Ley General de Archivos mexicanos y el acceso a la información

Consolidarán acceso a la información con Ley General de Archivos

http://amqueretaro.com/

Entre los beneficios de la Ley destaca la implementación de más esquemas de transparencia y la difusión de los archivos. /Foto: iStock

Con la Ley General de Archivos se garantizará el acceso a la información de relevancia histórica, cultural, social, científica y técnica de nuestro país.

La senadora Angélica Araujo Lara aseguró que con la Ley General de Archivos se garantizarán los principios y bases en la organización, conservación, localización y difusión de los documentos en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo del Estado mexicano.

La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) precisó que entre los beneficios de esta ley destaca la implementación de más esquemas de transparencia y difusión de los archivos, al fomentar un mejor resguardo de la memoria institucional.

“Es decir, a partir de la entrada de este ordenamiento legal se generarán mayores y mejores condiciones para el pleno ejercicio del derecho a la verdad y del derecho a la memoria”, indicó.

La senadora por el estado de Yucatán señaló que también se promoverá el uso de las nuevas tecnologías de la información, con la finalidad de mejorar en las entidades del país la administración y disposición de los archivos.

Subrayó que con su publicación y entrada en vigor cualquier mexicano, a través del sistema nacional de archivos, tendrá asegurado y garantizado el acceso a los documentos de mayor relevancia histórica, cultural, social, científica y técnica de nuestro país.

“Esto significa que abonará a la consolidación de uno de los derechos más importantes como es el derecho al acceso a la información y a la transparencia”, destacó Araujo Lara.

Notimex

Read more...

Suprema Corte dará cumplimiento a la obligación de poner en orden su sistema de archivos

Convoca presidente de la Corte a ser ejemplo de transparencia
http://www.wradio.com.mx/ 25/06/2015

México.- El presidente de la Suprema Corte invitó a los integrantes del Poder Judicial a convertirse en un ejemplo a del impulso que deben dar todos los juzgadores para encaminar e impulsa el acceso a la información entendido como el derecho de todo ciudadano.

El ministro Luis María Aguilar señaló que las instituciones se verán fortalecidas en tanto los servidores públicos muestren su apertura a la fiscalización por parte de la sociedad.

"Seamos ejemplares en la tutela e impulso del derecho de acceso a la información. De esta forma, la fiscalización del ejercicio del servicio público que lleven a cabo las instituciones de gobierno se fortalece".

A decir de Aguilar Morales, el hecho de ejercer como funcionario público comprende la doble responsabilidad de cumplir de cumplir con la rendición de cuentas en el ejercicio de sus funciones y por otra parte, generar condiciones para que los ciudadanos accedan de forma sencilla a la información y a partir de ella puedan efectuar una evaluación.

Al encabezar la inauguración de la Sexta Reunión Ordinaria del Sistema Nacional de Archivos, el ministro presidente recordó que como lo marca la ley, la Suprema Corte dará cumplimiento a la obligación de poner en orden su sistema de archivos y con ello cumplir con las disposiciones en cuanto al acceso a la información.


Autor: David Galván

Read more...

Diplomado en Gestión de Documentos, Preservación del Patrimonio Documental, Transparencia y Acceso a la Información

Facultad de Historia de la UMSNH convoca a Diplomado
http://www.sexenio.com.mx/ 19/05/2015

La democracia exige que se facilite el acceso del ciudadano a la información pública, sin embargo esto no puede ser cumplido cabalmente, si no se cuenta con documentos y archivos bien organizados y descritos, de ahí la importancia de dotar de herramientas académicas a quienes desarrollan funciones relacionadas con la gestión de documentos y tareas de información pública, aseveró el director de la Facultad de Historia, David E. Ruiz Silera.

Al anunciar que Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), abrió la convocatoria para todos los interesados que deseen cursar el Diplomado en Gestión de Documentos, Preservación del Patrimonio Documental, Transparencia y Acceso a la Información, a realizarse del mes de junio a septiembre próximos, el académico destacó que la finalidad del mismo es contribuir en la formación y actualización de los participantes para que, a través del conocimiento de la teoría, metodología y normatividad, desarrollen un sistema de gestión de documentos que propicie una administración eficiente, coadyuve en la preservación de la memoria histórica de las instituciones y en la respuesta oportuna de las solicitudes de acceso a la información.

Los requisitos que deberán cumplir los interesados son: copia de la credencial del IFE, copia de la CURP, dos fotografías tamaño infantil en blanco y negro, copia de comprobante máximo de estudios, un pago de recuperación por la cantidad de 5 mil pesos, con depósito a la cuenta número 65501499085 de Banco Santander, a nombre de laUniversidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Ruiz Silera añadió que el diplomado tendrá un valor curricular de 160 horas, y tendrá como sede el Auditorio de la Facultad de Historia, los fines de semana del 5 de junio al 19 de septiembre, con un horario los días viernes de 17:00 a 20:00 horas y los sábados de 8:00 a 15:00 horas.

Autor: Irineo Velazco

Read more...

"Es difícil apostar a una rendición de cuentas sin un régimen sólido de gestión documental"

Incumplen partidos con transparencia
http://www.eluniversal.com.mx/ 01/04/2015

En materia de transparencia y acceso a la información, ninguno de los siete partidos políticos nacionales cumple. PRI, PAN, PRD, PT, Movimiento Ciudadano, PVEM Panal incumplen con diversas normas en el rubro.

Esto, debido a que el Instituto Nacional Electoral (INE) les dio oportunidad a los partidos políticos de realizar no sólo una, sino dos verificaciones para que permitieran que sus sitios web estuvieran actualizados totalmente.

De acuerdo con el último diagnóstico público elaborado anualmente por el INE en 2014, ninguno de los siete partidos políticos cumple con todas las obligaciones en la materia. El que menos cumplió en una primera revisión, de acuerdo con el órgano electoral, fue el Partido Nueva Alianza (Panal), pues de 634 puntos, alcanzó un total de 448.93 puntos.

Le siguieron el PAN, con 542.53 puntos; Movimiento Ciudadano, con 555.02; el PT, con 576.43; el PVEM, con 578.52; el PRD, con 588.17 puntos y el que más alta puntuación obtuvo fue el PRI, con 619.21, aunque tampoco cumplió con la totalidad.

Fue hasta la segunda revisión cuando el PRI y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) alcanzaron la totalidad del cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia frente a este diagnóstico elaborado por la Unidad Técnica de Servicios de Información y Documentación del INE.

El artículo 6 de la Constitución obliga a todo ente que recibe recursos públicos a transparentar el ejercicio de los mismos.

El Reglamento de Transparencia que ocupa a los partidos políticos fue elaborado por el INE y de acuerdo con éste, los partidos tienen 16 obligaciones de transparencia que deben cumplir en sus sitios de Internet.

Aunque tuvo que ser público un último reporte en este año, el instituto no lo ha dado a conocer. Por ello, sólo aparecen siete de los 10 partidos políticos. Cuando se realiz esta evaluación, en 2014, los partidos Morena, Encuentro Social y Partido Humanista no aparecían debido a que aún no existían.

Los errores más comunes
Hay tres rubros en los que están reprobados los siete partidos políticos por no subir información suficiente a sus páginas web.

El primer gran rubro comprende alguno de los siguientes informes, documentos o reportes que deben tener en sus páginas web y que no tienen en su totalidad: Los informes anuales o parciales, de ingresos y gastos, tanto ordinarios como de precampaña y campaña; el estado de situación patrimonial; el inventario de los bienes inmuebles de los que sean propietarios, como los anexos que formen parte integrante de los documentos anteriores; la relación de donantes y los montos aportados por cada uno.

El segundo rubro en el que tampoco cumplen está relacionado con la publicidad total del directorio de sus órganos nacionales, estatales, municipales, del Distrito Federal y en su caso, regionales, delegacionales y distritales.

En la primera evaluación realizada por el INE, de 55 puntos máximos que podrían alcanzar los partidos bajo la fracción IV, el PRI alcanzó 50; pero, en contraste, Movimiento Ciudadano obtuvo 3.3 puntos; el PT 6.6 puntos; el PRD, 16.7 puntos, Nueva Alianza, 17; el PAN, 20 y el PVEM, 28.6 puntos.

El tercer rubro del que tampoco informan es el relacionado con el tabulador de remuneraciones que reciben los integrantes de los órganos y demás funcionarios partidistas.

No informan a los militantes
Otra de las fracciones a la que están obligados los partidos a publicitar en sus sitios web está relacionada con la publicidad de las convocatorias, sobre todo para sus militantes o quienes aspiren a un cargo de elección popular. Nuevamente todos, excepto el PRI, debieron enmendar dicho error al no subir ningún tipo de información relacionada con sus convocatorias o escasos datos.

A pesar de la segunda evaluación, partidos como Movimiento Ciudadano terminaron con un porcentaje bajo relacionado con la publicidad del tabulador de remuneraciones que reciben los integrantes de los órganos partidistas y sus demás funcionarios.

La metodología elaborada por el INE consideró cinco etapas: i) previa, ii) sorteo, iii) primera verificació;n, iv) segunda verificación y v) presentación del informe final.

Índice de expedientes reservados
Una parte relevante de los partidos políticos que no cumplieron tampoco en una primera revisión excepto el partido Movimiento Ciudadano fue la de incluir toda la información relacionada con sus expedientes reservados.

Por ejemplo, el INE le ordenó al PAN publicar el índice de expedientes reservados actualizado, así como la última resolución del Comité de Información. Lo mismo ocurrió con el resto de los partidos políticos.

