EL MUSEO GANÓ EL CONCURSO “DESEMPOLVANDO ARCHIVOS 2025” https://www.gesell.gob.ar/
El premio permitirá desarrollar un proyecto de conservación y difusión del patrimonio documental de Villa Gesell.
El Museo y Archivo Histórico Municipal fue uno de los 12 ganadores, entre 160 presentaciones de archivos públicos y privados de distintos puntos del país, del concurso “Desempolvando Archivos”. El proyecto “La memoria de Villa Gesell” ganó el premio que permitirá optimizar el funcionamiento del fondo documental.
Este reconocimiento posibilitará desarrollar un proyecto de conservación, organización y accesibilidad a los fondos del archivo, elaborado por el equipo del Museo y Archivo Histórico con asesoramiento profesional del Archivo Histórico Provincial “Ricardo Levene”.
El concurso “Desempolvando Archivos”* forma parte de la Iniciativa para el Fortalecimiento de Archivos que llevan adelante la Fundación Williams y la Fundación Bunge y Born, con el objetivo de colaborar con las instituciones que custodian fondos de archivo en el país para que puedan organizar, describir, y poner a disposición del público los acervos documentales que custodian.
Fue la sexta edición de esta convocatoria de la que participan archivos públicos y privados de todo el país, cuyas colecciones sean de acceso abierto. El Museo y Archivo Histórico ganó uno de los ocho subsidios para la línea de Organización y Descripción con el proyecto “La memoria de Villa Gesell”.
El objetivo es optimizar el funcionamiento del Archivo, compuesto por el fondo personal y familiar de Carlos Idaho Gesell y el fondo documental sobre el desarrollo de la ciudad, iniciado por la obra del fundador y enriquecido constantemente por la comunidad. El Museo y Archivo Histórico Municipal funciona desde el 13 de julio de 1991 como custodio de la memoria e identidad comunitarias.
Este proyecto se desarrollará durante un año con asesoramiento profesional y recursos técnicos, que permitirán organizar nuestro Archivo con normas de planificación y manejo que garanticen la preservación y el acceso al patrimonio documental de Villa Gesell.
*Proyecto financiado a través del Subsidio obtenido en la Convocatoria DA-2025 (Desempolvando Archivos 2025), de la Iniciativa para el Fortalecimiento de Archivos, (FW y FByB), Buenos Aires, 2025.
Aduana implementa registro digital obligatorio para desconsolidación de carga marítima
https://www.infobae.com/
La digitalización del trámite permitirá que, en caso de demoras en la respuesta aduanera, la aprobación sea automática, lo que promete optimizar la planificación logística y reducir costos en puerto
La Resolución General 5744/2025 deroga la RG 4.915 y comenzará a aplicarse a partir del quinto día hábil posterior a su publicación en el Boletín Oficial (Imagen: Shutterstock)
En un paso más hacia la digitalización de los procesos aduaneros, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso, a través de la Resolución General 5744/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial, que en cinco días hábiles la presentación del manifiesto desconsolidado de importación para la vía acuática será obligatoriamente digital.
La medida alcanza a los Agentes de Transporte Aduanero (ATA) desconsolidadores, quienes deberán registrar la documentación a través de los aplicativos web “Gestión de Manifiesto Acuático y Ratificación de Autoría de Manifiesto Acuático”. Una vez cargada y ratificada la autoría, el Sistema Informático MALVINA (SIM) enviará automáticamente la información al servicio aduanero del lugar operativo.
Plazos y aprobaciones automáticas
La normativa fija un plazo de cinco días corridos desde el arribo del buque para completar la registración, presentación y ratificación del manifiesto. El servicio aduanero contará con tres horas para aprobar o rechazar el trámite; si este tiempo transcurre sin respuesta, la aprobación será automática.
La notificación del resultado se realizará mediante el Sistema de Comunicación y Notificación Electrónica (SICNEA). En caso de rechazo, el ATA deberá presentar una nueva solicitud con la documentación rectificada.
Impacto en la cadena logística marítima
El cambio apunta a reducir tiempos operativos en puerto, minimizar la manipulación de documentos en papel y aumentar la trazabilidad de la información. Según ARCA, esta digitalización obligatoria busca “facilitar el comercio y aumentar la certidumbre en la cadena logística internacional”, especialmente en operaciones con carga consolidada que requieren desconsolidación previa a su ingreso formal al mercado local.
La disponibilidad de un flujo electrónico validado y aprobado en plazos cortos permitirá a importadores, operadores portuarios y depósitos fiscales planificar con mayor anticipación la liberación y traslado de las mercancías, reduciendo costos de almacenamiento y evitando congestiones. Además, la medida se alinea con prácticas internacionales que priorizan el intercambio seguro de datos anticipados, fortaleciendo el control y la seguridad en las operaciones sin entorpecer la velocidad de despacho.
En un escenario donde la eficiencia portuaria es clave para la competitividad, la certeza en los plazos y la eliminación de trámites presenciales representan una ventaja para cadenas de suministro que dependen de coordinación milimétrica entre armadores, terminales y transportistas. Esto es particularmente relevante para cargas perecederas o de alto valor, donde cada hora cuenta para mantener la integridad y el valor comercial de los productos.
El cambio apunta a reducir tiempos operativos en puerto, minimizar la manipulación de documentos en papel y aumentar la trazabilidad de la información (Imagen: Shutterstock)
Obligaciones y resguardo documental
Los ATA desconsolidadores deberán archivar y conservar la documentación según la normativa vigente, manteniéndose como depositarios fieles. ARCA podrá requerirla en un plazo no mayor a tres días hábiles, bajo apercibimiento de sanciones previstas en el Código Aduanero, incluyendo sumarios disciplinarios y posibles implicancias penales.
La resolución también actualiza puntos de la RG 5.110 para adaptar los pasos de registro, carga de documentos y ratificación de autoría, incorporando mecanismos de autenticación de alta seguridad, como el uso de dispositivos token.
Entrada en vigencia
La Resolución General 5744/2025 deroga la RG 4.915 y comenzará a aplicarse a partir del quinto día hábil posterior a su publicación en el Boletín Oficial. Desde entonces, el esquema digital dejará de ser optativo y pasará a ser única vía habilitada para la presentación del manifiesto desconsolidado de importación marítima, consolidando un cambio clave en la gestión documental del comercio exterior argentino.
Restituyeron más de 200 documentos históricos a cuatro países y al Archivo General de la Nación https://revistaquorum.com.ar/ Leo Nieva
Tras una compleja investigación judicial iniciada por la detección de un libro del siglo XVIII que estaba a la venta, la Policía Federal, la Aduana y el Comité Nacional contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales coordinaron un operativo inédito que culminó con la devolución de piezas a México, Paraguay, Perú, Portugal y al AGN.
Más de 200 documentos históricos fueron restituidos por el Estado argentino a cinco países y al Archivo General de la Nación (AGN), tras una investigación que se extendió durante más de dos años y dejó al descubierto un extenso mercado ilegal de bienes culturales.
El operativo fue liderado por la Policía Federal Argentina (PFA), en conjunto con la Dirección General de Aduanas (DGA) y el Comité Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, con participación activa de y el Ministerio de Cultura.
Los documentos, que incluyen cartas, manuscritos, expedientes y piezas del período colonial y del siglo XIX, fueron devueltos a México, Paraguay, Perú, Portugal y al AGN. La causa, coordinada por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 8, a cargo del juez Gustavo Meirovich, comenzó en junio de 2022 con una alerta generada a partir de una verificación de la Aduana, que derivó en un cotejo nacional e internacional del material detectado en manos de un coleccionista argentino.
