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A inicios del 2000 archivos microfilmados de la DINA y la CNI de Chile fueron quemados

>>  domingo, 5 de noviembre de 2017

La hoguera de microfilms: New York Times revela la gran quemazón de archivos secretos realizada por el Ejército
http://www.elmostrador.cl/


Entre ellos había carpetas con fichas de personas, fotografías, cédulas de identidad, recortes de diario y planos, donde cada carpeta correspondía a una persona o hecho relevante. Sin embargo, durante el mismo tiempo, el Ejército negó insistentemente la existencia de estos archivos ante la justicia.


El medio estadounidense The New York Times accedió a la declaraciones de algunos oficiales y empleados del Ejército por el homicidio del ex presidente Eduardo Frei Montalva, y a través de esto, pudo dar cuenta cómo se quemaron los miles de archivos de la dictadura respaldados en microfilmes, a diez años de iniciada la democracia.

Durante esta semana a través de un reportaje, el prestigioso diario de Estados Unidos, reveló que a inicios del 2000, una década después de terminada la dictadura de Augusto Pinochet, los archivos microfilmados de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) y la Central Nacional de Informaciones (CNI) fueron quemados.

Según los testigos, cada rollo contenía unas 2500 imágenes, pero los especialistas recalcan que podrían guardar hasta 10 mil. Entre ellos había carpetas con fichas de personas, fotografías, cédulas de identidad, recortes de diario y planos, donde cada carpeta correspondía a una persona o hecho relevante.

Antes del regreso de Pinochet desde Londres, los documentos fueron desaparecidos en la Escuela de Inteligencia del Ejército, en la localidad de Nos, en las afueras de la capital. Los microfilmes fueron llevados en bolsas y se lanzaron a un horno encendido hasta que no quedó nada.

Sin embargo, durante el mismo tiempo, el Ejército negó insistentemente la existencia de estos archivos ante la justicia, que realizaba investigaciones por los crímenes de derechos humanos.

Hasta ese entonces los archivos estaban custodiados en un bóveda por más de diez años. El exministro de la Corte de Apelaciones Alejandro Solís, quien investigó casos de derechos humanos y hoy es coordinador de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa indicó que “preguntaba a los militares dónde habían quedado y nadie sabía. Esa siempre fue su posición oficial”.

En 1999, el director de inteligencia del Ejército, el general Eduardo Jara, ordenó a la jefa de Archivo de la DINE, Mercedes Rojas, revisar si los microfilmes contenían información vinculada a derechos humanos, según las declaraciones. Esto ocurrió unos meses después de que el Gobierno convocara a las Fuerzas Armadas para iniciar un diálogo sobre información acerca del destino de los desaparecidos.

Jara instruyó incinerar todo el material y la orden fue enviada al suboficial Luis Zúñiga y el cabo Osvaldo Ramírez. Hasta ahora, no se ha podido confirmar de dónde vino la orden de destruir los rollos ni cuál fue el grado de participación del ex comandante en jefe del Ejército Ricardo Izurieta, quien sucedió a Pinochet.

El ex jefe de inteligencia de la PDI y jefe del primer equipo de investigación de la policía en causas de derechos humanos señaló que dicha información podría aclarar el destino de los detenidos desaparecidos y resolver numerosos crímenes. Sin embargo, agregó que “lamentablemente, por lo mismo creo que los destruyeron”.

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Cerramiento de concesionario de coches de la casa Seat para evitar quema de archivos de documentos legales

>>  domingo, 2 de octubre de 2016

Tapian el concesionario abandonado de Seat para evitar nuevos incendios
http://www.diariodejerez.es/

El cerramiento se produce tras el fuego de hace dos semanas, originado en una planta que estaba llena de documentos legales.

Un albañil realiza el cerramiento en la planta baja del inmueble. / Pascualse estaban sucediendo. 

El concesionario de coches de la casa Seat que salió ardiendo recientemente por segunda vez se encuentra ya tapiado para poner fin a los sucesos recientes. En concreto, se ha procedido a realizar un cerramiento con bloques de un grosor considerable que impiden el acceso al interior del antiguo establecimiento. En su interior se había acumulado una ingente cantidad de documentos de compraventa, registros empresariales y demás archivos privados.

El local, de cuatro plantas, se ubica en la salida de la ciudad hacia la Nacional IV en dirección Sevilla, y ha sido objeto de allanamientos en más de una ocasión. En agosto hubo un pequeño primer incendio que no fue a mayores. El de mayor gravedad tuvo lugar el pasado 17 de septiembre, cuando salió ardiendo la cuarta planta, precisamente en la que se acumulaban decenas cajas llenas de documentos.

