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Se aprueban reformas y adiciones a Ley de Archivos del Estado de Nayarit

>>  domingo, 25 de octubre de 2015

Diputados aprueban de ley de archivos con valor histórico
 http://www.elsoldenayarit.mx/ 21/10/2015
Interesados en preservar el patrimonio cultural, así como resguardar la memoria institucional para crear conciencia sobre la importancia de la preservación del patrimonio documental en la entidad, en el Congreso del Estado se aprobaron reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley de Archivos del Estado de Nayarit. 


La reforma da prioridad a la conservación de la documentación en su soporte original, ello para garantizar que se le dé el debido cuidado a aquellos documentos que por la relevancia que representan sean considerados como históricos; asimismo establece como garantes de la conservación a los particulares que cuenten con archivos privados que ostenten valor histórico.

De igual forma, se estipula la obligación de que quien se desempeñe como responsable de los archivos históricos cuente con conocimiento y experiencia en la materia para llevar a cabo de manera eficiente tanto los procesos de descripción, conservación, resguardo o restauración que se requieran, para que el contenido de los documentos y la información se preserven.

Para los integrantes de la Trigésima Primera Legislatura la memoria histórica representa la clave para evaluar el origen, la vida, el desarrollo o evolución de alguna dependencia o entidad, ya que con ello se garantiza su debido funcionamiento y el desarrollo democrático de la sociedad al otorgar certeza de la gestión y el desempeño de la administración pública.

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En Durango no cuentan con una Ley de Archivos

>>  lunes, 30 de diciembre de 2013

Transparencia no ha pasado del discurso a la realidad
http://www.elsiglodedurango.com.mx/ 30/12/2013


A casi 10 años de que Durango abrió la puerta a la transparencia, pocas cosas han cambiado; todavía hay pendientes que no hacen efectivo el derecho a la información pública que la Constitución otorga a los ciudadanos.

Y es que, aunque en el discurso todos están a favor de una mayor transparencia, esta voluntad no se ha trasladado a la realidad a través de la aprobación de la Ley de Archivos, el fortalecimiento de las instituciones encargadas de propiciar la rendición de cuentas y el incremento, o por lo menos aplicación, de sanciones a los sujetos obligados que se resisten a proporcionar información.PRESUPUESTO

Aunque se le dieron más atribuciones con el cambio de Comisión a Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IDAIP), en el 2014 este organismo tendrá un incremento presupuestal mínimo de 300 mil pesos lo que a decir de su titular, Alejandro Gaitan Manuel, apenas alcanzará para el aumento salarial de los trabajadores.

En este sentido, el presupuesto pasó de nueve millones 323 mil 606 pesos a nueve millones 603 mil 314 pesos. Esto pese a que, por los cambios que se hicieron a nivel nacional, el Instituto tendrá que trabajar el próximo año en la protección de los datos personales de los ciudadanos además de que se tendrán que asumir las responsabilidades en cuanto a conservación de archivos.

"Si precariamente podíamos realizar algunas actividades con el presupuesto de este año, no podemos contentarnos sino exclusivamente con venir realizando si acaso lo mismo que hicimos (...) De por sí tenemos una estructura administrativa muy plana en la que prácticamente cada coordinador de área es único, no tiene ni siquiera una secretaria o un auxiliar, incluso nosotros los consejeros tenemos una secretaria para los tres", manifestó el consejero presidente del IDAIP.

De los cuatro organismos autónomos existentes, el IDAIP es el de menor presupuesto, pese a que en la revisión de las Cuentas Públicas 2012 dio muestra del estricto manejo del gasto al salir "limpio" de observaciones.SIN LEY DE ARCHIVOS

Adicionalmente, Durango todavía no cuenta con una Ley de Archivos que garantice de forma efectiva el acceso a los documentos que están en poder de los sujetos obligados.

Esto pese a que los diputados que conformaron la pasada Legislatura del Congreso se comprometieron a aprobarla, e incluso, ya estaba listo el dictamen. Al final, se heredó como uno más de los pendientes a la actual Legislatura.SIN "DIENTES" PARA SANCIONAR

Solamente seis de los 112 sujetos obligados que deben poner a disposición de los ciudadanos la información pública que manejan a través de su portal, tienen un cien por ciento de cumplimiento. El resto no acata la obligación de publicar los datos que, vale la pena mencionar, son los mínimos requeridos.

En este sentido, los partidos políticos lejos de poner el ejemplo, destacan en opacidad; siete de los ocho partidos que tienen registro ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), están reprobados en materia de transparencia, más aún, cinco de ellos no aprueban los lineamientos y obtienen cero en la última evaluación que hizo el IDAIP. Pese a ello, ninguno ha sido sancionado.

Durante el año que está por concluir únicamente se aplicaron sanciones a seis municipios por no responder solicitudes de información formuladas por ciudadanos, sin embargo, dos de ellos: Guadalupe Victoria y otro cuyo nombre no recordó el titular del IDAIP, prefirieron pagar la multa que proporcionar la información.

Y es que, las sanciones van de los 25 a los 250 salarios mínimos, es decir, un máximo de 15 mil 345 pesos, y muchas veces las autoridades prefieren pagar la multa que dar la información. Ante ello, de manera reiterada se ha expuesto la necesidad de que se le "den dientes" al Instituto, es decir, mayores atribuciones para la aplicación de sanciones, petición que ha sido ignorada por los legisladores, complaciendo a los sujetos obligados que permanecen en la opacidad.Autónomos

La UJED recibirá en 2014 $1,222,559,561 de presupuesto; el IEPC, $80,590,136; la CEDH, $15,764,484; y el IDAIP, $9,603,314.Pendiente

Aunque ha habido importantes avances, todavía quedan algunos pendientes para garantizar a los ciudadanos un efectivo acceso a la información.

