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Archivos secretos de Boris Johnson

>>  lunes, 6 de octubre de 2025

Se filtran los archivos secretos de Boris Johnson que revelan posibles casos de corrupción política
https://www.lavanguardia.com/


Según ha podido saber 'The Guardian', el ex primer ministro británico se habría aprovechado de su cargo para lucrarse a través de su influencia, además de un presunto uso de fondos públicos para usos privados

Imagen del exprimer ministro, Boris Johnson 

 Hollie Adams / Reuters

Un nuevo posible caso de corrupción política golpea Reino Unido después de la filtración de diversos documentos de la oficina privada de Boris Johnson, los cuales demostrarían como el ex primer ministro se lucró a través de los contactos y su influencia como político, además de utilizar fondos públicos para el ámbito privado.

En las evidencias, conocidas como los Boris files (Documentos Boris) a los que ha tenido acceso The Guardian, constan correos electrónicos, cartas, facturas, discursos y contratos comerciales, y revelan el funcionamiento interno de una empresa subsidiada con fondos públicos que Johnson creó tras dejar su cargo como dirigente del país en septiembre de 2022.

Arabia Saudí, Palantir y Venezuela entre los posibles escándalos del ex primer ministro

Entre algunos de los escándalos que revelan las filtraciones, Johnson presionó a un alto funcionario saudí que conoció durante su mandato para que compartiera una propuesta con el príncipe heredero autocrático, Mohammed bin Salman, en favor de una empresa que copreside. Además, el ex primer ministro, celebró una reunión secreta con Peter Thiel, el fundador de la controvertida empresa estadounidense de datos Palantir, meses antes de que esta recibiera un papel en la gestión de los datos del NHS.

Johnson también recibió más de 200.000 libras de un fondo de cobertura tras reunirse con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pese a haber declarado que no recibió pago alguno, y violó las normas de la pandemia del Covid-19 cuando organizó una cena con un compañero de partido, un día después de que entrara en vigor el segundo confinamiento nacional.

La mayoría de los archivos son posteriores al mandato de Johnson como primer ministro, y abarcan el período entre septiembre de 2022 y julio de 2024, aunque también incluyen algunos documentos elaborados cuando aún estaba en Downing Street. Es un ejemplo el posible uso de los public duty costs allowance (PDCA) para su uso privado, es decir, el subsidio anual de seis cifras destinado a apoyar las funciones públicas de un ex primer ministro, que no debe usarse en actividades privadas o comerciales.

Según revelan los documentos, se plantea la duda de si Johnson habría usado este subsidio para pagar los salarios del personal de su oficina privada, una empresa establecida un mes después de dejar su cargo en el gobierno. También se investigará si el exdirigente ejerció presión sobre los contactos que desarrolló en su etapa como primer ministro, ya que según las filtraciones, el político inglés ha desempeñado un papel central en la gestión de sus negocios comerciales, incluyendo acuerdos con medios de comunicación y ofreciendo conferencias para clientes de gran poder adquisitivo.

La polémica fue la tónica en la vida política de Boris Johnson

Esta no es la primera vez que el exdirigente británico se ve envuelto en polémicas, y de hecho su final de mandato fue una sucesión de escándalos que le llevaron hasta la dimisión. En medio de las estrictas medidas por la Covid-19, y mientras millones de personas se mantenían aisladas, el primer ministro protagonizó el conocido Partygate, un escándalo relacionado con la organización de hasta 16 fiestas privadas en los que se realizaba un consumo excesivo de alcohol mientras se mantenía el confinamiento obligatorio en todo el país.



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El desorden en los archivos públicos base de la corrupción

>>  martes, 2 de enero de 2018

Desorden de Archivos obstruye transparencia
http://www.milenio.com/

Aunque los documentos públicos son fundamentales para el combate a la corrupción, el desorden en el que se encuentran los archivos gubernamentales en estados, municipios, e incluso de la Federación, dificulta esa lucha, por lo que es necesario empezar a ponerlos en orden; sin embargo, los recursos económicos no alcanzan, advierte Mercedes de Vega, directora del Archivo General de la Nación (AGN).

Con la nueva ley general, recién aprobada en el Senado, el AGN se convertirá en la cabeza del Sistema Nacional de Archivos, que coordinará la gestión documental de municipios, gobiernos estatales, legislaturas federal, locales y de los poderes judiciales federales y estatales, pero también de sindicatos, partidos y fideicomisos de todo el país, con lo cual se complementará el trabajo de los sistemas nacionales de Transparencia y Anticorrupción.

Según cálculos del AGN, en el país hay más de 12 mil 500 instituciones con archivos públicos que deberán incorporarse al nuevo sistema.

Para cumplir con esa labor, el AGN requerirá de un presupuesto de 450 millones de pesos; sin embargo, para 2018 se le asignaron apenas 17 millones para operar.

La Ley General de Archivos forma parte del paquete de leyes de la reforma constitucional en materia de transparencia y rendición de cuentas, pues los archivos son la base fundamental para el combate a la corrupción, con lo que la sistematización de los documentos garantizará un mejor acceso a la información.

“Cuando se actúa mal, en donde queda documentada una acción incorrecta de un servidor público es precisamente en los archivos; lo primero que hace un auditor cuando llega a una dependencia es pedir los expedientes, los documentos; de otra manera no hay posibilidades de hacerla, de ahí que tanto se diga que los documentos y los expedientes son instrumento fundamental para la rendición de cuentas”, aseguró.

Un diagnóstico elaborado por el AGN sobre los archivos en el país concluyó que “es innegable que hay avances que han propiciado la transparencia y la rendición de cuentas en el país, pero falta un camino largo por andar para lograr cubrir las demandas que la reforma constitucional del 7 de febrero de 2014 impone en tiempos y exigencias para satisfacer las expectativas de un Sistema Nacional de Transparencia. Esto no será posible si antes no se logran consolidar los sistemas institucionales de archivos (SIA), que son el núcleo duro de los centros de información gubernamental”.

El diagnóstico sobre la situación de instituciones federales, estatales y municipales reveló que menos de 45 por ciento ha integrado sus archivos a un sistema institucional, que más de 60 por ciento del personal que labora en los archivos desempeña otras actividades y solo 59 por ciento recibe cursos de capacitación.

Además, solo 30 por ciento de los archivos consultados dispone de instalaciones suficientes y adecuadas para el resguardo de sus documentos, mientras que únicamente 24 por ciento tiene mobiliario suficiente y adecuado.

La directora del AGN explicó que además de los retos presupuestales a los que se debe enfrentar el Sistema Nacional de Archivos,  también deben sortearse obstáculos de infraestructura y de personal capacitado.

¿Por qué no se ha tomado en serio la necesidad de recursos que tienen los archivos?

Hay ignorancia y prejuicios: “el archivo no sirve”, “el archivo es lo último”, “el archivo puede estar en el sótano, puede estar en una bodega, puede estar en un estacionamiento, en el lugar más inhóspito, en el lugar más inadecuado”. Ahí es a donde generalmente se manda al archivo, y esto se debe a que hay un problema de desconocimiento de lo que significa. No solo son un tema de memoria, de investigación, los archivos tienen que ver con el ejercicio cotidiano de la administración pública.

-De Vega asegura que “estamos en un parteaguas de lo que será en el futuro la organización de los archivos mexicanos”.

-Explicó que la nueva ley convierte al archivo en un organismo con autonomía plena que deberá gestionar sus propios recursos y ser la cabeza de la organización de los más de 12 mil 500 archivos de todo el país.

—¿Qué necesidades tienen los archivos en México?

—Hay distintos tipos que habrá que cubrir inmediatamente. La primera es que se reconozca la figura, como lo marca la ley, de un coordinador de archivos, es decir, que los archivos pasen de la inexistencia en los organigramas de la administración pública, a existir.

“Habrá que crear un sistema institucional de archivos, eso implicará una reingeniería de muchos de los procesos que se llevan a cabo en la administración pública municipal, estatal o federal. Desde luego, los recursos financieros y humanos, además esos recursos humanos tendrán que capacitarse”.

—¿Qué riesgos corren los archivos?

—El riesgo de ser robados, de ser motivo de un tráfico ilícito y de venderse al extranjero. Corren el riesgo de perderse, porque están en condiciones inadecuadas en lugares inapropiados.

—¿Qué estados le preocupan?

—Los que ni siquiera tienen una ley en este momento. Creo que en esos estados es en donde habrá que poner mayor atención: Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León y Durango.

Para cumplir con su nueva labor de ser la cabeza de los archivos a escala nacional, el AGN requerirá también elevar su plantilla de personal, al menos en cien trabajadores más de los 231 que tiene actualmente

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Archivo: Transparencia y Democracia

>>  miércoles, 21 de junio de 2017

Los archivos son una puerta abierta a la transparencia y la democracia
https://www.lavozdelsur.es/

Los archivos siempre han padecido cierto desdén de los particulares y de las administraciones públicas. Durante mucho tiempo han estado ninguneados sin piedad. Aunque últimamente disfrutan de una más saludable vida debido a que en Andalucía y resto de comunidades existen leyes específicas sobre archivos y documentos. En nuestra comunidad tenemos la Ley 7/2011, de 3 noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía. También contamos con un reglamento de archivos, el decreto 97/2000, de 6 de marzo, por el que se aprueba el Sistema Andaluz de Archivos y se desarrolla la Ley 3/1984, de 9 de enero, de Archivos. Pero a pesar de esta importante legislación los archivos siguen postergados en muchos sitios.

https://www.lavozdelsur.es/sites/default/files/styles/bs_9_cols/public/archivo_historico_municipal_04.jpg?itok=uWDcB4EZ

Releyendo las actas capitulares del Archivo Municipal de Jerez me he encontrado esta curiosa, y de algún modo emotiva, cita de 19 de diciembre de 1931 (punto 27 de la sesión de pleno de aquella fecha): “En escrito que fue leído del sr. Archivero Municipal se solicita la ampliación del local del Archivo, la confección de vitrinas para custodiar los documentos y pergaminos de valor histórico que existen en dicha dependencia, instalación en la misma de un aparato telefónico y la adquisición de un aparato para la limpieza del polvo de la misma. Apoyan la petición los sres. Ruiz Carriedo y Blázquez, acordando el Excmo. Ayuntamiento, a propuesta del sr. Germá, que pase a la comisión de Archivo y Biblioteca. Maifiesta el sr. Taboada que el aparato de limpieza y las vitrinas son indispensables”. Los concejales republicanos Germá Alsina y Taboada prestaban atención al Archivo Municipal que en aquella fecha dirigía el singular Adolfo Rodríguez Rivero.

