobiernos fueron adoptando diferentes medidas de protección del patrimonio documental, hasta que el 10 de junio de 1880 se promulgó la Ley de creación del Archivo General de Entre Ríos, que contiene el archivo histórico Guillermo Saraví y el Administrativo e Histórico, donde se registran expedientes de vieja data. Asimismo, se custodian testimonios escritos, expedientes judiciales y el Fondo Documental, denominado Fondo de Hacienda.

El Archivo Judicial, específicamente, cambió de manos en cuanto su ámbito de funcionamiento: el Decreto Ley 6964 lo enmarcaba en la órbita del Registro de la Propiedad; la Ley 7387 y su modificatoria reguló lo relativo al expurgo de expedientes judiciales como una función del Notariado, Registro y Archivos; y en el 2002 se celebró un convenio entre autoridades de los poderes Ejecutivos y Judicial para trasladarlo bajo la órbita del Judicial, convenio aprobado por el acuerdo del STJ 10/12 del 23 del abril de ese año.

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Queman archivo físico y roban disco duro para dejar sin evidencias a la fiscalía

Las primeras tres hipótesis del ataque a la fiscalía de San Javier

http://www.agenciafe.com/ 14/07/2015

La investigación apunta a casos de corrupción policial, dos homicidios y bandas dedicadas a la explotación de sexual. El edificio de la fiscalía no sufrió daños estructurales. Con arreglos de superficie podrá ser ocupado nuevamente.

El ataque incendiario, que el domingo a la madrugada destruyó los archivos y material probatorio de cientos de causas de la fiscalía de San Javier, ya comenzó a ser investigado como obra de una banda que tuvo dos objetivos: amedrentar a la fiscala Rosana Marcolín, a cargo de ese distrito, y destruir material probatorio.

Ayer, luego de viajar a San Javier, constatar los daños y conversar con Marcolín sobre las hipótesis respecto del violento episodio, el fiscal general, Julio de Olazábal, dialogó con Diario UNO sobre las líneas de investigación que manejan, a 24 horas del episodio.

“Tenemos varias pistas y huellas que nos dan un primer panorama sobre cómo ocurrieron los hechos. Por el momento, no podemos adelantar más detalles, pero tenemos tres hipótesis que se corresponden con las causas más complejas que está llevando adelante esta fiscalía: bandas vinculadas a la explotación sexual de mujeres, casos de corrupción policial y dos homicidios que generaron mucho ruido en esta ciudad. El otro punto importante es que esto no es obra de una sola persona, y tenemos testigos que pueden corroborar ese punto”,explicó De Olazábal.

Hasta el momento, la fiscala Marcolín no había recibido ningún tipo de amenazas ni amedrentamientos, por lo que el primer trabajo será deslindar de las más de 2.000 causas que ingresaron al juzgado desde el 10 de febrero del 2014 (cuando se puso en marcha el nuevo sistema procesal penal), cuáles podrían haber generado este tipo de reacción por parte de las personas investigadas.

Han destruido evidencias pero también han querido dejar un efecto intimidatorio. Acá lo que queda claro es que hay una autoría criminal que está tratando de frenar el accionar de la Justicia. Es un hecho de naturaleza intimidatorio que no va a surtir efecto. La fiscala Marcolín está confiada de que va a poder seguir trabajando y tienen la colaboración de todo su equipo y el apoyo del Ministerio Público de la Acusación”, agregó el funcionario.

Hasta el momento se pudo reconstruir que la banda ingresó por las rejas que cubren el techo de un patio de luz, ubicado en el fondo de la fiscalía. Una vez dentro del inmueble, rompieron una puerta de madera que daba a la oficina de Marcolín, donde se tomaron el tiempo de robar el disco rígido de la computadora de la fiscala. El funcionario reconoció que la información que se guardaba allí era sensible, estaban las líneas de investigación de la mayoría de las causas sobre las que estaba realizando la acusación.

