De como Amazon destruyó miles de libros para alimentar su IA

Un artículo de Kateri Seraphina en X.com
@Kateri Seraphina

Cuando un pedido sorprendente de 1.000 libros antiguos llega al escritorio de un librero especializado, la incomprensión es total. El misterioso comprador no se interesa ni por el valor de las obras, ni por su rareza, ni siquiera por su contenido: solo quiere papel, en cantidad industrial. Oliendo un asunto sospechoso, el librero se asocia con los periodistas del medio 404 Media y desliza en secreto una pequeña baliza Apple AirTag en uno de los cartones. Pero nadie sabía aún que este simple rastreador GPS iba a sacar a la luz uno de los secretos más oscuros de la tecnología moderna. 

Lo que iban a descubrir superaba sus peores pesadillas. Durante días, los periodistas siguieron la señal digital del cartón a través de todo el país. De ciudad en ciudad, la baliza terminó deteniéndose frente a un inmenso almacén anónimo de Amazon, en pleno desierto de Nevada, en Las Vegas. 

Al infiltrarse en los entresijos de este edificio hiperprotegido, el equipo descubrió una verdadera fábrica del genocidio literario. 

En este almacén, toneladas de libros están alineadas en cintas transportadoras industriales. El espectáculo es de una violencia inaudita para los amantes de la lectura: máquinas masivas cortan las encuadernaciones en cadena, desgarran las cubiertas y separan las páginas por miles. 

Las hojas son digitalizadas inmediatamente a gran velocidad. 

Los textos originales son enviados a la trituradora. 

Los libros se reducen a polvo. Una vez escaneadas y destruidas las páginas, la aventura de estos libros termina ahí, borrados definitivamente de la realidad física. 

Interrogado sobre esta práctica industrial, el gigante Amazon terminó confirmando la aterradora verdad: la empresa compra libros en masa para alimentar sus algoritmos de inteligencia artificial con sus datos, destruyendo la obra física justo después de la digitalización. Comprar. Desgarrar. Escanear. Alimentar la máquina. Incinerar las pruebas. 

Gracias a la curiosidad de un librero y a un pequeño rastreador escondido en el fondo de un cartón, se ha levantado el velo sobre la forma en que los gigantes de la tecnología saquean el patrimonio humano para construir su mundo virtual. 

Nos repiten a menudo que el progreso tecnológico está ahí para preservar nuestra memoria y facilitarnos la vida. Pero esta historia nos recuerda brutalmente que en esta carrera desenfrenada hacia el futuro, algunos están dispuestos a sacrificar la belleza del pasado y el alma de los objetos para alimentar máquinas sin corazón. 

Un mundo que quema sus libros para alimentar robots quizá haya ganado velocidad, pero ha perdido definitivamente su humanidad.

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El delito de falsedad documental no se limita a documentos de papel, alcanza registros, soportes y archivos electrónicos que sustentan la contratación digital

Falsear la identidad en un contrato telefónico también es falsedad documental, aunque no haya papel
https://confilegal.com/
Beatriz Rivera

Delito de falsedad documental


El Tribunal Supremo (TS) ha dado un paso más en la adaptación del delito de falsedad documental a la realidad digital al establecer que la manipulación de los datos de identidad durante una contratación telefónica puede constituir falsedad en documento mercantil, aunque nunca exista un contrato firmado.

La Sala de lo Penal, en su sentencia nº394/2026, de 11 de junio, sostiene que el concepto penal de «documento» comprende también los registros electrónicos y archivos digitales que generan efectos jurídicos, abandonando una concepción vinculada al papel. Para Blanca Delgado, abogada de Andersen esta resolución «adaptar la interpretación del concepto jurídico-penal de documento a la realidad de la contratación digital, preservando la protección de la autenticidad y la confianza en el tráfico jurídico». Una contratación por llamada… que nunca tuvo firma o documento Lourdes (nombre ficticio) contrató dos líneas de telefonía con Lowi, pero, con ánimo de un aprovechamiento ilícito, utilizó los datos para cerrar el acuerdo (nombre, número de DNI y cuenta bancaria) de Mauricio. Estas líneas telefónicas generaron un coste de 378,98 euros que, al cabo de dos meses, acabarían canceladas por la compañía telefónica ya que ni la que lo contrató ni el que aparecía como titular de la línea pagaron. (https://confilegal.com) É

Mauricio demandó a Lourdes ante los tribunales. Y el Juzgado de lo Penal nº11 de Valencia condenó a Lourdes como autor responsable de un delito de falsedad en documento oficial y mercantil del artículo 392.1 y 390.1.3° del Código Penal y de un delito leve de estafa de los artículos 248 y 249.2 del Código Penal en concurso medial. Por el primer delito, además, tenía que pagar una multa de 9 meses con cuota diaria de 6 euros y, por el de estafa, un mes y 15 días de multa con una cuota diaria de seis euros. Sin embargo, Lourdes interpondría un recurso de apelación ante la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia. Este tribunal revocó la condena por el delito de falsedad documental, dejándolo sin efecto por la falta de elemento objetivo ante la inexistencia de documento.

La Audiencia Provincial absolvió a Lourdes del delito porque la contratación falsa se efectuó verbalmente, mediante comunicación telefónica, y como no estaba afirmada ni por la acusada no se le podía atribuir falsificación en el mismo o contribución a dicha falsedad. Y, esta contradicción entre instancia, lleva al Ministerio Fiscal a plantear un recurso de casación para la unificación de la doctrina para que sea el TS si es necesario un soporte en papel firmado para entender que El Supremo confirma que la contratación telefónica tiene plena eficacia jurídica

Este asunto llegaría a la Sala de lo Penal del alto tribunal, formada por Julián Sánchez Melgar, Manuel Marchena Gómez (ponente), Susana Polo García, Carmen Lamela Díaz y Javier Hernández García, quien rechaza la interpretación del órgano judicial inferior. Los magistrados consideran que el criterio asumido por la Audiencia Provincial —sin documento no hay contrato—es contrario a los principios generales de la contratación. En concreto, los magistrados citan el artículo 1.262 del Código Civil, sobre el consentimiento, y el artículo 1.278 del mismo Código, que consagra el principio de libertad de forma. Para el Supremo lo definitivo no es la forma del contrato, sino la prueba del consentimiento, además de que el derecho de obligaciones acepta el vínculo de las prestaciones pactadas con independencia de la forma en que la convergencia entre la oferta y la aceptación haya llegado a plasmarse. De hecho, por la necesidad de adaptar el régimen jurídico de la contratación a la nueva realidad derivada del comercio electrónico el legislador añadió un tercer párrafo en el precepto 1.262 CC según el cual se establece que «en los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptación Y todavía precisa más la Sala Segunda: la ausencia de un contrato escrito no es suficiente para exonerar a la parte del cumplimiento de lo pactado.

El concepto legal de documento no solo se refiere al papel. El concepto legal de documento no es un «concepto morfológico», señala la Sala, sino que se debe entender como algo funcional. Es decir, el documento no equivale a papel, también puede extenderse a otros formatos como la grabación de voz, alta informática del contrato, el fichero electrónico de contratación, la validación bancaria o, como sucedió en el presente caso, la generación automática del contrato mercantil. (https://confilegal.com) É

«El delito de falsedad puede recaer no ya sobre un documento escrito, sino sobre documentos electrónicos o mercantiles generados por sistemas automatizados», subraya el Supremo, que concuerda con el criterio de la Fiscalía de que la contratación telefónica es una forma de contratación telemática que no requiere materialización en un documento-papel posterior. Para los magistrados la contratación telefónica y electrónica obliga a abandonar una visión «papelista» del documento.

Por lo que el Derecho Penal pone la mirada en proteger también la autenticidad de los documentos digitales Lo explica la abogada de Andersen: «el concepto penal de documento no depende de su soporte físico, sino de su capacidad para desplegar efectos jurídicos que afecten a terceros». «Así, la grabación de voz, alta informática, registro CRM, el fichero electrónico de contratación, la validación bancaria y la generación automática del contrato mercantil integran el soporte material al que se refiere el artículo 26 del Código Penal, de modo que su alteración puede menoscabar la integridad, seguridad y autenticidad que están en la base de la contratación digital», añade.

Suplantar la identidad en una contratación digital es falsedad documental.

Por último, la Sala de lo Penal considera que introducir el nombre, DNI y cuenta bancaria de otra persona durante una contratación telefónica supone hacer intervenir a alguien que nunca contrató, alterar la autenticidad de la contratación e incorporar datos falsos a un documento electrónico con efectos jurídicos. Por todo ello, el Supremo estima el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal, anula la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que había absuelto a la acusada del delito de falsedad documental y restablece íntegramente la condena impuesta en primera instancia por el Juzgado de lo Penal nº11 de Valencia. Con este fallo, el alto tribunal fija que el delito de falsedad documental no queda limitado a los documentos de papel, sino que también alcanza a los registros, soportes y archivos electrónicos que sustentan la contratación digital. Los magistrados de la Sala Segunda adaptan la interpretación del Código Penal a la nueva realidad del comercio electrónico y refuerza así la protección de la autenticidad y la confianza en las transacciones en línea.