La actual ley de transparencia de Andalucía no olvida, como es lógico, referirse a la importante cuestión del acceso ciudadano a los archivos públicos: “Mención especial merece la relación de la transparencia con el derecho a una buena administración reconocido en el artículo 31, que comprende el derecho de todos ante las administraciones públicas, cuya actuación será proporcionada a sus fines, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz… así como a acceder a los archivos y registros de las instituciones, corporaciones, órganos y organismos públicos de Andalucía, cualquiera que sea su soporte…”.

Y hablando del acceso a los archivos en la actualidad, en el plano estatal, ha tomado especial relevancia un debate, el de los famosos 10.000 documentos clasificados por el Ministerio de Defensa que aún la ciudadanía no puede consultar sin que se sepa muy bien por qué. Y es que aún rige, en materia de secretos oficiales una ley de 1968, es decir, salida del corazón del régimen franquista, la Ley 9/1968, de 5 de abril, modificada por la ley 48/78, de octubre.

Cuando los gobernantes impiden a la ciudadanía acceder a documentos históricos claves para comprender nuestro pasado reciente, cuando nuestros gobernantes se amparan en subterfugios del franquismo —como la ley de secretos oficiales de 1968— para que no se sepa, por ejemplo, lo que ocurrió entre EEUU y España durante la dictadura... Entonces, seamos claros, es que vivimos en una falsa democracia. Prohibir el conocimiento histórico a la ciudadanía es peor que la corrupción, porque a esta se la puede combatir con campañas de concienciación y con penas de prisión, pero la temible y duradera censura franquista cabalgando de generación en generación se ve que va a necesitar algo más que leyes de transparencia para acabar con ella. Secretos eternos, archivos invisibles, democracia de baja calidad, feas costumbres.

Termino este artículo citando una conocida frase de William Faulkner: “El pasado nunca está muerto; ni siquiera está pasado”. Porque de algún modo el pasado, y los que vamos siendo mayorcitos entendemos muy bien lo que esto significa, es una clase de presente. Razón por la cual los archivos forman parte de nuestra vida, de nuestra democracia, de nuestras posibilidades de solucionar, quizás, los graves problemas que esta crisis multidimensional nos ha traído.

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Supuesto extravío de archivos para negar información a ciudadanos

>>  viernes, 25 de marzo de 2016

Pérdida de documentos evidencia falta de rigor para proteger archivos
http://www.elsalvador.com/ 25/03/2016


El IAIP reporta seis casos donde las instituciones públicas aseguran extravío, inexistencia o destrucción de información de carácter público.

IAIP

Desde que entró en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública en mayo de 2011, se han presentado al menos seis casos donde las instituciones del Estado involucradas han argumentado el supuesto extravío de archivos para negar información a ciudadanos, algo que genera dudas en instituciones como el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) sobre la capacidad resguardo de documentos por parte de los oficiales de acceso a la información pública de las instancias involucradas.

En este contexto el IAIP considera que en el país no hay cultura ni tradición en el manejo de los archivos públicos, lo cual hace más complicado que esta instancia colegiada cumpla con su obligación de mejorar en la gestión documental y de archivos en más de 300 instituciones del Estado y sus autónomas.

Desde este punto de vista el comisionado del IAIP, Jaime Campos, considera que los extravíos y la destrucción de documentos refleja la necesidad de crear una Ley General de Archivos, sobre todo porque existe “una vieja tradición” en los funcionarios públicos de considerar la documentación de su gestión como un patrimonio personal, lo cual afecta en su resguardo y abre espacio a arbitrariedades que restringen el derecho y acceso a la información.

“Es urgente que como sociedad abramos un debate sobre la necesidad de un marco legal que garantice el cuido de los archivos y expedientes de todo tipo de información, no es posible que se pierdan documentos que son de interés público”, analizó Campos.

El supuesto extravío de los registros de los viajes del expresidente Mauricio Funes por parte de Casa Presidencial y la destrucción de documentos en el Ministerio de Economía, han sido los casos más sonados y recientes, pero Campos recuerda que el primer caso que se conoció es el de un informe especial elaborado por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre títulos irregulares de Licenciados en Ciencias Jurídicas, conocido como “informe Vidales”.

En dicho informe constan los nombres de decenas de abogados bajo sospecha de haber obtenido su título universitario de forma anómala, hecho público en 2001 y que estuvo a cargo de Roberto Vidales, fiscal especial para esta investigación ordenada por el entonces titular del ministerio público, Belisario Artiga.

Campos señala que una ciudadana pidió en noviembre de 2013 el reporte pero que la FGR adujo “extravío” en sus archivos y que no existían copias debido a que se entregó la versión original a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“En este caso le ordenamos a la Fiscalía que adoptara mecanismos que permitan la administración, catalogación, conservación y protección de la información, algo que ya hemos hecho como Instituto con nueve lineamientos que hemos enviado a ministerios, autónomas, alcaldías e instituciones descentralizadas”, confirmó Campos.

Una parte de estas medidas es que se cree (o se fortalezca) la Unidad de Gestión Documental y de Archivos, la cual complementará el trabajo de las Oficinas de Información y Respuesta (OIR) de las entidades públicas y permitiría dar una respuesta “más exacta” sobre las solicitudes de los ciudadanos, razona Campos.

Al respecto, relacionar el trabajo de estas áreas es lo que permitirá un mayor cuido de todo tipo de documentos porque, según el comisionado, sin archivos e información debidamente organizados el acceso a la documentos de interés público “es una ilusión que afecta la transparencia”.

“El primer paso para tener oficinas de acceso a la información es contar con un archivo sistematizado, con documentación bien organizada y respaldada porque sobre todo el quehacer público debe existir un respaldo, una evidencia, para rendir cuentas a los ciudadanos”, agregó .

Acta de Acuerdos de Paz, un caso con historia

El 6 de mayo de 2014 la ciudadana Domitila Rosario Piche pidió una copia certificada del Acta de los Acuerdos de Paz. Sin embargo la Presidencia de la República se encontró con que el histórico documento “estaba extraviado” y no se consignaba en los archivos de la institución.

Sobre esto, Campos recuerda que el caso se llevó al IAIP porque Piche apeló y presentó una nota periodística que arrojaba indicios de que el documento original de los Acuerdos estaba en poder del expresidente Alfredo Cristiani, quien firmó en nombre del Estado salvadoreño el cese al conflicto armado.

“En este otro caso se vuelve a evidenciar que Casa Presidencial no tenía sistematizado ni registrado un documento de tanta relevancia, de tanto interés. Nosotros incluso declaramos como medida cautelar, antes de la resolución final, que Cancillería pidiera a Naciones Unidas (ONU) una copia porque el Oficial de Información de la Presidencia dijo que no habían indicios del archivo”, enfatizó Campos.

La copia al final fue entregada por Cristiani al presidente Salvador Sánchez Cerén en un acto público y, posteriormente, a la demandante.

Más reciente, Campos asegura que están dos casos relacionados con la construcción del supermercado Walmart en el municipio de Mejicanos.

El primero es el de la copia de los planos de drenaje del inmueble que pidió un ciudadano a la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), donde se adujo extravío por destrucción de varios expedientes luego de que se inundara el archivo durante una depresión tropical.

El otro es el de la municipalidad de Mejicanos, quien declaró como inexistentes los permisos de construcción del mismo proyecto. Sobre este se ha dado plazo a la comuna para que obtenga una copia, ya sea de la OPAMSS o de Walmart como dueño de la obra.

“Todo esto trae también a colación la necesidad de contar con archivistas profesionales en el país y que a través de una ley se le dé peso a la protección de los documentos para contar con un acceso a la información más profesionalizado”, valoró Campos.

Sobre el supuesto el extravío del registro de viajes del expresidente Funes, Campos recordó que en diciembre de 2014, el IAIP fue notificado por Casa Presidencial sobre la creación de una copia de seguridad que resguardara la información, a raíz de que una medida cautelar que emitió el Instituto para proteger esa información, que fue denegada por Capres a la Fundación Nacional para el Desarrollo por estar “bajo reserva”.

“Nosotros fuimos informados por el abogado de la Presidencia de que la copia se hizo, hoy desconozco cuáles son las razones para decir que no hay registros”, aclaró Campos.

Sanciones, tema clave

Ante estos casos, el comisionado dice que la Ley de Acceso, aunque da facultades para investigar y sancionar, da un plazo de solo 90 días para hacerlo, ya que luego los casos prescriben para el IAIP.

“Este es un tema sujeto a una reforma a la Ley, casos como el de los viajes del ex presidente Funes para el Instituto ya prescribieron, de nuestra parte nada se puede hacer, aunque en el caso de la destrucción de los archivos del ministerio de Economía ya sentamos un precedente porque hemos sancionado al encargado que tomó esa decisión”, finalizó Campos.