Algunas de las 16 obligaciones de transparencia que deben cumplir los partidos políticos, de acuerdo con el Reglamento de Transparencia del INE, son sus documentos básicos (estatutos), las facultades que tienen sus órganos de dirección, sus reglamentos, el directorio con todos sus integrantes o funcionarios partidistas, el tabulador de remuneraciones, las plataformas electorales, convenios que firmen con otras instituciones partidistas, las convocatorias que emitan para concursar a cargos de elección popular, los montos de financiamiento que reciben y sus informes de gastos.

Cumplen a medias
De acuerdo con datos del INE, en el reporte público en su sitio web se establece que los partidos políticos han ido mejorando en materia de transparencia.

A esta mejora contribuye sin duda la introducción del proceso de confronta con los partidos. Al ponerse a su disposición un informe preliminar, se salvaguarda el derecho de audiencia y éstos cuentan con la oportunidad de hacer ver sus observaciones y a la vez proponen medidas significativas para subsanar deficiencias detectadas detalló el reporte.

En la actualidad el INE cuenta con diversos mecanismos internos con la facultad de obligar a los partidos políticos a que cumplan con la norma.

Sin embargo, el mismo órgano electoral debe llevar a cabo la evaluación de manera semestral para evitar que los institutos políticos la información con la que ya se cuenta.

"Es importante destacar que, las verificaciones a los portales web y su consiguiente evaluación se efectúa de manera semestral con el objetivo de constatar que la información permanece a disposición del público": explica en el documento.

Recientemente en un acto público, Cecilia Azuara, titular de la Unidad Técnica de Transparencia del INE, aseguró que un gran reto de los partidos políticos es contar con archivos en orden.

"Es difícil apostar a una rendición de cuentas sin un régimen sólido de gestión documental. La reforma constitucional en materia de transparencia obliga a expedir una Ley General de Archivos y es una oportunidad que no debe pasarse de largo para incluir a los partidos políticos. Si ya la incluyen la Ley General de Transparencia, debería tenerla también la Ley General de Archivos": explicó.

Autor: Lilia Saúl

Read more...

El derecho de acceso a la información y su relación con los archivos

Deben archivos adecuarse al derecho de acceso a la información
http://www.quadratin.com.mx/ 18/03/2015

MORELIA, Mich. En el marco del trabajo que el Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán (ITAIMICH) lleva a cabo, se retomó la coordinación interinstitucional para la organización de foros académicos sobre derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales con el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación “José Ma. Morelos y Pavón (IMCED); en los que participa de manera directa por primera vez la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la cual aportará su experiencia para rescatar y conservar documentos históricos generados por la administración pública. 

La necesidad que tanto la sociedad civil y los funcionarios públicos conozcan más a fondo las prerrogativas constitucionales de acceso a la información y de protección de datos personales, es una de las cosas que motivan la realización de estas acciones de difusión apuntó el Consejero del ITAIMICH Ulises merino García.

En una primera etapa, el foro académico próximo a realizarse será en la modalidad de diplomado para que no haya una limitante que exija determinado grado de estudios y estará enfocado a funcionarios de los municipios del estado de Michoacán, para que al momento de decidir sobre la publicación o reserva de ciertos datos cuenten con mayor sustento. Sin embargo, los asistentes a la reunión coincidieron que los cursos que se están preparando son flexibles y los contenidos están pensados también para aquellas personas que no estén dentro de la administración pública o con poca experiencia en ella.

“Tanto el IMCED como la Facultad de Historia son instituciones altamente consolidadas en materia educativa, por lo tanto vienen a fortalecer los diplomados que el ITAIMICH organiza y en los cuales no sólo se tratará el derecho a saber o la protección de datos personales, también se profesionalizará a las personas que se encargan de los archivos públicos” puntualizó Leopoldo Romero Ochoa, Consejero del ITAIMICH.

Por su parte Javier Irepan Hacha, Director del IMCED precisó que la trascendencia de estos trabajos es la formación de profesionales para el manejo de datos públicos y privados. El funcionario del IMCED también señaló que los diplomados tendrán una duración mínima de 120 horas.

David Eduardo Ruiz Silera, Director de la Facultad de Historia, manifestó que de acuerdo a investigaciones, todavía hay personas encargadas de los archivos municipales que carecen de una formación adecuada en el manejo de documentos públicos, por lo que es relevante hacer llegar conocimiento especializado a estos funcionarios que permita un mejor desempeño de la administración pública.

El texto original de Éste artículo fue publicado por Agencia Quadratín en la siguiente dirección: http://www.quadratin.com.mx/morelia/Deben-archivos-adecuarse-al-derecho-de-acceso-la-informacion/

Read more...

Gobierno de Obama censuró o denegó acceso a documentos oficiales con más frecuencia que nunca

Bate Obama récord de censura y veto de documentos oficiales
http://diario.mx/ 18/03/2015

Washington– Por segundo año consecutivo, el gobierno de Obama censuró o directamente denegó el acceso documentos oficiales con más frecuencia que nunca desde la aplicación de la ley de Libertad de Información, según un nuevo análisis de datos federales realizados por The Associated Press.

El gobierno se tomó más tiempo que nunca para entregar archivos, en los casos en los que se proporcionaron. Rechazó un número récord de peticiones para acceder con rapidez a documentos que podrían ser especialmente noticiosos.

También admitió en casi uno de cada 3 casos que sus decisiones de reservarse o censurar registros no estaban amparadas por la ley, pero sólo cuando se hicieron reclamaciones al respecto.

Además, el volumen de solicitudes sin respuesta a final de año creció en un 55% a más de 200 mil.

Las nuevas cifras, publicadas el martes, se refieren a 100 agencias del gobierno durante el año fiscal 2014 y su cumplimiento de la ley de Libertad de Información, presentada a nivel global como un modelo de gobernanza transparente. Los datos indican que pese a las decepciones y promesas incumplidas de la Casa Blanca sobre que se harían avances significativos en la forma en que publica documentos, la ley es más popular que nunca.

Ciudadanos, periodistas, empresas y otras entidades presentaron una cifra récord de 714 mil 131 solicitudes de información. Estados Unidos se gastó un récord de 434 millones de dólares para intentar seguir el ritmo.

El gobierno respondió a 647 mil 142 peticiones, un 4% menos que el año anterior. La cantidad de material censurado al que se negó acceso completo fue más alta que nunca, en 250.581 casos, o el 39% de todas las solicitudes. En ocasiones, el gobierno censuró sólo unas pocas palabras o el número de celular de un empleado, pero otras veces se tacharon casi todos los párrafos de algunas páginas.

En otras 215 mil 584 ocasiones, el gobierno dijo que no podía encontrar los documentos, una persona se negó a pagar por las copias o el gobierno determinó que la solicitud era poco razonable o inadecuada.

En su propio análisis de los datos, la Casa Blanca se enorgulleció de su éxito. El gobierno suele excluir de sus evaluaciones las ocasiones en las que no se encontraron los documentos, una persona no quiso pagar por ellos o se determinó que la solicitud era inadecuada. En su estudio, el gobierno señaló que se habían proporcionado todos o parte de los documentos solicitados en el 91% de los casos, lo que sigue siendo un mínimo récord desde que el presidente Obama asumió el cargo empleando los criterios de su gabinete.

"En realidad tenemos mucho de lo que enorgullecernos'', dijo el portavoz de la Casa Blanca Josh Earnest.

La respuesta del gobierno a la ley de acceso a documentos es una importante medida de su transparencia. Según la ley, ciudadanos y extranjeros pueden pedir al gobierno que entregue copias de registros federales a un coste cero o bajo. En general, se entiende que cualquiera que pida información siguiendo esa ley debe recibirla a menos que afecte a la seguridad nacional, viole la privacidad de una persona o exponga secretos corporativos o decisiones confidenciales en determinadas áreas. El gobierno citó una cifra récord de 554.969 excepciones de ese tipo el año pasado.

Según las instrucciones del presidente, no deberían censurarse documentos sólo porque puedan ser bochornosos, pero los empleados federales aplicaron mal la ley de forma habitual. En correos electrónicos obtenidos por AP de la Administración Nacional de Archivos y Registros sobre quién paga los caros vestidos de la primera dama, la agencia tachó una frase amparándose en la cláusula para proteger la información personal como números de la seguridad social, celulares o direcciones. Pero en otra página, la frase no se ocultó.

La frase era: "Vivimos con miedo constante a molestar a la CB'', una referencia a la Casa Blanca.

En casi uno de cada tres casos, cuando alguien apeló la decisión inicial de censurar o retener archivos, el gobierno reconsideró y admitió que había sido erróneo al menos en parte. Es la mayor tasa de reconsideraciones en al menos cinco años.

El director ejecutivo de la AP, Gary Pruitt, indicó que la agencia había presentado cientos de solicitudes de archivos del gobierno. Los registros obtenidos revelaron los esfuerzos de la policía por restringir el espacio aéreo y mantener alejados a los helicópteros de periodistas durante los incidentes de protestas violentas en Ferguson, Missouri. En otro caso, los registros mostraban a médicos de Asuntos de Veteranos concluyendo que un hombre que más tarde mató a 12 personas no tenía trastornos mentales, pese a los graves problemas y encuentros con la policía que tuvo en esa misma época.

También mostraban que el FBI presionó a agencias de policía local para mantener en secreto detalles sobre un dispositivo de espionaje telefónico.