La primera pista surgió a partir de un monitoreo de Interpol que detectó la venta online de un ejemplar del siglo XVIII: El Sol y Año Feliz del Perú, una obra editada en 1735 por Pedro Rodríguez Guillén. De los seis escritos originales conocidos, uno estaba desaparecido en Perú. Esa coincidencia encendió las alarmas de las autoridades, que sospecharon que la publicación faltante podía estar siendo ofrecido desde Argentina.
El Sol y Año Feliz del Perú recoge los sermones y celebraciones con motivo de la canonización de Francisco Solano (1549-1610).
El seguimiento inicial fue delegado a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que, bajo la figura del agente revelador, se infiltró en la negociación con el vendedor. El libro, ofrecido a un precio irrisorio de 4.000 euros, fue verificado como auténtico en un allanamiento sorpresa. Pero el hallazgo no terminó ahí: en el lugar se encontró un volumen inédito de documentación histórica que abarcaba materiales del Virreinato del Río de la Plata, cartas de figuras como San Martín y Rosas, y archivos de múltiples países europeos y latinoamericanos.
Según fuentes judiciales, se trataba de un acervo patrimonial de valor incalculable. A partir de ese momento, la causa entró en una nueva fase: la clasificación, validación e identificación de origen de cada documento incautado. Un trabajo técnico conjunto entre Interpol, la Aduana y el Comité Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales permitió confirmar que muchas de las piezas eran auténticas y de propiedad de otros Estados.
Una vez validado el origen de los documentos, comenzó la tercera etapa: la restitución internacional. Perú fue el primer país en recibir su material en un acto reservado realizado en su embajada en Buenos Aires en 2024. Este lunes 4 de agosto, en un evento de mayor visibilidad organizado por el Ministerio de Seguridad, se formalizó la entrega de documentos a México, Paraguay, Uruguay y Portugal, con participación de embajadores, funcionarios judiciales y autoridades de Interpol.
Si bien apenas se ha devuelto el 10% del total recuperado, las autoridades aseguran que el proceso continúa. El material restante permanece bajo custodia del Estado argentino, alojado en una sede de la Policía Federal con condiciones climáticas especiales para su conservación.
La dimensión del caso excede lo judicial. La investigación abrió una discusión jurídica sobre el encuadre penal. Mientras el juzgado tramitaba la causa como contrabando, la Cámara determinó que debía considerarse una cuestión patrimonial y cultural, quedando así bajo la órbita del Poder Ejecutivo. Desde entonces, la coordinación de las devoluciones pasó a manos del Ministerio del Interior y la Secretaría de Cultura.
Fuentes vinculadas al caso consideraron que se trata de uno de los operativos más relevantes de los últimos años en materia de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales en Latinoamérica.
Si bien el proceso judicial no culminó con condenas penales -de hecho el coleccionista fue investigado por contrabando pero terminó siendo sobreseído-, sí se logró desarticular un eslabón clave en el mercado clandestino de documentos históricos, y abrió una ventana para avanzar contra uno de los delitos que más dinero mueve en el mundo: el tráfico de bienes culturales.
El Concejo Municipal avanza hacia la modernización digital al implementar el Sistema de Gestión Documental Electrónica
https://diariolaopinion.com.ar/
FOTO PRENSA CM
El Concejo Municipal de Rafaela dió un paso clave hacia la modernización de sus procesos administrativos al comenzar a utilizar oficialmente el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). Esto contribuirá a crear, almacenar y compartir documentos oficiales de manera electrónica.
A través de este sistema, los trámites administrativos se podrán realizar progresivamente de forma digital, eliminando el uso de papel y mejorando la eficiencia de los procesos gubernamentales.
El mismo es utilizado por el Estado Nacional y permite caratular, numerar, registrar, seguir y archivar digitalmente los movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Sector Público de Argentina.
Los principales objetivos son reducir tiempos, optimizar el uso de recursos, disminuir el consumo de papel y garantizar mayor trazabilidad y seguridad en los procesos.
El miércoles pasado, comenzó la primera capacitación en la sala de sesiones del Concejo Municipal en la cuál participaron los integrantes del mismo: concejales, secretarios de los ediles y empleados. Allí, demostraron el sistema, roles y reparticiones para armar la estructura.
En total habrá cinco capacitaciones y se abordarán diferentes tópicos relevantes para conocer y llevar adelante la implementación de este procedimiento.
Lisandro Mársico, presidente del órgano legislativo local destacó: “Estamos muy conformes porque próximamente vamos a avanzar con la digitalización de los expedientes que circulan por el Concejo Municipal. Ya sea que el expediente surja de alguna repartición del Departamento Ejecutivo o sea iniciado por algún concejal a través de un proyecto. La idea es eliminar el papel y de esta manera, pasar a la digitalización, lo cual es un gran avance en lo tecnológico”.
Por su parte, la vicepresidenta María Paz Caruso, expresó: “Me parece fundamental sumar este sistema al Concejo porque hace más transparentes los procesos, y entendemos que como funcionarios hay algo esencial que debemos cumplir: los procesos. La tecnología ayuda a que eso suceda”.
Con este tipo de acciones, el órgano legislativo local continúa consolidando aún más la imagen de un Concejo abierto, moderno, conectado y a la vanguardia.
En el Día del archivista conversamos con el director del Archivo General de la Nación
https://www.radionacional.com.ar/
Cada 28 de Agosto se conmemora en la Argentina el Día del Archivista.
La celebración tiene su origen en la fecha de creación del primer Archivo de nuestro país, en el año 1821, cuando el gobernador Martín Rodríguez crea el Archivo General de la Provincia de Buenos Aires.
A propósito de esta fecha, Nicolás Yacoy conversó con Emilio Perina Konstantinovsky, Director General del Archivo General de la Nación, quien contó detalles del orígen de la conmemoración y algunas particularidades de la importancia de los archivos tanto a nivel político, económico y social, como así también su relevancia en la formación de la identidad cultural de nuestro país.
Capacitaron a estatales en Gestión Documental Electrónica https://www.laarena.com.ar/
La actividad se realizó en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno con el objetivo de fortalecer una herramienta clave para la gestión transparente, eficiente y segura de las actuaciones administrativas del Gobierno provincial.
Con la asistencia de 80 agentes públicos provinciales, se desarrolló la capacitación "Gestión Documental Electrónica. Estándares y buenas prácticas para un uso responsable y eficaz del Sistema", en el marco del Plan Anual 2025 del Programa de Capacitación para la Administración Pública Provincial (Procaap).
La actividad se realizó esta mañana en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, destinada a fortalecer las competencias de las y los trabajadores del sector público en el uso y gestión más eficiente, segura y transparente de la documentación oficial. En la apertura del encuentro, el ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello, afirmó que "GDE es el sistema matriz de la gestión administrativa del Gobierno provincial y hay que valorarlo porque se aplica en forma transversal y vino para quedarse e incluso hay más expedientes y cuestiones para seguir agregando".
Siguiendo en esa línea, resaltó que "desde el Ministerio se le pone mucho esfuerzo para llevar adelante el Sistema y que cada agente y funcionario, funcionaria, lo use porque se les simplifica todo". Y advirtió que "esto se da en un contexto donde el Estado nacional que es el dueño del Sistema quitó el soporte técnico a las provincias, entonces el esfuerzo es el doble o el triple por parte del Estado provincial y es fundamental capacitarse".
Capacitación.