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La prueba digital y la prueba sintética

La prueba digital como categoría autónoma: del documento electrónico a la prueba sintética

https://www.lawandtrends.com
Por María Luisa García Torres

Tras más de veinticinco años desde la aprobación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil -en adelante, LEC-, puede afirmarse que la regulación de la prueba ha quedado desbordada por la realidad tecnológica. El Legislador del año 2000 difícilmente podía anticipar la dimensión probatoria que hoy alcanzarían las evidencias generadas, almacenadas, transmitidas o conservadas en entornos digitales

La tecnología ha transformado la forma en que los hechos se producen, se registran, se comunican, se conservan y desaparecen. Sin embargo, la LEC no ha dado todavía el paso decisivo: reconocer la prueba digital como una categoría probatoria autónoma, con reglas propias sobre aportación, preservación, impugnación, autenticidad, integridad, trazabilidad, metadatos y cadena de custodia.

En la práctica forense se incorporan cada día fuentes digitales muy diversas: comunicaciones electrónicas, contenidos en plataformas, archivos en la nube, registros de actividad, metadatos, trazas de geolocalización, certificados, evidencias procedentes de dispositivos conectados, documentos estructurados, transacciones digitales, código fuente, algoritmos o expedientes electrónicos administrativos. A ello se suma la prueba sintética creada mediante Inteligencia Artificial Generariva -en adelante, IAG-. Todas estas fuentes pueden ser decisivas para acreditar hechos relevantes, pero no encajan siempre en la categoría clásica de documento electrónico ni en los instrumentos de reproducción de palabra, sonido, imagen o datos.

El desfase de la LEC frente a la realidad tecnológica

La LEC contiene algunas previsiones que permiten la entrada de la evidencia tecnológica en el proceso. El art. 299, junto a los medios de prueba clásicos, admite los instrumentos de filmación, grabación y reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como aquellos que permiten archivar, conocer o reproducir datos relevantes para el proceso; previsión desarrollada en los arts. 382 a 384 de la LEC. Por su parte, el art. 326 de la LEC incorpora reglas sobre el documento electrónico privado, especialmente en relación con su autenticidad, integridad, fecha y hora cuando intervienen servicios electrónicos de confianza.

Estas previsiones, aunque relevantes, resultan insuficientes. Permiten incorporar soportes, instrumentos o documentos electrónicos, pero no ofrecen una regulación completa de la prueba digital como fenómeno probatorio propio. La LEC no atiende de forma sistemática a cuestiones decisivas como la preservación de la fuente, los metadatos, la trazabilidad, la cadena de custodia, la impugnación técnica o la dependencia de terceros custodios.

El problema es que la prueba digital no se reduce al soporte ni al contenido visible. Una captura de pantalla puede mostrar un mensaje, pero no acredita por sí sola su origen, integridad, contexto, fecha real, autoría o correspondencia con la fuente original. Una publicación en redes sociales tampoco es solo una imagen o una URL: puede implicar perfiles, identificadores, historial de edición, eliminación posterior y datos custodiados por la plataforma. La apariencia de la evidencia no basta, porque lo relevante no es solo lo que muestra, sino de dónde procede, cómo se obtuvo, cómo se conservó y si puede verificarse técnicamente.

A esta complejidad se añade la prueba sintética generada mediante IA. Imágenes, audios, vídeos, textos, documentos o comunicaciones pueden crearse artificialmente con apariencia de realidad, simulando hechos, declaraciones o conversaciones inexistentes. En este caso, la cuestión ya no es solo si una evidencia digital ha sido alterada o descontextualizada, sino si ha sido creada, reconstruida o modificada artificialmente por un sistema de IAG.

Por ello, la prueba sintética empieza a perfilarse como una categoría emergente dentro del Derecho Procesal digital. A diferencia de la prueba digital, que registra o conserva información vinculada a hechos reales en entornos digitales, la prueba sintética se caracteriza por su origen artificial: puede simular, ilustrar o modelar hechos, situaciones o datos sin depender necesariamente de un acontecimiento real previo. Esta realidad exige atender a su procedencia, metadatos, contexto de generación, posible manipulación sintética, intervención pericial especializada y, cuando sea posible, trazabilidad de la herramienta utilizada.

Tratar la prueba digital únicamente como documento electrónico, o encajarla de forma residual en los instrumentos de reproducción de palabra, sonido, imagen o datos, supone reducir una realidad compleja a categorías insuficientes. La prueba digital -y, en su caso, sintética- incluye documentos, pero también datos, registros, trazas, metadatos, comunicaciones, evidencias de sistema, logs, código, algoritmos, certificados, sellos de tiempo, registros de dispositivos y evidencias alojadas o custodiadas por terceros. Algunas fuentes podrán incorporarse mediante las categorías actuales; otras exigirán soporte, metadatos, certificación, preservación, pericia o cadena de custodia.

La regulación vigente resulta, por tanto, fragmentaria. No regula de forma sistemática el ciclo completo de la prueba digital: identificación, obtención, preservación, aportación, impugnación, autenticación, trazabilidad, custodia y valoración. La diferencia no es terminológica, sino procesal: si la prueba digital se regula solo como documento electrónico o como instrumento de reproducción, el proceso puede valorar su apariencia sin examinar suficientemente su fiabilidad técnica.

Superar el reduccionismo documental: prueba digital y prueba sintética

La regulación de la prueba digital como categoría autónoma debe partir de una idea básica: no todas las evidencias tecnológicas exigen el mismo nivel de garantía técnica. Una conversación de WhatsApp, un correo electrónico, una captura de pantalla, un archivo, un log o una evidencia alojada en una plataforma no presentan siempre los mismos riesgos ni requieren idéntico tratamiento procesal. La intensidad del control debe depender de la naturaleza de la fuente, su relevancia para el litigio, el riesgo de manipulación, la forma de obtención, la disponibilidad de metadatos y el alcance real de la impugnación.

Precisamente por eso, la LEC debería ofrecer reglas específicas y proporcionadas. Se trata de evitar dos extremos igualmente inadecuados: la ingenuidad tecnológica, que acepta cualquier evidencia digital como si fuera una reproducción objetiva e inalterable de la realidad; y el formalismo paralizante, que exige cadena de custodia perfecta o pericial informática completa para cualquier elemento digital, aunque su autenticidad o integridad no estén seriamente discutidas. El proceso necesita un modelo equilibrado: ni confianza acrítica en la apariencia digital, ni exigencias técnicas desproporcionadas que dificulten injustificadamente el acceso a la prueba.

Una regulación adecuada debería partir de una definición amplia. Podría entenderse por prueba digital toda información, dato, archivo, comunicación, registro, metadato, traza, contenido o evidencia generada, almacenada, transmitida, tratada, publicada o conservada mediante sistemas, dispositivos, aplicaciones, redes, plataformas o servicios digitales, susceptible de acreditar hechos relevantes en el proceso. La prueba digital no es una modalidad menor del documento electrónico. Es un ecosistema probatorio propio, que exige reglas adaptadas a su origen, conservación, trazabilidad, impugnación y valoración.

Junto a ello, la regulación debería empezar a contemplar la prueba sintética. Por tal cabría entender aquella evidencia creada, reconstruida o modificada artificialmente mediante sistemas tecnológicos, especialmente mediante IA generativa, con el objetivo de simular, ilustrar o modelar hechos, situaciones o datos, aprovechando grandes volúmenes de información, sin que resulte decisivo si existe o no intención de engañar. Esta categoría evidencia que el problema ya no se limita a comprobar si una prueba digital ha sido manipulada, sino también si aquello que aparenta acreditar llegó realmente a existir.

Los ocho pilares de una regulación procesal específica

Por todo lo dicho, la LEC debería regular, al menos, ocho cuestiones esenciales.

1.ª Forma de aportación. La prueba digital debería poder incorporarse en soporte electrónico, con indicación de su origen, formato, sistema de procedencia y, cuando resulte necesario, metadatos asociados. La impresión o la captura no pueden seguir siendo la vía ordinaria de aportación, porque pueden empobrecer la prueba y ocultar elementos relevantes para su valoración.

2.ª Autenticidad e integridad. La ley debería diferenciar entre autenticidad de la fuente, integridad del contenido, autoría, fecha, contexto y correspondencia con el original digital. Además, la impugnación no debería formularse de forma genérica, sino concretando qué se cuestiona: origen, autoría, metadatos, extracción, cadena de custodia, fiabilidad del sistema o correspondencia con la fuente original.

3.ª Preparación del proceso y diligencias preliminares digitales. La ley debería regular las diligencias preliminares digitales para identificar al posible demandado, localizar la fuente digital, determinar quién la controla o conocer el tercero que custodia la información necesaria antes de iniciar el proceso, como instrumento para preparar la demanda.