A pesar de la espectacularidad del incendio y de los bomberos emplearon casi dos días en terminar de extinguir los últimos rescoldos, la estructura el edificio no resultó dañada de gravedad. La primera decisión que tomaron los bomberos entonces fue apuntalar la tercera planta, la que había soportado la mayor cantidad de agua en la extinción, para lo cual se habían empleado más de 40.000 litros. Para aquel incidente se movilizaron todos los efectivos disponibles del cuerpo de bomberos en Jerez, dada la envergadura del fuego.

Actualmente, el inmueble pertenece a una entidad bancaria, al cual el Ayuntamiento ha estado metiendo prisa para que se haga cargo de su mantenimiento, según anuncio hace dos semanas la alcaldesa, Mamen Sánchez, amenazando incluso con emprender medidas legales. Desde esta semana el antiguo consecionario se encuentra ya tapiado, y se espera poner fin a lossucesos que se estaban produciendo. Aún no han trascendido las causas de los sucesos, pero al tratarse de documentos privados relacionados con cuestiones mercantiles, se ha considerado necesario realizar el cerramiento ante la sospecha de que lo que había estado ocurriendo hasta el momento volvería ha producirse, con nuevos posibles allanamientos y quema indiscriminada de papeles.

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¿Gorka Villar quemo los archivos para destruir evidencias?

>>  jueves, 7 de enero de 2016

Gorka Villar quemó archivos y cobró 525.000 euros de la Confederación Sudamericana de Fútbol antes de volver a España
http://latribunadelpaisvasco.com/ 07/01/2016


El diario paraguayo "ABC" ha denunciado que el español Gorka Villar, director general de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) e hijo de Angel María Villar, presidente de la Real Federación Española de Fútbol y vicepresidente de la UEFA y de la FIFA, quemó archivos del organismo y cobró 525.000 euros antes de viajar a su país para las fiestas de fin de año.



Juan Ángel Napout junto a Gorka Villar Imagen: Ovaciondigital.com.uy 

El asesor jurídico de la Conmebol, Alfredo Montanaro, ratificó la existencia del cobro en declaraciones al periódico citado, aunque argumentó que ese monto estaba estipulado en el contrato laboral de Villar, que era producto del salario de un año y que no tiene relación con su defensa del ex presidente del organismo Eugenio Figueredo. Asimismo, negó que se haya producido una quema de archivos.

"ABC" denunció que Villar entró hace unas dos semanas, a "altas horas de la noche", en la sede de la Conmebol, ubicada en la ciudad paraguaya de Luque, y procedió a quemar algunos archivos con el objetivo de hacer una "limpieza de evidencias de las numerosas y graves irregularidades que están siendo investigadas tanto por el FBI y la justicia de los Estados Unidos como por la justicia de Uruguay".

Montanaro ha desmentido esta versión y ha afirmado, en declaraciones al diario, que él tiene la llave de toda la documentación de la Conmebol, incluso con autorización de la justicia norteamericana que investiga a varios dirigentes sudamericanos por presuntas estafas y sobornos. "Personalmente hice firmar a todas las autoridades un documento en el que se dispone que no se puede tocar un solo documento sin mi autorización", expresó el abogado. No obstante, Montanaro ratificó la información de que todo el personal de seguridad y de limpieza de la sede del organismo fue cambiado, sin aclarar si tuvo vinculación con el incidente denunciado. "Nos enteramos de que los guardias contaban quiénes entraban y salían de la institución y que las limpiadoras juntaban los documentos destruidos no sabemos con qué fin", señaló.

El diario "ABC" de Paraguay informó que, además de Villar y Montanaro, ese día estuvo en la sede de organismo el jefe administrativo José Silva, un hombre de confianza del ex presidente de Conmebol Juan Angel Napout, quien fue detenido en Suiza y extraditado a Estados Unidos.

Se espera que Gorka Villar comparezca próximamente ante la Justicia de Uruguay para declarar en la causa que se le sigue al uruguayo Eugenio Figueredo, procesado el 24 de diciembre por estafa y lavado de activos. Figueredo señaló al español como extorsionador de clubes uruguayos que en diciembre del 2013 denunciaron presuntos malos manejos de fondos de la Conmebol en perjuicio de clubes y futbolistas.

El abogado del sindicato de futbolistas profesionales de Uruguay, Pablo Barreiro, dijo la semana pasada que en su declaración ante la jueza, Figueredo dedicó "un capítulo especial a Gorka Villar por el papel extorsivo determinante hacia los clubes uruguayos para que retiraran la denuncia" presentada en el 2013.