El IAIP asegura que promoverá en los próximos meses la necesidad de una Ley General de Archivos y buscará ampliar su capacidad de incidencia en este tema con la ley vigente, sobre todo con los procedimientos para cuidar los datos de las instituciones públicas.

Autor: Por Juan José Morales

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Sin archivos públicos bien organizados, no hay transparencia posible

>>  lunes, 30 de noviembre de 2015

Archivos: nuevo golpe a la transparencia
http://www.eluniversal.com.mx/ 30/11/2015

A partir de 2002 en que se promulgó la Ley Federal de Transparencia, creció la demanda de contar con una ley federal de archivos, sin embargo, los legisladores tardaron diez años en aprobarla

Sin archivos públicos bien organizados, no hay transparencia posible. Si las dependencias gubernamentales carecen de reglas precisas para ordenar y resguardar los documentos sobre las decisiones y acciones que desarrollan, ¿cómo puede reclamarse que la información pública esté a disposición de las personas que la soliciten? ¿Cómo puede exigirse que los servidores públicos no respondan que es inexistente la información?

A partir de 2002 en que se promulgó la Ley Federal de Transparencia, creció la demanda de contar con una ley federal de archivos, sin embargo, los legisladores tardaron diez años en aprobarla. Finalmente, en 2012, se aprobó Ley Federal de Archivos que fijó las reglas para ordenar, clasificar y resguardar la información pública gubernamental, y para garantizar el principio de máxima publicidad de la información. Empero, hoy existe una propuesta del gobierno federal de una Ley General de Archivos que es un golpe a la transparencia en materia de documentos históricos que son la materia prima de la memoria de una sociedad.

Así como la Ley General de Transparencia, de mayo de 2015, buscaba homogeneizar los principios, reglas y procedimientos para el acceso a la información pública en todos los niveles de gobierno, la General de Archivos responde al mismo propósito uniformador. En este sentido, el objetivo es encomiable, pero ni el contenido de la propuesta del gobierno federal, ni la manera oculta como se procesó, se hacen cargo de los principios básicos de transparencia, sobre todo respecto de los archivos históricos confidenciales.

Los archivos históricos son documentos que son fuentes de acceso público y así lo señala con nitidez el artículo 120 de la Ley General de Transparencia. Sin embargo, el artículo 4º de la propuesta de Ley General de Archivos plantea que son documentos de conservación permanente y de relevancia para la memoria nacional, regional o local, eliminando su carácter de fuentes de acceso público, lo cual contradice la normativa en transparencia y atenta contra la naturaleza de los documentos históricos que deben estar abiertos a cualquiera.

Resulta casi inexplicable que después de haber promovido una reforma constitucional en transparencia, el gobierno federal pretenda ponerle candados a la información histórica que siempre ha sido pública. Esto revela que una cosa es el discurso y otra la convicción de someterse al escrutinio público.

Es cierto que la Ley Federal de Protección de Datos Personales, aprobada en 2010, estableció reglas de confidencialidad para los datos personales, pero se entiende que es para las personas vivas. No obstante, se introdujo la confidencialidad de los datos personales en la normativa de los archivos históricos, imponiendo tiempos de reserva de 30 años para los datos de identificación y 70 años para los “sensibles” de expedientes médicos, datos carcelarios, etc.

La puerta para la opacidad está abierta, ya que las dependencias gubernamentales determinan si los datos personales son sensibles o no y, por tanto, por cuántos años quedan ocultos y sólo mediante un recurso ante el Inai puede accederse. En este contexto, se ha pretendido que los archivos sobre la guerra sucia de los años 70 que se transfirieron al AGN en 2001, para ser consultados libremente, ahora se impida el acceso, argumentando que tienen datos personales “sensibles” (los de los perseguidos políticos) y que sólo después de 2040 podrían volver a abrirse. Excesos y absurdos, porque esos archivos de lo que hoy es el CISEN, ya fueron consultados y revisados por distintos estudiosos.

Urge que los legisladores se hagan cargo de redactar una Ley General de Archivos que promueva la apertura de los documentos históricos y que robustezca las facultades del AGN como órgano rector, para ser congruentes con el discurso oficial de transparencia.

Autor: 
JACQUELINE PESCHARD peschardjacqueline@gmail.com

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Eliminar documentos esenciales obstaculiza el trabajo

>>  miércoles, 17 de junio de 2015

Desaparecen unos 8.000 archivos de la Concejalía de Deportes de Elda
http://www.diarioinformacion.com/ 17/06/2015


Algunas de las partidas presupuestarias se encuentran a cero

El portavoz del gobierno, Eduardo Vicente, indicó que «la eliminación de documentos sólo tiene por objeto obstaculizar el trabajo de los nuevos concejales».



Unos 8.000 archivos informáticos, contenidos en más de 1.000 carpetas, de la Concejalía de Deportes de Elda han desaparecido, según informó el portavoz del equipo de gobierno, Eduardo Vicente. La eliminación de los documentos dejó a sus nuevos ocupantes «sin datos sobre contactos de clubes, resultados y demás información necesaria para el normal funcionamiento del área», señaló.

El ordenador del área municipal de Deportes albergaba un total de 20.162 archivos, en 1.104 carpetas, ocupando 9,97 GB de capacidad el pasado 8 de junio. Por contra ayer lunes, cuando el nuevo concejal, Fernando Gómez, accedió al departamento, había 12.524 archivos, en 74 carpetas, ocupando un espacio de 2,25 GB.

Además, tal y como se reflejó en los registros de actividad del Centro de Proceso de Datos (CPD) del departamento de Informática, la eliminación de archivos terminó de completarse días antes de la constitución de la nueva corporación.

Pero, no es en el único departamento donde se están encontrando «desagradables sorpresas». Sin un estudio exhaustivo y sin conocer de forma íntegra el gasto ya comprometido, algunas de las partidas presupuestarias se encuentran a cero, indicó.

Para Vicente, tiene poco sentido que hayan desaparecido expedientes no sólo de la Concejalía de Deportes sino también de otras. Se trata de documentación que no será muy difícil de recuperar pero que «sólo tiene por objeto obstaculizar el trabajo de los nuevos concejales», argumentó.

En este sentido, Deportes activó el protocolo para recuperar la información en base a las copias del sistema que se generan de manera periódica. «Un laborioso trabajo del departamento de Informática que se hubiera evitado si quienes políticamente estaban al frente de esta concejalía en la etapa anterior no hubieran actuado de esta forma tan mezquina», zanjó Vicente. Así, para lograr bases de datos y agendas desaparecidas han recurrido a otros métodos y en algunos departamentos comenzar desde cero.

El traspaso de poderes entre los concejales populares que han dejado sus delegaciones y los del PSOE y Compromís que han entrado ha sido nulo. Pero, según Vicente, «para ser justos algunos de ellos nos han prestado su colaboración si fuese necesario, por contra, otros se han dedicado a eliminar archivos».

Por otra parte, el alcalde, Rubén Alfaro, visitó ayer las dependencias municipales con el fin de conocer al personal e interesarse por su funcionamiento. Alfaro empezó el recorrido por Servicios Sociales, una de las prioridades del gobierno de Elda.

Autor: MARIVÍ PARDO

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Necesidad de archivar de forma sistemática los contenidos de la radiodifusión pública

>>  miércoles, 15 de abril de 2015

Leif Kramp: contenidos públicos necesitan ser archivados
http://irights.info/artikel/archive-oeffentlich-rechtlicher-rundfunkbeitrag-pflichtexemplar-kramp/25211/  15/04/2015

La radiodifusión pública sigue siendo en gran medida abandonados a sí mismos sin archivar su contenido de forma sistemática. Sería mejor si las copias, siempre requeridas, pudieran ser entregadas como libros, a estudioso de los medios dice Leif Kramp en entrevista a iRights.info. Alternativamente, y como contribución se podría dar difusión a una parte del archivo. Por lo tanto, la accesibilidad del contentenido mejoraría.

iRights.info: La cadena pública, vería la forma de hacer más accesibles los programas ya emitidos , tales como archivos en línea abiertas, libres. Estas aseveraciones son realista?

Foto: Kathrin Brunnhofer


Leif Kramp erudito, historiador y periodista de medios. Ha trabajado como coordinador de investigación de la Universidad de Bremen y miembro fundador de la Iniciativa del Patrimonio Audiovisual, que trabaja para aumentar la accesibilidad de los contenidos de la educación.

Leif Kramp: Todos están pidiendo este acceso frecuente a meseos olas ciencias para,  por ejemplo para la investigación histórico-cultural, o de otros grupos de interés para búsquedas específicas. A veces tienen que pagar un montón de dinero porque ciertos servicios de archivo son necesarios para los puntos de vista de material de archivo. Es decir, las demandas en los archivos del transmisor no van tanto desde el usuario individual que quiera tener algo privado, más bien, las expectativas están conectadas a un propósito cultural más amplio.

iRights.info: Pero no solo la crítica por los transmisores son estas expectativas con su trabajo de archivo actual.

Leif Kramp: El público y, al menos, las principales cadenas de televisión privadas funcionan los archivos de programas profesionales, zuliefern la producción y emisión. Tienen un alcance limitado de las funciones descritas y por lo general relativamente pocos recursos. Tampoco poseen zonas de soberanía, pero con destino es por instrucciones de los departamentos que están sujetos a la gestión.

En este sentido, los archivos de la emisora deben tenerse en protección de la crítica, especialmente en el contexto de la digitalización, que requiere un gran esfuerzo técnico y humano. También hay restricciones presupuestarias. Todo esto significa, en mi opinión: mejorar el acceso necesario a los espectáculos anteriores, la emisora debe permitirlo para sus archivos.

iRights.info: ¿Y por qué hasta el momento no lo hace la emisora ?