Contraste

El interés de la población por solicitar información pública ha crecido. En 2004 se recibieron sólo 55 solicitudes y en 2013, casi cuatro mil.
Ciudadanos deben ejercer su derecho

Con la reforma constitucional que se hizo recientemente en Durango, se dio la pauta para poder concretar una legislación de avanzada en la entidad en materia de transparencia, ya que se plantearon aspectos incluso mejores a los que se están proponiendo para la Constitución federal.

Así lo manifestó Perla Gómez Gallardo, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien este 2013 visitó Durango y comentó que tener un marco normativo adecuado es un muy buen inicio ya que hay varios estados que tienen leyes retrógradas que llegan al extremo de negar el derecho de acceso a la información a los ciudadanos.

Sin embargo, advirtió que la sociedad en general, periodistas, académicos y asociaciones deben estar muy pendientes de la legislación secundaria ya que también ha pasado que en otros estados que se han hecho reformas constitucionales, se han modificado las leyes secundarias quitando algunos derechos que ya se tenían.

"Deben de poner mucha atención porque derivado de la reforma constitucional se va a analizar la legislación de transparencia. Es muy importante que los gremios periodísticos, la academia y la sociedad civil estén al pendiente para que la ley responda realmente a lo que ya está establecido", advirtió.

Asimismo, los institutos de transparencia como el de Durango deben fortalecer la difusión para llegar hasta los profesionistas, estudiantes y sociedad en general para que ejerzan su derecho a solicitar información. Y es que, si nadie pregunta, de nada servirán las mejoras en la legislación.

También se requiere capacitar a los funcionarios porque a veces no son opacos por mala fe sino por ignorancia, dijo.

ReporteNivel de cumplimiento en publicación de información de oficio de sujetos obligados:

EASE, TSJE y CEDH tienen un 100%.

Municipio de Durango y UJED, 99%.

Congreso del Estado, 98%.

IEPC retrocedió al pasar del 100% al 94% en la última revisión.

Municipios de Nuevo Ideal, Mezquital, Santa Clara, Guadalupe Victoria y Tepehuanes, 0%.

PRI, PRD, PT, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, 0% en nivel de cumplimiento.


Autor: Claudia J. Barrientos

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Arteaga Dirzo: si no tenemos archivos, qué podemos transparentar cuando la huella documental no está presente

>>  lunes, 23 de septiembre de 2013

Trabaja IMIPE con archivo estatal reglamentación para poner en orden archivos históricos en el estado
http://www.launion.com.mx/ 23/09/2013


No existe una cultura en las diferentes instancias públicas para mantener y resguardar la información; aunque la ley sí lo especifica, no se cumple.

Para que la ley estatal de documentación y archivos sea aplicada debidamente por las diferentes instituciones públicas, el Instituto Estatal de Archivos y el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), están “trabajando de manera conjunta los lineamientos que van a regir en el estado en materia archivística para poder instalar el sistema estatal de documentación y archivos a fin de que los sujetos obligados en Morelos cumplan con clasificar, mantener y resguardar el archivo histórico con el que toda entidad debe contar”.

Así lo dio a conocer la consejera del IMIPE Mireya Arteaga Dirzo, al referir que se renovó por otros tres años el convenio de colaboración institucional que se tiene con la Escuela Mexicana de Archivos, A.C. (EMAAC) que a nivel nacional viene promoviendo el trabajo que “tiene que ver en materia archivística para no verlo como un sistema engorroso, sino profesionalizado, el cual va a permitir que la transparencia pueda ser cumplida por todas las entidades” especificó la consejera.

Y es que cada tres y seis años, cuando se cambia de poderes y de gobiernos estatal y municipal, se van perdiendo archivos o dejándolos en el olvido, sin que se lleve una relación y clasificación adecuada y ordenada para contar con un archivo histórico y en este sentido, Arteaga Dirzo manifestó que “si no tenemos archivos, qué podemos transparentar cuando la huella documental no está presente”, por lo que el objetivo del convenio firmado, es hacer un intercambio institucional para que “nos aporten elementos que nos permitan a su vez, que trabajemos de la mano con los sujetos obligados en el estado para realizar actividades de capacitación, educativas y profesionales en materia de archivos y la manera en cómo éstos deben ser manejados por las instituciones”.

La idea es llegar a instalar un sistema estatal de documentación y archivos donde se podrá tener mayor vigilancia del proceso de cada uno de los sujetos obligados, porque “en la práctica vamos a ver quién de cada institución se está encargando de los archivos y una vez instalado este sistema podremos echar a andar todo el andamiaje que tiene que ver con que se haga la capacitación y profesionalización correspondiente de los sujetos obligaos y éstos a su vez, trabajen para tener archivos de calidad y bien resguardados en un espacio físico con las condiciones climáticas y de clasificación correspondiente, finalizó Mireya Arteaga.

Autor: CLAUDIA MARINO G-Z

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Para que haya transparencia debe existir la Ley de Archivos Administrativos

>>  lunes, 16 de septiembre de 2013

Ley de Archivos, la que falta en transparencia
http://www.elsiglodedurango.com.mx/ 16/09/2013


La tríada necesaria para que realmente funcione el derecho a la información es una Ley de Transparencia, una de Protección de Datos Personales y una de Archivos Administrativos, señaló la investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Perla Gómez Gallardo.
"Casi todas las legislaciones tienen archivos históricos, esos siempre han existido pero el archivo administrativo tiene otra lógica para establecer cómo se procesan y cómo se van a desechar cuando ya es basura", manifestó.

Y es que, refirió, hay ocasiones en los que los archivos están en bodegas y, cuando se inundan, se pierden los documentos, por lo que aunque exista una Ley de Transparencia, no hay garantía de que la información exista.

Asimismo, añadió, se deben incluir en la legislación los archivos electrónicos y cuestiones institucionales en redes sociales ya que eso también es público.

Refirió que hubo la intención de crear una Ley General de Archivos, lo que todavía está a discusión, pero sigue habiendo la necesidad de lineamientos estatales para la conservación, resguardo y destrucción de archivos administrativos. "Será un faltante si no se aprueba una legislación de este tipo", advirtió.