Autor: Angel María Villar

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Queman archivos en Municipalidad de Nueva Colombia

>>  jueves, 17 de diciembre de 2015

Quema de archivos en Nueva Colombia
http://www.abc.com.py/ 17/12/2015


Personas no identificadas ayer irrumpieron en la sede de la Municipalidad de Nueva Colombia, departamento de Cordillera, y procedieron a quemar documentos archivados en la oficina de la Secretaría General y Tesorería de la Comuna, lugar donde se guardan balances anuales.


Minutos después de la medianoche, desconocidos ingresaron al interior de la sede comunal de la ciudad de Nueva Colombia tras haber violentado la ventanilla de una de las oficinas del edificio, y recorrieron cada uno de los despachos, desordenando los documentos.

Los sujetos ingresaron a la oficina de la Secretaría General y la Tesorería y procedieron a incinerar varios documentos que se encontraban sobre una mesa. Los papeles fueron consumidos casi en su totalidad. En esta oficina se guardan documentos correspondientes a los balances anuales de la Municipalidad.

Agentes policiales que llegaron rápidamente al sitio tras tener conocimiento del fuego ingresaron al lugar y lograron apagar las llamas que consumían los escritos. Parte de los documentos pudieron salvarse. Se presume que esta acción obedece a una quema de archivos, dado que asumirán nuevas autoridades en los próximos días.

La intendente electa, Lida Escobar (PLRA), que asumirá al frente de la Municipalidad el próximo sábado, dijo a ABC Color que fueron alertados del hecho aproximadamente a las 00:30. Lamentó la situación y señaló que los documentos de la administración entrante y saliente del intendente Nelson López (ANR) debían ser analizados.

Escobar señaló que “todo esto es muy sospechoso” y que la madrugada de ayer fue “bastante trágica”. Personal de la División de Criminalística realizó el peritaje y descartó el uso de combustible, así como otros elementos inflamables que pudieran provocar el fuego. Cabe destacar que el edificio no cuenta con cámaras de seguridad.

La ciudad de Nueva Colombia se encuentra en el departamento de Cordillera, a unos 40 kilómetros de Caacupé y a 45 de Asunción. La localidad cuenta con una población aproximada de 5.500 habitantes.

Gestión anterior

En octubre de este año un grupo de padres de la escuela John F. Kennedy interpeló al entonces intendente, el colorado Nelson López, porque los víveres proveídos no eran suficientes para los niños que cumplían doble turno en las escuelas. El municipio pagó a la proveedora G. 166 millones.

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Archivos de Municipalidad de Salto del Guairá estaban siendo quemados en el patio de la vivienda de un alto funcionario

>>  miércoles, 18 de noviembre de 2015

Vídeo: Funcionarios municipales son descubiertos en plena quema de archivos
http://www.hoy.com.py/ 18/11/2015

Quema de archivos en Municipalidad de Salto del Guairá. Foto: Wilson Báez

Una pila de documentos de la Municipalidad de Salto del Guairá estaba siendo incinerada en el patio de la vivienda de un alto funcionario de la comuna, en un supuesto intento de quemar documentos de la administración irregular de recursos públicos.

El intendente electo de Salto Guairá, Carlos César Haitter (PLRA), y su equipo político, se apersonaron a la vivienda de Óscar López, jefe del Departamento de Tránsito de la Municipalidad, luego de recibir la denuncia de que aparentemente se estaba procediendo a la quema de documentos públicos.

El flamante intendente, acompañado de los concejales electos: César Leguizamón (UNACE), Wilson Báez (PLRA) y Elsa Blanco (independiente), esposa del nuevo jefe comunal, ingresaron a la casa acompañados de agentes fiscales que constataron el hecho.

“Pudimos rescatar algunos documentos de la Municipalidad, más sobre el cobro de estacionamiento y otros que no puedo precisar de qué se tratan. Nos informaron que salían cargando bolsas de plástico negras con documentos de la Municipalidad y solicitamos que se pueda allanar la dependencia y como ya era tarde se procedió al lacrado de la comuna”, relató a nuestra redacción Wilson Báez, concejal electo del partido liberal.

Cerca de las 14:00 horas se procedió al lacrado de las puertas y ventanas de la Municipalidad que será allanada este miércoles por los agentes del Ministerio Público.

Aparentemente el funcionario municipal estaba quemando documentos que evidenciaban el manejo irregular de fondos durante la administración de Eduardo Paniagua (ANR), que estaba en busca del rekutú.