También se robaron armas que estaba guardadas como parte de prueba y el resto fue provocar destrozos. Juntaron carpetas y papeles, los acumularon en una pila y los prendieron fuego.

Ayer todavía estaban evaluando los daños. Luego de una limpieza, creen que van a poder recuperar el inmueble, que no habría sufrido daños estructurales, pero la tarea llevará su tiempo.

“Hasta el momento lo que pudimos determinar es que todo ocurrió en el mismo momento. Entraron, robaron las armas, sacaron el disco rígido, juntaron papeles y legajos en una pila y los prendieron fuego. Nos falta determinar la secuencia. Acá, en principio hay dos posibilidades: que estén intentando encubrir un delito que se estaba investigando o que se trate de un hecho de intimidación a la fiscala. Todavía es tal el desorden que no se ha podido hacer un relevamiento detallado de qué es lo que falta y qué fue destruido. Algunas evidencias de causas que estaban en investigación se pueden haber perdido, pero hay que considerar que el nuevo sistema de justicia no trabaja más sobre el expediente. Los legajos eran anotaciones de la fiscala, pero esto no va a paralizar las causas. Ahora lo que hay que hacer es juntar todos los rastros y huellas que se pueda y después hacer un inventario de lo que quedó”, sostuvo De Olazabal.

Tras el episodio, a la fiscala Marcolín se le designó una custodia personal y están tratando de coordinar una custodia policial para la oficina también. Ayer en conferencia de prensa, la fiscala calificó el robo e incendio como un ataque institucional “gravísimo” y aseguró que continuará trabajando con todas las causas que tenía a su cargo.

Fuente: Agenciafe/Diario UNO

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Lexnet: plataforma de intercambio seguro de información entre órganos judiciales y operadores jurídicos

Los juzgados de Huelva superan el millón de notificaciones por internet a través del sistema Lexnet
http://huelva24.com/ 18/08/2014

Los juzgados de la provincia de Huelva han realizado ya 1.161.379 notificaciones judiciales por vía telemática a través del Lexnet, una plataforma de intercambio seguro de información entre los órganos judiciales y los operadores jurídicos implantada en 2011 por la Consejería de Justicia e Interior para agilizar el funcionamiento de la Administración de Justicia en la comunidad.

Sólo en lo que va del presente año, los órganos judiciales de esta provincia han registrado 288.774 notificaciones practicadas a través de este sistema, que supone un importante avance en la agilización de los procedimientos judiciales y consiste en una herramienta informática que permite el envío telemático de las notificaciones de documentos judiciales como providencias, autos y sentencias

Este sistema está implantado ya en 24 órganos judiciales onubenses, lo que representa el 57% del total. Lexnet funciona ya en parte de los órganos judiciales unipersonales de las jurisdicciones Penal, Civil y Mercantil, Contencioso Administrativa y Social y se prevé su implantación en la totalidad de los 42 órganos judiciales de esta provincia

El desarrollo de Lexnet agiliza la tramitación de los procedimientos y proporciona múltiples beneficios en tiempo y costes. Este sistema mejora la capacidad de respuesta judicial al reducir el tiempo de envío de sus comunicaciones, además de reducir también los costes económicos al evitar el desplazamiento de los operadores jurídicos y propiciar un importe ahorro de papel al utilizar el soporte digital para dichas comunicaciones

Este sistema para la mejora de las comunicaciones judiciales forma parte del proyecto de modernización de la Administración de Justicia en Andalucía que está impulsando la Junta a través del desarrollo de las nuevas tecnologías, con el objetivo de mejorar su funcionamiento y ofrecer más agilidad y eficacia a este servicio público