En Durango, durante la pasada legislatura se presentó el dictamen que contenía la creación de la Ley Estatal de Archivos, sin embargo, los diputados finalmente no lo votaron.
A DIEZ AÑOS DE LA TRANSPARENCIA 
La investigadora indicó que a diez años de que se abriera la puerta a la transparencia en México, es necesario evaluar qué se ha hecho por parte de los institutos para que la Ley de Transparencia se use más.
Asimismo, dijo que con el regreso del PRI al gobierno hay propuestas interesantes como el órgano anticorrupción y darle autonomía constitucional al IFAI pero de nada servirá si le quieren quitar la definitividad a este organismo. "Quieren que el Consejero Jurídico pueda recurrir las decisiones del IFAI cuando se trate de seguridad nacional. De nada nos sirve el mejor esquema de protección en transparencia si nos van a quitar un derecho que ya se tenía", opinó.
Congelada, Medidas, Cambios
Durante la pasada legislatura del Congreso del Estado se presentó el dictamen que, finalmente, no se votó.
La investigadora indicó que si se quitan derechos en materia de transparencia a los ciudadanos se recurrirá a instancias internacionales.
Ya no es tan fácil quitar derechos; se puede recurrir a otros organismos para señalar a México como un país sin transparencia.

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"Sin información organizada no puede existir la transparencia en las instituciones, públicas o privadas"

>>  sábado, 31 de agosto de 2013

La organización de la información y la transparencia
http://www.cronica.com.mx/ 31/08/2013

La reforma constitucional en proceso en materia de transparencia y acceso a la información, presentada por la Senadora Arely Gómez, tiene muchas aristas que suelen no comentarse en los medios de comunicación, ya que no tienen contenido noticioso, ni mucho menos escandaloso. Son simplemente útiles y necesarias, lo que no es común que atraiga al periodismo.

Conforme a la redacción de la minuta de la Cámara de Diputados, remitida a la colegisladora para su aprobación, en razón a los cambios que introdujo, destaco el caso de la adicción de una fracción al artículo 73 identificada con la XXIX-S, que transcribo:

“Art. 73 El Congreso tiene facultad: ...XXIX-S Para expedir la ley general que establezca la organización y administración homogénea de los archivos en los órdenes federal, estatal, municipal y del Distrito Federal, que determine las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos”.

Esta facultad se encuentra vinculada con la obligación de los sujetos obligados (valga la redundancia) de preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y la facultad de organismo garante del acceso a la información de coordinar sus acciones con la Auditoria Superior de la Federación y la entidad en materia de archivos, que es el Archivo General de la Nación, conforme a la Ley Federal de Archivos, publicada el 23 de enero de 2012.

El ordenamiento citado define al archivo administrativo actualizado como “aquél que permite la correcta administración de documentos en posesión de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de los órganos constitucionales autónomos de los tres órdenes de gobierno”.

¿Por qué se incluye las cuestiones de archivo en la materia de transparencia de acceso a la información? Simple y llanamente, en razón a que sin información organizada no puede existir la transparencia en las instituciones, públicas o privadas. La acción de archivar correcta y consistentemente la documentación es la base mínima para cualquier sistema de información abierto a la consulta de los usuarios de la misma, tanto internos como externos.

En este sentido, si bien existe un efecto benéfico que tiene la transparencia en la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la democracia, también hay otro que contribuye a mejorar el desempeño de las instituciones, es decir, los archivos administrativos actualizados sirven, en primera instancia a los organizaciones que los tienen, y, en un segundo momento, a quienes se interrelacionan con ellas, como puede ser cualquier ciudadano que interesado en conocer la actividad de las organizaciones públicas.

La frase, la información es poder, solo es verdadera bajo dos condiciones: que la información esté organizada correcta y consistentemente y que se comparta. La no sistematizada o no compartida produce cotos de poder, pero no contribuye a generar cambios sociales y organizacionales, que es el verdadero sentido de la palabra poder en este contexto.

Un gobierno eficaz requiere necesariamente de que la información pública que genera, obtenga, adquiera, transforme o conserven esté organizada con criterios compartidos y sea aprovechable por las dependencias y entidades que lo integran. Además, la coordinación de acciones entre los poderes y las instancias de gobierno federal, estatal, municipal y del Distrito Federal exige que los criterios se homologuen. En este sentido, sólo los gobiernos eficaces son transparentes, porque para ser eficaces la información organizada y, entonces, no debieran guardar ninguna reserva para hacerla pública, ya que el riesgo de inconsistencia se minimiza. En cambio, los entes públicos que carecen de sistemas de información confiables para su trabajo cotidiano (esto sin tomar en cuenta la obligación de transparentar la actividad pública) tienen que resolver cuestiones administrativas internas y eliminar inconsistencias antes de entregar la información pública que los ciudadanos solicitan.

Bajo esta perspectiva, la opacidad de los entres públicos no es necesariamente una actitud negativa ante la democracia y la rendición de cuentas del servidor público, sino la carencia de archivos administrativos actualizados.

Lo dicho es suficiente para demostrar la importancia de la adición de la fracción XXIX-S al artículo 73 constitucional. La buena organización de la información administrativa es la base para cualquier acción de transparencia y aquella empieza con trabajar aún más en los procesos de homogenización de las formas y los lineamientos de los archivos.

Afortunadamente, no vamos a empezar de cero, pero falta mucho por hacer en esta materia y la creación de un Sistema Nacional de Archivos, en los términos planteados por el Congreso de la Unión a las legislaturas de los estados para su aprobación, es un paso importante. Por lo menos, hay la conciencia difundida con el trabajo de muchos años, que la mejora administrativa y la coordinación entre entes públicos sólo es posible si existe información confiable y consistente que se pueda consultar con oportunidad por la forma en que se archiva.

P.D. Enhorabuena el nombramiento del Senador Raúl Cervantes Andrade como Presidente de la Mesa Directiva del Senado. Sus antecedentes políticos, profesionales y académicos son garantía de una buena gestión.