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Si son documentos municipales habrá castigo afirma Alcalde

>>  viernes, 30 de octubre de 2015

Advierte Alcalde castigo por quema de documentos
http://www.am.com.mx/ 30/10/2015

Los documentos fueron quemados y depositados en una fosa utilizada como basurero en el balneario ubicado en la colonia San Juan de Abajo. Foto: Gustavo Becerra

El alcalde Héctor López Santillana advirtió que, si los documentos enterrados son información oficial del Municipio, no dudará en presentar la denuncia para que se sancione a los responsables del hecho.

“Gente de la Presidencia Municipal está presentándose al sitio; de corroborar que son documentos municipales, se derivan dos líneas de investigación y de sanción. La primera, existe una ley y procedimientos establecidos sobre cómo se tienen que resguardar los documentos y cuándo, llegada una fecha, que la misma ley establece, cuál es el protocolo que se debe seguir para su destrucción. Nadie puede destruir documentos del Gobierno sin pasar por este protocolo. Si son documentos oficiales de cualquier dependencia, ya hay una fragante violación a las normas que nos rigen.

“Y, de confirmarse, pues nos llevará a poner una denuncia para que se sancione a o a los responsables de haber violentado esta norma sobre el manejo de la información y documentos públicos. La segunda parte, derivado de esto, de qué información contengan en estos documentos, pues podría estarse presumiendo de que estaban tratando de ocultar algunas otras violaciones”, expresó el Alcalde.

Como primera instancia afectada, dijo, el Municipio interpondría la denuncia ante la Procuraduría de Justicia para que realice la investigación pertinente y determine los culpables y las sanciones que ameriten.

Ayer AM reveló que toneladas de documentos relacionados con la pasada Administración priísta, encabezada por Bárbara Botello Santibáñez, fueron quemados y sepultados en una fosa ubicada a un costado del balneario Providencia, al suroriente de León, cerca de la autopista a Aguascalientes.

Entre los documentos descubiertos por am, hay algunas encuestas.

Sobre si ha encontrado faltantes de información en algunas áreas, el Alcalde comentó que habrá que esperar al informe de la revisión a la entrega-recepción que recibirá el Ayuntamiento en diciembre.

“Con pruebas en la manos estaremos compartiendo con ustedes. Conforme vayamos concluyendo los procesos de revisión de las diferentes dependencias lo compartiremos, denme tiempo”.


Investiga Contraloría

La Contraloría ya investiga el hallazgo para clarificar si es información oficial, y, de ser así, actuar.

“El personal de la Contraloría Municipal está ahí, buscando la posibilidad de entrar para levantar un acta circunstanciada de hechos de lo que se denunció en el medio de comunicación, no han podido entrar”, apuntó el encargado de despacho de la Contraloría, Alberto Padilla Camacho.

El funcionario municipal recordó que, de acuerdo a la Ley de Archivos Generales del Estado y los Municipios de Guanajuato y la normativa interna del Municipio, hay reglas para la conservación, organización y eliminación de los archivos públicos de acuerdo al tipo de información de que se trate.

De ser encuestas pagadas por el Municipio, anotó, debieran obrar en los archivos del Municipio.

Agregó que no tienen reportes de que haya información que falte en alguna dependencia municipal.

“Han estado reportado inconsistencias sobre dudas de la información dejada en la entrega-recepción, pero también, como lo marca el reglamento, se han estado contactando con los anteriores funcionarios para que aclaren, son dudas sobre el mobiliario, dónde están ubicados ciertos documentos, bases de datos, todavía no se han denunciado faltantes, estamos en tiempo para eso”, concluyó el encargado de despacho de la Contraloría.


Exigen empresarios investigación a fondo

El presidente del Colegio de Abogados de León, Arturo Elizondo Sierra, explicó que si la documentación hallada en una fosa pertenece a la Administración de León y se eliminó a propósito, se recae en un delito.

“Esa documentación se entiende que está bajo el resguardo de cada área correspondiente, de tal manera que el responsable de esa área al mismo tiempo es responsable de esa documentación.

“La extracción indebida de esa documentación, y por supuesto que su extinción o eliminación a propósito, es una conducta ilícita y va en agravio de la Administración”, señaló.

Ahora lo que se debería de hacer es que el encargado del área a la que corresponden los documentos levante un acta al interior en la cual conste del faltante de éstos.

Derivado de eso tendrá que darle aviso a la Contraloría Municipal, y también cabe la posibilidad de presentar una denuncia penal por el extravío de la documentación.

Añadió que si durante la investigación se dictamina que no fue un extravío, sino un robo o sustracción ilícita, deben de fincarse las responsabilidades penales necesarias.

Gustavo Guraieb Ranth, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, mencionó que este acto genera nuevas dudas entre la sociedad sobre el actuar de la pasada Administración.

“Habrá que esclarecer a la brevedad el por qué se quemaron estos papeles y si ello está relacionado a algún caso con irregularidades”, pidió.