Leif Kramp: Por que se necesita algo más que buena intencion: comentarios de los directores y gestiones, especificaciones concretas en términos de un contrato y de los recursos financieros correspondientes. En el caso de los organismos públicos de radiodifusión, sólo el director puede decidir sobre sus recursos financieros limitados.

iRights.info: ¿Por qué?

Leif Kramp: Se necesita una clara asignación contractual predeterminada de parte de la tasa de radiodifusión para servicios de archivos que servirán a fines culturales, especialmente la educación. Es decir, estos servicios de archivo se deben definir como la tarea de servir al público - y debe ser a priori una clara asignación de fondos para ellos.

iRights.info: ¿Puede el remitente no hacer ahora incluso estas asignaciones?

Leif Kramp: Por supuesto que sería lo más lejos posible. Pero los fondos para el objeto principal del Archivo de la emisora - apoyar el proceso de producción - ya son lo suficientemente escasos. Por lo tanto, sería vinculante si este nuevo tipo de asignación de la contribución de la competencia legal "de la Comisión sobre las necesidades financieras de los organismos de radiodifusión" (KEF) establece y que por lo tanto fijar los transmisores de unión. De lo contrario, sólo se dejará a las agendas internas de la estación - y van en duda, de acuerdo a experimentar otras cosas antes.

iRights.info: El director Dominik Graf dice que la estación debe pedir su propia imagen. Usted no estaría sentado en un enorme patrimonio cultural, pero fueron capaces de hacerlo accesible.

Leif Kramp: Tiene razón en cierto modo. Había en las últimas soluciones para hacer frente de manera constructiva con los problemas de acceso. Por ejemplo, en algunos casos, los científicos fueron contratados por las emisoras, luego como miembro de la emisora tuvieron un mejor acceso al material archivado. Estas u otras soluciones sólo pueden ser excepciones, pero siempre como modelo y no son alternativa adecuada.

iRights.info: La apertura a los archivos  de la emisora no impide que se lleven a efecto los requisitos legales para los centros de medios en línea, como cuando se debe eliminar una gran cantidad de contenido después de siete días?

Leif Kramp: Por supuesto, esta obligación de Depublikation es una cuestión central la política de medios de comunicación, sí se discute desde su introducción. Pero detrás de este debate es la cuestión de que el Estado no asume ninguna responsabilidad por los archivos de la televisión y la radio. La tradición de la televisión y la radio en la mayoría de las leyes nacionales Archives - y que es la base de trabajo de archivos del sector público - no esta anclada, pero están excluidos explícitamente o no se menciona en absoluto. Para los libros, hay un deber de proporcionar una copia de la Biblioteca Nacional de Alemania.

iRights.info: Y esto no debe ser para la televisión y la radio?

Leif Kramp: Para el depósito voluntario de las películas, el Bundesarchiv es responsable - después de todo. Sin embargo, para el patrimonio televisión y la radio, el estado no se siente responsable, aquí es la tradición en el sentido proverbial que queda a merced de las emisoras. El tipo, aunque todavía problemas, desde luego no se da incluso en su propio interés, sino un confiable acceso público es así.

iRights.info: Así que estás a favor de la reforma de los tratados de radiodifusión y derecho de archivo?

Leif Kramp: Yo no soy uno de los que siempre llama justo después de las regulaciones. Sin embargo, para la seguridad fiable y mejora de la accesibilidad del patrimonio audiovisual, que dejan las emisoras públicas, necesita normas vinculantes, que van más allá de los compromisos. Así que debe ser un deber para la entrega a un dispositivo externo para la recogida sistemática tradición educación pública. O un requisito de la KEF de las asignaciones para fines específicos de difusión contribuciones a los archivos, junto con una clara definición de tareas, que deben hacer los archivos de la labor cultural y educativa externa.

iRights.info: ¿Y usted piensa que también cambia para las bibliotecas de medios que se encuentran en línea, son más accesibles?

Leif Kramp: Esa es una pregunta para el diseño de la misión de los organismos de radiodifusión más allá de la programación actual: Si el patrimonio de difusión se toma en serio políticamente en su relevancia cultural, entonces hay un largo plazo o incluso permanente disponibilidad incluso contenido transmitido cerca. Esto no tiene por qué ser siempre de forma gratuita. Es crítico que aún existe una oferta, incluso a precios normales de mercado.

iRights.info: La regla de los siete días tiene su punto de vista sobre la acción?

Leif Kramp: Eso depende de la voluntad política, sino también de las tendencias del mercado. Actualmente, la oferta de vídeo a la demanda va en aumento. Si los planes de una plataforma en línea serán coronados pero para la comercialización de los programas de los proveedores de servicios públicos, ni de éxito o los contenidos se ponen a disposición en el margen más amplio posible de otra manera, no es en última instancia el punto. Es importante que hay puntos fiables de contacto.

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La consecución de fines políticos por el control de los archivos persiste

>>  martes, 7 de abril de 2015

¿Cuándo Documentos Oficiales pertenecen al público?
http://www.theatlantic.com/ 07/04/2015


Hillary Clinton no es el primer funcionario del gobierno que trata de mantener su correspondencia privada. La lucha por sus mensajes de correo electrónico se hace eco de las batallas que se remontan a los inicios de los archivos del gobierno.

Abadía de Westminster con una procesión de caballeros del baño, de Canaletto, 1749 (Wikimedia)

El uso de Hillary Clinton de una dirección de correo electrónico privado y el servidor para llevar a cabo los asuntos de gobierno como secretario de Estado atrajo las críticas generalizadas. Con todo el alboroto que ha recibido esta revelación es sólo el último de una larga lista de tales controversias. Durante siglos, el debate se ha intensificado en torno al uso de los funcionarios estatales de las nuevas tecnologías de mantenimiento de registros, o nuevas aplicaciones de las tecnologías antiguas. Pertenecen los documentos oficiales al público o son la propiedad privada de los empleados públicos que los producen? Es el propio gobierno de un fideicomiso público, o una colección de pequeños feudos, cada guerra de información librando contra los otros? Las tecnologías cambian, al igual que las respuestas a estas preguntas, pero la consecución de fines políticos por el control de los archivos persiste.

En el mundo del arte de gobernar del siglo XVII, los ministros guardan celosamente sus colecciones de documentos y correspondencia, las bases de información de su poder. Hoy, continuamos a negociar y renegociar los límites entre los documentos privados y los registros públicos. Aunque estas negociaciones se hacen particularmente visible y áspero-en momentos de cambio tecnológico, la politización de los archivos estatales corre mucho más profundamente, a través de siglos de historia.

Aquí fue como archivos, y el secreto de Estado, trabajó en el siglo XVII: "En el cuarto Treasurie, estar en el Claustro de dicha abadía de Westminster, cerrada con cinco Lockes y Keyes, beeing dentro de dos fuertes doble Doores, se mantienen estos registros con los demás ... Tema , una bolsa de Cordover, sellado con un seale de Privados Councellers, y es que no se pueda abrir, pero por el Príncipe y los de la privie Councell, en el que son asuntos secretos ".

La "bolsa de Cordover", o de cuero cordobés, que se abran sólo por el rey o sus consejeros más cercanos, fue sólo uno de muchos artículos enumerados por Inglés récord portero Arthur Agard en su 1631 repertorie de los Récords . El libro describe los registros estatales y archivos que estaban dispersas en varios sitios reales, incluyendo la Abadía de Westminster y la Torre de Londres. Agard esbozó la tecnología de la información de su época: una bolsa de cuero español, cerró con un sello de cera estampada con la marca de los consejeros más cercanos del monarca, colocado detrás de una puerta doble-quíntuples bloqueado.

Esto es lo que correspondía, en la mayor medida posible cualquier cosa a través de cuatro siglos, a las cuentas de correo electrónico, el almacenamiento en la nube, las granjas de servidores masivos de nuestros días, protegida con varias combinaciones de números PIN, contraseñas alfanuméricas, preguntas de seguridad de datos biométricos, y los chips de computadora incrustado en llaveros y tarjetas de débito. Aunque ahora se accede a través de pantallas y teclados, estos sistemas, con sus archivos, carpetas, documentos, y roscado cadenas de correspondencia, deber algo de sus formas y estructuras básicas de los métodos de trabajo de mantenimiento de registros desarrollados en los días de Agard.

No sólo tenemos que heredamos ciertas formas tecnológicas, ciertas formas de mantener los archivos: Hemos heredado, también, los interrogantes políticos que los archivos del gobierno actual. A pesar de que muchos de nosotros ahora asumen que los registros del gobierno son justamente la propiedad del público y debe ser accesible a los periodistas, historiadores y ciudadanos individuales, vivimos en un mundo modelado por una realidad histórica anterior en el que las lealtades primarias funcionarios del gobierno eran a sus soberanos y para ellos mismos. Aunque muchos de ellos actuaron de acuerdo a su visión del "bien público", que nunca han aceptado que "el público" tenía derecho a examinar sus acciones, o sus documentos.

El sistema de registro que Arthur Agard describe estaba destinado a ser completa. La Oficina del papel del Estado, un archivo para los documentos de consejeros reales, había sido fundada en 1575, bajo la reina Isabel I. Por ley, se requiere que todos los ministros de la reina para depositar sus documentos oficiales con el archivo. Gobierno se entendía que basarse en una corriente históricamente continuo de información: Con el fin de asesorar adecuadamente al monarca, los ministros de hoy en día necesita ser capaz de subirse a la ola de nuevo a través de la historia, trazando las decisiones que se habían hecho; precedentes que se habían establecido. Esto no se puede hacer de manera eficiente o menos precisión documentos fueron depositados en las oficinas accesibles de forma centralizada.