4.ª Cadena de custodia digital. No debe configurarse como requisito absoluto para toda evidencia tecnológica, pero sí como garantía de fiabilidad cuando la naturaleza de la fuente lo exija. Su función es documentar quién obtuvo la evidencia, cómo, cuándo, desde qué fuente, dónde se conservó, quién accedió a ella y si permaneció íntegra. Su ausencia no debería determinar siempre la inadmisión, aunque sí incidir en la valoración cuando se discuta la autenticidad o integridad.

5.ª Preservación temprana. La prueba digital puede desaparecer antes de que el proceso esté en condiciones de practicarla: publicaciones eliminadas, cuentas cerradas, logs sobrescritos, archivos sin metadatos o conversaciones alteradas lo evidencian. Por ello, la LEC debería permitir que, ante riesgo de pérdida, alteración, supresión, sobrescritura o inaccesibilidad de una fuente digital relevante, el tribunal ordene su conservación temprana. Preservar no es practicar la prueba: es impedir que la fuente desaparezca o pierda fiabilidad antes de poder aportarse con garantías.

6.ª Terceros custodios. Muchas fuentes digitales están en poder de plataformas, proveedores cloud, operadores, administradores de sistemas, entidades financieras, empresas, universidades o Administraciones. La LEC debería permitir órdenes judiciales de preservación, conservación o exhibición frente a estos terceros, con delimitación precisa de los datos afectados, periodo temporal, finalidad, plazo y garantías de confidencialidad, protección de datos y derechos fundamentales.

7.ª Pericial informática. En línea con la jurisprudencia del Tribunal Supremo -véase por todas la Sentencia 116/2025, de 13 de febrero-, la pericial no debería ser obligatoria en todo caso, pero sí ocupar un lugar claro cuando se discutan autenticidad, integridad, manipulación, metadatos, extracción, funcionamiento del sistema, fiabilidad técnica o cadena de custodia. El tribunal no tiene que convertirse en técnico, pero el proceso debe proporcionarle herramientas suficientes para valorar racionalmente la evidencia digital.

8.ª Prueba sintética generada por IA. La LEC debería contemplar que una evidencia digital puede no haber sido solo alterada, editada o descontextualizada, sino creada, reconstruida o modificada artificialmente mediante sistemas de IAG. Esta realidad merece reconocerse como categoría autónoma, porque su problema principal no es solo la manipulación de una fuente preexistente, sino la creación artificial de una apariencia probatoria. Cuando existan indicios de generación sintética o manipulación algorítmica, el proceso debería permitir exigir información sobre procedencia, contexto de creación, metadatos, herramienta utilizada, trazabilidad técnica y, en su caso, intervención pericial especializada.

Una necesidad transversal

Esta arquitectura de garantías probatorias digitales debería proyectarse también sobre los demás órdenes jurisdiccionales. La LEC puede servir como regulación supletoria, pero la prueba digital necesita reflejo específico en la jurisdicción contencioso-administrativa, social y penal.

En el ámbito contencioso, afecta al expediente electrónico, los metadatos administrativos, los registros de sede, las actuaciones automatizadas y el control de la Administración digital. En el orden social, resulta decisiva en relación con correos corporativos, registros de jornada, sistemas de control, teletrabajo, geolocalización, mensajería interna, dispositivos de empresa o algoritmos de organización del trabajo.

También el proceso penal necesita reglas propias. En delitos digitales, violencia de género digital, acoso, amenazas, sextorsión, difusión no consentida de imágenes, suplantación o delitos contra la intimidad, preservar tarde equivale muchas veces a no poder probar. La evidencia puede desaparecer en minutos; de ahí la necesidad de protocolos de preservación temprana, órdenes urgentes a plataformas y una cadena de custodia digital capaz de resistir el borrado, la manipulación y la volatilidad técnica.

La conclusión es clara

La modernización probatoria no puede limitarse a admitir documentos electrónicos. Regular solo el documento electrónico es mirar la prueba digital desde el papel; regularla como categoría autónoma es asumir que hoy la prueba se construye también con datos, trazas, metadatos, registros, comunicaciones, plataformas, algoritmos, sistemas, terceros custodios y, por qué no, también con IA.

En el entorno digital, probar no es solo aportar: es identificar, preservar, autenticar, contextualizar, custodiar, impugnar y valorar con garantías. La LEC no necesita únicamente admitir tecnología en el proceso; necesita comprender procesalmente cómo nace, circula, se conserva, se altera, se cuestiona y se valora la evidencia digital. Y, además, debe asumir que la IAG no solo puede alterar la prueba, sino crear artificialmente una apariencia probatoria. Regular la prueba digital -y abordar la prueba sintética como categoría emergente- no es una opción técnica. Es una exigencia procesal de tutela judicial efectiva.

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Demanda de Editorial Perfil contra OpenAI, Microsoft Corporation y Microsoft Argentina S.R.L.: quién cobra cuando los modelos aprenden con trabajo periodístico ajeno

Medios e inteligencia artificial: entre demandas por copyright a OpenAI y notas hechas con GPT

https://www.letrap.com.ar/
Por Irina Sternik

Perfil fue a la Justicia. El tráfico desde Google se desploma. Las redacciones automatizan tareas mientras crece la disputa por el valor del periodismo.

Medios e inteligencia artificial: entre demandas por copyright a OpenAI y notas hechas con GPT

Imagen generada con IA

La inteligencia artificial (IA) ya no es una promesa para los medios: redefine cómo se produce, distribuye y monetiza el periodismo. Mientras algunas redacciones incorporan GPT para acelerar tareas, otras llevan a OpenAI a la Justicia por usar notas, investigaciones y entrevistas para entrenar modelos sin autorización.

La demanda de Editorial Perfil contra OpenAI, Microsoft Corporation y Microsoft Argentina S.R.L. abrió en la Argentina una discusión que ya atraviesa a los grandes medios del mundo: quién cobra cuando los modelos aprenden con trabajo periodístico ajeno.

El conflicto excede el expediente judicial. El negocio de los medios cambió de frente: el desafío paso de posicionarse en Google a sobrevivir.

Inteligencia artificial en dos direcciones

En las redacciones, la inteligencia artificial avanza en dos direcciones al mismo tiempo. Por un lado, automatiza tareas, acelera la producción y abarata costos. Por el otro, utiliza como insumo el trabajo periodístico que luego compite por la atención de la audiencia.

El impacto ya aparece en las métricas. Según Chartbeat, el tráfico que Google deriva a los medios cayó un 33% en un año a escala global, impulsado por las respuestas generadas por IA que aparecen directamente en los resultados de búsqueda.

El resultado ilustra al periodismo en la era de la inteligencia artificial, en la que conviven notas producidas con asistencia de IA, presiones por mayor productividad y una creciente disputa por quién debe pagar por el material con el que se entrenan los modelos.

El reclamo de Editorial Perfil

La presentación judicial se produjo el pasado 24 de agosto y abre en el plano local una discusión que ya había generado conflictos entre empresas de inteligencia artificial y medios de distintos países. El eje del reclamo está puesto en el uso de publicaciones periodísticas para entrenar modelos y en la posterior explotación comercial de esos sistemas.

Según Editorial Perfil, pericias técnicas e informáticas incorporadas al expediente señalaron el uso de notas, investigaciones, crónicas y entrevistas exclusivas como materia prima para el desarrollo y la optimización de modelos de lenguaje. La empresa sostiene que se accedió a contenidos protegidos por paywalls.

El reclamo tiene dos dimensiones. La primera está vinculada con el entrenamiento de los modelos, ya que la compañía indica que sus publicaciones fueron utilizadas como insumo sin autorización. La segunda apunta a la explotación comercial de esos desarrollos y al impacto que las respuestas de herramientas como Bing, Copilot y Azure AI podían generar sobre el tráfico hacia los sitios periodísticos.

Fuentes de la Editorial Perfil señalaron que habían intentado negociar con OpenAI antes de iniciar la acción judicial. “Nosotros quisimos negociar con ellos. Nos ignoraron. Entonces, siguiendo la línea de The New York Times, decidimos hacer esta demanda”, afirmó en un video Agustino Fontevecchia, director de Contenidos Digitales de la empresa.

Los antecedentes internacionales

En el debate internacional hay tres posiciones. Consultado por Letra E el abogado especializado en derechos de autor Carlos Laplacette, explicó que una es la de las plataformas, que sostienen que realizan un uso justo del material periodístico disponible. Otra considera que existe un uso comercial de textos protegidos por propiedad intelectual y que las compañías deben pagar por ellos. La tercera propone un régimen impositivo específico para subsidiar a los medios.

El conflicto tiene antecedentes recientes en otros mercados. En Brasil, el diario Folha de S.Paulo demandó a OpenAI en 2025 por competencia desleal y violación de derechos de autor. La empresa periodística reclamó que dejara de recopilar y utilizar sus publicaciones sin autorización ni compensación.