Agregó que desde luego tendrá que integrarse al proceso de auditoría que se inició para investigar la pasada Administración encabezada por la actual diputada federal Bárbara Botello Santibáñez.

Y en caso de encontrar irregularidades, aplicar las medidas y sanciones que marca la ley.

También Manuel Muñoz Gutiérrez, presidente de Apimex, pidió que se investiguen los documentos que se encontraron en la fosa clandestina.


Culpa Sheffield a Contralor

El diputado federal del PAN y ex alcalde de León, Ricardo Sheffield Padilla, culpó al contralor municipal Alberto Padilla Camacho de que no han existido sanciones severas a ex funcionarios pese a las supuestas irregularidades que se han difundido del Gobierno de Bárbara Botello Santibáñez.

“Es por la tremenda ineficiencia, falta de profesionalismo y seriedad del Contralor Municipal, lamento mucho que una persona tan poco profesional como Alberto Padilla esté ocupando un cargo de esa naturaleza, una persona que no tenía ninguna experiencia previa, que ha demostrado que coadyuvó con la Administración del PRI”, aseguró.

Debido a que según Ricardo Sheffield en los tres años anteriores, la Contraloría no realizó una verdadera investigación sobre las supuestas irregularidades, ahora exhortó a que se realicen auditorías a fondo.

“Ni siquiera se ha iniciado formalmente la revisión de los recursos federales, estatales y municipales que ejerció (Bárbara Botello) mientras tuvo el encargo, lo único que se le ha revisado son los últimos tres meses del año 2012.

“Lo que hago es un llamado a que tanto el Congreso del Estado, como acá mismo lo he estado comentando en el Congreso de la Unión, se haga una revisión exhaustiva y detallada de todos los recursos ejercidos por la pasada Administración porque son muchos los señalamientos”, dijo.

Autores: CUTBERTO JIMÉNEZ MAYAGOITIA / KARLA RUIZ MÉNDEZ / CARMEN ANGÓN

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Queman archivo físico y roban disco duro para dejar sin evidencias a la fiscalía

>>  martes, 14 de julio de 2015

Las primeras tres hipótesis del ataque a la fiscalía de San Javier
http://www.agenciafe.com/ 14/07/2015

La investigación apunta a casos de corrupción policial, dos homicidios y bandas dedicadas a la explotación de sexual. El edificio de la fiscalía no sufrió daños estructurales. Con arreglos de superficie podrá ser ocupado nuevamente.


El ataque incendiario, que el domingo a la madrugada destruyó los archivos y material probatorio de cientos de causas de la fiscalía de San Javier, ya comenzó a ser investigado como obra de una banda que tuvo dos objetivos: amedrentar a la fiscala Rosana Marcolín, a cargo de ese distrito, y destruir material probatorio.

Ayer, luego de viajar a San Javier, constatar los daños y conversar con Marcolín sobre las hipótesis respecto del violento episodio, el fiscal general, Julio de Olazábal, dialogó con Diario UNO sobre las líneas de investigación que manejan, a 24 horas del episodio.

“Tenemos varias pistas y huellas que nos dan un primer panorama sobre cómo ocurrieron los hechos. Por el momento, no podemos adelantar más detalles, pero tenemos tres hipótesis que se corresponden con las causas más complejas que está llevando adelante esta fiscalía: bandas vinculadas a la explotación sexual de mujeres, casos de corrupción policial y dos homicidios que generaron mucho ruido en esta ciudad. El otro punto importante es que esto no es obra de una sola persona, y tenemos testigos que pueden corroborar ese punto”,explicó De Olazábal.

Hasta el momento, la fiscala Marcolín no había recibido ningún tipo de amenazas ni amedrentamientos, por lo que el primer trabajo será deslindar de las más de 2.000 causas que ingresaron al juzgado desde el 10 de febrero del 2014 (cuando se puso en marcha el nuevo sistema procesal penal), cuáles podrían haber generado este tipo de reacción por parte de las personas investigadas.

Han destruido evidencias pero también han querido dejar un efecto intimidatorio. Acá lo que queda claro es que hay una autoría criminal que está tratando de frenar el accionar de la Justicia. Es un hecho de naturaleza intimidatorio que no va a surtir efecto. La fiscala Marcolín está confiada de que va a poder seguir trabajando y tienen la colaboración de todo su equipo y el apoyo del Ministerio Público de la Acusación”, agregó el funcionario.