Opinión de (Carlos F. Matute González) * Profesor del INAP, cmatutegonzalez@yahoo.com.mx

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Ley Federal Vs. Ley General de Archivos

>>  viernes, 30 de agosto de 2013

Contraopacidad
http://e-tlaxcala.mx/ 30/08/2013


Ahora que el proceso legislativo que se avoca a la llamada reforma constitucional en materia de transparencia, está prácticamente en su etapa final al regresar al Senado como cámara de origen; y tratando de dar continuidad a lo que comentábamos en la anterior colaboración nos parece importante llamar la atención en la necesidad de diferenciar lo que es una ley federal, frente a una ley general en materia de archivos.

Principalmente si consideramos que respecto a la transparencia gubernamental, es decir que un gobierno, o incluso cualquier administración de orden público, permitan que a la información que custodian pueda acceder sin dificultad cualquier persona; todo mundo está de acuerdo que los archivos son elemento central.

Entendidos no como repositorios de papeles viejos, sino apreciados a partir de su utilidad como recurso clave para el desempeño de la gestión pública, como testimonio y memoria de las organizaciones y como elemento esencial para el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP).

Estamos hablando prácticamente que sin archivos difícilmente se puede dar el acceso a la información pública e incluso con archivos ordenados y organizados de manera deficiente, dicho acceso sería igual deficiente.

Y a pesar de ello, poco hemos hecho para corregir una situación con estas características. Es muy conocido en el ambiente público, que cuando se cambia de una administración a otra, por ejemplo en los Ayuntamientos, la “tradición” es que no se deja archivo alguno y no pasa nada. Afortunadamente en Tlaxcala ya tenemos una Ley de Archivos que busca corregir esta anomalía.

Señala dicha ley por ejemplo, que los funcionarios públicos que cometan la infracción de “extraviar o deteriorar por negligencia los documentos de archivo;” o “Poseer ilegítimamente algún documento una vez separado del empleo, cargo o comisión;” podrán ser multados, entre otras sanciones que contempla dicho ordenamiento.

Aunque no debemos perdernos en la referencia local. Es importante conocer el contexto nacional que estamos viviendo, sobretodo en el marco de la reforma mencionada al principio.

La minuta aprobada por los diputados la semana pasada dice que (Artículo 73, apartado XXIX-S constitucional) el Congreso tiene la facultad “Para expedir la ley general que establezca la organización y administración homogénea de los archivos en los órdenes federal, estatal, municipal y del Distrito Federal y que determine las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos”.

Lo que nos obliga a hacer en este momento un paréntesis para destacar que teóricamente una “Ley General” es de aplicación obligatoria tanto para las autoridades federales como para las locales, es decir son de competencia concurrente y establecen obligaciones y facultades en cada uno de tales niveles de gobierno.

Por eso es que la recién creada Ley Federal de Archivos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero del año pasado, parecería verse rebasada y nuestra ley local en la materia publicada el 13 de mayo de 2011, por lo menos tendría que revisarse ante la eventualidad de que a mediano plazo se cree dicha ley general.

En tal sentido es que tenemos que estar alerta ante las eventualidades que dichos cambios en materia legislativa estarían planteando, a mediano plazo, a un tema en el que apenas se empieza a trabajar de manera más ordenada a nivel nacional.

Sin embargo a nosotros nos parece que puede ser una magnífica oportunidad para que desde el Consejo General de Archivos del Estado de Tlaxcala, con el apoyo del poder ejecutivo y por qué no, también del legislativo y el judicial se impulse una verdadera política de la Gestión Documental para forjar tanto en los funcionarios públicos como en el público en general una necesaria cultura archivística.

Y antes que nada estar atentos, primero, al confeccionamiento de la ley general, que también nos parece debe tomar como punto de partida la ley federal vigente; y segundo, a cómo se adaptan los máximos estándares de aquella a las futuras leyes locales.

Autor: 
  • Claudio Cirio Romero

e- mail: ccirior@caip-tlax.org.mx

twiter: @ccirior

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La ley de Transparencia y Acceso a la Información debe ir acompañada de una Ley de Archivos

>>  martes, 13 de agosto de 2013

Sectores de la prensa proponen Ley de Archivos para preservar información de Estado
http://www.la-razon.com/ 13/08/2013

Tras concluir la audiencia con siete organizaciones que observaron el proyecto de ley de Transparencia y Acceso a la Información, el presidente de la comisión, Héctor Arce (MAS), dijo que en próximos días se trabajará junto al Ministerio de Transparencia en las mejoras a este documento. Hemos planteado la necesidad de que esta ley vaya acompañada con una Ley de Archivos
Organizaciones y representantes de los periodistas coincidieron por separado en que se elabore una Ley de Archivos para preservar la información gubernamental, que posteriormente podría ser requerida por la ciudadanía o los medios de comunicación.

"Hemos planteado la necesidad de que esta ley vaya acompañada con una ley de archivos (…). Para que nosotros los periodistas, hoy, mañana o dentro de un año contemos con información, necesitamos tener una Ley de Archivos que permita en determinado momento que la ciudadanía pueda acudir a recabar la información que considera necesaria", manifestó Ronald Grebe, ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).

Asimismo, el secretario ejecutivo de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Antonio Vargas, apoyó esta noción e indicó que al mismo tiempo en que se trate este proyecto de Ley de Acceso a la Información, se debata una Ley de Archivos. "Hemos lamentado que en la ciudad de Cochabamba se queme un archivo con documentación de la Gobernación y la Alcaldía", justificó.

Respecto al tratamiento de la ley de Transparencia y Acceso a la Información, que es debatida por la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, ambos coincidieron en pedir en la audiencia pública que se realizó este martes, la reducción de las excepciones que restringen la información.

"Las restricciones deben ser minimizadas, deben ser absolutamente llevadas a un plano en el que solamente existan en caso de que realmente se ponga en peligro la integridad de nuestro país", dijo Vargas.