"Lo que descubrimos reafirmó lo que hemos visto con demasiada frecuencia en los últimos años'', dijo Pruitt en una columna publicada esta semana. ``Los sistemas creados para dar información a los ciudadanos sobre su gobierno están muy estropeados y empeoran todo el tiempo''.

Estados Unidos publicó sus nuevas cifras durante la Sunshine Week cuando los medios fomentan el aperturismo del gobierno y la libertad de información. La AP demandó este mes al Departamento de Estado acogiéndose a la ley de información para forzar la publicación de la correspondencia electrónica y documentos oficiales durante el mandato de Hillary Rodham Clinton como secretaria de Estado. El gobierno no entregó los documentos pese a reiteradas peticiones, incluyendo una de hace cinco años y otras pendientes desde el verano de 2013.

El gobierno dijo que su tiempo medio de respuesta a cada solicitud oscila entre un día y 2,5 años. Más de la mitad de las agencias federales tardaron más en responder el año pasado que el anterior.

Los periodistas y otras personas que necesitan información con premura para informar de noticias en desarrollo tuvieron peor suerte que nunca. Según esa ley, EEUU debe agilizar peticiones urgentes de la prensa para informar al público sobre supuestas o reales actividades del gobierno. Pero el gobierno suele denegar esas peticiones. En seis años, menos de una de cada 8 peticiones consiguieron el estatus de urgencia.

La CIA, tema de tantos titulares, ha rechazados todas las solicitudes de este tipo en los últimos dos años.




Autor: Associated Press

Read more...

AGN México limita acceso a información pruebas de delitos de lesa humanidad

Cierran archivos históricos
http://www.eluniversal.com.mx/ 17/03/2015

Después de aprobada la Ley Federal de Archivos, en 2012, uno de sus artículos permite que ahora existan un nuevo tipo de archivos, los históricos confidenciales. Esta medida se dispuso sobre aquellos documentos que contienen datos personales.

Durante el sexenio foxista, dependencias federales abrieron sus acervos para realizar investigaciones sobre la llamada Guerra Sucia, que hoy se pretenden cerrar a consulta directa con el argumento de protección de datos. 

El 27 de noviembre 2001, Vicente Fox Quesada dispuso un Acuerdo para la Procuración de Justicia por Delitos Cometidos Contra Personas Vinculadas con Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Éste contemplaba tres medidas principalmente para la atención integral de víctimas y familiares.

A la Procuraduría General de la República (PGR), solicitó la creación de Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp); a la Secretaría de Gobernación (Segob) le encargó la integración de un comité interdisciplinario para la reparación del daño, y a todas las secretarías de Estado de la Administración Pública Federal la apertura de sus archivos.

La Femospp, a cargo Ignacio Carrillo Prieto, atendería la Recomendación 26/2001 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra del Ejecutivo federal, en la que se pedía abriera información sobre 532 casos de personas desaparecidas por motivos políticos, en su mayoría integrantes de grupos guerrilleros en los años 60 y principios de los 80.

En el sexenio del ex presidente Vicente Fox también se abrieron las indagatorias sobre los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971; el caso Aguas Blancas, el homicidio de 170 maestros disidentes y los 665 homicidios de militantes del PRD durante la administración de Carlos Salinas

A través de la fiscalía, las víctimas y sus familiares tendrían la posibilidad de demandar justicia, hacer valer su derecho a la verdad mediante la reconstrucción histórica, y buscarían los mecanismos para la reparación del daño.

Para continuar con la integración de los expedientes de la CNDH y los casos iniciados por la Femospp, se abrió información reservada en poder de la Secretaría de Gobernación (Segob), específicamente de las extintas Dirección Federal de Seguridad (DFS) y Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) conservaba en su archivo histórico. En total trasladaron 4 mil 223 cajas al Archivo General de la Nación (AGN).

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aportó mil 653 legajos y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) entregó 15 expedientes pertenecientes al archivo de la Coordinación de Control y Verificación Migratoria y dos expedientes en cuatro paquetes y 10 sobres cerrados de la Dirección General de Derechos Humanos.

Los lineamientos para consultar los acervos fueron aprobados y publicados en el Diario Oficial de la Federación. Se estableció como requisitos presentar una solicitud, acreditarse e ingresar a la sala de consulta. El archivo de la extinta DFS se ubicó en la Galería Uno; el resto de los documentos fueron depositados en otros espacios del recinto. Galería Uno quedó en resguardo del Cisen

El tratamiento que se le dio a la información de la Galería Uno, siempre se distinguió; mientras los acervos provenientes de otras dependencias se dejaron completamente en custodia del AGN, el de la DFS era resguardado y administrado por personal del Cisen a cargo de Vicente Capello y Rocha (qepd).

La consulta directa y la reproducción de los documentos era un actividad cotidiana, tras el pedimento de información en el área de referencias de AGN, el acceso a los documentos era mediante las fichas bibliográficas que contienen una breve descripción del documento y su clasificación para ubicarlo.

Si bien es cierto que en la consulta directa estaba restringido el acceso a la información de expedientes personales, esta medida no aplicaba cuando la solicitud era para información de un grupo específico o alguna institución.

Para las víctimas y sus familiares, o representantes legales, el acceso era de total apertura; se les entregaban copia sin testado y había gratuidad en las reproducciones. Al cierre de la Femospp, en 2006, se les testaban los documentos y se solicitaba el pago.

Con la llegada del INFOMEX; el sistema electrónico para solicitar información; se permitió que el público en general tuviera acceso a documentos de expedientes personales en la modalidad de versión pública.

El AGN ahora cuenta con más de mil versiones públicas disponibles para su consulta. La lista completa y actualizada la pone a disposición a través de su portal electrónico.

Hasta finales de 2014 era posible hacer consultas directas mediante fichas, documentos originales o digitalizados y versiones públicas, ahora sin emitir un comunicado alguno a los usuarios, se dispuso que la consulta directa a documentos ya no es posible. En la Galería Uno el aviso es verbal y bajo el argumento de la protección de datos personales.

El archivo de la extinta DFS, ahora etiquetado en una nueva modalidad según la Ley Federal de Archivos (LFA), donde todos los documentos entran en la categoría de archivo históricos confidencial; en el Art. 27 de la LFA se establece un lapso de 30 años a partir de la fecha de creación del documento para hacer públicos los documentos con valor histórico y si estos contienen datos personales sensibles, el lapso se extiende a 70 años

Si bien este acervo podría entrar en esta modalidad de histórico confidencial, la aplicación de esta medida no debe ser efectiva puesto que este acervo contiene información sobre violaciones graves a los derechos humanos y registra datos que muchos especialistas afirman son pruebas de delitos de lesa humanidad.

Sobre todo porque su propósito original es ofrecer justicia a víctimas de tortura y privación ilegal de la libertad por parte de instancias gubernamentales, y después de 30 o 40 años, familiares de víctimas de desaparición forzada aún esperan que este acervo arroje algún indicio sobre el paradero de sus seres queridos.

Si en su momento se les negó toda posibilidad de esclarecer su caso, estos archivos han arrojado datos relevantes en casos como el Rosendo Radillaante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y podrían hacerlo en el de Aleida Gallangos Vargas, entre otros.

Estos documentos también brindaron pruebas de los abusos del Estado, no sólo hacia los mismos mexicanos, sino en casos que ayudaron al esclarecimiento de sucesos a nivel internacional como lo fue la Operación México”.

Esta estrategia fue un operativo implementado por militares argentinos en nuestro territorio para ubicar y secuestrar asilados de ese país en 1978.

Los documentos obtenidos del fondo DFS sobre la detención de los militares enviados a nuestro país durante la Dictadura de Videla, fueron apostillados y enviados a la Corte en Argentina.

Medida regresiva:

En entrevista, la historiadora Ángeles Magdaleno, presidenta de la Defensoría para Usuarios de Archivos Públicos (DUdA), se manifestó en contra de la medida implementada por el Archivo General de la Nación. El olvido daña más a los archivos que su consulta expresó.

¿Qué va a ocurrir con las víctimas y familiares que aún esperan que este acervo arroje información para resolver las averiguaciones previas que integró la Femospp y que siguen abiertas? ¿Qué pasará con los cientos de documentos que aún están bajo reserva en AGN a petición de la PGR preguntó.

Mercedes de Vega, titular del AGN, no ha fundamentado legalmente el motivo de esta medida, que a todas luces es arbitraria y lo que intenta es inhibir la consulta de este acervo, además no hubo aviso ni comunicado previo. No lo vamos a permitir, dijo la historiadora Ángeles Magdaleno.

No nos dio oportunidad a los usuarios de poner a discusión la relevancia de este acervo. Por supuesto no buscamos pasar por encima del derecho a la protección de datos de la personas que tuvieron la desventura de que la DFS les abriera un expediente. Eso no está en discusión.

Lo que vemos es una intención deliberada de ir cerrando la información, sobre todo ahora que está en discusión la Ley General de Transparencia y que contempla eliminar la excepción para reservar información sobre violaciones a derechos humanos y lesa humanidad, precisó la experta en archivos.

Por otro lado, el testado de los documentos estaba a cargo del AGN, ahora el Cisen lo hace, queremos que sobre este asunto se pronuncie el IFAI, aseguró la historiadora.

El escritor Jacinto Rodríguez Munguía aseguró que esta medida no es congruente, pues este fondo documental fue abierto para darle continuidad a una recomendación de la CNDH y hay muchas víctimas en espera de que sus casos se resuelvan. Si cierran la consulta directa, ¿Cómo podrán obtener pruebas de la violencia que ejerció el Estado en su contra?, expresó.

