Colapso del archivo judicial en Bogotá y Cundinamarca

Justicia en el olvido: montañas de expedientes revelan el colapso del archivo judicial

https://citytv.eltiempo.com/
Ángela Espinosa Mejía

Muchos de los expedientes se encuentran en condiciones precarias, lo que dificulta el acceso de la ciudadanía a sentencias y documentos ya finalizados.

Foto: CityTv.

El especial 'Justicia en el olvido' de nuestro sistema informativo puso en evidencia la crítica situación que enfrenta la Rama Judicial en Bogotá y Cundinamarca por el mal manejo de archivos. En bodegas como la de Mosquera se almacenan cerca de ocho millones de expedientes, muchos de ellos en condiciones precarias que dificultan el acceso de la ciudadanía a sentencias y documentos ya finalizados.

¿Por qué se acumularon millones de expedientes?

Los archivos judiciales llegaron en paquetes mal organizados y sin un sistema de clasificación adecuado, lo que imposibilita encontrar con rapidez un proceso. En varias bodegas se observan montañas de lonas mal ubicadas, algunas en lugares inaccesibles. Esto genera retrasos en la entrega de documentos, lo que obliga a ciudadanos a interponer tutelas para acceder a expedientes cerrados hace años.

¿Qué consecuencias tiene este problema para la justicia?

La Rama Judicial reconoce que enfrenta una crisis de gestión documental. Con apenas 11 funcionarios encargados de atender miles de solicitudes al año, el panorama es insostenible. La falta de espacio en bodegas y la mala organización han impedido trasladar nuevos archivos desde los despachos judiciales, incrementando el rezago y dejando a los usuarios sin respuestas oportunas.

¿Qué medidas se han tomado para enfrentar la crisis?

El Consejo Superior de la Judicatura ha planteado soluciones a corto, mediano y largo plazo, como la reorganización de expedientes en cajas debidamente identificadas y planes piloto de digitalización. Además, se adelantan proyectos de modernización en infraestructura, con inversiones que superan los 21.000 millones de pesos para renovar sedes como el Complejo Judicial de Paloquemao.

¿Qué cambios vienen para mejorar el acceso a la justicia?

Entre las medidas más destacadas está la instalación de 18 nuevos juzgados en Paloquemao, con espacios adaptados para personas con discapacidad y mayores estándares de seguridad. Sin embargo, el reto sigue siendo enorme: de las 35 sedes judiciales en Bogotá, solo cinco son propias, lo que limita la capacidad de inversión y modernización.

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Imputan cargos por Irregularidades en el contrato para el archivo de expedientes

Imputan cargos a la Rama Judicial por adjudicar un doble contrato con un mismo objeto: archivo de expedientes
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Hugo Cárdenas López

La empresa encargada del archivo de la Rama Judicial le salió al paso luego de los videos publicados en redes sociales. | Foto: Autor Anónimo

A la decisión de la Contraloría se suma un fallo del Juzgado Segundo del Circuito de Facatativá contra la Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración Judicial de Bogotá ordenando pago de la deuda e intereses corrientes y moratorios.

Confirmando el fallo que en primera instancia se emitió en septiembre del 2024, la Contraloría General de la República imputó cargos contra la Rama judicial tras el hallazgo de varias irregularidades en contratos celebrados y ejecutados por la Dirección de Administración Judicial Seccional Bogotá.

Los hechos, que según las denuncias previas involucran a la directora ejecutiva nacional del Consejo Superior de la Judicatura, Nazly Raquel Ramos, y al director de Administración Judicial Seccional Bogotá, José Camilo Guzmán, se originan en un contrato para el archivo de expedientes en el que el ente de control advirtió sobrecostos y detrimento patrimonial, entre otros hallazgos.

La Contraloría se había referido inicialmente a un presunto entramado en el que la entidad que administra los recursos de la Justicia habría incurrido en gestión fiscal antieconómica, inobservancia de decisiones judiciales, deficiencias en la elaboración de estudios, doble contratación y falta de planeación tras la firma de un contrato en el 2023 con el mismo objeto de otro que estaba en ejecución desde el 2022 y que han intentado desconocer.

En esta nueva audiencia, las respuestas de la Dirección de Administración Judicial Seccional Bogotá no logaron desvirtuar los hallazgos iniciales, por lo que la Contraloría corroboró las irregularidades, imputó cargos y trasladó a cada dependencia los hallazgos con incidencia Fiscal, disciplinaria y penal.

Otro golpe a la Rama Judicial

Paralelamente, y en un nuevo revés de la Rama Judicial ante la justicia, el Juzgado Segundo del Circuito de Facatativá falló también contra de la Administración Judicial de Bogotá por las presuntas irregulares cometidas en su intento por desconocer el contrato firmado en el 2022 con Innpacific SAS.

De los cinco procesos ejecutivos que adelanta el contratista contra la Rama Judicial, cuya deuda supera los $7000 millones, ya dos de ellos tienen mandamiento de Pago y se ha ordenado el embargo de las cuentas de la Rama Judicial y hay uno más con sentencia, en el que el juzgado ordena el desembolso del dinero y condena a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Bogotá al pago de intereses corrientes y moratorios, lo que conllevaría a un nuevo caso de detrimento patrimonial.

“De conformidad con el Artículo 365 del Código General del Proceso, se debe condenar en costas a la parte que resultó vencida, esto es la Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración Judicial de Bogotá, razón por la cual y en mérito

Administrando justicia, y por autoridad de la ley, falla: 

1. Se declara no probada la excepción de cobro de lo no debido, propuesta por la Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración Judicial de Bogotá de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del valle.

“2. Seguir adelante con la ejecución de las obligaciones derivadas del título ejecutivo complejo conforme a lo dispuesto en el mandamiento de pago”.

“3. Costas a cargo del ejecutado. Por secretarías se deben liquidar las agencias en derecho se fijan en cuantías del 4% del valor total del crédito (...)”.

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