Tras concluir la audiencia con siete organizaciones que observaron el proyecto de ley, el presidente de la comisión, Héctor Arce (MAS), dijo que en próximos días se trabajará junto al Ministerio de Transparencia en las mejoras a este documento, que debe ser aprobado en su estación en detalle antes de ser remitida al pleno de la Cámara Baja.

En tanto para la ex presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado (MAS), el espíritu de este proyecto de ley atentaría contra la Constitución Política del Estado (CPE), puesto que en vez de facilitar la información para transparentar la gestión gubernamental, restringiría su difusión.

"Para qué sirve el control y participación social, es decir que nuestra Constitución quedaría colgando y si realmente un proyecto de ley que vulneraría la Constitución, sin información no hay participación ni control social", señaló.

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Impostergable la aprobación de una Ley de Archivos por parte del Congreso del Estado

>>  lunes, 1 de julio de 2013

En riesgo, archivos de administraciones
http://www.elsiglodedurango.com.mx/ 01/07/2013




Es impostergable la aprobación de una Ley de Archivos por parte del Congreso del Estado, debido a que están por concluir las actuales administraciones municipales y se requieren mecanismos legales para evitar que la información pública "desaparezca".

"Es vital porque los presidentes municipales terminan su gestión y es costumbre que se van hasta con la camioneta", manifestó el comisionado presidente de la Comisión Estatal para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública (CETAIP), Alejandro Gaitán Manuel.

Expuso que si se aprueba una Ley de Archivos se facultará a las administraciones municipales entrantes a exigir la entrega de la información correspondiente a todo el trienio de las administraciones que concluyen.

"Ahorita es determinante que se apruebe, no solamente en el caso de los municipios sino también del Congreso, para que entreguen la información a quienes les van a suceder en el cargo", indicó.

Refirió que ha habido cuatro reuniones con el diputado Emiliano Hernández Camargo, quien les ha asegurado que sí va a salir la ley.

"La circunstancia por la que estaba un tanto congelada es porque se contemplaba un incremento en demanda de recursos que no tenía el Poder Ejecutivo. Pero ya buscaron una forma económica en la que pueda operar la Ley de Archivos y mi expectativa es que salga en este periodo extraordinario", señaló.

NO SE PONEN DE ACUERDOEl presidente de la Comisión Permanente, Adrián Valles Martínez, dijo no recordar que la Ley de Archivos fuera un compromiso explícito de la actual Legislatura al justificar que las iniciativas vienen de periodos anteriores.

Reconoció la valía de esta ley pero consideró que no se tienen los elementos para procesarla por falta de recursos. "El tema presupuestal no es menor, implica una situación de carácter estatal y requiere la dotación de un presupuesto. El tema presupuestal es el aspecto fundamental por el cual, en una primer perspectiva, pudiera quedar pendiente", declaró.

Por su parte, el legislador Emiliano Hernández Camargo, también del PRI, refrendó el compromiso de aprobarla. "Sí va a salir, yo la voy a presentar, es un compromiso personal y ya la tengo terminada pero la llevo vinculada al proyecto de nueva Constitución y quiero que en ese paquete del periodo extraordinario, se apruebe", citó.2

PERIODOSExtraordinarios se contemplan como mínimo; hay tiempo de aprobarla. 9

AÑOSHan pasado desde que se reconoció la necesidad de esta ley.

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Publicada la Ley de Archivos de Chihuahua

>>  jueves, 27 de junio de 2013

Vigilará el ICHAI cumplimiento de Ley de Protección de Datos
http://www.nortedigital.mx/ 27/06/2013
Chihuahua.- El Instituto Chihuahuense de Acceso a la Información Pública será el órgano garante del cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Chihuahua, legislación que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor en un plazo de 180 días más, indicó el presidente del organismo, Enrique Medina Reyes.

También se publicó este miércoles pasado la Ley de Archivos del Estado de Chihuahua, misma que entrará en vigor dentro de 180 días.

Medina Reyes indicó que ahora los chihuahuenses tendrán mayor oportunidad de proteger su información personal, así como acceder mejor a los documentos que le permitirán contar una amplia memoria histórica y colectiva.

Con esto, indicó el consejero presidente del ICHITAIP, indicó que la protección a los datos personales se trata de una garantía constitucional, plasmada en el artículo 16 de la Constitución General de la República, en tanto que en la del estado se encuentra en el 4.

Indicó que esta nueva legislación tiene por objeto garantizar la observancia de los principios de la protección de datos personales, así como promover la adopción de medidas de seguridad que garanticen la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos personales en posesión de los sujetos obligados.

Asimismo se establecen lineamientos tendientes a promover lo necesario para que toda persona pueda ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales, además de poder manifestar su oposición a determinado tratamiento.

Reiteró que esta ley garantiza a las personas el derecho a la vida íntima, la privacidad, para que no se ventile por instituciones que tienen la información delicada de carácter personal como son los hospitales públicos y bancos por mencionar algunos.

Esta información es el domicilio, nombre, teléfono particular, enfermedades, preferencias sexuales, religión, filiación sindical, partidista, todo esto son datos personales.

En tanto, la Ley de Archivos conlleva la creación del Archivo General del Estado que estará a cargo de un Consejo Estatal presidido por el secretario general de Gobierno.

Además se constituirá la Red de Archivos, que será un conjunto de mecanismos y dispositivos de intercambio y consulta telemática de información entre los sujetos obligados, de acuerdo con sus funciones y atribuciones.

Con esto se busca tener las herramientas mínimas para garantizar la conservación y organización de los archivos gubernamentales, tanto físicos como electrónicos que están en posesión de los poderes del Estado, de los organismos constitucionales autónomos y los organismos con autonomía legal, de modo tal que se conserve la memoria histórica de las instituciones.

Otro fin es el de facilitar el uso de la información y contribuir a una efectiva rendición de cuentas, así como auxiliar y fortalecer el ejercicio del derecho de acceso a la información.