En mayo de 2026, Folha de S.Paulo y el Grupo UOL alcanzaron un acuerdo de licencia con OpenAI, que contempló resúmenes atribuidos y enlaces hacia las publicaciones originales. El monto de ese acuerdo no fue informado públicamente.

Según el blog LLM Pulse, que mantiene un mapa de las colaboraciones entre compañías de inteligencia artificial y medios de comunicación, OpenAI firmó acuerdos con más de 20 editores de noticias, que alcanzaban a más de 160 medios en más de 20 idiomas. Entre los convenios mencionados figuraban Associated Press, el Grupo Prisa, Folha de S.Paulo y el Grupo UOL.

El mismo relevamiento indica que uno de los acuerdos de mayor valor fue el firmado con News Corp, por más de u$s 250 millones durante cinco años. También registra empresas periodísticas que optaron por recurrir a los tribunales en lugar de establecer acuerdos de licencia, entre ellas The New York Times.

Por otro lado, esta semana, Australia aprobó una ley que busca que las grandes plataformas tecnológicas compartan parte del valor que generan a partir de las noticias. La normativa establece un gravamen del 2,5% sobre los ingresos publicitarios locales para las plataformas que no alcancen acuerdos comerciales con medios australianos. Meta, Google, TikTok y Microsoft/LinkedIn están entre las empresas alcanzadas por la medida, que también incorpora incentivos para que las plataformas negocien con medios pequeños y medianos.

La discusión por los derechos de autor

En una entrevista con Letra E, la investigadora de Momentum - Journalism and Tech Task Force, Ester Borges, dijo que las herramientas de inteligencia artificial ya habían modificado la relación entre las personas y las noticias. “Cada vez más, el usuario no necesariamente busca una noticia, sino una respuesta. Y si esa respuesta es construida a partir del trabajo de los medios, pero el usuario ya no llega al medio ni genera una relación con él, tenemos un problema de sostenibilidad que va mucho más allá del derecho de autor”, señaló.

Borges plantea que el debate también debe contemplar las condiciones de negociación entre las plataformas y los medios: “Un modelo justo debería combinar remuneración, transparencia, capacidad de negociación y mecanismos colectivos”.

Además, indica que no debía existir una única fórmula para todos los medios de América Latina, sino procedimientos para conocer cómo se utilizan los contenidos, bajo qué condiciones, cómo se calcula su valor y qué reciben a cambio los productores de información.

El profesor e investigador del Conicet, Martín Becerra, señala con sorpresa la tardanza con la que se produjo la demanda de Editorial Perfil. “El mundo de los medios escritos en español, en particular, los medios latinoamericanos y, muy especialmente, los argentinos, lleva un rezago comparativamente grande respecto de los de otras regiones del mundo a la hora de reclamar por el copyright y los derechos de autor del material periodístico utilizado por las empresas desarrolladoras de aplicaciones y servicios de IA”, expresó a este medio.

Becerra también marca dos ironías en torno al uso del material periodístico por parte de las empresas de inteligencia artificial: “Por un lado, mi posición personal es que el contenido periodístico suele ser un contenido de interés público y forma parte del acervo de conocimientos que una sociedad atesora para retratar su funcionamiento en un momento histórico determinado”.

El investigador plantea así una tensión entre el valor público de las publicaciones y los derechos de quienes producen ese material. También cuestiona el comportamiento de las compañías tecnológicas. “Las empresas desarrolladoras de IA están violando constantemente el copyright y los derechos de autor del contenido periodístico y son, simultáneamente, totalmente celosas y rigurosas a la hora de llevarte a juicio por temas de copyright, patentes, propiedad intelectual y derechos de autor”, concluye.

Las distintas estrategias de los medios

La demanda de Editorial Perfil no encontró una respuesta uniforme entre las empresas periodísticas argentinas. Diego Garazzi, gerente de Legales de La Nación, aseguró a Letra E que “por ahora no está en nuestros planes activar algo similar”.

Otros medios argentinos, en cambio, evaluaban recurrir a la Justicia por el uso de material propio en sistemas de inteligencia artificial. Entre ellos se encontraba Misiones Online, según información proporcionada a este medio. El medio analiza una eventual demanda por considerar que las plataformas utilizan contenido original sin una compensación económica.

Fontevecchia le dijo a Letra E que hace años la industria argentina trabaja sobre cuestiones vinculadas con la propiedad intelectual. En el caso específico de las empresas de inteligencia artificial, tanto la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) como varios medios analizan la posibilidad de avanzar con procesos judiciales similares al iniciado por Editorial Perfil. “Mientras más se sumen, más fuerte será nuestro reclamo”, sostiene.

La diferencia de posiciones refleja una discusión que todavía no tiene una resolución uniforme. Mientras Editorial Perfil opta por llevar el reclamo a la Justicia, otros medios exploran acuerdos de licencia o mantienen abiertas distintas vías de negociación.

El antecedente de Folha de S.Paulo es el ejemplo sobre cómo ambas estrategias podrían ir de la mano. El diario brasileño había iniciado una acción contra OpenAI y posteriormente alcanzó un acuerdo de licencia. Para los medios, el caso dejó planteada una discusión que excedía el reclamo puntual por derechos de autor y alcanzaba el valor económico del contenido periodístico en el ecosistema de inteligencia artificial.

La demanda argentina incorpora así un nuevo capítulo a una disputa internacional que comienza a extenderse entre los medios de todo el mundo. El caso de Editorial Perfil pone en el centro del debate, por primera vez en Argentina, el vínculo entre las compañías tecnológicas y los medios que producen la información utilizada por sus sistemas, además de la discusión sobre quién debe asumir el costo de ese contenido.

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La factura electrónica mejorar la eficiencia de las empresas si se aplica correctamente

La facturación electrónica impulsa el uso de software de facturación en las empresas
https://www.sevillaactualidad.com/

La digitalización obliga a las empresas a integrar la facturación con la contabilidad, la tesorería y el resto de procesos para mejorar la eficiencia y cumplir la normativa.

La implantación de la factura electrónica impulsa el uso de soluciones de facturación integradas para mejorar la eficiencia de las empresas.

La implantación progresiva de la factura electrónica está obligando a las empresas a mirar más allá del documento que entregan a sus clientes. El cambio afecta a la manera de generar la información, validar los datos, enviar los archivos, registrar las operaciones y conservar la documentación. Por tanto, la adaptación requiere revisar procesos que durante años se han apoyado en tareas manuales y aplicaciones independientes.

Esta transformación también pone de manifiesto las limitaciones de algunos sistemas administrativos. Una factura puede parecer correcta y, sin embargo, contener datos que no coinciden con el pedido, el albarán, la contabilidad o las condiciones comerciales pactadas. La digitalización resulta realmente útil cuando toda la información permanece conectada y puede consultarse sin duplicidades ni comprobaciones innecesarias.

El software de facturación adquiere un papel central

Las empresas ya no buscan únicamente una aplicación capaz de calcular impuestos y emitir documentos. Necesitan una herramienta que ordene el ciclo comercial, relacione cada factura con su origen y facilite el seguimiento posterior. Esa continuidad permite saber qué se ha presupuestado, qué productos se han entregado, qué importes se han facturado y qué cantidades continúan pendientes.

Un software de facturación integrado en un ERP puede reunir presupuestos, pedidos, albaranes, clientes, productos y facturas dentro de un mismo flujo de trabajo. De este modo, los datos introducidos al comienzo de una operación se reutilizan en los documentos posteriores, lo que reduce la repetición de tareas y limita los errores derivados de copiar información entre distintas aplicaciones.

La factura deja así de ser un documento aislado y pasa a formar parte de una secuencia administrativa completa. Cuando un pedido se convierte en albarán y después en factura, el sistema mantiene la trazabilidad de la operación. El personal puede comprobar su evolución sin reconstruir el proceso mediante correos electrónicos, hojas de cálculo o carpetas compartidas.

Además, la automatización permite generar documentos sucesivos a partir de la información ya registrada. Esta capacidad no elimina la supervisión profesional, pero sí evita una parte del trabajo mecánico. Los equipos administrativos pueden dedicar más tiempo a revisar incidencias, controlar vencimientos y atender consultas que requieren criterio, en lugar de repetir altas o trasladar datos manualmente.

La calidad del dato condiciona todo el proceso

La facturación electrónica exige trabajar con información precisa. Los datos fiscales del emisor y del receptor, la numeración, las fechas, los conceptos, los impuestos y los importes deben guardar coherencia. Un error que antes podía corregirse antes de imprimir una factura ahora puede propagarse con rapidez si el sistema genera, envía y contabiliza documentos de forma automática.