Sin embargo esa orden era difícil de mantener. Muchos consejeros reales no pudieron hacer un depósito anual de sus papeles. Otros pidieron prestado registros importantes, como los tratados, y eran lentos para devolverlos. También estaba el trabajo de subir con y mantener un sistema de gestión del flujo de tales documentos al igual que hacer su camino a la oficina. Uno de los capítulos de El repertorie de Registros está encabezado, "Una nota de los Registros severall en la Oficina de la Torre, colocado en lugares uncertaine, pero más comúnmente en el estudio." Incluso los archiveros tenían problemas para hacer el seguimiento de dónde estaban las cosas, y donde deberían haber sido.

Estos problemas podrían parecer fruto del azar: Tal vez los ministros y sus ayudantes eran simplemente distraído, olvidándose de devolver los tratados que habían pedido prestado, olvidando a depositar sus registros, año tras año. El error humano explica al menos algunos de la entropía que afecta a todos los sistemas de archivo. Pero los ministros también jugaron la política de archivos: la manipulación de los sistemas de mantenimiento de registros para conseguir sus propios objetivos. A finales del siglo XVII, el diplomático británico James Brydges, octavo barón Chandos y embajador en Turquía, trataron de impedir la adhesión de su sucesor Guillermo Trumbull para el puesto por la retención de documentos de archivo clave . Trumbull, por su parte, acumuló los expedientes de archivo de su propia, resmas de informes por correspondencia y de inteligencia. No fue sino hasta la década de 1990 hicieron éstos migran de archivos de su familia y en manos públicas.

El maestro de principios de secreto de Estado moderno y archivística fue Jean-Baptiste Colbert , ministro director y asesor de Francia Rey Sol, Luis XIV, en la segunda mitad del siglo XVII. Colbert amasó un gran poder en su vida. A su altura, que controlaba la marina francesa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la biblioteca real, y el Ministerio de Hacienda, y se desempeñó como confidente personal de Luis, hasta el punto en que hizo subir a los hijos de las amantes del rey en su propia casa. El poder de Louis fue fundada en el control de Colbert de la información: su conocimiento preciso de los ingresos tributarios, de la circulación de bienes, barcos y tropas, de los esquemas y diagramas de los cortesanos de Luis. Por sí mismo, Colbert mantiene una enorme biblioteca de dos pisos de libros y registros. Para el rey, Colbert destila la información de estado en una serie de registros de distribución de cuadernos de bolsillo ricamente iluminados y costosamente encuadernadas con Louis que estimara necesario.

A principios de Francia moderna, por el estado de información estatales registros-estaban lejos de ser propiedad pública. Colbert, cuya lealtad era a Luis XIV, mantenga el secreto absoluto fue la clave del poder absoluto, sólo para ser violados si la información de la exposición sirve un político de fin de la caída de un cortesano rival superpoderoso, por ejemplo, que amenazó tanto la bodega de Louis y de Colbert en el poder. Sin embargo, tal control de la información depende de la posición única de Colbert dentro de la burocracia real. Después de su muerte, su hijo, el marqués de Seignelay, intentó ocupar su lugar, pero Louis redistribuido responsabilidades administrativas de Colbert, entre otros ministros. Flujos de información fueron redirigidos lejos de la familia Colbert, y su poder se marchitaron. En cierto sentido, se reconfirmó el carácter esencialmente personal, incluso privada, de archivo de cada departamento gubernamental.

Archivos con fugas; fronteras porosas entre lo público y lo privado; los individuos más poderosos que las oficinas que ocupan. Esto no sólo se describe el siglo XVII; todavía vivimos en este mundo. Los intereses privados y las obligaciones públicas se cruzan, convergen y divergen en (formas e impredecibles) predecibles, no sólo como individuos cruzan de ida y vuelta entre el servicio público y el empleo privado, pero a medida que se desarrollan las relaciones entre las amistades, matrimonios, alianzas-que atraviesan esos límites . No sólo Hillary Clinton utilizar una dirección de correo electrónico privado y servidor ubicado en su casa ; ayudante Huma Abedin hizo uso de ese mismo servidor, parte de un acuerdo que le permitió ofrecer consejo a Hillary Clinton al ser pagado por una empresa de consultoría estratégica fundada por un ex asesor de Bill Clinton. Comités de acción política conservadores han utilizado Ley de Libertad de Información de las solicitudes focalización de correo electrónico de Clinton y otros registros como una forma de sussing tales relaciones, y usarlos en ataques políticos a Clinton. Política archivo son un hecho de la vida.

Desde Agard, Colbert, y el día de Trumbull, el equilibrio entre el control personal y pública de los archivos ha inclinado de tal manera que tenemos una expectativa robusta, codificado en nuestras leyes, que la mayor correspondencia gobierno y otros documentos serán preservados y accesibles al público, más o menos la clasificación de dichos registros. Este equilibrio comenzó a volcarse en los siglos XVIII y XIX. En 1838, Gran Bretaña estableció su Oficina de Registro Público; la Oficina del papel del Estado fue absorbida en las décadas posteriores.En la historia del control sobre los registros del gobierno, el cambio de nombre, de una oficina de "documentos de estado" a uno de "documentos públicos", está diciendo. Señaló creciente comprensión del estado de los registros del gobierno como la propiedad pública de sus ciudadanos. A pesar de un compromiso legal de larga data con la apertura de los registros del gobierno establecida poco después de la Revolución, el americano Estados Unidos era relativamente tarde a la fiesta en la creación de un organismo oficial para cuidar de ellos, con la Administración Nacional de Archivos y Registros sólo se estableció en 1934 .

Sin embargo, todavía hay áreas de incertidumbre fangoso, incluso restricción absoluta, donde las reglas son manipulados o que no se ajustan a nuestras expectativas de la propiedad pública. A finales de 1980 y principios de 1990, un caso en la corte era necesario establecer, pese a las objeciones del primer presidente Bush y Don Wilson, entonces Nacional Archivero-mails que constituyeron los registros del gobierno que debían ser archivados públicamente. Una pregunta de si tecnológico registros oficiales, fundamentalmente, tenía que ser en papel de los laicos en el corazón de este caso. Go otros veinte años atrás, y nos encontramos con Henry Kissinger salir de la oficina del Secretario de Estado, mientras que se mantiene el control sobre las transcripciones de sus conversaciones telefónicas, argumentando que eran de su propiedad privada.

Sólo en 2009 fue la regla de que los empleados del gobierno deben utilizar un correo electrónico oficial de asuntos públicos instituyó-permitiendo Hillary Clinton con la reivindicación de que su uso de una dirección de correo electrónico privada puesta en marcha siguió la letra y el espíritu de la ley. El uso de solicitudes de la FOIA para el acceso a los correos electrónicos enviados por Hillary Clinton y sus ayudantes indica que la presunta apertura de los registros puede ser una herramienta más para los que utilizan archivos para lograr fines políticos. La política de archivo solamente pueden llegar a su fin cuando los dos archivos y la política cesan.

Y esa bolsa de Cordover, ponerse detrás de dos puertas fuertes, cerrada con cinco cerraduras y llaves, ¿qué contiene? ¿Qué era tan secreto que podría ser abierto por el soberano y el Consejo Privado? Según Francis Palgrave , el primer jefe de la Oficina de Registros Públicos, la bolsa estaba Musting en los archivos hasta que, en 1696, cayendo a pedazos, se llevó ante el Consejo Privado. Estaban dentro de los troqueles para estampar monedas, junto con "piezas de prueba de oro y plata, cuñas de plata, y otros artículos relacionados con la moneda": los medios para hacer las cosas sobre las que el país corría, el que acuñó la suerte de la nación. Pero para entonces, ¿cuál era el valor de estos materiales? El metal también podría ser utilizado, pero los dados estaban anticuados, oxidado: de interés sólo para los historiadores.

Autor: ELIZABETH YALE

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El derecho de acceso a la información y su relación con los archivos

>>  miércoles, 18 de marzo de 2015

Deben archivos adecuarse al derecho de acceso a la información
http://www.quadratin.com.mx/ 18/03/2015


MORELIA, Mich. En el marco del trabajo que el Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán (ITAIMICH) lleva a cabo, se retomó la coordinación interinstitucional para la organización de foros académicos sobre derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales con el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación “José Ma. Morelos y Pavón (IMCED); en los que participa de manera directa por primera vez la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la cual aportará su experiencia para rescatar y conservar documentos históricos generados por la administración pública. 


La necesidad que tanto la sociedad civil y los funcionarios públicos conozcan más a fondo las prerrogativas constitucionales de acceso a la información y de protección de datos personales, es una de las cosas que motivan la realización de estas acciones de difusión apuntó el Consejero del ITAIMICH Ulises merino García.

En una primera etapa, el foro académico próximo a realizarse será en la modalidad de diplomado para que no haya una limitante que exija determinado grado de estudios y estará enfocado a funcionarios de los municipios del estado de Michoacán, para que al momento de decidir sobre la publicación o reserva de ciertos datos cuenten con mayor sustento. Sin embargo, los asistentes a la reunión coincidieron que los cursos que se están preparando son flexibles y los contenidos están pensados también para aquellas personas que no estén dentro de la administración pública o con poca experiencia en ella.

“Tanto el IMCED como la Facultad de Historia son instituciones altamente consolidadas en materia educativa, por lo tanto vienen a fortalecer los diplomados que el ITAIMICH organiza y en los cuales no sólo se tratará el derecho a saber o la protección de datos personales, también se profesionalizará a las personas que se encargan de los archivos públicos” puntualizó Leopoldo Romero Ochoa, Consejero del ITAIMICH.