Autor: Ricardo Espinoza

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DESETIMADO RECURSO DE GOBIERNO ESPAÑOL CONTRA LEY DE ARCHIVOS DE LA COMUNITAT

>>  viernes, 12 de abril de 2013

TC desestima el recurso del Gobierno contra la Ley de Archivos de la Comunitat por circunscribirse al ámbito autonómico
http://www.20minutos.es/ 10/04/2013
El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado el recurso del Gobierno de España contra la ley de la Comunitat Valenciana de archivos porque consideraba que incurría en una "extralimitación competencial", según el recurso del Gobierno. El fallo, que se dictó el pasado 14 de marzo, ha sido publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La ley valenciana, aprobada en 2005 identificaba como archivos del sistema archivístico valenciano el Archivo de la Corona de Aragón —de titularidad y gestión del Estado—, el Archivo del Reino de Valencia, el Archivo Histórico Provincial de Castellón, el Archivo Histórico Provincial de Alicante y el Archivo Histórico de Orihuela —de titularidad estatal y gestión autonómica—.

Frente a las consideraciones de la Abogacía del Estado, el TC destaca que la norma valenciana "circunscribe expresamente" su ámbito de aplicación a los archivos valencianos y excluye "de manera explícita", su aplicación a los de titularidad estatal que forman parte de ese sistema, "tanto si su gestión ha sido transferida a la Generalitat como si no".

Además, desde la Generalitat se argumentó la "ausencia de impugnación de leyes análogas" de otras comunidades y consideraba que los preceptos impugnados "en modo alguno alteran el régimen de distribución competencial en esta materia".

El TC argumenta que en la ley valenciana "queda fuera de discusión" la titularidad y el régimen de gestión de los archivos y lo que se discute es si la inclusión del archivo de la Corona de Aragón en el sistema valenciano incurre o no en inconstitucionalidad, al que la Abogacía del Estado indica que "por su excepcional importancia histórica y la variedad de territorios a que afecta, constituye un patrimonio de máximo interés genera para España", lo que "justifica que sea de titularidad estatal".

El tribunal, aunque señala que la redacción de la norma autonómica "no es excesivamente precisa", sí "respeta escrupulosamente el orden de distribución competencial", ya que "excluye de su ámbito de aplicación el régimen jurídico de los archivos de titularidad estatal".

La norma —prosigue— "da a entender que el ámbito de aplicación de la Ley se extiende a los archivos estatales sólo en cuanto a su calificación como elementos del sistema archivístico autonómico".

Asimismo, apunta que "cualquiera que sea el juicio que merezca, desde la perspectiva de la técnica legislativa, que una Ley califique como elementos del sistema autonómico archivos que no quiere ni puede regular", este tribunal, "debe limitarse a valorar si tal calificación y sus consecuencias legales son conformes a la Constitución".

En este sentido y, de acuerdo con el canon de constitucionalidad "la respuesta ha de ser necesariamente positiva" porque se excluye el régimen jurídico de los archivos de titularidad estatal del ámbito de aplicación de la ley autonómica, ha remarcado.

Europa Press

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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACION EN CONCORDANCIA CON LEGISLACION ARCHIVISTICA

>>  lunes, 1 de abril de 2013

Congreso armoniza legislación de archivos
http://pulsoslp.com.mx/ 01/04/2013
Para armonizar las legislaciones en materia de transparencia y acceso a la información de las disposiciones contenidas en la Ley de Archivos del Estado, el pleno del Congreso del Estado aprobó modificaciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo además del Reglamento Interno del Congreso del Estado.

Así lo informó el diputado Juan Pablo Escobar Martínez, presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información.

Explicó que con estas reformas se generarán acciones concretas para el cuidado y resguardo de los archivos en las dependencias y organismos estatales y municipios, ya que en la Ley de Transparencia se establecen los parámetros para el resguardo de documentación, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Archivos y fundamentado en el Sistema Estatal de Documentación y Archivo.

“Esto permitirá que la consulta sea de fácil acceso, uso y comprensión del público y responda a los criterios de calidad, veracidad, confiabilidad y oportunidad”.

El diputado local comentó que se establece que el Sistema Estatal de Documentación y Archivos es el órgano de la CEGAIP, responsable de aplicar las regulaciones en materia de administración y sistematización de documentación e información en posesión de las entidades públicas.

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COMISION ESTATAL DE GARANTIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA IRRESPETO LEY DE ARCHIVOS

>>  viernes, 8 de febrero de 2013

CEGAIP asigna “a dedo” cargo por concurso
http://pulsoslp.com.mx/ 08/02/2013


“Ratificó” a un funcionario cuya plaza debió someter a competencia

La CEGAIP pasó por encima de la Ley de Archivos del Estado y ratificó al titular del Sistema Estatal de Documentación y Archivos (SEDA), Mauricio Vladimir Barberena Sánchez, cuando debió emitir convocatoria y elegirlo de una terna.

El artículo 21 de la nueva Ley de Archivos del Estado establece que el director del SEDA “será electo por el pleno de la CEGAIP y por unanimidad de votos. Para el efecto, la CEGAIP convocará públicamente a concurso de oposición, proponiendo una terna con los aspirantes mejor evaluados entre los que elegirá”.

La Ley fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el 20 de octubre de 2012, y apenas nueve días antes la CEGAIP sesionó para exonerar a Barberena Sánchez de una acusación de extorsión por parte del Ayuntamiento de Ciudad Valles.

Según explicó el comisionado presidente Alfonso Serment Gómez, Barberena fue exonerado en ese organismo porque la administración de la ex alcaldesa y ahora diputada panista, Socorro Herrera Orta, no aportó los documentos indispensables para acreditar su responsabilidad

Las autoridades de ese municipio se comprometieron a proporcionar copias de sus documentos prueba, “pero no los enviaron”, dijo. Luego, CEGAIP se reservó el expediente.