Durante la capacitación, dictada por la subsecretaria de Modernización, Carmen Sierra, y la directora general de Modernización e Innovación Administrativa, Silvina Olié, se brindaron a las y los agentes las herramientas conceptuales y operativas necesarias para el uso responsable, eficaz y homogéneo del Sistema de Gestión Documental Electrónica, promoviendo buenas prácticas en cada uno de sus módulos, a fin de garantizar la trazabilidad, la seguridad jurídica y el cumplimiento de la normativa vigente.
También se fomentó el intercambio de experiencias entre las y los participantes, lo que permitió enriquecer el aprendizaje colectivo y despejar dudas sobre la implementación de esta herramienta en los distintos organismos. Esta actividad forma parte del plan de formación continua impulsado por el Gobierno de La Pampa, a través del Ministerio de Conectividad y Modernización, que tiene como objetivo promover una administración pública ágil, capacitada y orientada a mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía.
Ciberseguridad.
También en el marco de Procaap se realizó en la última semana la capacitación "Ciberseguridad: Protegé tus datos, protegé tu mundo digital", en la Sala Ricardo Nervi del Centro Cultural Medasur. La actividad estuvo a cargo de Elisa Lezcano, directora general de Ciberseguridad, Testeo y Monitoreo de Sistemas, y el equipo del área. Destinado a agentes de distintas reparticiones, la actividad apuntó a fortalecer la gestión de datos en Internet, reconocer los riesgos más comunes en el entorno digital, adquirir buenas prácticas de navegación y conocer herramientas para el uso seguro de dispositivos y proteger los activos digitales personales e institucionales.
Capacitación conjunta para fortalecer la gestión archivística en el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo
https://elnoticierodigital.com.ar/
La Dirección del Archivo Central, dependiente del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, realizó una jornada de capacitación y concientización sobre gestión documental y archivística, en conjunto con la Dirección General de Personal y Recursos Humanos. La actividad estuvo dirigida al personal administrativo del Ministerio y tuvo como objetivo principal avanzar en la organización, conservación y tratamiento adecuado de la documentación administrativa, en el marco de los lineamientos establecidos por la normativa vigente.
Durante la jornada, se abordaron conceptos clave sobre la clasificación, valoración y destino final de los documentos, con especial énfasis en la planificación de acciones de expurgo documental —proceso mediante el cual se eliminan documentos que han cumplido su ciclo de vida útil—, respetando criterios técnicos y legales. Asimismo, se dialogó sobre la futura conformación de un archivo sectorial, que permitirá optimizar la gestión de los fondos documentales y facilitar el acceso a la información institucional.
El director del Archivo Central, Pablo Genovese, destacó la importancia de este tipo de iniciativas, señalando: “Trabajar de manera articulada con otras áreas es fundamental para consolidar una verdadera cultura archivística dentro de la administración pública. La documentación es testimonio, memoria e identidad institucional, y su correcta gestión impacta directamente en la eficiencia y transparencia del Estado”.
Esta capacitación forma parte de un proceso sostenido de formación y acompañamiento técnico que busca fortalecer las capacidades internas de cada repartición, en línea con los desafíos que impone la modernización del Estado y el cumplimiento de estándares de calidad en la gestión pública.
Hasta ahora, la documentación relacionada con las actividades de líderes nazis en Argentina sólo podía ser vista en una sala especialmente designada en los Archivos Nacionales.
Documentos desclasificados sobre el médico nazi Josef Mengele, que huyó a Argentina tras la Segunda Guerra Mundial.( Crédito de foto : Archivo Nacional Argentina )
El gobierno argentino ha desclasificado una serie de documentos importantes sobre nazis y sus actividades en Argentina, así como decretos presidenciales secretos y clasificados de 1957 a 2005. Esto incluye muchos documentos relacionados con la vida de Adolf Eichmann y Josef Mengele en el país sudamericano.
Los documentos fueron puestos a disposición del público en general esta semana a través de los Archivos Nacionales de Argentina (AGN). Antes de este movimiento, la documentación relacionada con las actividades de líderes nazis en Argentina sólo podía ser vista en una sala especialmente designada en los Archivos Nacionales. Ahora, cualquiera puede acceder en línea y descargarla desde cualquier lugar del país o del mundo.
La liberación de la documentación fue solicitada por el presidente Javier Milei en febrero de este año.
Los archivos de Argentina sobre las actividades nazis constan de aproximadamente 1.850 piezas documentales, las cuales han sido transferidas al Centro Simon Wiesenthal, que actualmente está investigando los vínculos de Credit Suisse con el nazismo.
Documento desclasificado que muestra posibles cambios en la apariencia del criminal de guerra Josef Mengele. (crédito: Archivo Nacional Argentina)
Mengele en ArgentinaLos documentos se centran en las actividades de varios nazis destacados que huyeron al país tras el colapso del Tercer Reich. Estos incluyen a Josef Mengele, Adolf Eichmann, Ante Pavelić, Josef Schwammberger, Eduard Roschmann, Gustav Wagner, Walter Kutschmann, Martin Bormann y Klaus Barbie.
Entre los archivos se encuentran aquellos relacionados con la estancia en el país del famoso doctor nazi y "Ángel de la Muerte" Mengele, incluyendo su historial policial, recortes de periódicos que lo mencionan, fotografías e informes de seguridad.
Mengele, que ingresó a Argentina el 22 de junio de 1949 bajo el alias Helmut Gregor, más tarde solicitó un nuevo documento de identidad, incluyendo el retorno a su nombre y apellido reales el 26 de noviembre de 1955. Tras la restauración de su identidad, Mengele viajó a Uruguay para casarse con la viuda de su hermano, y ambos regresaron para vivir en Argentina.
Detalle de un comunicado de prensa sobre Adolf Eichmann, que vivió en Argentina bajo el nombre de Riccardo Klement. (crédito: Archivo Nacional Argentina)
Captura de EichmannLos archivos también contienen una copia de un artículo de The Jerusalem Post titulado "Un monstruo de Auschwitz descubierto en una guarida en Argentina".
Los archivos muestran al Capitán de las SS Walter Kutschmann entrando en Argentina en 1948 y Adolf Eichmann en 1950. Eichmann utilizó un pasaporte emitido por la Cruz Roja para entrar en Argentina en 1950 como 'Riccardo Klement', un técnico nacido en Italia, antes de mudarse a Buenos Aires.
La información sobre su paradero comenzó a llegar a Israel a finales de la década de 1950, lo que llevó al Mossad y al Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) a rastrear a Eichmann, en una operación dirigida por Isser Harel. El 11 de mayo de 1960, Eichmann fue secuestrado cerca de su casa en Buenos Aires por un equipo de agentes israelíes, sacado ilegalmente de Argentina y trasladado a Israel.
Los archivos desclasificados prueban que las fuerzas de seguridad argentinas ayudaron al Mossad en la operación.
Al llegar a Tel Aviv, Harel llamó al Primer Ministro de Israel, David Ben-Gurion, y dijo: "Tengo un regalo para ti". Dos años después, el 31 de mayo de 1962, Eichmann fue colgado por crímenes contra la humanidad.
Según informes de noticias argentinos, algunas figuras como Bormann – el secretario de Hitler – nunca pusieron un pie en América del Sur, sin embargo, había rumores de su presencia. Los archivos argentinos han desclasificado dos expedientes sobre Bormann, incluyendo un documento de inteligencia que data su llegada al país en 1948 y recortes de prensa que también lo sitúan en Bolivia y Paraguay. Sus restos fueron encontrados en Berlín en 1972.
El Centro Simon Wiesenthal elogió la liberación de archivos desclasificados al público en una publicación en X/Twitter. Aunque los archivos no proporcionan nueva información para los expertos, permiten a los miembros interesados del público informarse, dijo Ariel Gelblung, director del Centro Simon Wiesenthal, al diario español El País.