Hasta el momento se pudo reconstruir que la banda ingresó por las rejas que cubren el techo de un patio de luz, ubicado en el fondo de la fiscalía. Una vez dentro del inmueble, rompieron una puerta de madera que daba a la oficina de Marcolín, donde se tomaron el tiempo de robar el disco rígido de la computadora de la fiscala. El funcionario reconoció que la información que se guardaba allí era sensible, estaban las líneas de investigación de la mayoría de las causas sobre las que estaba realizando la acusación.

También se robaron armas que estaba guardadas como parte de prueba y el resto fue provocar destrozos. Juntaron carpetas y papeles, los acumularon en una pila y los prendieron fuego.

Ayer todavía estaban evaluando los daños. Luego de una limpieza, creen que van a poder recuperar el inmueble, que no habría sufrido daños estructurales, pero la tarea llevará su tiempo.

“Hasta el momento lo que pudimos determinar es que todo ocurrió en el mismo momento. Entraron, robaron las armas, sacaron el disco rígido, juntaron papeles y legajos en una pila y los prendieron fuego. Nos falta determinar la secuencia. Acá, en principio hay dos posibilidades: que estén intentando encubrir un delito que se estaba investigando o que se trate de un hecho de intimidación a la fiscala. Todavía es tal el desorden que no se ha podido hacer un relevamiento detallado de qué es lo que falta y qué fue destruido. Algunas evidencias de causas que estaban en investigación se pueden haber perdido, pero hay que considerar que el nuevo sistema de justicia no trabaja más sobre el expediente. Los legajos eran anotaciones de la fiscala, pero esto no va a paralizar las causas. Ahora lo que hay que hacer es juntar todos los rastros y huellas que se pueda y después hacer un inventario de lo que quedó”, sostuvo De Olazabal.

Tras el episodio, a la fiscala Marcolín se le designó una custodia personal y están tratando de coordinar una custodia policial para la oficina también. Ayer en conferencia de prensa, la fiscala calificó el robo e incendio como un ataque institucional “gravísimo” y aseguró que continuará trabajando con todas las causas que tenía a su cargo.

Fuente: Agenciafe/Diario UNO

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Se queman archivos del edificio anexo de Pdvsa-Barinas

>>  martes, 18 de marzo de 2014

Denuncian quema de edificio anexo de Pdvsa-Barinas
http://www.el-nacional.com/ 18/03/2014

El siniestro no ocasionó heridos ni daños graves a la estructura operativa de la empresa

En la madrugada de este martes personas desconocidas quemaron el anexo de la sala de conferencias de la empresa estadal División Centro Sur Pdvsa-Boyacá.

Yuli Morillo, superintendente de operaciones reconoció que esto el daño no afecta las operaciones de la oficina y responsabilizó a la oposición de este vandalismo.

“Un grupo de personas desconocidas lanzaron al interior de este anexo una bomba molotov, la cual se expandió a todo el inmueble, quemando totalmente los archivos que se guardaban allí”, explicó.

Señaló que las pérdidas son incalculables y que en las próximas horas harán la denuncia ante Fiscalía para que esclarezca los hechos y encarcele a los responsables.

Autor: YONNY CAMACHO

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Pérdida de evidencia con incineración de registros de guardias de la policía con el decreto 897/05 del período 76-83

>>  jueves, 25 de julio de 2013

El abogado de Mendoza insiste sobre la quema de archivos ordenada por Rovira
http://misionescuatro.com/ 25/07/2013


La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia presentó una apelación contra el fallo del Cuarto Juicio en Misiones de Delitos de Imprescriptibles, que absolvió al médico Guillermo Roque Mendoza y el abogado César Ortellado cuestionó fuertemente la medida, de quienes considera “funcionarios corruptos”. Ortellado volvió a insistir sobre el escandaloso decreto 897/05 del ex-gobernador Carlos Rovira, que ordenó la incineración de registros de las guardias de la policía en el periodo 76-83. Esos documentos hubieran revelado la participación en la represión ilegal del Estado, del exjefe de la policía de Rovira, Rubén “Carozo” Gabriel, pero fueron incinerados un año antes de la creación del Ministerio de Derechos Humanos provincial

(Posadas) El médico Guillermo Roque Mendoza podría volver al banquillo de los acusados por Delitos de Lesa Humanidad, si la Cámara Nacional de Casación revoca el fallo absolutorio que lo benefició el 4 de Julio del 2012, en el Cuarto Juicio por Delitos Imprescriptibles que se realizó en Misiones. El abogado del médico, César Ortellado, criticó la apelación presentada por la Subsecretaria de Derechos Humanos Amelia Báez, a quien llamó “funcionaria corrupta”, por ser cómplice del encubrimiento respecto de la quema de archivos ordenada por el exgobernador Carlos Rovira, a través del decreto 897/2005. Ortellado volvió a insistir sobre la orden de Rovira, que destruyó los documentos en el que estaban registrados los nombres de los oficiales que prestaron guardias en las Comisarías durante la dictadura de 1976-1983 en Misiones. Según fuentes de este medio, esos documentos hubieran revelado que el ex-jefe de la Policía provincial Rubén “Carozo” Gabriel, tuvo algún tipo de participación en la represión ilegal del Estado en Misiones. Gabriel fue designado por Rovira en 1999 y permaneció en el cargo hasta 2007, cuando asumió en su primer mandato, el actual gobernador Maurice Closs.