El transitorio sexto de la nueva norma ordena que la CEGAIP debe hacer las reformas necesarias para adecuarse a la Ley en sesenta días hábiles posteriores a la publicación, consecuentemente, se tendría que lanzar la convocatoria. El término venció el 5 de febrero.

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PROYECTO DE LEY ORGANICA PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA CONTEMPLA REFORMA DE LA LEY DEL AGN VENEZUELA

>>  lunes, 5 de noviembre de 2012


PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Acuciosos como hemos sido en la búsqueda de información que concierne al área de archivos encontramos el PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  de la República Bolivariana de Venezuela, sin autor especificado.

Dentro de los aspectos que resaltan en este Proyecto de Ley se hallan los relacionados directamente con el Archivo General de la nación A continuación los artículos referidos al mismo:

Título Octavo
De la protección de la información
Desclasificación de Información
Archivo General de la Nación.
Artículo 48. Corresponderá al Archivo General de la Nación elaborar los criterios para catalogar, clasificar y conservar los documentos a que se hacen referencia en el artículo 5 de esta Ley, así como la organización de archivos de los órganos y entes sujetos a esta Ley. Dichos criterios incluirán el tiempo de conservación de los documentos y tomarán en cuenta los estándares y mejores prácticas internacionales en la materia.

Custodia de la información
Artículo 49. Cada titular de cada órgano o ente sujeto a esta Ley será responsable de su cumplimiento, en consecuencia será responsable de:
6. Asegurar el adecuado funcionamiento de los archivos del órgano o ente, de conformidad con los lineamientos del Archivo General de la Nación y las otras disposiciones aplicables,

Conservación y Transferencia de Información Original
Artículo 51. Los documentos originales deberán permanecer en los órganos y entes a los que pertenezcan, hasta que sean transferidas a los archivos generales o Archivo General de la Nación. Los documentos de un órgano o ente que desapareciere pasarán bajo inventario al Archivo General de la Nación y en caso de fusión interinstitucional, será responsable de aquello la nueva entidad.

Título Noveno
De la Producción y Difusión de la Información
Portal de la Información Pública
Transparencia activa
Artículo 53.Todo órgano o ente del sector público está obligado a sistematizar la información que posee de forma proactiva para facilitarla en documentos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, filmes, soporte electrónico, digital o vía Web,  o en cualquier otro medio o formato De conformidad con los lineamientos del Archivo General de la Nación y otras disposiciones aplicables.

Disposiciones Transitorias
Reforma de la Ley del Archivo General de la Nación y la Ley Orgánica de Administración Pública.
Artículo 70. Dentro de un plazo no mayor a ciento ochenta (180) días a contar desde la fecha de la publicación de esta Ley en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, se reformará la Ley del Archivo General de la Nación y la Ley Orgánica de Administración Pública, armonizando sus disposiciones con las normas pertinentes contenidas en esta Ley. Se delega al Archivo General de la Nación la capacitación pertinente a todos los funcionarios de los órganos y entes del sector público.

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GOBIERNO Y ESTADO ACUERDAN MODIFICACION DE LEY DE ARCHIVOS POR ACCESO CIUDADANO A DOCUMENTOS OFICIALES

>>  martes, 25 de septiembre de 2012

La Junta cambiará la ley de archivos tras la pugna con el Gobierno
http://www.diariodesevilla.es/ 25/09/2012

El Gobierno central discrepó en febrero de que algunos de sus documentos sean de titularidad pública en virtud de la ley andaluza de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental aprobada en octubre de 2011 por unanimidad por el Parlamento de Andalucía.

Seis meses después, la comisión bilateral entre el Gobierno y el Estado abierta para resolver esta discrepancia ha acordado que la Junta modifique la ley para evitar que este conflicto llegue al Tribunal Constitucional, por lo que ambas administraciones han solucionado el primer frente competencial abierto desde que el PP ocupa la Presidencia del Gobierno. El acuerdo está firmado por el ministro de Hacienda y Administración Pública, Cristóbal Montoro, y la consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, y se publicó ayer en el BOE y en el BOJA.

Esta ley andaluza amplía las posibilidades de acceso ciudadano a los documentos oficiales. Sin embargo, el Gobierno renegó de un artículo (9.2) en el que se consideran documentos de titularidad pública los de la Administración del Estado y sus sociedades, los de los órganos judiciales radicados en la comunidad, los de notarías y registros públicos y los de organismos europeos e internacionales.

Por ello, en el seno de la comisión bilateral entre la Junta y el Estado se aprobó constituir un grupo de trabajo para resolver estas discrepancias sobre la confidencialidad de los documentos.

El acuerdo resuelve que la ley incorporará una disposición adicional (duodécima) por lo que esos documentos de titularidad pública "se someterán a la legislación estatal que les sea de aplicación, sin perjuicio de los dispuesto en la presente ley en todo aquello en lo que no se oponga".

De esta manera, ambas partes consideran "solventadas" las discrepancias manifestadas y, que de no haberse resuelto, habrían desembocado en un recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional, por lo que dio aviso a este órgano de que finalmente no interpondrá ese recurso al alcanzar un acuerdo con la Junta de Andalucía.

NOTA: Aquí podrás acceder a la Ley 7/2011, de 3 noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía:  http://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/222/1 





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SAN LUIS DE POTOSI CON LEY DE ARCHIVOS

>>  lunes, 10 de septiembre de 2012

Preservan documentos históricos
http://www.pulsoslp.com.mx/ 10/09/2012

De las 32 entidades del país, San Luis Potosí era una de las cinco que no contaba con una Ley de Archivos para garantizar la preservación de documentos históricos y administrativos de dependencias estatales y municipales.

Dicho ordenamiento recién fue aprobado en el Congreso local, informó la diputada María Patricia Álvarez Escobedo.

La nueva Ley de Archivos, refirió, establece una metodología para la conservación de documentación histórica de las diferentes dependencias estatales y municipales, explicó.