"Esto muestra cómo la posición de Argentina sobre este tema en los años 1950, 1960 y 1970 era muy diferente a lo que fue después del retorno de la democracia en 1983, cuando todos los criminales de guerra encontrados fueron extraditados", dijo.
La justicia le prohibió a la Armada destruir sus archivos
https://www.pagina12.com.ar/ luciana bertoia
La jueza federal de San Martín Alicia Vence dictó una medida cautelar a pedido de la querella que encabeza Pablo Llonto y de la fiscalía.
La Armada no podrá mudar su Archivo General (AGA) ni “depurar” ni “triturar” la documentación, tal como lo tenía previsto. La jueza federal de San Martín Alicia Vence así lo resolvió después de que el abogado Pablo Llonto y el fiscal Miguel Blanco García Ordás advirtieran que podría ser una maniobra para poner en riesgo la prueba esencial para las causas de lesa humanidad.
El AGA está ubicado en Bolívar 1622 y tiene alrededor de 8 kilómetros lineales de documentación. Entre la información que almacena hay legajos de militares, legajos de personal civil, legajos de conscriptos, libros de navegación, partes de personal, memorias anuales, partidas de matrimonio, certificados de nacimiento y defunción, partes de viaje, historias clínicas del Hospital Naval Río Santiago y del Hospital Naval Pedro Mallo, expedientes de la justicia militar, manuales y reglamentos derogados y boletines navales.
A través de un mensaje naval reservado, la Armada dispuso el traslado del AGA a lo que se conoce como Garage Central, ubicado en la zona de Retiro. Los pormenores de la decisión son todavía una incógnita.
En una nota enviada el 9 de enero, el capitán de navío Jorge Javier Raimondo, de la Secretaría General de la Armada, informaba que ese día se iniciaría la “depuración/selección” de la documentación y que, a partir del 10 de febrero, se efectuaría el traslado del mobiliario y los archivos vigentes. El resto quedaría para ser digitalizado o triturado.
Desde Archivistas en Función Pública Argentina (AFPA) difundieron un comunicado en el que alertaban sobre la orden de eliminar documentación. “Es urgente y necesario garantizar la conservación de los documentos de valor permanente, ya sea porque contienen información única sobre la historia, la memoria institucional o porque están vinculados a graves violaciones a los derechos humanos”, advirtieron.
Hay varias jurisdicciones en las que se investiga el accionar criminal de la Armada durante los años del terrorismo de Estado: en la Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca, La Plata y San Martín, particularmente.
Si bien hubo presentaciones en la mayoría de ellas, la primera en reaccionar fue la justicia de San Martín. Allí se probó que el Arsenal Naval de Zárate, inserto en la llamada Área 400, funcionó como un centro clandestino de detención durante la última dictadura.
La jueza Vence dictó una medida cautelar de prohibición de "modificar, mudar, alterar y/o introducir cambios y, así evitar cualquier manipulación que pueda alterar o destruir --ya sea total o parcialmente--dicha documentación que está vinculada a crímenes de lesa humanidad", según surge de la resolución a la que accedió Página/12.
“Considero que los documentos resguardados en el Archivo General de la Armada resultan ser de un valor histórico inconmensurable para nuestro país y, fundamentalmente, para las investigaciones que se sustancian no solo en este sumario que dirijo sino además en los múltiples procesos que a lo largo del territorio nacional tienen por objeto la averiguación de la verdad en los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, en el período 1976-1983”, escribió Vence.
La magistrada, además, explicó que tomaba esta decisión por los derechos de las víctimas y con el propósito de honrar los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de derechos humanos. La resolución será comunicada tanto al ministro de Defensa, Luis Petri, como al jefe del Estado Mayor de la Armada, Carlos María Allievi. Los otros tribunales
En distintas jurisdicciones se replicaron los pedidos para que la Armada no pueda destruir documentación --algo que ya fue frenado por la decisión de la jueza Vence.
En la causa por los crímenes cometidos en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), la jueza María Eugenia Capuchetti --que está durante el último tramo del receso de verano a cargo del Juzgado Federal 12-- habilitó feria para tratar el pedido de las distintas querellas que encabezan Llonto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), H.I.J.O.S Capital, Flavia Fernández Brozzi (Kaos) y Myriam Bregman.
En Comodoro Py, el fiscal Alejandro Alagia también se presentó ante el TOF de feria para reclamar que se trate la cuestión durante la feria, que ya está concluyendo. "Cualquier medida que implique la alteración, la destrucción y/o el traslado de los archivos y documentos originales del Archivo General, provocaría un perjuicio de imposible reparación posterior, porque afecta la tarea de este Ministerio Público Fiscal en el desarrollo de los procesos penales en curso y atenta directamente contra el deber del Estado de garantizar el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición", advirtió Alagia.
Un freno
"Saludamos la decisión de la jueza Alicia Vence de San Martín, que es la más acertada y afortunadamente quien ha comprendido con velocidad las obligaciones del Estado argentino y del Poder Judicial de cumplir los compromisos internacionales de juzgar y sancionar a quienes han cometido los más aberrantes crímenes y ello incluye hacer todo lo que haya que hacer para la preservación de los documentos", afirmó Llonto en diálogo con este diario.
"Veremos si el Ejecutivo cumple esta orden, porque estamos frente a un Presidente y ministros a quienes la ley, la justicia y los Derechos Humanos les importan un bledo y eso nos hace dudar del cumplimiento efectivo. Los años nos pusieron cautelosos. De todos modos, cuando una jueza o juez le hace recuperar un poco de esperanza a la humanidad, debemos saludar una decisión como la de la jueza Vence", completó.
A nivel administrativo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) --tanto la conducción nacional de Rodolfo Aguiar como la seccional Capital de Daniel "Tano" Catalano-- hizo saber su oposición a la decisión del traslado del AGA.
Victoria Montenegro, presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, denunció la situación ante distintas relatorías de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En las últimas horas, Petri se jactó en su red social X de haber contribuido al cierre de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), el organismo del Poder Ejecutivo encargado de buscar a los niños y las niñas robados durante la dictadura. En realidad, la Conadi no se cerró; lo que sí hizo Javier Milei fue eliminar la unidad especial de investigación (UEI) y vedar el acceso a los archivos en poder del Estado.
"Fui muchos años miembro de la Conadi designado por procuradores", le respondió el fiscal Félix Crous. "La creó Carlos Menem, la preside por ley el secretario de Derechos Humanos y la integran el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa. La Conadi no fue cerrada. No sabe lo que escribe, pero ya sabemos lo que quiere", concluyó Crous.
Nuevo hallazgo, tras la desclasificación de los archivos nazis
https://www.elcordillerano.com.ar/
El escritor Abel Basti reveló que encontró un submarino nazi, pero que la información está clasificada en Argentina como ‘secreto militar’.
Naufragio de una embarcación de 80 metros de largo. Fotos: gentileza
El investigador barilochense escribió varios libros con respecto a la presencia de nazis en la Patagonia y también encontró un submarino alemán (de la época de la segunda guerra mundial) en la costa Argentina a la altura de Quequén (provincia de Buenos Aires) a unos 28 metros de profundidad. Aseguró al respecto que “toda la documentación que tiene que ver con submarinos nazis está clasificada como secreto militar”.