En tono crítico contra la apelación ante la Cámara Federal de Casación, Ortellado enfatizó que “los acuerdos internacionales establecen que las condenas deben ser revisadas por la Cámara Nacional de Casación, pero las sentencias condenatorias, no las absolutorias. Hay una intención de mentir a toda la sociedad, por parte de estos funcionarios de Derechos Humanos, que hace años que nos vienen mintiendo”, disparo Ortellado, en referencia al controvertido decreto de Rovira, que data de 2005, es decir, un año antes de la creación del Ministerio de Derechos Humanos.

Para Ortellado, las mentiras de la Subsecretaría de DDHH, vienen “desde el decreto 897 del 2005 (que) evidentemente toda esa maquinaria mediática de la Cámara Legislativa (que preside actualmente Rovira) cuando trataron de negar la existencia del decreto. Nos están mintiendo, esto está precedido de actos de corrupción, la incineración de la Memoria, que nos pertenece a todos”, aseguró el abogado del médico acusado de asistir a policías en las torturas a detenidos durante la Dictadura.

“Qué opinaría el Ministro Jefe de Gabinete Abal Medina de la actitud (del Ministro Jefe de Gabinete Ricardo) Escobar (que) incinera la memoria. Ese acto afecta a toda la política de Derechos Humanos”, aseguró el Dr. Ortellado, quien apuntó que “primero se traicionaron ellos y después nos traicionaron a nosotros, los misioneros.” Con esto hizo alusión a la contradicción de respaldar a un Jefe de la Policía como Rubén Oscar Gabriel, sospechado participar en la represión ilegal y al mismo tiempo, reivindica la Memoria y la Justicia, respecto de los “Años de Plomo”.

El defensor opinó que “esto es grave, el doctor Roque Mendoza va a ingresar a la Cámara de Casación Penal siendo absuelto e inocente. La sra. Amelia Báez (Subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia), si es que va a ir a la Cámara, va a ingresar como una funcionaria corrupta, que se hizo cargo de un Ministerio que supuestamente permitió un año antes, la incineración de una memoria que ella dice que defiende”, fustigó Ortellado, en diálogo con TVA Misiones Cuatro.

“En cuestiones de derecho no pueden modificar, ni omitir lo que dicen los tratados internacionales. Estos funcionarios corruptos se tienen que ajustar a la ley y van a tener que dar explicaciones al respecto de qué encubrieron y qué no quisieron investigar”, advirtió Ortellado, en obvia referencia a la actitud adoptada por los funcionarios provinciales al respecto de la investigación sobre el decreto 897/05, que desnudaría una maniobra de encubrimiento del ex gobernador Carlos Rovira.

Mendoza fue absuelto en el juicio que se siguió contra cinco expolicías, por torturas y tormentos a más de 30 personas durante la última Dictadura Militar, entre las que figuran el propio Escobar y Graciela Franzen (actual secretaria de Derechos Humanos de la CTA), entre muchos otros.

En ese fallo que absolvió a Mendoza, fueron condenados, Carlos Herrero (86), Felipe Giménez (75), Guillermo Roque Mendoza (66), Julio Amarilla (65) y Carlos A. Pombo (63) por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en la Jefatura de Policía.

Se condenó a 20 años de prisión a Omar Herrero, ex jefe de la Policía de Misiones en 1976 por privación ilegítima de la libertad y tormentos a 37 detenidos políticos. Asimismo, Herrero fue inhabilitado para ejercer cargos públicos y deberá cumplir su condena en la Unidad Penitenciaria Nº17 del Servicio Penitenciario Federal. La fiscalía había pedido perpetua.

Por su parte, Felipe Nicolás Giménez, fue sentenciado a 21 años y seis meses por privación ilegítima de la libertad de 37 personas. Tenía pedido de pena máxima según estipula el artículo 144 Bis, 142 y 144 Ter, por coautor autor mediato del delito de “Privación ilegítima de la libertad agravada.” Ambas penas resultaron las más duras condenas a los ex-policías y en este sentido, cabe destacar que el fallo fue condenado por varias organizaciones de DDHH. No sólo por absolver a Mendoza, sino por la baja pena que se les impuso a los demás represores.