Por su parte Javier Irepan Hacha, Director del IMCED precisó que la trascendencia de estos trabajos es la formación de profesionales para el manejo de datos públicos y privados. El funcionario del IMCED también señaló que los diplomados tendrán una duración mínima de 120 horas.

David Eduardo Ruiz Silera, Director de la Facultad de Historia, manifestó que de acuerdo a investigaciones, todavía hay personas encargadas de los archivos municipales que carecen de una formación adecuada en el manejo de documentos públicos, por lo que es relevante hacer llegar conocimiento especializado a estos funcionarios que permita un mejor desempeño de la administración pública.

El texto original de Éste artículo fue publicado por Agencia Quadratín en la siguiente dirección: http://www.quadratin.com.mx/morelia/Deben-archivos-adecuarse-al-derecho-de-acceso-la-informacion/

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Lo que esconden los archivos de la administración pública

>>  lunes, 5 de enero de 2015

Zulay Rodríguez: ‘Más de 150 personas fueron grabadas ilegalmente’
http://laestrella.com.pa/ 05/01/2015

Zulay Rodríguez en ARCHIVO | LA ESTRELLA DE PANAMÁ

Poco tiempo después de ocupar sus nuevos despachos en el Ministerio de la Presidencia, un grupo de funcionarios de la administración de Juan Carlos Varela se llevó una sorpresa al revisar la documentación que reposaba en uno de los archivos.

‘Entre los papeles dejados por la administración de Ricardo Martinelli, se encontraron copias de transcripciones de unas 150 conversaciones grabadas ilegalmente a políticos y miembros de la oposición’, aseguró a La Estrella de Panamá la diputada Zulay Rodriguez, quien dice haber sido notificada por las autoridades sobre el hallazgo.

Entre estas transcripciones se encontraban las de un número de conversaciones que ella misma sostuvo con su esposo y que en el año 2011 fueron grabadas, difundidas en las redes sociales y enviadas por correo a familiares suyos.

De confirmarse las palabras de Rodríguez, se darían por ciertas las sospechas aireadas públicamente sobre el origen de una serie de grabaciones de conversaciones privadas de políticos y opositores realizadas durante el último quinquenio: estas procederían de las mismas entrañas del gobierno.

Entre los afectados se encuentran Mitchell Doens, Francisco Sánchez Cárdenas, Luis Ernesto Carles, Genaro López y Saúl Méndez. Pero muchos otros ciudadanos, han sospechado que, como ellos, pudieron haber sido también blanco de escuchas ilegales e intromisión a su intimidad.

En algunos de los casos, los intentos por exigir responsabilidad ante los hechos delictivos se ha estrella do hasta el momento con la indolencia judicial.

Grabación profesional

Para Zulay siempre fue claro que las grabaciones procedieron directamente del Consejo de Seguridad.

‘Ninguna persona común y corriente puede tener un equipo tan sofisticado’, sostiene la abogada.

Rodríguez se respalda con el informe pericial de Carlos Alberto Fernández Valdés, quien usó el programa de software Sound Forge para estudiar el audio de la grabación suya y de su esposo colocada en Youtube, Studio1.com y Dealante.com.pa por personas desconocidas.

‘El tiempo que hay entre cada intercambio (de la conversación) es demasiado largo y el silencio es demasiado claro, sin ningún tipo de ruido, lo que indica que la grabación no fue hecha directamente a los celulares desde afuera por equipo casero. Dicha grabación fue realizada de manera simultánea a los dos celulares propiedad del matrimonio Testa Rodriguez’, señalo el perito.

Según éste, el resultado del análisis arroja dos posibilidades:

1) Que las grabaciones fueron hechas por medio de un equipo electrónico dedicado a estos menesteres, que solo poseen organismos de seguridad.

2) Que pudo haber sido realizada a través de una central telefónica.

En este caso, tuvo que haberse hecho a través de la central telefónica de Cable and Wireless, compañía que asigna las frecuencias telefónicas y que hace las interconexiones entre las demás operadoras, Digicel, Movistar, Claro.com

‘En este caso, también, el único que tiene la potestad de intervenir es el Consejo de Seguridad’, aunque, asegura Rodríguez, ‘todos sabemos que solo debería hacerlo con previa autorización judicial’.

QUERELLA JUDICIAL

La querella judicial interpuesta por Rodríguez en noviembre del 2011 ante la Procuraduría, entonces a cargo de José Ayú Prado, fue respondida el 12 de marzo del siguiente año.

La Fiscalía se inhibió de realizar la investigación, aduciendo que no tenía competencia para juzgar al Consejo de Seguridad, una entidad adscrita a la Presidencia de la República.

El Ministerio Público hizo llegar el oficio a la Asamblea de Diputados, órgano con las facultades para enjuiciar al Ejecutivo.

‘La Asamblea no hizo nada’, asegura la diputada Rodríguez.

Más recientemente, en diciembre pasado, solicitó a la Comisión de Credenciales de la Asamblea que se hiciera llegar nuevamente la documentación a la Procuraduría.

‘Las personas que sospecho estuvieron ligadas a las grabaciones no están ya en el Consejo de Seguridad, de manera que ahora corresponderá nuevamente a la Procuraduría encargarse del tema’, dijo.

La diputada dice tener información suficiente para sostener que la grabación es responsabilidad de Rodrigo Sarasqueta, miembro del Consejo de Seguridad y que el ex ministro de Turismo, Shalo Shamah, fue quien se encargó de su edición y difusión en las redes sociales’.

‘Los ciudadanos tenemos que hacer un frente para defender nuestra privacidad. No tenemos por qué aceptar la intervención a los teléfonos privados. Yo al menos, me niego a sentir que estoy intervenida, que no puedo hablar libremente con mi propio esposo. Las víctimas debemos hacer un frente común y exigir a las autoridades que investiguen’, señaló la diputada.

‘Si no actuamos, esto le puede suceder en el futuro a cualquier persona’, dijo.

Autor: Mónica Guardia

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Plataforma Electrónica Duero: eliminación del papel en favor del soporte digital para contratos públicos

La Junta implanta la ‘Plataforma Electrónica Duero’ para teletramitar contratos públicos al año de forma más trasparente
http://www.elbierzodigital.com/ 05/01/2015


La Consejería de Hacienda ha culminado la implantación de la Plataforma Electrónica Duero, desde la que es obligatorio tramitar todos los contratos públicos de la Junta

Edificio Junta
 
EBD La Junta de Castilla y León prevé teletramitar alrededor de 10.000 contratos públicos al año con la Plataforma Electrónica Duero que destacan “avanza en la simplificación, en control y en la transparencia”.

La contratación de obras, bienes o servicios es el proceso administrativo más complejo de los que lleva a cabo la Junta, y también el que tiene mayor repercusión económica. De ahí la importancia por la que la Junta quiere facilitar al máximo su gestión mediante el uso de la tecnología informática más avanzada. Con este objetivo nace la Plataforma de Contratación Electrónica Duero, que ha sido desarrollada por la Consejería de Hacienda para tramitar este tipo de expedientes de forma telemática y garantizar un mejor control del déficit, puesto que se encuentra conectada con el Sistema de Información Contable (SICCAL2) y es compatible con la factura electrónica.

Otra de sus virtudes es que posibilita el acceso simultáneo al mismo expediente de más de un empleado público o alto cargo, así como la incorporación como archivos adjuntos de los documentos digitales relativos a las gestiones administrativas realizadas por licitadores y contratistas. Con ello, se incrementa la transparencia y se reducen las cargas que tienen que soportar las empresas que realizan obras o venden bienes y servicios a la Junta, además de simplificar, agilizar y homologar los procesos.

Conviene destacar, por otra parte, que la eliminación del papel en favor del soporte digital aporta mayor seguridad jurídica tanto a la Administración como a las empresas, puesto que todos los documentos asociados a un expediente de contratación se firman electrónicamente. A esto hay que sumar un menor coste económico y medioambiental, puesto que las notificaciones y registros tradicionales se sustituyen por los de carácter electrónico y dejan de ser necesarios tanto la impresión como el almacenamiento en archivos físicos.

Campaña de difusión y nuevas aplicaciones desde este enero

Los primeros datos de uso de la Plataforma Duero revelan que alrededor de 1.250 usuarios trabajan con ella habitualmente, lo que se ha traducido en la tramitación de más de 4.500 expedientes a través de esta nueva herramienta. La previsión es alcanzar los 10.000 contratos al año cuando esté funcionando a pleno rendimiento.

Una de las metas para este 2015 que acaba de comenzar es que cualquier licitador o empresa proveedora de la Junta pueda efectuar sus trámites a través del Portal de Contratación. Para ello, se han automatizado las bases de datos y a finales de este mes se efectuarán distintas mejoras técnicas en Duero y se incorporarán nuevas funcionalidades. Un hito importante en ese camino será la posibilidad de que los contratistas de obra puedan presentar la voluminosa y compleja documentación relativa a sus certificaciones de forma completamente digital, algo que se producirá a partir del 1 de julio.

Por otra parte, durante el primer trimestre del año la Secretaría General de la Consejería de Hacienda dedicará buena parte de sus esfuerzos a animar a las empresas a que utilicen las herramientas telemáticas en su relación con la Administración autonómica, así como a ayudar a los contratistas a cumplir sus obligaciones en materia de facturación electrónica.

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Transparencia y acceso a la información no pueden garantizarse si no tenemos archivos ordenados

>>  sábado, 27 de septiembre de 2014

'La falta de archivos promueve corrupción'
http://www.noroeste.com.mx/ 27/09/2014

El no preservar y no archivar los documentos históricos de la administración pública ha promovido la corrupción, mencionó Mercedes De Vega Armijo, directora general del Archivo General de la Nación.
"Un servidor público debe dejar documentados todos aquellos actos que debe realizar por mandato de ley... y estos quedan en los documentos que se generan en las oficinas, y si no tenemos esos documentos, cómo podemos corroborar que un servidor público actuó de manera limpia, no se puede, por eso a veces hay quienes destruyen los archivos, para no dejar huella".