Por ello, la automatización solo aporta eficiencia cuando parte de datos completos, actualizados y bien estructurados. Las empresas deben revisar las fichas de clientes, las reglas de facturación, los tipos impositivos y las condiciones de pago. También conviene definir quién puede crear, modificar, validar o anular determinados documentos dentro del sistema.

Un ERP permite establecer procedimientos comunes para que los distintos departamentos trabajen con los mismos criterios. 

• El área comercial puede registrar las condiciones acordadas; 
• administración puede emitir la factura correspondiente; 
• contabilidad recibe la información necesaria, 
• y tesorería controla el cobro. 

Esta coordinación evita versiones distintas de una misma operación y facilita la detección de posibles incoherencias.

La centralización también mejora la capacidad de consulta. 

Ante una reclamación, no basta con localizar la factura final. Puede ser necesario revisar el presupuesto aceptado, el pedido, la entrega, las tarifas aplicadas o las comunicaciones asociadas. Disponer de una única fuente de información reduce el tiempo de respuesta y aporta mayor claridad tanto al personal como al cliente.

La factura electrónica implica algo más que eliminar el papel

Sustituir una factura impresa por un archivo adjunto no representa por sí solo una transformación completa. La factura electrónica debe generarse con los datos correctos, enviarse mediante el procedimiento adecuado, recibirse de forma controlada y conservarse junto con los elementos necesarios para acreditar su autenticidad e integridad.

La facturación electrónica para empresas requiere atender tanto a la emisión como a la recepción de documentos. Una organización puede enviar facturas digitales a sus clientes y, al mismo tiempo, recibirlas de sus proveedores. Ambos recorridos necesitan controles específicos, aunque deben mantenerse conectados con la gestión contable, comercial y financiera.

Los formatos estructurados permiten que los sistemas interpreten los datos de la factura sin depender de una introducción manual posterior. Esa diferencia resulta relevante porque un archivo visible en pantalla no siempre contiene información preparada para su tratamiento automático. Cuando el formato puede incorporarse al ERP, el registro y la contabilización ganan agilidad y consistencia.

La solución de Datisa diferencia la factura electrónica expedida de la recibida mediante módulos específicos. La primera se orienta a la generación de facturas en formatos extendidos, incluido Facturae, empleado por las administraciones públicas. La segunda permite incorporar los documentos recibidos y aprovechar las ventajas administrativas del intercambio electrónico frente a los circuitos basados en papel.

La integración evita que aparezcan nuevos trabajos manuales

Una implantación poco coordinada puede trasladar los problemas de un soporte a otro. Si la empresa genera la factura electrónica en una aplicación externa, pero después debe introducir sus datos en el programa contable, descargar archivos, cambiar nombres o actualizar el estado de cobro en otro sistema, la digitalización añade pasos en lugar de eliminarlos.

En cambio, una solución integrada conecta la emisión de la factura con la contabilidad y el resto de la gestión empresarial. El documento se genera a partir de información ya disponible y puede quedar relacionado con los registros correspondientes. Así se reduce el riesgo de que una factura enviada no aparezca contabilizada o de que se registre con importes diferentes.

La misma lógica se aplica a las facturas recibidas. Cuando el sistema incorpora los datos electrónicos de los proveedores, la empresa puede reducir la introducción manual, comprobar la información y continuar el circuito de validación. Además, el documento conserva su relación con la operación de compra, el proveedor, el vencimiento y los movimientos posteriores.

Esta conexión resulta especialmente útil cuando intervienen varios departamentos. 

• Compras puede comprobar el pedido; 
• almacén puede confirmar la recepción; 
• administración puede validar la factura, 
• y contabilidad puede registrar la operación. 

Cada área consulta la misma información, aunque actúe sobre una fase distinta del proceso.

El control de cobros y pagos mejora con información actualizada

La gestión de facturas no termina cuando el documento se emite o se recibe. Después aparecen vencimientos, cobros, pagos, devoluciones, rectificaciones y posibles incidencias. Si esa información se reparte entre distintas herramientas, la empresa pierde visibilidad y depende de revisiones manuales para conocer su posición real.

Un ERP puede conectar la facturación con la tesorería y la contabilidad. Esta relación permite consultar qué cantidades están pendientes, qué compromisos de pago se aproximan y qué operaciones requieren seguimiento. Además, facilita la planificación financiera, ya que los responsables disponen de información procedente de las transacciones registradas y no de estimaciones elaboradas de forma aislada.

La rapidez administrativa también influye en la relación con clientes y proveedores. Una factura correctamente emitida, identificada y enviada reduce consultas posteriores. Del mismo modo, el registro ordenado de los documentos recibidos ayuda a respetar los circuitos de aprobación y las fechas previstas de pago.

El análisis aporta otra capa de utilidad. Datisa permite examinar la facturación por clientes, productos, pedidos, presupuestos o comerciales. También ofrece estadísticas actualizadas y comparaciones entre periodos. Esa capacidad ayuda a identificar márgenes, devoluciones, evolución de ventas y otros indicadores vinculados con el ciclo comercial.

Prepararse antes evita decisiones precipitadas

La adaptación no debería comenzar con la elección apresurada de una aplicación. Primero conviene conocer cómo circula actualmente una factura dentro de la empresa. 

Resulta necesario 

• identificar quién crea los datos, 
• quién los revisa, qué documentos sirven de origen, 
• cómo se resuelven las incidencias 
• y dónde se conserva la información.

A partir de ese análisis pueden detectarse duplicidades, controles informales y pasos que dependen del conocimiento de una sola persona. Documentar el recorrido real de las facturas permite configurar el sistema según las necesidades de la organización, en lugar de intentar reproducir sin cambios un procedimiento antiguo dentro de una herramienta nueva.

También es importante revisar la calidad de las bases de datos antes de realizar una migración. Las fichas duplicadas, los campos incompletos y las condiciones comerciales desactualizadas pueden afectar a la generación automática de documentos. Corregir estos problemas con antelación evita que los errores se multipliquen cuando aumente el volumen de intercambios electrónicos.

La formación debe formar parte del proyecto. El personal necesita comprender qué datos debe comprobar, cómo actuar ante una factura rechazada y qué consecuencias tiene modificar un documento ya registrado. La herramienta puede simplificar muchas tareas, pero la organización debe establecer responsabilidades claras para proteger la calidad del proceso.

Un ERP conecta la facturación con el negocio

La utilidad de un sistema integrado se aprecia cuando una misma operación afecta a varias áreas.

Una venta puede 

• modificar el stock, 
• generar un albarán, 
• originar una factura, 
• crear un derecho de cobro 
• y producir un asiento contable. 

Si cada movimiento se registra por separado, aumenta la carga administrativa y aparecen diferencias difíciles de localizar.

Datisa conecta su solución de facturación con la suite financiera y con otros componentes del ERP. Además de la gestión comercial, puede relacionarse con almacenes, logística, comercio electrónico, CRM, punto de venta, EDI, SII y herramientas de inteligencia empresarial. La integración permite que la información avance por el sistema sin recrearse en cada departamento.

Esta arquitectura también facilita la adaptación de los procesos. No todas las empresas facturan del mismo modo: algunas necesitan hacerlo por cliente, otras por albarán, dirección, entrega parcial o pedido completo. La configuración de distintos formatos y criterios permite ajustar la herramienta a la operativa sin perder el control centralizado.

Asimismo, los informes pueden utilizar los datos generados durante la actividad cotidiana. La dirección obtiene una visión más precisa de ventas, márgenes, clientes y productos, mientras que los equipos operativos trabajan sobre documentos relacionados entre sí. La facturación electrónica se convierte así en una pieza de una gestión más ordenada, no en una obligación separada del funcionamiento habitual.

La actualización del sistema protege la continuidad administrativa

Los requisitos técnicos y normativos pueden cambiar, por lo que la empresa necesita una solución con mantenimiento y actualizaciones. Trabajar con formatos obsoletos o procedimientos que ya no responden a las exigencias vigentes puede provocar rechazos, interrupciones y revisiones manuales que afectan al ritmo de la administración.

La preparación tecnológica debe contemplar tanto el cumplimiento como la continuidad del trabajo diario. No basta con que el sistema genere una factura válida en un momento concreto; también debe permitir adaptarse a cambios sin obligar a reconstruir los procesos internos o sustituir continuamente las herramientas utilizadas.

La especialización de Datisa en soluciones de gestión empresarial permite abordar la factura electrónica como parte de un sistema más amplio. Sus módulos de emisión y recepción se integran con la facturación y la contabilidad, mientras que el mantenimiento ayuda a incorporar los cambios necesarios. De este modo, la empresa puede avanzar hacia un intercambio electrónico ordenado sin separar la adaptación normativa de su gestión habitual. El verdadero cambio se produce cuando los datos comerciales, administrativos y financieros siguen un recorrido coherente. Cada presupuesto, pedido, albarán, factura y movimiento de tesorería aporta información al siguiente paso. Esa continuidad permite reducir correcciones, conocer el estado de las operaciones y sostener una administración preparada para trabajar con documentos electrónicos de manera habitual.