Aseguró que como periodista solicitó administrativamente al Ministerio de Defensa de la Nación acceso a un paquete de expedientes “la solicitud me fue denegada”. Una hipótesis sostiene que en el final de la Segunda Guerra Mundial existió la posible huida de nazis hacia América del Sur abordo de submarinos. Según esta teoría, una flota de U-Boots partió desde la península escandinava con rumbo a las costas argentinas, transportando a altos mandos del Tercer Reich, incluido, según algunos relatos, el propio Adolf Hitler.
Basti no entiende porque el tema es ‘secreto militar’ y por ello recurrió a la Justicia, “pero el juez me dijo mientras el gobierno diga que esto es secreto militar nada se puede hacer” y agregó que “insistí con la Cámara Federal donde sacaron una resolución exactamente igual. Entonces todo lo que tiene que ver con submarinos nazis es secreto miliar”.
Contó que “hace tres años con un grupo amateur, con buzos, capitán de una embarcación y voluntarios, encontramos este submarino nazi frente al puerto de Quequén a 4 kilómetros y a 28 metros de profundidad. Todo eso lo hicimos de manera informal y sin avisar a la autoridad, bajo el derecho que cualquiera tiene de navegar y filmar abajo del agua, eso no tiene ningún tipo de restricción”.
Continuó su relato para “El Cordillerano” al decir: “cuando hicimos el hallazgo, incluso con las filmaciones, automáticamente la Prefectura impuso una restricción diciendo que podrían ser restos arqueológicos y por esa razón se imponía una restricción sobre la zona. Me van notificando periódicamente en mi casa sobre el régimen de sanción, que sería con prisión efectiva para quien violare la restricción existente que existe para los naufragios arqueológicos y a su vez hacen lo mismo con los buzos, con los patrones de las embarcaciones, con lo cual hay una intimidación muy fuerte. Todo eso bajo el gobierno de Alberto Fernández”.
La Ley sostiene que no hay restricción de filmar abajo del agua, si hay restricción e incluso delito si una persona saca algún elemento de un resto arqueológico. Prefectura hizo una investigación, constató en el lugar y se llegó a una conclusión: “allí hay un naufragio de una embarcación de 80 metros de largo y a 28 metros de profundidad. Entonces se debería incorporar el naufragio a las cartas náuticas, se hizo la incorporación, pero en un ningún caso se identifica y si uno pregunta a Prefectura dicen: ‘embarcación desconocida’ y si uno pide permiso para realizar un buceo en esa zona, te contestan que no, existe una restricción no fundamentada por Ley”, refirió Basti.
Con este gobierno tuve la posibilidad de poder hacer una expedición mas, para confirmar el hallazgo. A mi pedido se hizo una pericia en el exterior, en Italia, donde hay unos expertos de submarinos de la segunda guerra mundial. Con las imágenes esos peritos determinaron que allí había un submarino alemán, clase 9, que podía navegar desde Europa, un nave con mucha autonomía” e indicó: “después de hundido se usaron explosivos para deteriorar el caso, de modo tal que perdiera la fisonomía de un submarino, por un lado lo rompieron y por otro lado le tiran encima una draga de arrastre, sin motor (año 1965), para que nadie sepa que pasaba ahi”.
Basti confirmó que “nosotros hemos detectado el periscopio y otros elementos que son muy propios de un submarino, no es una draga. Este encubrimiento fue sostenido en el tiempo, con la restricción de poder acercarse. De acuerdo a documentos soviéticos, una vez finalizada la guerra, hubo una llegada masiva de submarinos nazis a la Argentina, en un número de 15, según los soviéticos. A esa evasión de submarinos ellos lo llaman ‘comboy especial del Führer’ y eso causó un gran revuelo en la Unión Soviética”.
Por último el escritor afirma que estos hallazgos forman parte de un plan de evacuación masiva del Tercer Reich hacia Argentina. “He revisado documentos desclasificados soviéticos que mencionan estos viajes de escape al final de la guerra y es evidente -dijo- que existe falta de interés por parte del Estado argentino en investigar estos restos, hay muchas preguntas sin respuesta. Solo dicen que es un naufragio, sin detallar su origen. Deberían investigar, ya que se trata de la incursión de una nave extranjera en territorio nacional”.
Secretos develados: armas atómicas británicas en el Atlántico Sur https://www.elciudadanoweb.com/ Autor: Francisco Taiana
El portaaviones HMS Invincible fue atacado por aeronaves argentinas pero su hundimiento no fue reconocido por Londres.
El 3 de enero de 2022, el ex columnista de The Guardian Richard Norton-Taylor, publicó en el portal Declassified UK los resultados de un proyecto de investigación basado en archivos, ahora públicos, del gobierno británico. Con ello se logró la más detallada confirmación hasta el momento sobre la presencia de armas nucleares a bordo de la flota que el Reino Unido envió a la Guerra de Malvinas, un dato sobre el cual se ha especulado desde el estallido mismo del conflicto.
Por un lado, no debería sorprender el secretismo de Londres para tratar el tema, ya que es consistente con su política general sobre su arsenal nuclear. Sin embargo, ello no implica que la decisión de llevar armas nucleares al Atlántico Sur haya sido tomada a la ligera. De hecho, en las decenas de páginas referidas al tema, accesibles al público general en el “National Archive”, se pueden apreciar los álgidos debates que esto generó entre las distintas ramas del gobierno.
El origen de la cuestión se remonta al hecho de que la flota que sería enviada a Malvinas ya contaba con armas nucleares en el momento que las fuerzas argentinas retomaron el control efectivo de las islas, el 2 de abril de 1982. Más precisamente, se trataba de cargas de profundidad nucleares (un tipo de arma anti-submarino) a bordo de los dos portaaviones, HMS Hermes y HMS Invincible, y las fragatas Tipo 22, HMS Brilliant y HMS Broadsword.
A su vez, los destructores Tipo 42 HMS Sheffield y HMS Coventry contaban cada uno con una carga de vigilancia, un tipo de munición de entrenamiento idéntico a las armas nucleares, con la excepción de que el material fisionable fue reemplazado por uranio empobrecido y sustancias inertes. No obstante, con anterioridad a los enfrentamientos, las armas fueron redistribuidas, quedando 18 en el Hermes, 12 en el Sheffield y una en el RFA Regent.
El principal argumento a favor de mantener las armas atómicas en la flota, que se destaca en los documentos, es de carácter exclusivamente temporal: según un cable del Ministerio de Defensa del 10 de abril de 1982, descargar todas las armas de los barcos habría atrasado unas 36 horas toda la operación militar; un tiempo crucial en el que las fuerzas argentinas habrían podido continuar reforzando su posición en las islas.
Además, la posibilidad de descargar las armas en Ascensión, una isla ubicada en el Atlántico y utilizada como base logística en el conflicto, también presentaba sus dificultades: la operación por helicóptero resultaba arriesgada, hubiera sido difícil ocultarla a los periodistas que acompañaban la flota y desconocían la presencia de tales armas, y los hubiese dejado vulnerables a un posible operativo especial por parte de la Unión Soviética.
Por otro lado, los argumentos en contra de llevar las armas nucleares eran vastos y variados. En primer lugar, existen numerosos documentos donde se detallan los complejos protocolos a seguir en caso de incendio, hundimiento o destrucción de los buques que las transportaban.
Si bien los documentos británicos plantean que no existía riesgo alguno de una explosión nuclear en el caso de que las armas hubieran sido impactadas por un misil o un torpedo, se contemplaban varios escenarios graves, desde una contaminación radioactiva en la zona a la pérdida de una o más armas y su posible captura por las fuerzas argentinas o alguna potencia extra regional (léase la URSS).