La finalidad de este acervo era justo que las víctimas y familiares tuvieran acceso directo e inmediato a estos documentos, tienen derecho a conocer la verdad, a reconstruir lo ocurrido, explicó el periodista.

EL UNIVERSAL buscó a Mercedes de Vega, titular del AGN, para que hablara sobre los fundamentos que motivaron la cancelación de la consulta directa del fondo DFS, que es vista por los usuarios como inesperada y regresiva.

Queremos que nos explique si esta medida fue por disposición del AGN, del IFAI o directamente del Cisen, precisó Rodríguez Munguía.

La Directora de Publicaciones y Difusión del AGN, María Fernanda Treviño Campero, comentó que De Vega se encontraba fuera de la ciudad y que en breve atendería la petición. Esto ocurrió hace ocho días y no se recibió ninguna respuesta a otras comunicaciones.

Autor: Susana Zavala Orozco

Read more...

Transparencia y acceso a la información no pueden garantizarse si no tenemos archivos ordenados

'La falta de archivos promueve corrupción'
http://www.noroeste.com.mx/ 27/09/2014

El no preservar y no archivar los documentos históricos de la administración pública ha promovido la corrupción, mencionó Mercedes De Vega Armijo, directora general del Archivo General de la Nación.
"Un servidor público debe dejar documentados todos aquellos actos que debe realizar por mandato de ley... y estos quedan en los documentos que se generan en las oficinas, y si no tenemos esos documentos, cómo podemos corroborar que un servidor público actuó de manera limpia, no se puede, por eso a veces hay quienes destruyen los archivos, para no dejar huella".

Previo al Foro de Consulta Región Noroeste, Hacia la Construcción de una Ley General de Archivos, que inició ayer en el Masin, la funcionaria federal mencionó que no tener orden en los documentos que generan los tres niveles de Gobierno, ocasiona falta de transparencia y rendición de cuentas.

"La transparencia y el acceso a la información no pueden garantizarse si no tenemos archivos ordenados, porque la información está en los documentos que se preservan en los archivos", estimó.

"¿Cómo impartir justicia, si no hay expedientes correctamente ordenados?... ¿cómo defender derechos humanos?, ¿cómo llevar a cabo obras de toda índole? si no contamos respectivamente con la información que además debe ser precisa y confiable, no hay manera correcta de hacer las cosas, si no tenemos correctamente expedientados los sucesos que anteceden a una acción del presente".

En el cuarto foro que se realiza en el país y que concluirá hoy, participan los estados de Chihuahua, Baja California, Sonora, Sinaloa, y una vez que se realicen dos más en Mérida y Querétaro, se presentarán ante el Congreso de la Unión las directrices de la Ley General de Archivos.

"Existe una ley federal que regula a los archivos de la administración pública federal, sin embargo una ley general que regule los archivos en los órdenes municipal, federal y estatal no existe", mencionó.

"Lo que ha provocado es que no cuidemos debidamente el patrimonio documental de los mexicanos... que haya desorden en la administración pública, que estemos perdiendo el patrimonio documental de la nación, los documentos históricos que deberíamos de preservar".

La falta de una regulación, agregó, ha ocasionado pérdidas de documentos en siniestros y robos, y que los archivos existentes no estén debidamente ordenados.

"Lo que se buscaría con una ley como esta, además de preservar el patrimonio documental de la nación, de los estados, de los municipios que producen documentación tan rica, tendríamos que poner también orden en las oficinas, porque los documentos que se guardan en los archivos se producen en las oficinas, y cuando los documentos están en desorden, eso significa que la oficinas también están desordenadas".

Añadió que en Sinaloa el archivo histórico debe fortalecerse y dotarlo de atribuciones adecuadas.

Durante el acto inaugural, resaltó que mediante el manejo adecuado de la información pasada y presente, se podrá ejercer una gobernanza ética.

"Entendida esta como una manera de gobernar comprometida con el desarrollo económico, social e institucional que promueva un sano equilibrio entre el estado, la sociedad civil y la economía".

Juan Pablo Yamuni Robles, titular de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del estado, dijo que la entidad respaldará la creación de la norma, porque los archivos son un tema prioritario.

Autor: Roxana Vivanco

Read more...

El avance tecnológico y sus desventajas en la conservación y acceso a los archivos

PESADILLA TECNOLóGICA
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/ 02/07/2014

El desarrollo tecnológico en la última parte del siglo pasado y en lo que va del presente, ha sido indiscutiblemente positivo para la actividad económica y, en general, para mejorar la calidad de vida de la población.

En particular, el progreso en la tecnología de la información en la década de 1990 con el auge de la red de información mundial (internet) y las empresas punto.com, provocó que muchos analistas plantearan la hipótesis de que este desarrollo generaría una Nueva Economía, especialmente en Estados Unidos (EU), donde desaparecerían los ciclos económicos y se disfrutaría de una expansión indefinida.

La recesión de 2001 en EU y la Gran Recesión global de 2008 y 2009 vinieron a demostrar lo errado de la hipótesis de la Nueva Economía, aunque es innegable que la tecnología de la información beneficia la actividad económica.

Pero más allá de las bondades de los avances tecnológicos, es preciso estar conscientes de que ese desarrollo tiene sus riesgos y costos, está en una constante y rápida evolución y que, como toda actividad humana, está sujeta a fallas. Por lo tanto, es aconsejable no depositar una confianza absoluta y ciega en las herramientas tecnológicas actuales.

El desarrollo tecnológico conlleva riesgos como la falla Y2K o problema del año 2000. Para corregir esta falla se invirtieron recursos cuyo valor nominal se estimó en su momento en alrededor de 300 mil millones de dólares.

Otro riesgo es la vulnerabilidad que se da al concentrar una gran cantidad de información relevante en algunos sitios, lo que los convierte en objetivos de ataques de quienes buscan burlar las medidas de seguridad (hackers) y acceder sin autorización a esa información.

En estas condiciones es preocupante que algunos gobiernos, como el nuestro, en un afán de ser pioneros en el uso de la tecnología, están forzando a todos los contribuyentes a correr esos riesgos al hacer obligatorio y exclusivo el uso de la información digital. Valdría la pena, por tanto, evaluar seriamente los alcances y limitaciones de una obligación de uso de tecnología que puede convertirse más adelante en una verdadera pesadilla.

En cuanto a los costos, cualquier usuario de las microcomputadoras que comenzó en la década de 1980, ha tenido que reemplazar sus aparatos en varias ocasiones para mantenerse al día con los avances tanto en el equipo como en los programas para operarlos.

Es cierto que el avance tecnológico ha abaratado los nuevos equipos, pero en varios casos su renovación ha sido necesaria no porque hayan agotado su vida útil, sino por una obsolescencia tecnológica acelerada que obliga a desechar el hardware existente y adquirir otro nuevo. Muchas personas y empresas no están en condiciones económicas para solventar esos costos.

Un costo actual, por ejemplo, es la suspensión de soporte que anunció Microsoft para su exitoso sistema operativo XP y el paquete Office 2003. En el caso del XP, se calcula que al momento de suspenderse el soporte, todavía cerca del 30% de los equipos lo usaban, por lo que tendrán que migrar hacia un sistema nuevo y con la advertencia de la empresa de que seguramente será necesario actualizar el hardware.

Por otro lado, el constante progreso tecnológico ha dado como resultado que archivos elaborados originalmente con versiones antiguas de programas (procesadores de palabras, hojas de cálculo, gráficas, etc.) ya no pueden ser consultados porque los nuevos programas y equipos no permiten acceder a esos archivos.

Esto es algo que difícilmente tomaron en cuenta nuestras autoridades hacendarias con los archivos digitales, ya que las herramientas actuales con las que se elaboraron esos archivos serán rebasadas probablemente en pocos años y pudiéramos caer en una especie de limbo documental, porque no habrá manera de comprobar derechos y cumplimiento de obligaciones.

Una muestra de esto es la misma SHCP que utiliza en ocasiones versiones viejas de algunos programas que muchos contribuyentes ya no poseen. Adicionalmente, es cada vez más frecuente la tediosa actualización de programas que con la excusa de mantenerse al día obligan al usuario a invertir tiempo y recursos en la conexión con las páginas de internet que proveen esos programas e instalarlos en sus equipos.

En consecuencia, no podemos sustraernos a la realidad de un avance tecnológico que llegó para quedarse y que, reitero, es benéfico para la humanidad. Pero las decisiones pioneras adoptadas por nuestras autoridades hacendarias, digitalizando toda la información de los contribuyentes mexicanos como medio único de cumplimento de obligaciones, podrían crear en el futuro complicaciones incalculables, aparte de las ya existentes por la imposibilidad frecuente de acceder a los portales respectivos.

Read more...

V Convención Internacional de Archivistas y el IV Foro Nacional de Legislación Archivística

Puebla será sede de la V Convención Internacional de Archivistas y el IV Foro Nacional de Legislación Archivística
http://contraparte.mx/ 04/06/2014

SGG indicó la importancia de fomentar cultura para resguardar la historia documental

*Es indispensable generar una cultura que resguarde la historia documental: SGG

.Los archivos son fundamentales para la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información: BUAP

Puebla, Pue., a 03 de junio 2014.- El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría General de Gobierno (SGG), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), el Consejo Estatal de Archivos de Puebla y la Comisión de Acceso a la Información estatal (CAIP) anunciaron este martes en rueda de prensa la celebración de la V Convención Internacional de Archivistas (COINDEAR) y el IV Foro Nacional de Legislación Archivística, que se realizarán los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2014.