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WhatsApp no podra ser accesible desde el 1 de septiembre para viejos modelos Android y iPhone. Aquí la lista

Lista de celulares que se quedan sin WhatsApp desde el 1 de septiembre de 2026

https://www.infobae.com/
Dylan Escobar Ruiz

Modelos Android y iPhone no podrán actualizar, abrir o descargar la aplicación, así que se debe buscar formas de respaldar la información hasta encontrar un nuevo teléfono

La aplicación de WhatsApp dejará de ser compatible con una amplia lista de teléfonos inteligentes que no cumplan con los requisitos técnicos que necesita de la plataforma de Meta para operar.

Esta medida impactará tanto a usuarios de Android como de iPhone que no logren actualizar sus dispositivos a las versiones mínimas del sistema operativo exigidas.

La actualización busca asegurar que la app continúe sumando nuevas funciones, mejore la seguridad y mantenga un rendimiento estable en los dispositivos que aún reciben soporte.

Cuáles celulares no tendrán WhatsApp en septiembre de 2026

La decisión afecta principalmente a teléfonos que no puedan instalar Android 6.0 o versiones posteriores, así como a los iPhone que permanezcan con una versión de sistema inferior a iOS 15.1.

Entre los modelos de Android que dejarán de recibir soporte oficial se encuentran:

• el Samsung Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core y Galaxy Trend Lite. Otros modelos afectados incluyen el Moto G y el Moto E de primera generación de Motorola.

• En el caso de LG, los dispositivos que perderán acceso a la aplicación son el Optimus G, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7, Lucid 2, Nexus 4 y G2 Mini. 

• Por parte de Sony, la medida involucra varios modelos de la familia Xperia, como el Xperia Z, Xperia Z2 y Xperia SP.

• Para los usuarios de Apple, la situación depende de la versión de sistema operativo instalada. Los iPhone que no puedan actualizarse a iOS 15.1 dejarán de contar con soporte oficial. Entre ellos figuran modelos como el iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c y iPhone 5.

Cómo será el proceso de desactivación de WhatsApp en los celulares antiguos

El proceso no será inmediato. Inicialmente, los usuarios de celulares fuera de soporte dejarán de recibir nuevas versiones de WhatsApp desde la Google Play Store o la App Store.

Luego, comenzarán a observar problemas como fallas al iniciar sesión, dificultades para enviar o recibir mensajes y errores durante las llamadas de voz o videollamadas.

Con el paso de las semanas, la app dejará de funcionar por completo en estos teléfonos. Los usuarios podrían advertir el deterioro del servicio antes de que la aplicación quede totalmente inoperativa. Por ese motivo, se sugiere anticiparse y revisar el sistema operativo, sumado a realizar copias de seguridad de los chats.

Qué pasos conviene seguir para no perder acceso a la información de WhatsApp

La primera medida sugerida consiste en comprobar la versión del sistema operativo instalada en el dispositivo. En Android, esa información se encuentra en el menú Configuración, apartado Información del teléfono o Acerca del dispositivo. En iPhone, debe revisarse en Configuración, sección General y luego en Actualización de software.

Si el celular admite una actualización compatible con WhatsApp, se sugiere instalarla cuanto antes para mantener el acceso a la aplicación.

Si el dispositivo ya no permite actualizarse, lo más conveniente es realizar una copia de seguridad de los chats mediante Google Drive o iCloud antes del 1 de septiembre de 2026. Así será posible restaurar conversaciones, fotos, videos y documentos en un nuevo celular sin perder información.
Cuáles alternativas existen para quienes no pueden actualizar su dispositivo

Para quienes no puedan actualizar el sistema operativo, la única opción será migrar a un celular compatible con WhatsApp. El procedimiento de respaldo de datos se ejecuta desde la propia aplicación, en la sección de Ajustes, opción Chats y luego en Copia de seguridad.

Se sugiere realizar este proceso con anticipación para evitar pérdidas de contenido personal o profesional. Es útil revisar periódicamente los anuncios oficiales de Meta ante posibles cambios en la política de compatibilidad o la aparición de nuevas funciones que requieran actualizaciones adicionales.

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Google Drive realiza todo el proceso de papel a PDF: captura, edición y almacenamiento

De papel a PDF en segundos: el truco de Drive que hace todo el trabajo pesado por ti

https://www.infobae.com
Rafael Montoro

La herramienta de escaneo inteligente en Google Drive utiliza algoritmos avanzados de IA para simplificar todo el proceso de digitalización

Todo el proceso, desde la captura hasta la edición y el almacenamiento, 

se realiza dentro de Google Drive. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La última integración de inteligencia artificial en la aplicación móvil de Google Drive transforma la manera en que los usuarios digitalizan y comparten documentos físicos. Esta función, pensada para quienes buscan rapidez y resultados de calidad, convierte recibos, cartas o apuntes en archivos digitales perfectos con una simple acción desde el teléfono.

Escanear documentos con IA: cómo funciona el escáner de Google Drive

La herramienta de escaneo inteligente en Google Drive utiliza algoritmos avanzados de inteligencia artificial para simplificar todo el proceso de digitalización. El usuario solo necesita abrir la app de Drive en su dispositivo móvil y seleccionar la opción de escanear.

A partir de ahí, la función se encarga de capturar la imagen, analizarla y optimizarla automáticamente, eliminando la necesidad de aplicaciones externas o ediciones manuales.

Google Drive utiliza inteligencia artificial para corregir automáticamente problemas de encuadre, contraste y bordes en las imágenes digitalizadas.

El sistema ajusta de forma automática el encuadre, los bordes y la iluminación del documento. Cada captura se convierte en un archivo digital, ya sea PDF o JPG, en cuestión de segundos. La precisión con la que la inteligencia artificial identifica el contenido relevante y corrige posibles defectos visuales garantiza que los documentos sean legibles y de calidad profesional.

Del papel físico a archivos digitales listos para compartir

El proceso para transformar un documento físico en un archivo digital es directo. Basta con pulsar el símbolo “+” en la esquina inferior derecha de la pantalla principal de Google Drive y elegir la opción de escanear. El usuario apunta la cámara hacia el documento, y la inteligencia artificial se encarga del resto: desde la captura hasta la mejora de la imagen.

Una vez guardado, el archivo puede compartirse de inmediato con cualquier contacto o grupo, sin pasos adicionales. Esta función es especialmente útil para quienes necesitan enviar documentos de varias páginas, ya que permite agruparlas y compartirlas como un solo archivo de forma instantánea.

Basta con pulsar el símbolo “+” en la esquina inferior derecha de la pantalla principal de Google Drive y elegir la opción de escanear.

Buscar texto en documentos escaneados con Google Drive

Una de las características más notables de esta herramienta es la capacidad de búsqueda de texto en imágenes. Al escanear documentos, la inteligencia artificial convierte las imágenes en archivos en los que el texto es reconocible y accesible desde la barra de búsqueda de Drive.

Esto facilita encontrar recibos, notas o cartas simplemente escribiendo una palabra clave relacionada, ahorrando tiempo y esfuerzo en la gestión de archivos.

Esta función convierte el almacenamiento digital en un sistema organizado, donde la información está disponible de manera inmediata, incluso si el documento original era manuscrito o impreso.

Una de las características más notables de esta herramienta es la capacidad de búsqueda de texto en imágenes.

Ventajas de la digitalización automática en Google Drive

La integración del escáner inteligente en la aplicación móvil elimina la necesidad de aplicaciones de terceros o servicios de pago. Todo el proceso, desde la captura hasta la edición y el almacenamiento, se realiza dentro de Google Drive, centralizando el flujo de trabajo y garantizando la privacidad de los datos.

La automatización de las correcciones, el encuadre y la transcripción permite subir y compartir documentos impecables casi al instante. Esto representa una solución práctica tanto para usuarios individuales como para equipos de trabajo que requieren rapidez y eficiencia en el manejo de información digitalizada.

Vaciar la papelera de Google Drive en tu teléfono de forma rápida

La aplicación de Google Drive en dispositivos móviles ofrece atajos útiles para gestionar archivos de forma más eficiente. Entre las funciones disponibles, destaca la posibilidad de seleccionar varios documentos en pocos segundos.

Para usar Google Drive, entra a Google Drive con tu cuenta de Gmail, sube o crea archivos usando el botón "Nuevo", y organízalos o compártelos fácilmente.

Solo hay que mantener pulsado un archivo hasta que aparezca una marca de selección; después, se pueden ir tocando otros archivos que se quieran incluir en la selección. Esta opción agiliza el proceso de eliminar varios elementos a la vez, ya que basta con pulsar el icono de la papelera situado en la parte superior de la pantalla.

Otra función práctica está relacionada con la gestión de la papelera de Drive. 