A su vez, los cables también señalan las dificultades de mantener en secreto un incidente del estilo, su impacto negativo en la imagen del gobierno británico y el daño considerable que ocasionaría sobre la relación especial de cooperación anglo-estadounidense en materia nuclear. A esto se le agregaba que la flota transportaba más del 65 por ciento del arsenal de cargas de profundidad nucleares del Reino Unido en sus dos portaaviones, el HMS Hermes y el HMS Invincible. Esto significaba que la pérdida de cualquiera de los dos buques no sólo hubiera sido un golpe significativo para el esfuerzo militar británico, sino que además hubiese implicado una pérdida considerable para sus capacidades nucleares.
Asimismo, los documentos desclasificados reflejan una preocupación de ciertos sectores del gobierno británico sobre la posible violación del Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, mejor conocido como el Tratado de Tlatelolco. Frente a esto, los sectores que abogaban a favor del envío de las armas atómicas argumentaban que, si bien tanto el Reino Unido como Argentina habían firmado el tratado, Argentina no lo había ratificado y, por lo tanto, no podría aplicarse en este caso.
De todas maneras, la postura británica se veía complicada por su doctrina estratégica de negarse a confirmar o rechazar la presencia de armas nucleares. Esto derivó en que, desde la propia guerra, la incógnita con relación al arsenal atómico en Malvinas generara tantos debates y especulaciones. El caso más conocido fue el del destructor HMS Sheffield, cuyo hundimiento en el conflicto disparó rumores sobre la posibilidad que la nave llevara armas nucleares a bordo.
Por otro lado, los propios documentos británicos revelan una preocupación de sectores del gobierno respecto a la posibilidad de que la falta de comentario sobre la cuestión nuclear llevase a que Londres fuese acusado de pretender bombardear la Argentina continental con armas nucleares lanzadas desde sus aviones Sea Harrier.
Finalmente, la postura oficial del Reino Unido también desató numerosos reclamos para la clarificación del asunto, por parte de diversos actores de la sociedad civil y la clase política. Un ejemplo emblemático fue el caso de Hugh Jenkings, Barón de Putney, quien luego de haber presidido la Campaña por el Desarme Nuclear entre 1979 y 1981, pidió en el Parlamento –el 9 de noviembre de 1982– que el gobierno se pronunciase respecto de la controversia sobre las armas atómicas y la posible violación del Tratado de Tlatelolco, expresando gran preocupación sobre la pérdida de credibilidad que esto le generaría al Reino Unido en el mundo.
Frente a las polémicas generadas y los riesgos involucrados, el argumento que la descarga de armas nucleares hubiera atrasado demasiado la operación militar no resulta completamente satisfactorio. Si bien es casi imposible establecer con certeza qué factores determinan la toma de decisiones en asuntos tan delicados, hay un argumento que aparece –en una oración de una única página– en un documento del Ministerio de Defensa del 7 de abril de 1982, que añade otra dimensión a los cálculos estratégicos: “En caso de tensión u hostilidades entre nosotros y la Unión Soviética concurrentes con la operación Corporativa (nombre interno para referirse a la Guerra de Malvinas); el potencial de combate de nuestros buques de guerra se vería severamente reducido”.
De esta manera, el marco general de Guerra Fría termina por dibujar un panorama geopolítico más amplio de Malvinas y sus posibles ramificaciones en el tablero internacional.
Perina: "Falta conciencia sobre la importancia de los archivos para la defensa de los derechos ciudadanos”
http://www.diarionorte.com/
El director del Archivo General de la Nación, Emilio Perina, consideró que "falta conciencia ciudadana sobre la importancia que tienen los archivos para la defensa de los derechos”, al disertar en Corrientes en la 7ma Feria Provincial del Libro, sobre “Archivos en tiempos de cambio” .
"Falta valorizar los archivos. Valorizarlos culturalmente, históricamente y patrimonialmente en defensa de los derechos de los ciudadanos, frente a la arbitrariedad del Estado y no sólo en las causas de derechos humanos, sino en algo más amplio que eso, en el rol de historia institucional”, afirmó el funcionario. Para Perina, “básicamente lo que afectó a los archivos de la Argentina y su patrimonio cultural ha sido la desidia y la corrupción, porque el archivo es un lugar donde hay mucha información, y la información es poder”. En este sentido, afirmó que “uno debe aprender y entender que a los archivos hay que cuidarlos desde el origen, porque sino después el Estado invierte mucho dinero en restaurar información que no supo cuidar en su momento”. Se refirió, además, al nuevo rol de los archivos en el siglo XXI y expresó que “la forma en que los conseguíamos y los cuidábamos está variando, porque hoy el archivo es el pilar en que se asienta la sociedad de la información”. "Estamos tratando de convencer a los organismos productores de documentación de que la documentación debe ser tratada adecuadamente, conforme a las buenas prácticas, porque mucha de esa documentación va a ser de guarda permanente”, remarcó Perina en diálogo con Télam. Al respecto, el funcionario sostuvo que “el cambio más importante está dado porque las premisas con las que el Estado constituía documentación ha girado 180 grados”. “Hasta finales del siglo XX, los estados producían la documentación sobre dos premisas básicas: la seguridad del Estado y el secreto. Si no eras parte legalmente autorizada, no tenías acceso a ese archivo”, señaló.
Foto Télam.
En este sentido, explicó que “los estados producen su documentación conforme hacia dónde se dirigen los sistemas republicanos y democráticos, hacia la transparencia y el libre acceso”. “Acabamos de sancionar y darle la reglamentación a la ley de acceso público, ha cambiado totalmente el paradigma de lo que uno debe encontrar y en la forma de tratar los archivos del Estado”, afirmó. Señaló que “la tecnología te permite socializar más rápidamente la información porque, además, en un sistema republicano, esa información le pertenece a toda la ciudadanía, ya sea que se trate de un documento histórico o de un documento vigente”. Sobre su gestión en el Archivo Histórico de la Nación, su titular afirmó que “estamos tratando de convencer a nuestros colegas de la administración pública nacional, provincial y municipal, que el documento no es sólo el papel, también hay videos que son un registro de la actividad del Estado, documentos electrónicos, las películas también son documentos qué hay que cuidar y preservar”. “El audio, el video, las películas también son documentos que hay que preservar, conservar, catalogar, para poner a disposición de la ciudadanía”, afirmó el funcionario. Perina anunció que el Ministerio de Modernización “está haciendo avances interesantísimos e importantes en esta materia. Estamos mejorando mucho, pero hay un stock hacia atrás de muchos años de desidia y descuido que tenemos que encarar e ir ordenando”. El funcionario explicó que en su gestión busca incorporar archivistas, historiadores, sociólogos, restauradores de papel, de documentos, videos, películas, audios y la creación de una tecnicatura para que participen "en esta cruzada para cuidar nuestra documentación”.
Lavado de activos en la era Scioli: desaparecieron 30 expedientes
http://diariohoy.net/ 16/11/2016
El fiscal Álvaro Garganta. El informe que da cuenta de la desaparición de los documentos
La Dirección de Proyectos Especiales del Ministerio de Gobierno informó que se perdieron de los archivos, de forma misteriosa, documentos y facturas que había solicitado la UFI nº 11 de La Plata, en el marco de la causa por lavado de activos. Crecen las sospechas sobre el ex jefe de Gabinete, Alberto Pérez
En el marco de la causa penal en la que el fiscal platense Álvaro Garganta investiga los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de ex funcionarios de Daniel Scioli mediante diversas “cajas negras”, ayer trascendió que desaparecieron o nunca existieron 30 expedientes del Ministerio de Gobierno, en los que se habían autorizado gastos millonarios, informaron fuentes judiciales.