En representación del titular de la SGG, Luis Maldonado Venegas, el coordinador de gabinete de la dependencia, Ignacio Herrera Castañeda, destacó la importancia del evento que se llevará a cabo en la entidad, ya que representa la oportunidad de intercambiar e insertar los avances tecnológicos para registrar, mantener, conservar y mejorar los acervos de documentos primarios y testimoniales, aspectos fundamentales para construir el conocimiento, difundirlo y generar carreras específicas y técnicas.

Comentó que la instrucción del gobernador del Estado, Rafael Moreno Valle, es impulsar este tipo de eventos, cuyo objetivo es el intercambio de experiencias con especialistas de talla internacional que estarán a visitando la entidad poblana.

“La historia explica nuestro presente y futuro, por ello es necesario que los registros documentales continúen su avance y mejoras metodológicas para la facilidad, acceso y orden, elementos fundamentales para lograr el desarrollo adecuado de cualquier tipo de investigación”, destacó.

Por su parte, el director general del Archivo General del Estado de Puebla, Antonio Blanco Guzmán, expresó que este encuentro internacional servirá para reforzar la importancia de la investigación desde la educación básica hasta el nivel superior, “la producción del conocimiento científico tiene su fuente primordial en los archivos”.

Antonio Blanco agregó que en Puebla cada dos años se realizan foros nacionales de legislación Archivística y mencionó aspectos de esta convocatoria. Asimismo, resaltó que se debe inculcar en la niñez y en la juventud el afán por la investigación.

Al coincidir con los demás funcionarios, la directora del Archivo Histórico de la BUAP, Georgina Maldonado Lima afirmó que el siglo XXI, es el siglo del desarrollo y el crecimiento de los archivos; ante la exigencia actual para la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información.

El evento, dijo, está dirigido a todos aquellos que de una u otra manera se relacionan con la custodia, tratamiento, gestión, administración, servicio, difusión de los documentos y la información, así como a la docencia e investigación histórica y científica de las disciplinas sociales.

En tanto, la directora del Archivo General Municipal de Puebla, María de la Cruz Ríos Yanes, destacó que para la realización de estos encuentros se contará con la participación del Archivo General de la Nación, a cargo de Mercedes de Vega Armijo, así como de los Ayuntamientos de Zacatlán, Zacapoaxtla, Atlixco, Izúcar de Matamoros, San Martín Texmelucan y Yehualtepec; además de la Universidad Veracruzana y la Universidad de Aguascalientes.

La funcionaria municipal dijo que también incursionarán los Archivos de la Secretaría de Salud de Puebla, del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, del H. Congreso del Estado y del Poder Judicial de la entidad.

En esta presentación estuvo el coordinador general ejecutivo de la CAIP, Carlos Germán Loeschmann Moreno, el director general de Archivos y Notarías, Mauricio García León , la directora del Archivo de Notarías, María Luisa Díaz Lozada y el diputado local y presidente de la Comisión de Archivos y Bibliotecas del H. Congreso del Estado, Julián Peña Hidalgo.

Autor: Héctor Gómez/Staff

Read more...

¿Qué es el Habeas Data?

Cuidando tu privacidad
http://blogs.elheraldo.hn/ 21/05/2014

La Constitución del Estado Centroamericano de Honduras de 1982, recoge en su artículo 76 la garantía al derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen, y en el artículo 182 el derecho fundamental de acceso a la información pública y privada, así como la garantía constitucional de habeas data: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Habeas Data.

En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Habeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la manera siguiente: (…) 2. El Hábeas Data: Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y-o enmendarla. Las acciones de Hábeas Corpus y Hábeas Data se ejercerán sin necesidad de poder ni de formalidad alguna, verbalmente o por escrito, utilizando cualquier medio de comunicación, en horas o días hábiles o inhábiles y libre de costas. Únicamente conocerá de la garantía del Hábeas Data la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien tendrá la obligación ineludible de proceder de inmediato para hacer cesar cualquier violación a los derechos del honor, intimidad personal o familiar y la propia imagen. Los titulares de los órganos jurisdiccionales no podrán desechar la acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal e igualmente tienen la obligación ineludible de proceder de inmediato para hacer cesar la violación a la libertad y a la seguridad personal. En ambos casos, los titulares de los órganos jurisdiccionales que dejaren de admitir estas acciones constitucionales, incurrirán en responsabilidad penal y administrativa. Las autoridades que ordenaren y los agentes que ejecutaren el ocultamiento del detenido o que en cualquier forma quebranten esta garantía incurrirán en el delito de detención ilegal”.

Del tenor literal del citado precepto constitucional se eleva a rango constitucional el Habeas Data como garantía constitucional exhibitoria de datos de la persona humana y de sus bienes, pudiendo ser promovida únicamente por la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados; a la que se le reconocen los derechos de de acceso, rectificación y cancelación reconocidos en la Ley Orgánica española, al establecer que si fuere necesario, podrán actualizar, rectificarla y-o enmendar la citada información; tal y como se desprende del Decreto Legislativo N° 381-2005, mediante el que se reformó el Capítulo I, del Título IV de la Constitución de Honduras, donde se reconoce la garantía del Habeas Data: “que toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre si misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y /o enmendarla.”

La acción de Habeas Data se constituye por tanto en un mecanismo procedimental de aplicación inmediata por las autoridades jurisdiccionales hondureñas, encaminada a hacer cesar cualquier violación a los derechos del honor, intimidad personal o familiar y la propia imagen. La Constitución hondureña al hacer un listado cerrado de supuestos, descarta la posibilidad que en otra clase de derechos y libertades constitucionales pueda ser posible utilizar este mecanismo procesal.



En el mismo sentido cabe citar el artículo 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública reconoce la garantía de Habeas Data, parta en los artículos siguientes regular la sistematización de los archivos personales y su acceso y prohibición de entrega de documentación afirmándose que ninguna persona podrá obligar a otra a proporcionar datos personales que puedan originar discriminación o causar danos o riesgos patrimoniales o morales de las personas. Sobre la sistematización de la información, la citada Ley establece que, los datos personales serán protegidos siempre. El interesado o en su caso el Comisionado de los Derechos Humanos por si o en representación de la parte afectada y el Ministerio Publico podrán incoar las acciones legales necesarias para su protección. El acceso a los datos personales únicamente procederá por decreto judicial o a petición de la persona cuyos datos personales se contienen en dicha información o de sus representantes o sucesores.

Posteado por Daniel A. López Carballo el 21 mayo, 2014

Read more...

Opacidad de los archivos y desprecio por la historia lleva a posiciones irrelevantes

Saber de donde venimos
http://enpositivo.com/ 12/04/2014

En 1926 el historiador y archivero del Ministerio de Estado Jerónimo Bécker, escribió: "Como no conocemos la história de nuestras relaciones internacionales, como ignoramos cuál ha sido nuestra verdadera labor en esa esfera, como no sabemos los antecedentes de las cuestiones que surgen a nuestro paso, tenemos que improvisar soluciones a los problemas que se nos plantean y la consecuencia de esto es que con frecuencia se infiere grave daño a los intereses nacionales”.

Han pasado 88 años y parece que no ha servido para nada el testimonio de nuestro mejor historiador diplomático, excelente conocedor de los ricos fondos del archivo del actual Ministerio de Asuntos Exteriores y autor de estudios fundamentales sobre la historia de la política exterior española.

Estamos en el año 2014 y tres ejemplos nos pueden valer para entender que nuestros dirigentes, y especialmente nuestros ministros de Asuntos Exteriores, desconocen la importancia de la Historia a la hora de tomar decisiones que afectan a los fines y objetivos exteriores. En octubre de 2010 el ministro Moratinos consiguió que se aprobara en el Consejo de Ministros un Acuerdo secreto que clasificó como materias reservadas o secretas un amplísimo catálogo de temas, que iban desde la preparación de viajes oficiales hasta las negociaciones con organizaciones internacionales, sin fecha ni limitación alguna.

En diciembre de 2011, el actual ministro de Defensa decidió cerrar a los investigadores la consulta de 10.000 documentos perfectamente catalogados que abarcaban un periodo comprendido entre 1936 y 1968. Por último, en el verano de 2012 el actual ministro de Exteriores, García-Margallo, cerró para siempre el archivo histórico de su ministerio, en el que tanto trabajó Jerónimo Bécker.

¿Qué es lo que ocurre en España? ¿Qué nos diferencia de nuestros países vecinos? Lo más llamativo es que países democráticos, con una larga historia, que valoran con orgullo su pasado como potencias, cuidan, protegen y hacen públicos sus documentos históricos de carácter internacional.

Ya sea para justificar decisiones, dar a conocer periodos “oscuros” (los militares argentinos acaban de publicar en la Red todas las actas de la Junta argentina entre 1976 y 1983) o por exigencia de la ciudadanía en virtud de principios como la transparencia, la libertad y la defensa del interés individual.

Francia, Gran Bretaña, Italia, Alemania, Holanda y otros países disponen de archivos públicos y abiertos. Tienen colecciones de documentos diplomáticos elaboradas por diplomáticos, archiveros e historiadores. Organizan exposiciones públicas sobre temas internacionales y muestran sus ricos documentos. Cuentan con historiadores en sus archivos y en los propios ministerios. Qué decir de Estados Unidos, que hasta tiene una Oficina del Historiador en su principal archivo de Estado. Por cierto, gracias a todos estos trabajos (y hasta a Wikileaks) los españoles podemos analizar la política exterior de nuestro país y obtener documentos que nuestro Gobierno nos prohíbe consultar.