Lexnet se suma así a otros proyectos tecnológicos promovidos por la Junta como el sistema de interconexión y consultas de los juzgados en el ámbito penal “Eemat”, el sistema de comunicaciones implantado entre los juzgados y los centros penitenciarios, el sistema de gestión de documentación y archivos judiciales “Jara”, los nuevos sistemas de videograbación de las salas de vista o el nuevo portal de información judicial “Adriano”, entre otras iniciativas

Según la Consejería de Justicia e Interior, la planificación tecnológica judicial está orientada ahora hacia la organización y distribución del trabajo que requerirá la implantación de la nueva oficina judicial y fiscal en Andalucía, sobre la base de dos objetivos fundamentales como son la interconexión de todos los órganos judiciales y la implantación del expediente judicial electrónico

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Archivo Judicial de Santiago instaura nuevo formato de certificación con 10 medidas de seguridad

El nuevo sistema antifalsificación que tienen las escrituras públicas
http://www.latercera.com/ 12/04/2014

El Archivo Judicial de Santiago estableció un formato con 10 medidas de seguridad. Tiene un adhesivo con holograma y un código de barra, entre otros elementos.

En junio de 2013 en el Archivo Judicial de Santiago detectaron una serie de irregularidades en las escrituras públicas. Testamentos, mandatos generales y contratos de compra venta fueron falsificados, imitándose los sellos y firmas del archivero. Tras esto, la Fiscalía Centro Norte comenzó a investigar a una presunta red de falsificadores de estas escrituras para obtener créditos bancarios. Sin embargo, en el Archivo también se tomaron medidas, estableciéndose una unidad antifraude y en febrero pasado la implementación de un nuevo formato de los protocolos notariales.

“Con la finalidad de evitar fraudes o perjuicios a terceros, se estableció un nuevo formato de certificación que cuenta con 10 medidas de seguridad”, señala el informe que el 19 de marzo el archivero judicial de Santiago, Francisco Leiva, le envío a la ministra visitadora de la Corte de Apelaciones de Santiago, María Soledad Melo.

Este nuevo formato fue luego informado al pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago y a la totalidad de los magistrados, notarios y conservadores del país.

De acuerdo al informe de Leiva, una de las modificaciones más destacables es la creación “del respaldo electrónico de todas las certificaciones en un repositorio (depósito digital de almacenamiento de archivos) propio e interno, que permite a cualquier organismo o interesado consultar de manera expedita y con absoluta certeza respecto a su autenticidad”.

A un adhesivo de seguridad con forma de holograma en el ángulo superior izquierdo, un código de barra digital y un timbre de tinta (ver infografía), se suma en el inverso del papel un sello digital de aprobación, el cual será entregado tras ser analizado por la recién creada unidad antifraude del archivo. También tendrá un certificado digital de vigencia, que se encontrará en la parte inferior de la hoja.

Otra de las medidas es la implementación de una firma electrónica en las escrituras públicas, la cual comenzará a funcionar el próximo 21 de abril.

“Pusimos dos stickers de seguridad. Uno que permite unir las hojas y así no pueden incorporar una hoja maliciosamente al medio ni modificarla. Tiene un adhesivo especial inviolable”, señala el archivero Francisco Leiva.

Añade que cuentan con timbres indelebles en partes específicas que sólo se pueden ver a través de luz ultravioleta. “Los timbres que ponemos son todos distintos, tanto el que pone la fecha como el del archivero. Tenemos 10 de cada uno de estos entonces vamos variando todos los días y los anotamos en un libro de repertorio”.

Según el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, Luis Maldonado, hace un tiempo que se percataron de estos cambios. “Nos empezaron a llegar copias del Archivo que vienen certificadas con un papel plateado y un número y las hojas están corcheteadas con ese sello, un triángulo que ponen en la esquina de las hojas”.

Maldonado valora estas medidas, tomando en cuenta que “las primeras falsificaciones que llegaron al conservador provinieron del archivo judicial”. Sin embargo, cree que no es suficiente. “Igualmente nosotros estudiamos a fondo cada escritura que llegue, porque lo falsifican todo, entonces a la larga nada es indestructible”, indica.