De acuerdo a la información a la que pudo acceder este diario, el fiscal recibió en las últimas horas un informe de la Dirección de Proyectos Especiales del Ministerio de Gobierno como respuesta a una solicitud suya enviada el 9 de noviembre pasado, y tomó conocimiento de que, por razones inexplicables, no fueron hallados los expedientes solicitados y facturas que respaldaban gastos de eventos.
Esa información debería estar, de acuerdo a la hoja de ruta, en la Dirección General de Administración. “Hubo una exhaustiva búsqueda por parte de empleados y funcionarios, pero no los encontramos”, explicó a este medio un vocero del Ministerio de Gobierno.
Se trata de la investigación penal preparatoria nº PP-06-00-0208816/16, y en ese expediente Garganta quería sumar las facturas que respaldaron órdenes de pagos, pero tampoco fueron ubicadas esas boletas.
Esta situación, sin duda, complica aún más al exjefe de Gabinete, Alberto Pérez, y su exsubsecretario de Administración, Walter Carbone, el que en las próximas horas va a ser indagado por el fiscal en la UFI nº 11 de La Plata.
Como se recordará, la legisladora Elisa Carrió se presentó en junio pasado ante Garganta y radicó una megadenuncia en la que señalaba a distintos organismos en los que durante el gobierno de Daniel Scioli se habrían cometido hechos de corrupción.
Una de las ramificaciones de esa causa se enfocó en la Jefatura de Gabinete que conducía Alberto Pérez.
Una estafa de cerca de 11 millones de pesos
En la resolución, a la que tuvo acceso este diario, Garganta sostuvo que “existen elementos suficientes para tener por acreditado que, entre los años 2014 y 2015, el entonces titular del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires y el titular de la Subsecretaría Administrativa, Walter Carbone, sustrajeron por lo menos en 25 ocasiones la suma aproximada de 10.720.347 pesos destinados a supuestos eventos, mediante autorización expresa de pago en efectivo del primero a favor del segundo, que luego rendían con facturas apócrifas”.
Las irregularidades se empezaron a detectar el 6 de enero de 2014, cuando Alberto Pérez dispuso una orden de pago a favor de Carbone por 344.800 pesos, a cobrar en efectivo luego de la presentación de cuatro facturas apócrifas.
En tanto, el último expediente se produjo el 21 de octubre de 2015. El exjefe de Gabinete, con el respaldo de seis boletas truchas, emitió un documento de pago por 700.000 pesos.
Los motivos para justificar esas erogaciones comprenden la organización de eventos en verano en el Partido de la Costa y Mar del Plata, jornadas de capacitación para intendentes e instrucciones para los jefes de mesas en el marco de las elecciones.
De acuerdo con el informe elaborado por la UFI nº 11 de La Plata, durante 2014 se emitieron 45 facturas truchas por más de 4 millones de pesos y, al otro año, fueron 63 las boletas apócrifas por más de 6,5 millones de pesos.
Mañana indagan a Walter Carbone
El ex subsecretario de Administración de la Jefatura de Gabinete, Walter Carbone, será indagado mañana por el fiscal Álvaro Garganta, en la sede de la UFI nº 11 de La Plata, informaron fuentes judiciales.
A Carbone le secuestraron en su casa ubicada en el barrio privado Abril de Hudson un dragón de hierro, alado, en cuyo interior hallaron una caja fuerte. La sospecha de los investigadores es que en esa vivienda se reunían ex funcionarios sciolistas y se repartían importantes sumas de dinero que provenían de lavado de activos.
La semana pasada declaró Mónica Ripamonti, la contadora delegada de la Jefatura de Gabinete durante la gestión de Alberto Pérez, y no pudo explicar ante el fiscal Álvaro Garganta por qué avaló con su firma las facturas truchas con las que se defraudó al Estado con casi $11 millones
Un vocero judicial le dijo a este diario que “la profesional no pudo explicar los motivos por los cuales la boletas presentadas para respaldar gastos por distintos eventos organizados durante los años 2014 y 2015 en la Jefatura de Gabinete no respetaron las normas establecidas por la AFIP”.
Ripamonti había sido citada por Garganta en calidad de acusada por el delito de “partícipe necesario de los delitos de peculado de caudales y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública e incumplimiento en el deber de funcionario público”.
Y como se recordará, el ex titular de la Jefatura de Gabinete, Alberto Pérez, fue indagado el 7 de noviembre pasado y en esa ocasión responsabilizó al ex subsecretario de Administración, Walter Carbone, y a las autoridades del Tribunal de Cuentas.
Los archivos de la causa AMIA están "contaminados"
http://www.aurora-israel.co.il/ 19/07/2016
La comunidad judía argentina se reunió a las puertas de la reconstruida mutualista AMIA, 22 años después de que un atentado acabara con la vida de 85 personas, para denunciar la "impunidad" en torno a esta "herida abierta" y recordar al fallecido fiscal Alberto Nisman, que estuvo a cargo de la causa.
Unas 600 personas se congregaron frente a la sede de la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA) en el barrio de Once de Buenos Aires bajo el lema "La memoria nos une" en un acto al que acudieron familiares de víctimas, representantes de la comunidad judía y autoridades políticas nacionales y locales, entre otros.
A las 09.53 hora local, la hora exacta a la que en ese mismo lugar estalló la bomba el 18 de julio de 1994, sonó una sirena como homenaje "a esa sangre inútilmente derramada", tal y como declaró la periodista y presentadora del evento, Débora Plager, antes de pedir un minuto de silencio por los fallecidos y los más de 300 heridos que dejó el suceso.
"Las heridas que no cierran siguen doliendo. Las heridas que permanecen abiertas son una vergüenza para la sociedad argentina", dijo durante el acto el miembro de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA, brazo político de la comunidad judía local), Julio Schlosser.
El ataque terrorista a la AMIA fue el segundo contra la comunidad judía del país, después de que 29 personas murieran en 1992 al explotar una bomba frente a la embajada de Israel, también en la capital argentina.
Para Schlosser, desde aquel fatídico 18 de julio han pasado 22 años de "constante lucha" contra la "corrupción" y la "complicidad" por parte de células terroristas y de las propias autoridades.
"Todo esto creó un cóctel de impunidad que duele", aseveró antes de celebrar la presencia del presidente Mauricio Macri, quien previo al acto central realizó una ofrenda floral acompañado por algunos miembros de su Ejecutivo.
Es la primera vez que un jefe de Estado argentino acude al homenaje a las víctimas desde 2011, el último año en el que estuvo presente la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) debido a la polémica que generó después la firma del memorando de entendimiento con Irán para intentar esclarecer el ataque, cuya planificación y ejecución se atribuyen al grupo terrorista Hebollah.
El acuerdo fue ratificado en 2013 pero en mayo de 2014, a petición de la AMIA y de la DAIA, un tribunal declaró su inconstitucionalidad, decisión que fue apelada por el Gobierno de Fernández de Kirchner pero no por el de Macri, por lo que finalmente quedó sin efecto en diciembre pasado.
El integrante de la DAIA afirmó que la visita del jefe del Ejecutivo es algo "muy premonitorio" de que para su Gobierno la causa AMIA es "una cuestión de Estado" pero advirtió que la comunidad judía seguirá "esperando" que se haga justicia.
Durante su discurso, Plager también se dirigió a Macri para decirle que los ciudadanos saben que tiene la "responsabilidad" de conducir a Argentina a un destino en que "la impunidad no le gane a la verdad."
Los asistentes portaron carteles con las caras y nombres de las 85 víctimas fatales que dejó el suceso y por quienes, además, encendieron una vela y colocaron una rosa para que "no mueran dos veces: una por la bomba y otra por el olvido y la indiferencia", apuntó la periodista.