Destacó la importancia y la relevancia del cuidado de archivos históricos y administrativos, por lo que consideró que ya era indispensable contar con esta nueva legislación en la entidad potosina, que figuraba a nivel nacional entre las cinco que no la tenían.

“La trabajamos con el Instituto de Investigaciones Legislativas”.

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SAN LUIS DE POTOSI DEBE TENER SU LEY DE ARCHIVOS

>>  lunes, 18 de junio de 2012

San Luis carece de una Ley de Archivos / Se estudia una iniciativa
http://www.oem.com.mx/ 18/06/2012

San Luis Potosí está entre los cinco estados de la República que no tienen una Ley de Archivos, pero hay una iniciativa que se analiza en comisiones y se aprobará en breve porque es importante que tenga un ordenamiento para dar un buen manejo a los documentos públicos y a su conservación.

El doctor David Vázquez Salguero, coordinador del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado, señaló que éste fue uno de los resultados de las Terceras Jornadas de Archivos Administrativos e Históricos del Estado de San Luis Potosí, que se desarrollaron este fin de semana en El Colegio de San Luis, en las que participó el Poder Legislativo, la Cegaip, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Archivo Histórico del Estado y representantes de archivos de diversos ayuntamientos estatales.

El doctor David Vázquez destacó que de estas Jornadas de Archivos se obtuvieron dos importantes resultados: uno en materia económica, toda vez que se lograron redes y vínculos para apoyar a los municipios para que cuenten con sus propios sistemas archivísticos; segundo, académicos, ya que se logró un importante intercambio de información entre las diversas dependencias.

"En términos económicos en estos tres años que se han llevado a cabo estas Jornadas se han establecido redes y vínculos con instituciones nacionales e internacionales que apoyan el desarrollo de archivos con una buena inversión económica para desarrollo de archivos municipales, estatales como el del Instituto Potosino de Bellas Artes, y en los municipios de Ciudad Fernández, Rayón, Salinas, Santa María del Río que reciben apoyos de la Ccomunidad Europea".

En estas Jornadas de Archivos se presentaron las mesas de trabajo "El Archivo como Política Pública"; "El Diseño de los Órganos Encargados de los Archivos"; "Conservación Final de los Documentos", y la "Finalidad del Archivo: Administración o Historia".

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CONFLICTO ENTRE LEY DE ARCHIVOS Y CONFIDENCIALIDAD DE DOCUMENTOS

>>  jueves, 8 de marzo de 2012

Hacienda lleva al Constitucional a la Junta por la ley de archivos
El Gobierno central, por medio del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha comunicado al Tribunal Constitucional la apertura de una negociación con la Junta de Andalucía para resolver las discrepancias causadas por la ley de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía. 

Esta norma, que aprobó el Parlamento andaluz por unanimidad en octubre, amplía las posibilidades de acceso ciudadano a los documentos oficiales. Sin embargo, el Gobierno reniega de un artículo (9.2) en el que se consideran documentos de titularidad pública los de la Administración del Estado y sus sociedades, los de los órganos judiciales radicados en la comunidad, los de notarías y registros públicos y los de organismos europeos e internacionales. 

Por ello, en el seno de la comisión bilateral entre la Junta y el Estado se aprobó a principios de febrero constituir un grupo de trabajo para resolver estas discrepancias sobre la confidencialidad de los documentos. De finalizar sin acuerdo, el Gobierno interpondrá un recurso ante el Tribunal Constitucional, de lo que ha dado aviso. 

Se trata del primer conflicto competencial entre el Gobierno del PP y la Junta de Andalucía. En 2010, el Gobierno del PSOE planteó discrepancias por el impuesto a los depósitos bancarios de la Junta, aunque finalmente se retractó.

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INNOVADORA LEY DE DOCUMENTOS, ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL DE ANDALUCÍA

>>  jueves, 6 de octubre de 2011


Plata destaca el carácter innovador de la Ley de Archivos para adaptarse a las nuevas tecnologías y a los ciudadanos
El consejero de Cultura, Paulino Plata, ha destacado en Málaga que la nueva Ley de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, que el Parlamento espera aprobar en breve, es "innovadora, útil y necesaria para adaptar nuestros archivos a las nuevas tecnologías, pero también a las nuevas necesidades de los ciudadanos". Paulino Plata ha explicado que Andalucía ya fue pionera en la regulación del patrimonio documental con la Ley de 1984, pero que los avances y evolución de la comunidad autónoma, incorporándose plenamente a la Sociedad de la Información, "nos obligan a actualizar el texto y lo queremos hacer de nuevo innovando". La normativa ampliará así las posibilidades de acceso ciudadano a los documentos, incorporará nuevas formas de tramitación adaptadas a las últimas tecnologías e incrementará los niveles de protección y racionalización. Plata ha hecho hincapié en que "los archivos son instituciones vivas, preservan nuestra identidad, nos permiten conocer nuestra historia y son la garantía documental de nuestros derechos". Con motivo precisamente de la tramitación parlamentaria de la Ley, los miembros de la Comisión de Cultura solicitaron la visita al Archivo Histórico Provincial de Málaga, para conocer de primera mano las claves de la gestión documental. Plata ha informado de que se están aportando enmiendas positivas, que vienen a enriquecer el texto, y que el Pleno del Parlamento aprobará la norma en las próximas semanas. El consejero ha explicado que los diputados andaluces han podido descubrir la importancia de estas instituciones archivísticas y la riqueza de este legado, a través de documentos como un Corán del siglo XVIII o el expediente sobre el caso de Manuel García Caparrós, muerto de un disparo en la movilización ciudadana del 4 de diciembre de 1977 para la reivindicación de la autonomía andaluza. También se ha referido Plata a la recepción en este Archivo de Málaga de más de 200 solicitudes de información sobre casos de niños perdidos, así como la relevancia de sus fondos en el estudio de la historia del norte de África desde finales del siglo XV hasta la finalización del protectorado español en Marruecos.


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