Modernización

Al aumento en los niveles de seguridad y autenticidad de los protocolos notariales, se suma un proyecto de digitalización de estas hojas.

“A fines de febrero se inició la digitalización de escrituras anteriores a 1984 (...). La instalación de dos nuevos scanners permitirán sextuplicar la producción actual. De esta forma, se espera completar íntegramente la digitalización de los protocolos notariales desde 1980 en adelante en un plazo de 18 meses”, señala el informe de Leiva.

El conservador Luis Maldonado valoró la iniciativa. “Me parece estupendo que estuviera todo digitalizado”.

por Javiera Matus

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Archivo de jurisprudencia venezolana prácticamente echado a la basura al no tomar en cuenta para decisiones

VENEZUELA: Con caso Scarano TSJ echó a la basura 12 años de jurisprudencia
http://www.entornointeligente.com/ 25/03/2014

Todo tiene su final, nada dura para siempre, tenemos que recordar que no existe eternidad". A falta de la publicación del fallo donde destituyó y envió a la cárcel al alcalde de San Diego, Enzo Scarano, esta estrofa de la canción de Héctor Lavoe es la única explicación al por qué en esta ocasión el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) echó a la basura el criterio que, durante 12 años, defendió sobre la tramitación de los casos de desacato.

En su sentencia número 74, del 24 de enero de 2002, la Sala Constitucional estableció que "el incumplimiento de un mandamiento de amparo es un delito de acción pública, por lo tanto corresponde, exclusivamente, al Ministerio Público ejercerla".

Tras recordar que el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo castiga esta infracción con penas que van entre 6 y 15 meses de prisión, en ese mismo dictamen dejó en claro que la aplicación de esta sanción es un asunto "propio de la jurisdicción penal".

Al revisar los archivos del TSJ, El Universal verificó que en los años posteriores ese criterio fue ratificado en decisiones como las número 728 del 2 de abril de 2002, la 662 del 4 de abril de 2003 y la 530 del 5 de abril de 2005, en las cuales reiteró que tan pronto se verifique un incumplimiento de un amparo se debe notificar al Ministerio Público sobre el mismo para que investigue al señalado y decida si pide su enjuiciamiento. Solamente en casos de que la violación se cometa contra un juez penal se puede saltar el paso de acudir ante un Fiscal.

Para el constitucionalista Juan Manuel Raffali este "precedente" no solo supone el fin de un criterio reiterado sino que representa "una violación a la doble instancia, porque si el TSJ ya tomó una decisión ante quién puede apelar el Alcalde". En similares términos se pronunció el catedrático en Derecho Penal, José Luis Tamayo, quien no dudó en tachar este proceso de "sumario" y "sin derecho al debido proceso, a la defensa y al juez natural".

Asimismo cuestionó la decisión de remover a Scarano de su cargo, pues "la Ley de Amparo no prevé que el funcionario que desacate un mandato judicial de amparo será sancionado con la destitución".

Raffali, sobre el particular, recordó que la Sala Constitucional en varias ocasiones ha dejado en claro que a los funcionarios de elección popular solo se les puede remover mediante la figura del referendo revocatorio o mediante un juicio penal.

Sin competencia

Tamayo, quien fue corredactor del anteproyecto de Código Penal que el máximo juzgado presentó a la Asamblea Nacional en 2004, llamó la atención sobre otro hecho "gravísimo" y es que "la Sala Constitucional no tiene facultad para enjuiciar ni sentenciar a nadie penalmente hablando".

Ciertamente ninguno de los 23 numerales del artículo 25 de la Ley Orgánica del TSJ le confieren a la intérprete de la Carta Magna las facultades para decidir enviar a alguien a prisión por cometer algún delito. Esta instancia puede anular leyes, decretos presidenciales, revisar tratados internacionales y revisar las sentencias de todos los demás tribunales.

