Archivos Navales fueron encontrados por la Fiscalía en bodega de exvicealmirante
>> martes, 8 de septiembre de 2026
Bodega de exvicealmirante revela archivos navales
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Salvador Maceda
Salvador Maceda
Una bodega arrendada en la Ciudad de México por el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, señalado dentro de la investigación de la Fiscalía General de la República por una red de huachicol fiscal, fue localizada con listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval y de altos mandos, documentos clasificados de seguridad nacional, objetos de lujo y armas sin registro.
Al exponer los avances del caso, la fiscal general, Ernestina Godoy, también señaló al entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, como el funcionario que en 2024 denunció ante su antecesor, Alejandro Gertz Manero, posibles actividades ilícitas relacionadas con integrantes de la propia institución naval.
Entre los principales señalados, según expuso Ernestina Godoy en su mensaje a medios, aparecen los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, identificados como “Los Primos”. De acuerdo con los datos de prueba que actualmente son valorados por el Poder Judicial, ambos y otros integrantes de la red habrían intervenido en designaciones, ascensos y movimientos de personal dentro de las aduanas marítimas, la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Secretaría de Marina. A Farías Laguna se le atribuyen directamente gestiones relacionadas con nombramientos y promociones.
La bodega vinculada con el exvicealmirante se convirtió en uno de los puntos relevantes de la investigación. En el lugar fueron encontrados, además de objetos de lujo, listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval y de altos mandos, así como documentación de seguridad nacional clasificada como reservada o confidencial y armas que, de acuerdo con la Fiscalía, no contaban con el debido registro.
El esquema bajo investigación operaba presuntamente con buques que partían principalmente desde Texas, cargados con hidrocarburos, pero cuya mercancía era declarada como aceite o aditivo para modificar su tratamiento fiscal. Servidores públicos y agentes aduanales involucrados habrían recibido pagos por cada embarque que permitían ingresar.
Las revisiones en las aduanas también habrían sido manipuladas. La investigación señala muestreos superficiales, aprobación de volúmenes alterados y maniobras para liberar el combustible sin una inspección efectiva. También se habrían establecido calendarios de llegada de los buques para coordinar la desactivación de cámaras y evitar que quedara registro de las descargas.
Una vez en tierra, el combustible era distribuido mediante tres empresas legalmente constituidas, mientras una red de compañías fachada y triangulaciones financieras habría permitido dar apariencia legal al dinero obtenido por las ventas. El esquema investigado incluye embarcaciones, registros manipulados, personal aduanal presuntamente coludido, revisiones simuladas y operaciones financieras relacionadas con los recursos generados.
Las investigaciones también identificaron operaciones relacionadas con esta red en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México. Las indagatorias siguen ahora el rastro de accionistas, apoderados legales y enlaces que habrían participado en distintas etapas de la operación.