Previo al Foro de Consulta Región Noroeste, Hacia la Construcción de una Ley General de Archivos, que inició ayer en el Masin, la funcionaria federal mencionó que no tener orden en los documentos que generan los tres niveles de Gobierno, ocasiona falta de transparencia y rendición de cuentas.

"La transparencia y el acceso a la información no pueden garantizarse si no tenemos archivos ordenados, porque la información está en los documentos que se preservan en los archivos", estimó.

"¿Cómo impartir justicia, si no hay expedientes correctamente ordenados?... ¿cómo defender derechos humanos?, ¿cómo llevar a cabo obras de toda índole? si no contamos respectivamente con la información que además debe ser precisa y confiable, no hay manera correcta de hacer las cosas, si no tenemos correctamente expedientados los sucesos que anteceden a una acción del presente".

En el cuarto foro que se realiza en el país y que concluirá hoy, participan los estados de Chihuahua, Baja California, Sonora, Sinaloa, y una vez que se realicen dos más en Mérida y Querétaro, se presentarán ante el Congreso de la Unión las directrices de la Ley General de Archivos.

"Existe una ley federal que regula a los archivos de la administración pública federal, sin embargo una ley general que regule los archivos en los órdenes municipal, federal y estatal no existe", mencionó.

"Lo que ha provocado es que no cuidemos debidamente el patrimonio documental de los mexicanos... que haya desorden en la administración pública, que estemos perdiendo el patrimonio documental de la nación, los documentos históricos que deberíamos de preservar".

La falta de una regulación, agregó, ha ocasionado pérdidas de documentos en siniestros y robos, y que los archivos existentes no estén debidamente ordenados.

"Lo que se buscaría con una ley como esta, además de preservar el patrimonio documental de la nación, de los estados, de los municipios que producen documentación tan rica, tendríamos que poner también orden en las oficinas, porque los documentos que se guardan en los archivos se producen en las oficinas, y cuando los documentos están en desorden, eso significa que la oficinas también están desordenadas".

Añadió que en Sinaloa el archivo histórico debe fortalecerse y dotarlo de atribuciones adecuadas.

Durante el acto inaugural, resaltó que mediante el manejo adecuado de la información pasada y presente, se podrá ejercer una gobernanza ética.

"Entendida esta como una manera de gobernar comprometida con el desarrollo económico, social e institucional que promueva un sano equilibrio entre el estado, la sociedad civil y la economía".

Juan Pablo Yamuni Robles, titular de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del estado, dijo que la entidad respaldará la creación de la norma, porque los archivos son un tema prioritario.


Autor: Roxana Vivanco

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Cerca del 50% de instituciones públicas no cumplen disposiciones legales vigentes relacionadas con archivos

>>  miércoles, 20 de agosto de 2014

Archivos organizados: garantía de acceso a la información
http://www.nacion.com/ 20/08/2014


La transparencia de la administración pública y el acceso a la información en este dominio no son solo derechos de los ciudadanos: son compromisos democráticos irrenunciables.

El ejercicio que los ciudadanos hacen del derecho de acceso a la información es un elemento fundamental para que las funciones públicas alcancen un alto grado de transparencia, se facilite la rendición de cuentas y se logre una mayor y más efectiva participación ciudadana en los asuntos públicos. Tendremos, entonces, una ciudadanía más consciente de sus derechos, más crítica y exigente, que desee participar, colaborar, ser escuchada y tomada en cuenta.

En el contexto del mejoramiento de la gestión pública, el acceso a la información, la transparencia y la participación ciudadana en los asuntos públicos son factores indispensables para el fortalecimiento democrático, la legitimidad de los actos de la administración del Estado y la lucha contra la corrupción.

Derecho regulado. Es de tal relevancia esta materia que ha sido regulada en instrumentos jurídicos de carácter internacional, tales como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de las Naciones Unidas; la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

Todos los funcionarios registran las actividades que realizan en documentos. Así se forman los archivos públicos tradicionales o electrónicos, que deben ser conservados y organizados responsablemente, si se pretende garantizar al ciudadano el acceso a estos documentos.

Incumplimiento institucional. Lamentablemente, de acuerdo con el último diagnóstico efectuado por el Archivo Nacional, como rector del Sistema Nacional de Archivos, en nuestro país cerca del 50% de las instituciones públicas no cumplen las disposiciones legales vigentes: ley 8.292, Ley General de Control Interno, ley 7.202, Ley del Sistema Nacional de Archivos, ley 8.454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, entre otras.

Estas leyes obligan a las instituciones a contar con adecuados sistemas de información que les permitan tener una buena gestión documental, de manera que cada entidad controle, conserve, organice y facilite el acceso a los documentos, tanto en soporte electrónico como tradicional.

Lo anterior pone en peligro de pérdida los documentos que se generan en la administración del Estado. Esto impide su utilización cuando son requeridos, por ejemplo, con fines probatorios; por ende, propicia la impunidad en casos de corrupción en la función pública y obstaculiza una verdadera rendición de cuentas por parte de los funcionarios.

Una mala gestión documental no permite garantizar el derecho de acceso a la información de interés público que tienen constitucionalmente todos los ciudadanos.

Esto lo demuestran las numerosas denuncias y recursos que presentan los costarricenses en diversas instancias, pues en las instituciones públicas no se les facilitan los documentos o la información que requieren, y es probable que, en muchas ocasiones, la razón por la que no cumplen sea que los documentos, tradicionales o electrónicos, simplemente no aparecen o no se localizan.

Los profesionales en archivística tienen un papel muy relevante para minimizar esta lamentable situación y propiciar la toma de conciencia de los ciudadanos y de los funcionarios, de manera que reconozcan que una adecuada gestión documental mejorará la eficiencia y toma de decisiones de las instituciones, permitirá el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y, además, impedirá la impunidad en los casos de corrupción.

Autor: Virginia Chacón Arias

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Los archivos oficiales y su enorme valor histórico

>>  lunes, 28 de julio de 2014

Necesidad de defender y preservar los archivos históricos oficiales
http://www.eldia.com.ar/ 28/07/2014


La creación y puesta en funcionamiento de un archivo histórico propio en la Universidad Nacional de La Plata, que busca contener toda aquella documentación escrita o fotográfica, además de otros valiosos elementos que estaban en condiciones de perderse en forma definitiva, no sólo responde a una necesidad intrínseca de esa institución sino que se compadece con la necesidad de que en todos los ámbitos públicos se preserven todos aquellos testimonios que merecen ser sistematizados y salvaguardados debidamente. 

Tal como se detalló en la nota publicada en este diario, los trabajos encarados en la Universidad local –subordinados a una previa tarea conjunta de personal universitario y de investigadores del Archivo Histórico de la Provincia, que trazaron un diagnóstico y acordaron la necesidad de crear un archivo universitario- se ha reflejado en la selección y clasificación de materiales idóneos para reflejar la historia de la Universidad, desplegándose una paciente tarea de conservación de documentos, legajos, fotos y planos, entre otros elementos. La catalogación de planos originales de las distintas facultades, de antiguos planes de estudios y de designaciones de profesores forman parte, entre otros materiales, del acervo que integra el nuevo archivo que pronto podrá estar a disposición de todo público, según se informó. 

No han sido pocas las ocasiones en que los especialistas han advertido sobre la necesidad de mejorar y defender los archivos oficiales, ante la posibilidad de que se pierdan documentos de futuro valor histórico que se acumulan sin ser sistematizados ni salvaguardados debidamente del deterioro que provocan diversos factores en muchas dependencias. Se conoce que miles de libros y colecciones de gran valor histórico existentes en bibliotecas y otras dependencias públicas, debieron ser sacados de los anaqueles o lisa y llanamente se perdieron para siempre, luego de sufrir largos procesos de deterioro sin que se intentara preservarlos aplicando procedimientos de selección y tratamientos eficaces. Y que similar proceso sufren los documentos públicos, apilados al azar durante años, sin ponderarse si allí sólo existen papeles para reciclar o documentos que con el tiempo cobrarán un valor trascendental. 

En términos generales, puede decirse que la falta de criterios rectores deriva en que, muchas veces, contra lo que debería hacerse -conservar los papeles durante un determinado plazo y luego seleccionar cuáles deben destruirse o pasar al Archivo Histórico de la Provincia-, se acumulen documentos en forma desmedida y cada vez resulte más difícil rescatar aquellos que tienen valor. Es en este aspecto donde la digitalización puede también aligerar buena parte de la documentación original que se conserva. Lo cierto es que los archivos oficiales poseen, potencialmente, enorme valor histórico. Por consiguiente, debieran alentarse todas las iniciativas que apunten a ese objetivo y que, por lo tanto, abren una instancia importante para plasmar distintos sistemas de identificación y preservación de una riqueza documental que no debe perderse bajo ninguna excusa.

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Transparencia en registros y archivos, es lo que permita a instituciones y ciudadanía valorar legalidad y conveniencia de viajes presidenciales

Interés público y vida privada
http://www.elfaro.net/ 28/07/2014


En una reciente entrevista, el expresidente Mauricio Funes reclamó a este periódico estar incursionado en su vida privada al preguntarle por personas y por viajes que, dijo, no tuvieron relación con sus responsabilidades al frente del Ejecutivo.