Y ¿cuál es el resultado de esta situación para nuestra política exterior? El balance no puede ser más negativo y ahí tenemos los resultados.

Si tuviéramos que caracterizar nuestra política exterior contemporánea podríamos destacar tres rasgos. En primer lugar, la primacía del conflicto interior desde el siglo XIX, el aislamiento franquista y después la concentración de esfuerzos en la construcción del Estado democrático, han hecho que los temas internacionales se hayan relegado siempre a un segundo plano, incluso perteneciendo a la Unión Europea.

En segundo lugar, partidos políticos y fuerzas de diferente signo y en etapas diferentes han asumido este relegamiento de lo internacional, que se transmite a la opinión pública. Para comprobarlo, basta echar un vistazo a los programas de los partidos y a los debates electorales desde 1976, o repasar nuestra lista de presidentes del Gobierno que —con honrosas excepciones— no hablan idiomas y desconocen el entorno internacional, sin que ello les impida presidencializar la política exterior en La Moncloa, relegando a su ministro de Exteriores a un papel de mero ejecutor.

Nuestra política exterior es reactiva y no proyectiva. ¿Quién piensa, quién reflexiona sobre nuestros intereses, sobre perspectivas o tendencias? A diferencia de otros países, no parece que lo haga nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores donde, además, no disponen ya de los documentos históricos que puedan avalar una decisión, aportar argumentos en una negociación, o hacer reivindicaciones.

Centros como el Instituto Español de Estudios Estratégicos o el Real Instituto Elcano realizan un gran trabajo, muy atentos a la actualidad, pero, como señalara Carlo Levi, el futuro tiene un corazón antiguo. Esta debería ser la primera lección para quienes dirigen la política exterior de un país que fue potencia mundial y que acumula controversias que se remontan a los siglos XVI y XVII (Ceuta y Melilla), a un tratado de 1714 (Gibraltar), o a políticas coloniales decimonónicas mal cerradas en el siglo XX (Sáhara Occidental).

Para quien no sabe adónde va, escribió Henry Kissinger, todos los caminos llevan a ninguna parte. Pero quien no sabe de dónde viene ni siquiera es capaz de comprender su lugar en el mundo. Sin la profundidad de campo que aporta la visión histórica, la política exterior española está condenada a continuar anclada en los mismos vicios que denunciara Bécker hace casi un siglo.

Juan Carlos Pereira y Carlos Sanz Díaz
Profesores de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense.
Publicado en: El País

Read more...

Agencia Estatal de Protección de Datos con limitaciones para el acceso a los archivos de niños robados

Protección de Datos, sin competencias para garantizar el acceso a información sobre niños robados
http://www.europapress.es/ 01/04/2014

El director de la Agencia Estatal de Protección de Datos, José Luis Rodríguez Álvarez, ha afirmado este martes en el Senado que las competencias de su departamento "son limitadas" para amparar al derecho a la información de los afectados por los casos de niños robados, dado que los ámbitos en los que quieren investigar las asociaciones se escapan de la aplicación de la ley al respecto. "Lo que podíamos hacer lo hemos hecho", ha señalado.

Así lo recoge en un informe elaborado a cargo de la Secretaría de Estado de Justicia el año pasado y del que ha dado cuenta ante la comisión del ramo, en el que expone las limitaciones de la AEPD para amparar el acceso a datos de nacimiento y defunciones del Registro Civil, a los libros de bautismo de la Iglesia, a los archivos de hospitales públicos y privados, diputaciones provinciales y casas cuna; y a los registros de ADN.

Según ha explicado, tras analizar "detalladamente" el impacto de la normativa sobre el acceso a estas informaciones, la AEPD ha llegado a la conclusión "de que la mayor parte de las dificultades para acceder o conseguir la información deseada no traen causa de la normativa de protección de datos sino de otras disposiciones o de motivos de orden fáctico".

En esta línea, ha concretado que la ley de Protección de datos no es de aplicación en el acceso a los libros de bautismo de la Iglesia, pues así lo dictó el Tribunal Supremo en 2008 y, conforme su jurisprudencia, "se rigen por su normativa específica, los acuerdos España-Santa Sede y el Código de Derecho Canónico, con lo cual la Agencia carece de competencia para velar por la tutela del derecho de acceso ni puede pronunciase sobre la licitud o no de eventuales denegaciones".

Sobre el acceso de los afectados o asociaciones a datos de nacimientos, defunciones y adopciones del Registro Civil, Rodríguez ha señalado que este organismo se rige "por sus disposiciones específicas, siendo las de protección de datos de aplicación supletoria", y que, por tanto, "la competencia para interpretarlas no corresponde a la AEPD sino a la Dirección General de Registros y Notariado", que deberá determinar "el alcance de las determinaciones de publicidad de determinados datos", especialmente en materia de filiación adoptiva y legajo de abortos.

Respecto a los centros sanitarios, ha recordado que se rigen tanto por la ley de Protección de Datos como por la de Autonomía del Paciente, que permiten el acceso a la propia historia y a la de familiares fallecidos pero establece que el acceso con fines judiciales, epidemiológicos, de salud pública, de investigación o de docencia a las mismas se hará "preservando los datos identificativos del paciente separados de los de carácter clínico asistencial, de manera que quede asegurado el anonimato".

No obstante, tal y como ha señalado, salvo en los casos de orden judicial o peligro grave para la salud pública, "el acceso a la historia clínica sólo podrá hacerse con el consentimiento expreso del afectado o cuando lo disponga una ley por razones de interés social", tal y como dicta la actual Ley de Protección de Datos.

Rodríguez también se ha referido al acceso a la inclusión de datos de ADN de los afectados para cotejo en el registro del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, para afirmar que si bien "sería posible" la incorporación "contando con el consentimiento de los titulares", en los ficheros entonces existentes "no se permitía" el cotejo porque habían sido creados para "identificación y comparación genética en el marco de investigaciones judiciales".

Para el director general de la AEPD, "existe una creencia generalizada de que hay dificultades u obstáculos relevantes desde el punto de vista de la protección de datos" para acceder a determinadas informaciones, "un problema bastante generalizado" que atribuye a "lo sufrido" que es alegar una vulneración de la normativa que no es tal, para negar el derecho de acceso a una información determinada. "A veces se dice que no se concede el acceso porque la agencia no lo permite cuando ni siquiera hemos sido consultados", ha apuntado.

"El alcance de la protección de datos establece algunas limitaciones, pero lo son en garantía de terceros afectados y, en este caso, pueden existir terceros que no tienen la disposición personal o la voluntad de que se llegue al conocimiento de las circunstancias reales, y ese bien llamado 'derecho a no saber' se tiene que preservar por la vía de garantizar el respeto al consentimiento. Si no lo hay, únicamente en los casos en los que exista un cauce legalmente previsto se podrá acceder a esa información", ha añadido.

Read more...

Proyecto LOON: Acceso a Internet en todo el mundo gracias a Google

¡Aaaah! ¡Google pondrá acceso a Internet en todo el mundo!http://www.planetaurbe.com/ 04/07/2013

¿INTERNET GRATIS EN TODO EL MUNDO? NOSOTROS ESTAMOS MOQUEANDO DE LA FELICIDAD. MIRA CÓMO GOOGLE PIENSA LOGRAR DARNOS INFINITA DICHA A TODOS EN LA TIERRA [CON VIDEO EXPLICATIVO INCLUÍDO]

Internet como el elixir de nuestra evolución es casi necesario para el desenvolvimiento del humano moderno. De ahí a que sea tan importante en la historia contemporánea. Ahora, suena a paradoja lo anterior cuando ves que son casi 5 mil millones de personas las que no cuentan con este servicio. Sólo 2 mil millones podemos decir que sí lo tenemos.

Entonces Google decidió acabar con la desigualdad y puso en marcha el Proyecto Loon -sí, por “Lunático”- que consiste en lanzar miles de globos capaces de retransmitir una señal de Internet.

Los globos funcionan gracias a unos paneles solares que llevan consigo. Reciben una señal que se emite en estaciones distribuidas en Tierra (más o menos cada 100km) y retransmiten a otros globos cercanos. Lo mejor: cada globo tiene una cobertura de 1250km cuadrados y los accidentes del terreno no les dan problema. No tienen motor, así que se mueven por la fuerza y dirección del viento.

Los globos se encuentran en la estratósfera, a unos 20 km de altura, en el llamado “espectro radioeléctrico no regulado”, por lo cual Google no requiere de permisos de gobiernos nacionales o de otro tipo para que estos circulen ni para la transmisión de la señal de Internet. Son unos ganadores.

El primer ejemplar del proyecto Loon fue lanzado en Nueva Zelanda, país que se eligió tanto por sus aislamiento como por sus características geográfica y demográficas, pero se espera pronto poner más en el espacio áereo para cubrir regiones de Australia y Sudamérica.

Read more...

Tendencia del gobierno de Harper: "Mostrando desprecio por la preservación registro de archivo"

Tres décadas de secretismo bajo el Acceso a la Información
http://www.thestar.com/ 20/06/2013

Acceso de Canadá a la legislación de información se ha convertido en arma legal del gobierno de la opción de guardar secretos.