Este gesto se repitió en recuerdo de Nisman, quien durante una década fue el fiscal especial de la causa hasta su muerte el 18 de enero de 2015, cuando fue hallado con un disparo en la sien cuatro días después de acusar a Fernández de Kirchner por supuesto encubrimiento de los iraníes señalados como responsables del atentado.
En su denuncia, que la Justicia acabó desestimando, el fiscal se basaba en el acuerdo suscrito entre Argentina e Irán y que, a su juicio, buscaba encubrir a los sospechosos a cambio de impulsar el intercambio comercial de granos argentinos por petróleo de Irán.
En el homenaje, al que también asistió Sara Garfunkel, la madre de Nisman, el vicepresidente de la AMIA, Ralph Thomas Saieg, calificó como "una vergüenza" que la justicia todavía no haya sido capaz de "ofrecer una respuesta" sobre un hecho "tan grave".
Por otro lado, aseguró que bajo diferentes denominaciones, "el extremismo sigue desangrando día a día numerosos países de todo el mundo".
Sofía Guterman -madre de Andrea, fallecida en el atentado con 28 años- denunció durante su intervención en el acto ese terrorismo "que une a Dios con el odio y se ufana del pánico que siembra" a cargo de "fanáticos, con turbante o sin él" antes de enviar su solidaridad a las familias de los fallecidos durante el ataque de un camión en Niza, Francia.
Guterman declaró que las hojas de los archivos de la causa AMIA están "contaminadas" y con "olor a viejo" y criticó que ningún Gobierno haya logrado esclarecer lo ocurrido.
"Hace 22 años que están muertos y sus verdugos están libres", sentenció en referencia a las víctimas. EFE
Se incendiaron los archivos del ANSES de San Martín http://2urbanos.com/ 18/04/2016
Pasado el mediodía se produjo un incendio en la sede sede del archivo general de la ANSES de la Castexl 4453, entre Rondeau y Avellaneda en la localidad de Villa Bonich.
En el lugar trabajaron mas de 10 dotaciones de bomberos de San martín, Ballester y Tres de Febrero. Pudimos confirmar que se perdieron grandes cantidades de archivos. Por suerte no hubo que lamentar victimas, Solamente dos bomberos que estaban trabajando en el lugar debieron ser retirados por presentar un principio de cuadro de asfixia.
Santa Fe ya tiene su Archivo de la Memoria http://www.lacapital.com.ar/ 01/04/2016
Impulsor. El proyecto de Bonfatti busca consolidar la memoria colectiva.
A una semana de la emblemática conmemoración de los 40 años del golpe militar del 24 de marzo de 1976, que abrió la etapa política más tenebrosa de la Argentina, el Senado santafesino sancionó anoche el mensaje impulsado por el ex gobernador Antonio Bonfatti por el cual se crea el Archivo Provincial de la Memoria.
“Es una ley que le da marco a todas las políticas destinadas a la construcción de la memoria colectiva, que garantiza la continuidad de las mismas a través del tiempo y de los distintos gobiernos. También asigna presupuesto a los institutos que se crearon, o deben crearse, para garantizar la conservación de documentos y testimonios sobre el quebrantamiento de los derechos humanos y libertades”, explicó a La Capital el ex mandatario y actual presidente de la Cámara de Diputados santafesina.
La aprobación definitiva de la denominada ley de la memoria por parte del Parlamento santafesino, a la que Diputados le había otorgado media sanción hace quince días, implica un reconocimiento “a varios años de lucha democrática”.
“Es un proyecto fruto de la memoria concebida luego de haber convivido los ciudadanos con represores caminando por la calle”, argumentó en el recinto de sesiones el senador del Frente Progresista (FPCyS) Emilio Jatón (departamento La Capital).
Bonfatti rubricó antes de expirar su mandato en la Casa Gris, a fines de 2015, el mensaje que fue remitido a la Legislatura santafesina y cuyos principales postulados disponen la creación del Archivo Provincial de la Memoria en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la conformación del Archivo Provincial de Registros Audiovisuales de los juicios de lesa humanidad realizados en la provincia.
La normativa sancionada por el Senado durante el plenario que presidió su titular, el vicegobernador Carlos Fascendini, también prescribe el acceso a la información contenida en ambos archivos provinciales.
A su vez, dispone la creación de una comisión del espacio de memoria en el ex Servicio de Informaciones de Rosario, donde funciona el archivo audiovisual. Además de establecer la señalización y declaración de sitios de memoria del terrorismo de Estado.
Al respecto, el proyecto destaca el objetivo de darles marco a “todas las políticas destinadas a la construcción de la memoria colectiva, garantizando la continuidad de las mismas a través del tiempo y de los distintos gobiernos”. Las claves de una iniciativa que los senadores convirtieron en ley por unanimidad.
Según un decreto publicado en el Boletín Oficial, se podrá acceder a la Base de datos de “las personas físicas, respecto de informaciones referentes a sí mismas, los padres, madres, hijos o cónyuge”, entre otros. Quedará exceptuada la información que “afecte la seguridad interior, la defensa nacional o la política exterior”.
El Gobierno nacional dispuso hoy la apertura de la información personal existente en la Base de Datos de Antecedentes de la Agencia Federal de Inteligencia, que contiene información recolectada a lo largo de los años.
“Autorízase el acceso a la información de la Base de Datos de Antecedentes perteneciente a la Dirección de Gestión de Bases de Datos y Archivos de Inteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia”, señala el artículo 1 del decreto 2704/2015 firmado el martes, pero publicado hoy en el Boletín Oficial.
La norma establece que podrán acceder a la Base de datos “las personas físicas, respecto de informaciones referentes a sí mismas, los padres, madres, hijos o el cónyuge supérstite del causante, respecto a la información referente a su representado, y los Organismos de Derechos Humanos, que acrediten interés legítimo, en función de su actuación y trayectoria en la colaboración judicial en las investigaciones por delitos de lesa humanidad”.
En tanto, quedará exceptuada la información que “afecte la seguridad interior, la defensa nacional o la política exterior”, que “involucre información correspondiente a servicios de inteligencia extranjeros”, y que “involucre datos personales de terceros”.
Tampoco quedarán habilitados los datos que refieran a “agentes de la ex Secretaría de Inteligencia y de la Agencia Federal de Inteligencia”, los que puedan “ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona”, los que interfieran “en investigaciones judiciales en curso”, y los que fueron obtenidos “a partir de la actuación de la ex Secretaría de Inteligencia como auxiliar de justicia, salvo que se contare con autorización judicial para brindarla”.
Entre los considerandos del decreto se resalta que el Gobierno nacional “ha prestado la mayor colaboración a las investigaciones jurisdiccionales relevando el secreto y la confidencialidad de la información en numerosas causas vinculadas con violaciones a los derechos humanos y los atentados terroristas” contra las sedes de la AMIA y de la Embajada de Israel.
Además, se indica que los archivos que controla la AFI son de “épocas remotas”, y contienen “información histórica de diversas personas, que fuera ingresada en distintos períodos y que se encuentra en diferentes estados de conservación, desconociéndose con precisión el origen de la información allí contenida y los criterios o circunstancias que originaron su carga”.
“A partir de la reforma estructural iniciada en la Agencia Federal de Inteligencia, se procedió a analizar dicha base histórica de datos de antecedentes, concluyendo que, por el tenor y datación de la información allí volcada, en principio estaría en condiciones de ser puesta en conocimiento de las personas y organismos de derechos humanos que cuenten con interés legítimo”, agregan los considerandos.
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