El debate entre los límites de la vida privada y el interés público es amplio y no ha sido totalmente dirimido en las democracias. En Estados Unidos, por ejemplo, los tribunales, los medios de comunicación y el poder legislativo coincidieron todos en considerar de interés público el hecho de que un presidente, Bill Clinton, tuviera una relación extramarital. Lo mismo ha sido considerado en Francia y en Italia.

Culturalmente El Salvador no es un país donde este tipo de relaciones tengan carácter público ni parecen ser un elemento de interés político o jurídico. El Faro ha mantenido siempre fuera de su agenda las relaciones privadas de personajes públicos. Pese a considerar que en ciertos casos podría ser lícito y de interés general discutirlas, hemos decidido siempre no convertirlas en prioridad.

Sin embargo, el reportaje que publicamos esta semana sobre una serie de vuelos privados realizados por el entonces presidente Mauricio Funes, en compañía de amigos y de una mujer para la que casa presidencial pidió pasaporte diplomático pese a no tenerla entre su personal, según él mismo reveló, tiene para nosotros que ver con asuntos que van mucho más allá de la vida privada del exmandatario.

En primer lugar, tiene que ver con la falta de transparencia en la naturaleza, objetivos y participantes de los viajes del presidente de la República durante su mandato. Solo alguna claridad en cuanto a la duración y destino de esos viajes, y los criterios con los que se decide realizarlos y se definen las comitivas que los conforman, permitiría valorar su idoneidad y su verdadero carácter público o privado. Debe ser la transparencia en registros y archivos, y no la palabra de un presidente o expresidente, lo que permita a las instituciones y la ciudadanía valorar la legalidad y la conveniencia de los viajes presidenciales.

Y en segundo lugar tiene que ver con el financiamiento de los viajes privados del presidente de la República.

Hay, esencialmente, solo dos opciones: o fueron financiados con fondos públicos, o fueron financiados con fondos privados (la tercera opción es con fondos públicos extranjeros, lo cual se descarta en viajes privados como estos). Las declaraciones del expresidente Funes, del ex director del Seguro Social y del ejecutivo de la empresa que alquiló uno de los aviones, coinciden en que esos viajes fueron financiados con fondos privados. El Faro no tiene hasta ahora ningún elemento que haga concluir lo contrario. La posibilidad restante es, por tanto, que hayan sido financiados con fondos privados tal como lo aseguran los mismos entrevistados. El expresidente incluso dice que fueron parcialmente patrocinados por Miguel Menéndez Avelar, su amigo personal y un empresario que multiplicó sus ganancias en contratos estatales durante la administración Funes.

A diferencia del expresidente, a nosotros sí nos parece de interés público saber quién paga los viajes privados del jefe del Ejecutivo. Por un lado es necesario para saber si el presidente recibe favores contrarios a la ley de ética. Por otro, en este caso concreto, podría ayudar a esclarecer cómo el señor Menéndez Avelar logró tan jugosos contratos con el Estado y además logró el nombramiento de familiares, socios y representantes de sus empresas en instituciones del Estado. Falta revisar si esas instituciones le beneficiaron de alguna manera. Para eso, se supone, están las instituciones del Estado encargadas de la contraloría.

También nos parece de interés público determinar quiénes iban en esos viajes, porque eso ayuda a entender la naturaleza de los mismos. Entre los pasajeros de esos múltiples vuelos privados iba Ada Mitchell Guzmán, una joven de 25 años que posee un pasaporte diplomático solicitado por Casa Presidencial, por razones aun no suficientemente establecidas ni por cancillería ni por el expresidente, y que ya había figurado en un reportaje anterior nuestro por encontrarse además vinculada a una red de compraventas de Menéndez y a una compañía de spas, de la que según el propio Funes ella es gerente, que compra propiedades en lugares en los que no puede operar locales comerciales.

Finalmente, nos parece de gran interés público un hecho que no parece exclusivo de la presidencia Funes pero que este reportaje evidencia: los presidentes salvadoreños se ausentan del país sin notificación alguna, en algunos casos sin siquiera dejar registros, para llevar a cabo viajes privados. Con ello, impiden que las instituciones encargadas de velar por el buen uso de los fondos públicos puedan controlar la legalidad del financiamiento de esos viajes o si los participantes del viaje han realizado actividades privadas durante tiempos correspondientes a sus obligaciones laborales.

Es por estas razones que consideramos de interés público los viajes, y eso incluye los viajes privados, de un presidente. En este caso, como el mismo expresidente Funes ha dicho, hubo más viajes de los enumerados en las publicaciones de El Faro. Él mismo afirma que algunos fueron realizados en el avión particular de Miguel Menéndez. Es lamentable que, al igual que hizo durante su mandato, no quiera dar más información al respecto.

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Administración Estatal de Archivos comenzó a publicar el jueves confesiones de 45 criminales de guerra japoneses

>>  lunes, 7 de julio de 2014

Criminal de guerra japonés confiesa asesinato de 970 civiles en China
http://www.argenpress.info/ 07/07/2014


La Administración Estatal de Archivos publicó hoy lunes la confesión de Tsutomu Nagashima, un criminal de guerra japonés que admite el asesinato de 970 civiles chinos, la más reciente en una serie de publicaciones similares.

La confesión escrita de Tsutomu Nagashima, comandante de la 54ª Brigada de la 59ª División del ejército japonés entre 1942 y 1945, detalla el asesinato de más de 2.600 soldados chinos y civiles durante ese período.

Las tropas japonesas bajo el mando de Tsutomu Nagashima participaron en 15 batallas de todas las escalas, matando a 1.660 soldados anti-japoneses y a 970 civiles y quemando más de 2.220 viviendas de civiles entre abril de 1942 y julio de 1945, según su confesión.

"Además de los disparos, otros métodos de matanza extremadamente crueles como el uso de bayonetas y hachas, decapitaciones, explosiones, quemar, ahorcar y enviar a la cámara de gas también fueron utilizados durante las batallas", relata.

La publicación incluye reproducciones del manuscrito original en japonés, con traducciones en chino e inglés.

La Administración Estatal de Archivos comenzó a publicar el jueves pasado textos completos de las confesiones de 45 criminales de guerra japoneses. Cada día se publicará una de ellas en línea.

La campaña se produce tras la obstinada negación por parte del primer ministro japonés, Shinzo Abe, y políticos derechistas de los crímenes de guerra cometidos en China.

Un total de 1.109 criminales de guerra japoneses permanecieron bajo custodia en China entre 1950 y 1956, según la administración. De ellos, 1.017 acusados de delitos menores fueron eximidos de someterse a juicio y liberados en 1956, mientras que 45 se enfrentaron a juicios militares en el Tribunal Popular Supremo ese mismo año.

La administración dijo que está clasificando los archivos de las confesiones hechas por los 1.017 soldados con delitos menores para hacerlas públicas también.


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Mercedes de Vega en el Palacio de Lecumberri: “El estado de los archivos públicos, en general, es un desastre...”

>>  martes, 24 de junio de 2014

Archivos, ¿cementerios de documentos?
http://www.excelsior.com.mx/ 24/06/2014


“El estado de los archivos públicos, en general, es un desastre...”. Al margen de contados centros de preservación documental, la mayoría de los archivos locales, estatales y municipales se encuentra en condiciones penosas; más de dos mil 600 archivos son depósitos de papeles o contenedores en versión microfilmada —obsoleta— de documentos viejos.

Con esas tremendas palabras entrecomilladas comenzó el brillante discurso de Mercedes de Vega en el Palacio de Lecumberri (sede del Archivo General de la Nación, del cual es la directora), en un evento dedicado a sentar las bases y el camino a la conciliación de los principios para la elaboración de una Ley General de Archivos, una urgente nueva legislación que prevé en sus disposiciones transitorias el recién reformado artículo sexto de la Constitución.

Mercedes habló ante Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación; don José Narro Robles, rector de la UNAM; Arely Gómez, senadora del PRI; Ximena Puente de la Mora, presidenta del IFAI; Mauricio Merino e Issa Luna Pla, entre otros muy distinguidos académicos y expertos en transparencia y archivonomía.

Al día siguiente, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, continuaron los trabajos y resonaron las expresiones de la doctora De Vega, quien amplió su mensaje con una exposición franca, en los aspectos dramáticos, y a la vez esperanzadora, condicionada a intervenciones precisas para remedio.

Dentro del desordenado archipiélago de archivos en caos, se salvan, por correr otra suerte, los fondos documentales históricos federales y algunos locales que, por tales motivos, han recibido en las últimas décadas aportaciones gubernamentales en recursos humanos y tecnológicos para rescatar esos tesoros y ponerlos en valor.

Los otros archivos administrativos de la función pública contemporánea, los que hemos dicho están para llorar, son panteones de documentos que se desintegran entre la humedad y las plagas hasta volverse inservibles, y que si no son atendidos, pronto serán basureros en los que a lo mucho se podrán pepenar fragmentos informacionales; de suyo son bancos documentales incompletos, por la tendencia arraigada a sólo documentar lo mínimo o, en otras palabras, a hacerlo de modo arbitrario y, en consecuencia, a sólo archivar lo “conveniente” de aquella crónica de la gestión pública que se consideraba adecuado registrar. Los hoyos negros informativos del pasado del quehacer público son boquetes irrecuperables, pero si no se homogeniza la metodología para la gestión documental de hoy (que incluye la dominante dimensión digital), seguiremos yendo en sentido inverso a lo deseable, reflejo de una democracia insuficiente. No puede haber una democracia amnésica de los procesos que la forman cada día. Pero no basta tener archivos funcionales; si no son consultables esos acervos por cualquiera y en línea, son prácticamente inútiles, artificiales.

Autor: Francisco Javier Acuña 22/06/2014

*Comisionado del IFAI,  fjacuqa@hotmail.com,  Twitter: @f_javier_acuna

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