Los manifestantes se reúnen cerca de Canada House, en Londres en 2010 para criticar a las exportaciones canadienses de amianto. Gobiernos canadienses pusieron del lado de la industria del amianto durante años para encontrar mercados de ultramar y defenderse de los esfuerzos para prohibir el amianto como producto peligroso. (1 de julio de 2010)

Cuando el gobierno de Pierre Trudeau comenzó a aceptar solicitudes bajo la Ley de Acceso a Información de hace 30 años el 1 de julio de 1983, los medios de comunicación tenían altas expectativas, a pesar de muchas exenciones del acto.

Pero a medida que los gobiernos aumentaron defensiva sobre las solicitudes de información (como los gastos de viaje al extranjero del primer ministro Brian Mulroney), el flujo esperado de la información útil se seca poco a poco.

Ayudé lucha por el acceso a la información legislativa y empecé a hacer peticiones después de su entrada en vigor.Ha habido éxitos, una incursión temprana resultó en la liberación de la Energía Atómica de la Junta de Control de actas de las reuniones que revelaron muchos casos de regulación de la seguridad nuclear averiada.

Sin embargo, la legislación se ha usado por muy pocos. En cambio, el público está inundado con ayuda del gobierno, la publicidad y las ofertas de medios sociales artificiales disfrazados de información.
Por ejemplo, se llevó una gran persistencia para obtener incluso una imagen parcial de forma sucesiva los gobiernos canadienses del lado de la industria del asbesto en los últimos años para encontrar mercados de ultramar y defenderse de los esfuerzos para prohibir el amianto como producto peligroso.
Y hoy en día, no estoy seguro de que todavía sería capaz de obtener los registros que revelan cómo los gigantes de la industria alimentaria han podido influir en el gobierno para aumentar la Guía de Alimentos de Canadá 's sugirió servir porciones. Otra petición expone cómo la Agencia de Inspección Alimentaria de Canadá se opuso a duras normas estadounidenses para evitar listeria través diarias visitas de inspección de carnes y presionó a Estados Unidos a aceptar más indulgentes visitas de Canadá, menos frecuentes y pruebas.
Recientemente, tuve la oportunidad de obtener de Transport Canada varias opciones propuestas sobre el futuro de Via Rail. Sin embargo, después de que estos se informaron en los medios de comunicación y me presentaron una solicitud de seguimiento, se me dijo que todo era secreto y nunca debería haber recibido la información en primer lugar.
El nivel de engaño en lo que el gobierno proporciona al público y lo que está oculto no ha mejorado bajo Stephen Harper.
En octubre pasado, por ejemplo, el primer ministro anunció que su gobierno está proporcionando $ 20 millones para las naciones del Caribe para la planificación de la reducción del riesgo de desastres. Pero los registros ACDI obtenidos a través de una solicitud de acceso revelaron que una parte del dinero sería utilizado por los países para planificar para el cambio climático. No sería bueno para los conservadores para apoyar públicamente el cambio climático significativo en el extranjero, mientras que la planificación se puede negar que se necesita ningún tipo de planificación en Canadá. Así que la información se mantuvo oculta hasta pried a través de una solicitud de acceso.
Es igualmente vergonzoso para comparar 2008 disculpa del primer ministro para el sistema de internados aborigen con estancamiento y ocultar los registros clave buscadas por el gobierno de su Comisión de Verdad y Reconciliación , a pesar de una reciente orden judicial en ese sentido.
De hecho, la información obtenida de Asuntos Aborígenes y Desarrollo del Norte de Canadá a través de una solicitud de acceso indica que la RCMP, una de las más de 20 agencias que dispongan de tales registros, es probable que va a retener muchos de ellos, incluyendo sus opiniones de cientos de casos de agresión sexual. La verdad sobre estos terribles acontecimientos nunca se sepa.
La restricción del flujo de información sobre cuestiones como los detalles de los gastos del senador Mike Duffy es sólo una continuación del secreto sigue siendo posible en la legislación de acceso existente.
Cuando el gobierno de Harper se diferencia de gobiernos anteriores es en su insistencia de que mantiene los estándares más altos de responsabilidad y transparencia. Sin embargo, sus acciones contradicen esta afirmación e incluyen tendencias preocupantes como:

• La colocación de materiales informativos de bajo mensajería PMO fuertemente centralizado.

• Amordazada y la censura de la disidencia información de los científicos y profesionales del gobierno.

• Mostrando desprecio por la preservación registro de archivo.

• Desinterés creciente en la producción de datos estadísticos de calidad.

• Cada vez que da mucho más tarde y respuestas acceso exención-montadas.

Ese es el problema. En los 30 años desde que se introdujo, el acceso a la legislación federal, la información se ha convertido en arma legal del gobierno de elección - para guardar secretos! Ahora se convirtió en uno de los actos menos impresionantes y más secreta del mundo, una gran necesidad de una revisión exhaustiva.

Los que tratan de usar la ley para llegar a la verdad se enfrentan muchas barreras y deben ser ingeniosos. Sólo podemos seguir luchando por el derecho público importante saber.

Autor: Ken Rubin

Ken Rubin es un investigador de investigación con sede en Ottawa y defensor de los ciudadanos la libertad de información, cuyo trabajo se puede encontrar enkenrubin.ca .

Read more...

No hay ni una sola empresa pública estatal que cumpla en un 100% con la ley de acceso a la información

Organismos públicos incumplen norma que les obliga publicar datos en Internet
http://www.lr21.com.uy/ 05/06/2013

El incumplimiento de la ley de acceso a la información por parte de las distintas oficinas públicas fue denunciado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAINFO), que aseguró que no hay ni una sola empresa pública estatal que cumpla en un 100% con lo que establece la normativa.

Las obligaciones legales alcanzan en algunos casos a situaciones harto complejas como por ejemplo la Corte Electoral que cumple apenas el 15% de sus obligaciones en la materia según el Centro de Archivos.

“Algunos de los organismos centrales para el fortalecimiento de la democracia se encuentran lejos del cumplimiento de las obligaciones legales mínimas en materia de transparencia (…) Lo más preocupante es que la media de los organismos están en un nivel medio bajo o bajo, sobre todo algunos organismos como las juntas departamentales y las intendencias. Algunos tienen un muy buen comportamiento, si bien sus niveles son mejorables, tal es el caso de la Contaduría General de la Nación, el Banco Central del Uruguay, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (Agesic) o el Ministerio de Desarrollo Social”, dijo Mariana Mas, integrante de CAINFO al programa No Toquen Nada.
Todavía “estamos por vencer la cultura del secreto”

El 42,5% de los organismos tienen un nivel de cumplimiento bajo de las normas, pese a que hace ya cuatro años que entro en vigencia la ley 18.381 que regula el tema.

“Tal vez se deba a que todavía estamos tratando de vencer la cultura del secreto, que se vuelva una práctica habitual estar poniendo información en línea, como una práctica que se le debe a los ciudadanos. Por otra parte tenemos otro elemento que es la Unidad de Acceso a la Información Pública, que es un organismo de control, que todavía es débil, cuenta con poco presupuesto y no se ha abocado a formar en el acceso a la información pública a los organismos obligados por ley”, explicó Mas.

Read more...

SI LOS ARCHIVOS ESTUVIESEN ORGANIZADOS NO TENDRIA PROBLEMAS

Alameda Palace dice que tiene dificultad para encontrar los archivos sobre cenas de homenaje a afiliados del PP
http://www.lavanguardia.com/ 15/03/2013
El restaurante Alameda Palace S.L. ha comunicado al juez instructor del conocido como 'caso Emarsa' que tiene "dificultad" para encontrar los archivos que le ha solicitado, relacionados con unas cenas de homenaje a afiliados del PP por unos 20.000 euros cada una entre los años 2005 a 2009, según consta en una providencia con fecha de este jueves, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Este magistrado, encargado de investigar un agujero económico, que como mínimo asciende a 25 millones de euros, en la gestión de la depuradora de Pinedo, solicitó al director de este restaurante que le informara sobre estas cenas tras hacerlas públicas el exgerente de la Entidad Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa), Esteban Cuesta, en su última declaración, cuando presentó una autodenuncia.

En concreto, el juez se dirigió al restaurante para requerirle diferente documentación, después de que Cuesta, en su autodenuncia, asegurase que aproximadamente unas cinco o seis veces, del 2005 a 2009, a petición del concejal del Ayuntamiento de Valencia Silvestre Senent, se abonó en efectivo, con dinero de Emarsa, una cantidad de 20.000 euros cada vez para el pago del homenaje a los afiliados del PP en Valencia en un restaurante.

Ante estas afirmaciones, el juez pidió al director de este restaurante que le informase, "a la mayor brevedad", acerca de estas cenas. En caso de que se hubieran producido, solicitaba que remitiera al juzgado las facturas expedidas y que informara acerca de quién las abonó.

Al respecto, el restaurante ha comunicado al juzgado que todavía no dispone de la documentación requerida, ya que --según dice-- tiene "dificultad" en encontrar los archivos de los años a los que se refiere la solicitud. No obstante, le pone de manifiesto que hará "todo lo posible" para entregar estos documentos este mismo viernes.

Por otro lado, en esta misma resolución judicial, el juez acuerda unir a la causa un escrito presentado el 11 de marzo por parte Carmen Samper, madre del empresario fugado de Emarsa, Jorge Ignacio Roca. En este documento, Samper solicita el sobreseimiento libre de la causa respecto de ella misma, y subsidiariamente interesa diligencias, todo ello en su propio nombre y sin firma del letrado que designó durante su comparecencia el pasado lunes.