Para liberar espacio, se puede vaciar la papelera directamente desde el teléfono. El procedimiento es sencillo: 

• primero, se accede al menú principal tocando las tres líneas horizontales en la parte superior izquierda. 
• Luego, se selecciona la opción de Papelera y, 
• una vez dentro, se presionan los tres puntos ubicados en la esquina superior derecha para elegir la acción de vaciar la papelera. Así, es posible eliminar definitivamente los archivos que ya no se necesitan y mantener el almacenamiento más ordenado.

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IV Jornada Notarial Mendocina: Impacto de la transformación digital sobre la certeza, la autenticidad y la seguridad jurídica.

Del WhatsApp a documentos digitales: el desafío que escribanos debatirán para garantizar seguridad jurídica

https://www.losandes.com.ar

Por Redacción Sociedad

Escribanos de Mendoza y de distintos puntos del país analizarán cómo cambia la función notarial frente a la transformación digital.

¿Qué sucede cuando un hecho importante transcurre vía mail, mensaje de WhatsApp, aplicación o en cualquier otro espacio digital? ¿Cómo se acredita que ese contenido existe? ¿Cómo se garantiza su autenticidad? ¿Y qué valor puede tener cuando debe ser presentado como prueba?

Estas y otras preguntas -que hace algunos años parecían vinculadas casi exclusivamente al mundo de la tecnología- actualmente forman parte de los desafíos cotidianos del derecho y de la Justicia. Y serán, además, algunos de los interrogantes que estarán sobre la mesa durante la IV Jornada Notarial Mendocina, que tendrpa lugar el 3 y 4 de septiembre en la Legislatura de Mendoza.

Bajo el lema “Seguridad Jurídica, Visión de Futuro”, el encuentro reunirá a profesionales de Mendoza y de distintos puntos del país para analizar los cambios que atraviesa la actividad notarial y, especialmente, el impacto que tiene la transformación digital sobre una función que tiene entre sus pilares la certeza, la autenticidad y la seguridad jurídica.

La propuesta no apunta solamente a hablar de tecnología. El desafío, explican desde el Colegio Notarial de Mendoza, es entender cómo incorporar las nuevas herramientas sin perder de vista el objetivo central de la profesión: brindar seguridad y confianza a las personas.

Qué ocurre con las pruebas en el mundo digital

Uno de los principales ejes de las jornadas será “La preconstitución de prueba notarial en el ámbito digital”.

Detrás de ese concepto técnico hay situaciones cada vez más habituales. Una conversación que se desarrolla por una aplicación, un correo electrónico, una publicación en internet, un documento digital o cualquier otro hecho que ocurre en el entorno virtual puede terminar teniendo consecuencias jurídicas.

El problema aparece cuando es necesario demostrar qué ocurrió, cuándo ocurrió y cuál era exactamente el contenido de aquello que quedó registrado en una pantalla.

En ese escenario cobra importancia la intervención notarial como herramienta de justicia preventiva. Es decir, no solamente actuar cuando ya existe un conflicto, sino contribuir a dejar constancia de determinados hechos para evitar que, llegado el momento de una disputa, la prueba resulte insuficiente o difícil de acreditar.

La escribana Karina V. Salierno será una de las especialistas que participará de las jornadas y expondrá sobre “La preconstitución de prueba y la función notarial. Los desafíos del ecosistema digital”.

También estarán presentes Nicolás Soligo Schuler y Daniel R. Vitolo, referentes que aportarán sus miradas sobre los distintos desafíos que plantea la evolución del derecho.

La tecnología cambia, pero la responsabilidad permanece

Desde el Consejo Superior del Colegio Notarial de Mendoza remarcan que la discusión no pasa por enfrentar a la actividad notarial con la tecnología. Más bien, el desafío es incorporar esas herramientas y adaptarse a una realidad que ya cambió.

“Es fundamental participar porque la tecnología puede cambiar las herramientas, pero no reemplaza la responsabilidad ni la seguridad jurídica que requiere la función notarial”, señalaron desde la institución.

En ese sentido, consideran que la transformación digital obliga a una actualización permanente de los profesionales.

El punto de equilibrio aparece entre innovación y seguridad. La tecnología permite hacer muchas cosas de manera más rápida, pero esa velocidad no necesariamente garantiza por sí sola autenticidad, certeza o eficacia jurídica.

La transformación digital, sostienen, plantea nuevos desafíos para la seguridad jurídica y vuelve necesaria la intervención profesional para trasladar al ámbito tecnológico algunas de las garantías que tradicionalmente estuvieron asociadas a la función notarial.

“El foco sigue en la esencia. La tecnología es la herramienta, pero la fe pública, el asesoramiento imparcial y la calidad humana son insustituibles”, remarcaron.

Garantías, foco de otro debate

El segundo gran eje de la IV Jornada Notarial Mendocina será “Visión actual de las garantías reales y personales”.

Las garantías constituyen mecanismos legales destinados a brindar seguridad al acreedor frente al cumplimiento de una obligación. Su análisis resulta especialmente relevante en un escenario en el que también cambian las formas de contratar, documentar operaciones y desarrollar negocios.

Por eso, el encuentro buscará mirar la actividad notarial desde una perspectiva amplia y vinculada con los problemas que enfrentan diariamente las personas, las empresas y el sistema de Justicia.

La intención es que las conclusiones que surjan de las distintas comisiones no queden solamente como un intercambio académico, sino que puedan transformarse en aportes para la evolución del derecho y para el ejercicio cotidiano de la función notarial.

Un debate que va más allá de los escribanos

La jornada tendrá una mirada interdisciplinaria. En su actividad cotidiana, los escribanos interactúan con abogados, jueces, contadores, agrimensores y otros profesionales para resolver situaciones concretas. Por eso, desde el Colegio Notarial consideran que reunir diferentes perspectivas permite comprender mejor un escenario que excede a una sola profesión.

“Reunirnos a debatir desde distintas miradas nos permite entender el ecosistema completo, enriquecer nuestras soluciones y construir puentes que agilizan el sistema de justicia y de negocios en la provincia”, destacaron.

En ese sentido, remarcaron que la participación de los estudiantes de Escribanía que están dando sus primeros pasos en la profesión resulta fundamental. La idea es que puedan preguntar, debatir y comenzar a construir su propia mirada sobre los cambios que atraviesa la actividad.

Para conocer el cronograma completo y adquirir las entradas hay que ingresar en link siguiente:

https://colnotarialmendoza.com/iv-jornadas/#elementor-toc__heading-anchor-1

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Municipio de General Pueyrredon: Digitalizar documentación administrativa, conservarla en formato electrónico y avanzar con la sustitución documental

Menos papel y archivos digitales: el municipio impulsa un proyecto para la gestión documental electrónica
https://mi8.com.ar

La iniciativa apunta a que la documentación administrativa municipal pueda digitalizarse, conservarse en formato electrónico y reemplazar el soporte físico.

El proyecto que el Municipio de General Pueyrredon elevó al Concejo Deliberante apunta a cambiar la forma en que la administración trabaja con sus documentos: menos papeles acumulados, más archivos digitales y reglas para conservar o reemplazar el soporte físico. La iniciativa forma parte de una agenda más amplia de modernización municipal.

En términos prácticos, la ordenanza permitiría crear un régimen para digitalizar documentación administrativa, conservarla en formato electrónico y avanzar con la sustitución documental. También habilitaría procedimientos para la destrucción del soporte físico, siempre bajo las pautas que luego deberá reglamentar el Ejecutivo.

El cambio no quedaría limitado a una oficina puntual. El proyecto establece que el régimen será obligatorio para la Administración Central, los entes descentralizados y todos los organismos dependientes de la Municipalidad que produzcan, reciban, tramiten o conserven documentación administrativa.

Eso significa que expedientes, archivos y documentos internos podrían ingresar progresivamente a un circuito de gestión documental electrónica. El objetivo declarado es consolidar la política de despapelización y darle un marco normativo permanente a esos procesos.

La iniciativa se apoya en normas nacionales y provinciales vinculadas con firma digital y gestión documental. Entre ellas menciona la Ley Nacional 25.506 de Firma Digital, la Ley Nacional 27.446, la Ley Provincial 13.666 y la normativa municipal vigente.
Qué efectos tendría

El primer efecto sería ordenar la digitalización de documentos que hoy pueden existir en soporte físico. El proyecto no solo habla de escanear o conservar copias, sino de crear un régimen integral para que esa documentación tenga respaldo normativo dentro de la administración.

El segundo punto es la conservación digital. La ordenanza busca que los documentos administrativos puedan preservarse en formato electrónico bajo procedimientos definidos, lo que apunta a reducir la dependencia del archivo en papel.

El tercer efecto es la sustitución documental. En la práctica, ese concepto abre la puerta a reemplazar el soporte físico por documentos digitales dentro de los circuitos administrativos, siempre que se cumplan las condiciones que fije la reglamentación.