El médico Roque Mendoza, con pedido de 15 años de cárcel común, fue absuelto por las denuncias de las víctimas Escobar, Franzen y Salinas; también fue liberado Julio Amarilla, quien tenía pedido de 20 años de prisión al ser considerado partícipe necesario de tormentos agravados en 42 casos.

Mientras que Carlos Alberto Pombo fue sentenciado a siete años de prisión e inhabilitación de perpetua, y deberá purgar sus culpas en la Unidad 17 del Servicio Penitenciario Federal ubicada en Candelaria. La fiscalía había solicitado una condena de 20 años al considerarlo partícipe necesario de tormentos agravados en 42 casos.

yzh.

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QUEMADOS ARCHIVOS DE CASOS JUDICIALES EN EGIPTO

>>  lunes, 21 de enero de 2013

Queman archivos en tribunal egipcio
http://pulsoslp.com.mx/ 21/01/2013


Un grupo de desconocidos irrumpió anoche en el Tribunal Penal de la ciudad mediterránea de Alejandría y quemaron los archivos de casos judiciales, después de que se registraran incidentes en el lugar, informó hoy a Efe una fuente policial.

La fuente explicó que el asalto ocurrió después de que por la mañana se celebrara la sesión de un juicio a varios agentes acusados del asesinato de manifestantes durante la revolución del 25 de enero del 2011.

Mientras se celebraba la vista, algunos manifestantes congregados en los exteriores del tribunal se enfrentaron con las fuerzas de seguridad tras recibir informaciones sobre la posible puesta en libertad de los detenidos.

Al final los efectivos de seguridad controlaron la situación y detuvieron a quince personas.

Tras esos enfrentamientos, los jueces que llevaban el caso anunciaron su retirada del mismo.

Hoy está previsto que varios magistrados acudan a la sede del tribunal para examinar los documentos dañados.

Los disturbios entre manifestantes y las fuerzas del orden se han hecho habituales tras la revolución que derrocó al régimen de Hosni Mubarak en 2011.

El sábado por la noche, cuatro personas perdieron la vida y doce resultaron heridas en choques entre manifestantes y policías en las proximidades de una comisaría en El Cairo, tras la supuesta muerte accidental de un ciudadano por el disparo de un agente.

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HORRIBLE EL USO DE LA PALABRA ARCHIVO EN ESTOS HECHOS DE SANGRE

>>  lunes, 3 de diciembre de 2012

Homicidio de Vidal Vega fue una "quema de archivo", asegura líder carpero
http://www.ppn.com.py/ 03/12/2012


El ingeniero José Rodríguez, líder de la Liga Nacional de Carperos no queda dudas de que el crimen del dirigente Vidal Vega se trató de una quema de archivo, expresó durante un contacto mantenido esta mañana con la 780 AM.

"La muerte fue por encargo eso es categórico y evidentemente estaba molestando y cuanto más se tarde en exponer a los responsables de la masacre de Campo Morombí van a ir ocurriendo situaciones similares" sostuvo Rodríguez

El líder carpero dejó en manos de los investigadores el esclarecimiento del caso ya que por la forma en que fue ejecutado en forma fría, quiere decir que cometió un error grave o sabía algo que no podía ver la luz pública.

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LA QUEMA DE ARCHIVOS Y SUS CONSECUENCIAS

>>  martes, 24 de abril de 2012

Archivos que queman
http://www.misionesonline.net/ 24/04/2012


En varios tramos del debate del cuarto juicio por delitos de lesa humanidad en Misiones, los abogados de los acusados plantearon que “no podían defenderse” porque los archivos de la Policía fueron quemados y atribuyeron la decisión al ex gobernador Carlos Rovira. Incluso ayer, eso motivó un fuerte cruce entre uno de los defensores y el jefe de Gabinete, Ricardo Escobar, una de las víctimas de la Dictadura.

En realidad, Rovira no tiene nada que ver con la quema de los archivos policiales, que fue aprobada por la Legislatura en 1988, a través de un proyecto enviado por el entonces gobernador Julio Humada y acompañado por el pleno del bloque radical, que también había presentado un proyecto similar, firmado por Francisco Solano Fretes. Incluso, el propio Fretes desistió de su proyecto para avalar el del Ejecutivo.

El argumento para la quema de archivos fue que no debía existir documentación en democracia que “se refiera a antecedentes políticos, laborales, familiares, religiosos, privados y de toda índole de los ciudadanos registrados” por la ex Dirección de Inteligencia de Misiones. Si los abogados defensores usaran los archivos, la polémica se desvanecería.

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