Al respecto, el magistrado ha ordenado que se requiera al letrado de Samper para que se subsane esta falta de firme con el objeto de poder dar trámite al escrito presentado, según consta en la providencia.

Otra parte de la resolución judicial se refiere a la defensa de Esteban Cuesta. En este sentido, el juez ordena inicialmente unir a la causa un escrito remitido por el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (Icav) por el que se comunica la designación provisional de un letrado para que asuma la defensa de Cuesta.

Seguidamente, une al procedimiento un fax remitido este jueves por esta letrada asignada, y por el que se comunica que no pertenece al turno grave y que, por tanto, no puede defender a Cuesta. Ante este último documento, el magistrado vuelve a pedir que se oficie nuevamente al Icav para que designe "a la mayor brevedad" un letrado del turno grave que represente al exgerente de Emarsa.

MORENILLA Y BERNÁCER

En la misma providencia, el exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), José Juan Morenilla, solicita licencia para interponer una querella contra Cuesta por un presunto delito de injurias y calumnias.

Por su parte, el exjefe de explotaciones de Epsar, Ignacio Bernácer, también ha pedido licencia para querellarse contra Cuesta por un supuesto delito de calumnias, y ha solicitado, además, que se declare qué naturaleza tienen "procesalmente" las manifestaciones hechas por escrito por Cuesta, y si se considera un acto procesal de declaración incriminatoria.

Read more...

V SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA TRANSPARENCIA DE LOS ARCHIVOS

Transparencia, vía para lograr el equilibrio del poderhttp://rotativo.com.mx/23/11/2012
México, D.F., a 22 de noviembre de 2012.- La transparencia y el acceso a la información habilitan la participación ciudadana en la gestión gubernamental, por ello representan la vía para equilibrar el poder, aseguró el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Alejandro Luna Ramos.

Durante la inauguración del V Seminario Internacional de la Transparencia de los Archivos, que se lleva a cabo este 22 y 23 de noviembre en la sede de la Sala Superior del TEPJF, Luna Ramos señaló que el Tribunal Electoral trabaja todos los días por la consolidación de la democracia, y para ello se apoya con firmeza en la transparencia.

“La honrosa responsabilidad que se nos ha encomendado conlleva un alto valor moral. Los derechos mínimos, los fundamentales, deben cargar con el más elevado peso jurídico. El derecho de acceso a la información nos exige rendir cuentas de manera permanente, colocar nuestro quehacer a la vista de la sociedad; que como objeto transparente, la ciudadanía pueda observar a través del cuerpo del Tribunal Electoral la totalidad de su actividad”, indicó.

La independencia judicial, agregó el Magistrado Presidente, no debe confundirse con ausencia de rendición de cuentas, pues al ser un tribunal ciudadano, es necesario el acercamiento con la sociedad para que conozca y comprenda su labor; de esta manera, más personas pueden acceder con mejores herramientas a la justicia electoral.

En la inauguración estuvieron presentes Jacqueline Peschard Mariscal, Comisionada Presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI); Aurora Gómez Galvarriato Freer, Directora General del Archivo General de la Nación (AGN); Armando Maitret Hernández, de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, y los magistrados de la Sala Superior, Flavio Galván Rivera y Salvador Nava Gomar.

Indispensable garantizar la confianza ciudadana: Jacqueline Peschard
En su intervención, la comisionada presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard, indicó que todo el Poder Judicial, y de manera especial los tribunales electorales, tienen que fortalecer aún más sus capacidades institucionales, para garantizar la confianza ciudadana y la estabilidad del país.

“Sus resoluciones objetivas, imparciales, justas y puntuales son fundamentales para consolidar nuestro Estado de derecho y fortalecer nuestra gobernabilidad democrática”, manifestó.

Al referirse al tema de la nueva Ley Federal de Archivos y su impacto en los poderes públicos, Peschard comentó que es preocupante el incremento de expedientes reservados, dadas las naturales implicaciones sociales, económicas y políticas que de ello se puedan derivar.

Del mismo modo, mencionó que el avance tecnológico ha sido de gran utilidad para el derecho de acceso a la información, pero también ha exhibido un grave desfase en su ejercicio.

Por su parte, la directora general del AGN, Aurora Gómez Galvarriato Freer, destacó que la celebración de este seminario muestra el compromiso del TEPJF con la transparencia, además de la conciencia que tiene la institución sobre la importancia de tener archivos organizados y actualizados, por lo que se ha convertido en un referente obligado en la materia.
La funcionaria destacó que los archivos son pieza clave para consolidar la transparencia debido a que en un Estado de derecho, los actos rutinarios de la administración se expresan en documentos, los cuales están integrados en archivos; si no existen éstos, indicó, es imposible hablar de administración coherente y, sobre todo, transparente.

A lo largo de este día de trabajo se llevarán a cabo la conferencia magistral Transparencia en el proceso de calificación de la elección de la Comisión Calificadora de la Elección Presidencial, y cuatro paneles de discusión:

Horizontes geopolíticos de la transparencia: indicadores democráticosArchivos digitales: experiencias comparadas
Ética y globalización: ecuación de la gestión judicial del siglo XXI
Portales institucionales (transparencia en la comunicación social)

Read more...

VIDEO CONFERENCIA: POLITICAS PUBLICAS DE INFORMACION PARA LA CIUDADANIA

Debatirán sobre flexibilización de los derechos de autor en Bibliotecas, Archivos y Museos
http://www.noticiasdel6.com/ 10/10/2012
“Políticas públicas de información para la ciudadanía”, se denomina la videoconferencia, que se desarrollará el martes 16, en donde bibliotecarios, documentalistas, archiveros, museólogos y la comunidad educativa en general discutirán sobre la flexibilización de los derechos de autor en beneficio del acceso público a la información. En Posadas se podrá participar en la sede de la fundación ubicada sobre la calle Bolívar 2218.

La convocatoria es organizada por el Centro Nacional de Información y Documentación Educativa de la Biblioteca Nacional de Maestros y tiene por finalidad reflexionar, discutir y establecer puntos de vista sobre: el derecho de autor y de acceso a la información; y gestión de calidad en unidades de información.

La actividad se realiza el 16, de 14 a 18, con la interconexión de las 31 sedes con que cuenta la fundación OSDE en donde estarán referentes de cada una de las localidades como así también todos aquellos que se quieran sumar a la discusión de lo que significa un nuevo paradigma en el acceso a la información de instituciones importantes en la sociedad argentina.

La actividad comenzará con las palabras de bienvenida de la directora de la Biblioteca Nacional de Maestros, Graciela Perrone que dará paso a la presentación de “Impacto de la Legislación de derechos de autor en las bibliotecas: el proyecto de ABGRA” a cargo de Ana Sanllorenti y Lucía Pelaya.

Mientras que a las 16.30 se realizará la presentación de “Gestión de la Calidad en unidades de información. Carta de servicios: herramientas de comunicación y participación ciudadana” a cargo de Silvia Mei y equipo0 de calidad BNM.

Para las inscripciones se debe ingresar: http://www.bnm.me.gov.ar/inscripciones/inscripcion?e=42 en donde se accede al formulario on-line ya que el cupo es limitado.

Read more...

GOBIERNO Y ESTADO ACUERDAN MODIFICACION DE LEY DE ARCHIVOS POR ACCESO CIUDADANO A DOCUMENTOS OFICIALES

La Junta cambiará la ley de archivos tras la pugna con el Gobierno
http://www.diariodesevilla.es/ 25/09/2012
El Gobierno central discrepó en febrero de que algunos de sus documentos sean de titularidad pública en virtud de la ley andaluza de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental aprobada en octubre de 2011 por unanimidad por el Parlamento de Andalucía.

Seis meses después, la comisión bilateral entre el Gobierno y el Estado abierta para resolver esta discrepancia ha acordado que la Junta modifique la ley para evitar que este conflicto llegue al Tribunal Constitucional, por lo que ambas administraciones han solucionado el primer frente competencial abierto desde que el PP ocupa la Presidencia del Gobierno. El acuerdo está firmado por el ministro de Hacienda y Administración Pública, Cristóbal Montoro, y la consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, y se publicó ayer en el BOE y en el BOJA.

Esta ley andaluza amplía las posibilidades de acceso ciudadano a los documentos oficiales. Sin embargo, el Gobierno renegó de un artículo (9.2) en el que se consideran documentos de titularidad pública los de la Administración del Estado y sus sociedades, los de los órganos judiciales radicados en la comunidad, los de notarías y registros públicos y los de organismos europeos e internacionales.

Por ello, en el seno de la comisión bilateral entre la Junta y el Estado se aprobó constituir un grupo de trabajo para resolver estas discrepancias sobre la confidencialidad de los documentos.

El acuerdo resuelve que la ley incorporará una disposición adicional (duodécima) por lo que esos documentos de titularidad pública "se someterán a la legislación estatal que les sea de aplicación, sin perjuicio de los dispuesto en la presente ley en todo aquello en lo que no se oponga".

De esta manera, ambas partes consideran "solventadas" las discrepancias manifestadas y, que de no haberse resuelto, habrían desembocado en un recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional, por lo que dio aviso a este órgano de que finalmente no interpondrá ese recurso al alcanzar un acuerdo con la Junta de Andalucía.

NOTA: Aquí podrás acceder a la Ley 7/2011, de 3 noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía:  http://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/222/1 

o descárgala aquí en PDF  http://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/222/d1.pdf

Read more...