Otro aspecto sensible es la destrucción del soporte físico. El texto faculta al Ejecutivo a reglamentar, supervisar y actualizar los procedimientos de digitalización, conservación y destrucción documental. Por eso, si la ordenanza avanza, la implementación concreta dependerá de reglas posteriores.

La autoridad de aplicación sería compartida por la Secretaría de Participación Ciudadana y Descentralización y la Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda, o por las dependencias que en el futuro las reemplacen. Esas áreas deberán conducir el proceso y definir cómo se aplicará en las distintas dependencias.

El proyecto se suma a otros movimientos recientes vinculados con tecnología en la gestión pública. En los últimos meses, el Ejecutivo autorizó contrataciones tecnológicas para inteligencia artificial aplicada a procesos municipales y bloqueo de apuestas online en escuelas.

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Seminario internacional: Archivos: resguardo, acceso y digitalización

Archivos: resguardo, acceso y digitalizaciónPrograma ACERCA
https://cceba.aecid.es

Archivos: resguardo, acceso y digitalización

2, 3 y 4 de septiembre 2026
PRESENCIAL U ONLINE
Preinscripciones para formato presencial CERRADAS
Preinscripciones para formato virtual AQUÍ
Descarga el programa AQUÍ

Archivos: resguardo, acceso y digitalización es un seminario internacional de tres jornadas dedicado a la reflexión, formación e intercambio en torno a los archivos, con especial énfasis en los archivos digitales —la digitalización de los soportes analógicos y la conformación de archivos nativos digitales—, su preservación, accesibilidad y rol estratégico en el ámbito cultural contemporáneo.

En un contexto de creciente producción de contenidos digitales, las instituciones culturales enfrentan el desafío de organizar, conservar y activar grandes volúmenes de información, muchas veces sin protocolos claros ni infraestructura adecuada.

Este seminario propone abordar estas problemáticas desde una perspectiva práctica, crítica y colaborativa y fortalecer las capacidades de instituciones culturales iberoamericanas en la gestión, preservación y activación de archivos y su conservación digital.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:Promover el desarrollo de políticas institucionales de archivo digital.
Brindar herramientas para la organización, catalogación y conservación de contenidos digitales.
Reflexionar sobre el acceso, la circulación y los derechos en entornos digitales.
Fomentar redes de cooperación entre instituciones de Argentina, España y la región iberoamericana.

Organizado por el Centro Cultural de España en Buenos Aires junto con la Fundación IDA - Investigación en Diseño Argentino - en el marco del Programa ACERCA de Capacitación para el Desarrollo en el Sector Cultural de la Cooperación Española.

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Fortalecimiento de la gestión y conservación de registros, documentos y bases de datos de archivo dentro de la jurisdicción de las agencias y organizaciones

Reforzar la gestión y la conservación de registros, documentos y bases de datos de archivo dentro del ámbito de competencia de las agencias y organizaciones.

https://www.vietnam.vn

El 17 de abril de 2026, el Comité Popular Provincial emitió el Documento N.° 4013/UBND-NC sobre el fortalecimiento de la gestión y conservación de registros, documentos y bases de datos de archivo dentro de la jurisdicción de las agencias y organizaciones. Para fortalecer la gestión de registros, documentos y bases de datos de archivo dentro de la jurisdicción, garantizando el cumplimiento de las normas legales y ordenando la conservación, protección y archivo de documentos, especialmente los documentos de archivo digitales, consolidando gradualmente la infraestructura física (almacenes de archivos, espacio, equipos, etc.) en los archivos actuales de las agencias y organizaciones y el Archivo Histórico Provincial, con el fin de continuar manteniendo una conservación segura, protegiendo los secretos de Estado y promoviendo el valor de los documentos de archivo para servir al liderazgo, la gestión y las necesidades de las agencias, organizaciones e individuos según lo prescrito, el Presidente del Comité Popular Provincial solicita:

Los jefes de departamentos, agencias y sucursales; las unidades de servicio público dependientes del Comité Popular Provincial; las empresas estatales dependientes de la provincia; las agencias y organizaciones centrales organizadas y que operan verticalmente dentro de la provincia; y los presidentes de los Comités Populares de comunas y distritos tienen la instrucción de implementar estrictamente las siguientes tareas:

• Cumplir estrictamente con las responsabilidades del titular de la agencia u organización en la organización e implementación de la gestión de documentos de archivo y bases de datos de documentos de archivo de conformidad con la ley de archivos. Organizar la implementación seria y efectiva de la creación de expedientes de trabajo (incluidos los expedientes para la resolución de procedimientos administrativos) y la presentación de expedientes y documentos a los archivos actuales y al Archivo Histórico Provincial dentro de los plazos estipulados en la Ley de Archivos; y el Decreto Gubernamental N° 30/2020/ND-CP de fecha 5 de marzo de 2020 sobre gestión documental.
• 
  
• Continuar comprendiendo, implementando y difundiendo a fondo la Ley de Archivos y otros documentos legales, directrices del Gobierno Central y directivas del Comité Popular Provincial sobre gestión documental y archivado en general, y la preservación de registros, documentos y bases de datos de archivo en particular, especialmente el Decreto Gubernamental N° 31/2026/ND-CP de fecha 21 de enero de 2026, que estipula sanciones administrativas por infracciones en el ámbito de los archivos, a los organismos y organizaciones bajo su autoridad de gestión y a todos los funcionarios y empleados del organismo, con el fin de aumentar la conciencia y el sentido de responsabilidad entre los funcionarios y empleados con respecto al trabajo de archivo.
• 
  
• Invertir en, organizar y asignar espacio de almacenamiento y equiparlo con el equipo necesario para gestionar y preservar de forma segura todos los archivos en papel, documentos electrónicos y documentos en otros soportes generados durante el funcionamiento de la agencia u organización, así como los documentos recibidos después de la reorganización del aparato administrativo y las unidades bajo la autoridad de gestión de la agencia u organización. Implementar medidas para garantizar la seguridad de los archivos y las áreas de almacenamiento de archivos en papel, documentos electrónicos y documentos en otros soportes, cumpliendo con las normas legales sobre prevención y control de incendios, el uso de materiales y sustancias con riesgos inflamables o explosivos; reforzar los esfuerzos de prevención y control de desastres para garantizar la seguridad de los archivos.

La selección de registros y documentos de archivo para su digitalización, de acuerdo con la normativa vigente, tiene como objetivo mejorar la eficiencia de la gestión y explotación de la información, aumentar el valor de los documentos de archivo y atender las necesidades legítimas y los derechos de acceso de organismos, organizaciones e individuos, según lo estipulado. Esto implica la implementación de un sistema integral de software de gestión electrónica de documentos y digitalización de documentos de archivo, así como la utilización de empresas que presten servicios de archivo y que cumplan con los principios y requisitos de las soluciones tecnológicas para el suministro de equipos y servicios de archivo electrónico, según lo estipulado.

Garantizar la seguridad de los documentos electrónicos archivados, revisar periódicamente y realizar copias de seguridad de los documentos y bases de datos digitales archivados de conformidad con la ley para prevenir la pérdida de datos debido a incidentes técnicos u otras situaciones, garantizando la seguridad, la integridad, la accesibilidad y la protección de las bases de datos de documentos archivados respaldadas, así como la capacidad de restaurarlas en caso de fallo.

* La Inspección de la Provincia de Thai Nguyen ha emitido el Plan No. 1388/KH-TTR de fecha 6 de abril de 2026, sobre la implementación de la campaña de 100 días para digitalizar, limpiar y estandarizar los datos en la Inspección de la Provincia de Thai Nguyen; y la Decisión No. 138/QD-TTR de fecha 9 de abril de 2026, sobre el establecimiento de un grupo de trabajo para implementar la campaña de 100 días para digitalizar, limpiar y estandarizar los datos de la Inspección de la Provincia de Thai Nguyen.

Para el 8 de junio de 2026, la Inspección Provincial había completado la tarea de digitalización de documentos según lo previsto por el Comité Popular Provincial.

En cuanto a la creación de expedientes electrónicos: la Inspección Provincial ha organizado de forma proactiva capacitaciones y brindado orientación profesional a sus funcionarios sobre la actualización del catálogo de expedientes y los archivos electrónicos en el sistema operativo y de gestión documental de la provincia, con el fin de estandarizar los expedientes electrónicos desde agosto de 2023 hasta la fecha. Como resultado, 311 de los 311 expedientes electrónicos se han actualizado completamente en el sistema.

- Al 17 de junio de 2026, la Inspección Provincial ha completado el 100% de las tareas asignadas según el Plan No. 132/KH-UBND, incluyendo la actualización de 311/311 archivos electrónicos y la digitalización de 484/484 archivos archivados seleccionados según el plan.

Fuente:

https://thanhtra.thainguyen.gov.vn/tin-hoat-dong/tang-cuong-quan-ly-bao-quan-ho-so-tai-lieu-co-so-du-lieu-tai-lieu-luu-tru-theo-tham-quyen-tai-cac-c-285888

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