"El TSJ no puede enjuiciar a ciudadanos, solamente puede enjuiciar al Presidente de la República, a los ministros, diputados y otros altos funcionarios, entre los cuales no figuran los alcaldes", apuntó el jurista.

¿Por qué enviaron a Scarano a la cárcel militar de Ramo Verde si el delito del que se le señala se castiga con meses de cárcel? "Porque se obvió el Código Orgánico Procesal Penal (COPP)", replicó.

La reforma del COPP de 2012 elevó hasta los 8 años de cárcel el mínimo para que algún señalado por un delito termine tras las rejas.

La Defensora defendió al TSJ

La defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, le salió al paso a las críticas que desde distintos sectores se le han formulado al procedimiento realizado por la Sala Constitucional contra Scarano y defendió su legalidad.

"Es imposible que con la presencia de todos los poderes públicos se cometa una ilegalidad", afirmó, al tiempo que aseguró que el hoy exalcalde tuvo la oportunidad de defenderse de los señalamientos en una "audiencia muy larga".

Con Información de El Universal

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Novasoft no ira a concurso de archivo por reducción de presupuesto y atraso en pagos de la Junta de Andalucia

Novasoft no optará al concuso del Archivo Judicial al reducir la Junta el presupuesto
http://www.abcdesevilla.es/ 10/01/2014

La unión temporal de empresas (UTE) que viene gestionando el Archivo Judicial Territorial de Málaga durante los dos últimos años, formada por Novasoft y Eulen, ha decidido no presentarse al próximo concurso público para cubrir el servicio debido a que la Junta de Andalucía ha reducido casi un 50 por ciento el presupuesto, que ha quedado fijado en 330.578 euros.

«No vamos a licitar porque es un proyecto muy difícil de gestionar con ese importe», ha indicado el director general de Novasoft, Francisco Guerrero. Además, el margen de demora en los pagos por parte del Gobierno andaluz oscila entre los 90 y los 180 días. «Tenemos facturas con casi 300 días de retraso», ha añadido.

En cualquier caso, el responsable de Novasoft ha querido dejar claro quela UTE no es la que despide a los 13 trabajadores del archivo, sino que el día 23 de enero termina su concurso y el personal, al estar contratado por obra y servicio, cesa su actividad en dicha fecha.

«La Junta podría haber hecho una prórroga automática del concurso, pero con una bajada del 50 por ciento no era posible», ha manifestado Francisco Guerrero, quien ha hecho hincapié en que es el Gobierno andaluz el que no ha querido incluir en el pliego de condiciones, como venía siendo habitual, la subrogación de la plantilla.

Mientras tiene lugar el proceso de selección, cuyo plazo de presentación acaba este viernes, y se designa en abril a la nueva empresa que se hará cargo del servicio, la Junta ha apostado por hacer un apaño temporal mediante un contrato menor de servicios por valor de 18.000 euros, que la UTE actual ha preferido rechazar.

«Se trataba de contar con dos o tres personas atendiendo en el mostrador para mantener el servicio durante estos dos meses», ha explicado el director general de la empresa, instalada en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).

Además, ha estimado que más de la mitad de la plantilla del archivo podría no ser subrogada debido al escaso margen de beneficio que obtendrá la sociedad que se haga con la concesión, aunque en su opinión serán «muy pocas» las que pujen.

Novasoft decidió presentarse al pasado concurso al contar éste con un componente tecnológico, que consistía en el desarrollo de una plataforma informática llamada Archiva, mediante la cual se han digitalizado los expedientes de los dos últimos años. Sin embargo, la Junta ha decidido prescindir de este programa a partir de abril, lo que supondrá un esfuerzo de años tirados por la borda. «El trabajo ha quedado reducido a la mera gestión de personas externas», ha finalizado Guerrero.

Autor: FRANCISCO JAVIER FLORES 

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