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Presidencia Uruguaya usará IA para agilizar análisis de Archivos de la dictadura

>>  jueves, 30 de abril de 2026

Presidencia proyecta usar inteligencia artificial para agilizar el análisis de archivos de la dictadura
https://www.carasycaretas.com.uy/


Presidencia proyecta diseñar una aplicación que agilice la gestión documental del Archivo Berrutti y otros acervos, reemplazando el sistema manual.


La Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente busca financiamiento para un proyecto piloto con IA que permita digitalizar, indexar y recuperar información de documentos militares y policiales del último período cívico-militar. Reconocimiento óptico de caracteres, generación automática de metadatos y búsquedas asistidas son algunas de las herramientas previstas.

El objetivo es acelerar las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos y responder con mayor celeridad a los requerimientos de la Justicia.

Secretaría de DDHH

La Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, dependiente de Presidencia de la República, planea incorporar herramientas de inteligencia artificial (IA) para modernizar la gestión documental vinculada a la última dictadura cívico-militar (1973-1985), según consta en la Memoria Anual 2025 del organismo.

El proyecto, que espera conseguir financiamiento durante este año, incluye un plan piloto en el que participarán funcionarios científicos de Presidencia. Estos evaluarán la factibilidad técnica de utilizar tres tecnologías clave:
  • Reconocimiento OCR (óptico de caracteres): para convertir imágenes de documentos escaneados en texto digital editable e indexable.
  • Generación automática de metadatos: para que la IA identifique y asigne información como fecha, personas, temas y lugares a cada documento, facilitando su ordenamiento y recuperación.
  • Búsquedas asistidas por IA: para realizar consultas inteligentes que comprendan el contexto y no se limiten a coincidencias exactas de palabras.
A partir de los resultados del piloto, "se diseñará una aplicación que permita avanzar en forma más rápida en la gestión de la información relacionada con el pasado reciente", indicó la Secretaría.
Mejoras en el archivo Berrutti

Paralelamente, el organismo continuará este año con las mejoras tecnológicas del Archivo Berrutti, uno de los acervos documentales más importantes sobre la represión en Uruguay. Dicho archivo se originó entre 2005 y 2008, cuando Azucena Berrutti estaba al frente del Ministerio de Defensa, y contiene miles de documentos de inteligencia militar y policial.

La Secretaría seguirá describiendo ese material en la plataforma AtoM (Access to Memory), un sistema digital de código abierto que permite organizar documentos según estándares internacionales y facilitar su consulta en línea. Esto permitirá "sustituir al sistema manual de recuperación de la información que se estaba utilizando", explicó el organismo, y responder de forma más ágil a los requerimientos de juzgados y de la Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad.

Digitalización de archivos policiales y militares

El año pasado, la Secretaría retomó un convenio con el Ministerio del Interior y la Universidad de la República para digitalizar el archivo histórico de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia de la Policía Nacional. El acuerdo también incluye expedientes de la Justicia militar y material de jefaturas de Policía del interior.

Además, se acordó que el Ministerio de Defensa Nacional avance en la digitalización integral de sus archivos, proceso que hasta el momento registra alrededor de un 50% de avance.

Resolución de Sandra Lazo

A inicios de año, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, firmó una resolución (fechada el 4 de diciembre) en la que ordena a todas las unidades de las Fuerzas Armadas es decir el Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Dirección de Inteligencia Estratégica y demás dependencias a "asegurar el acceso irrestricto a los archivos de los servicios de inteligencia y demás archivos y acervos documentales que obren en el ámbito del ministerio".

El objetivo es permitir conocer el destino de las personas detenidas desaparecidas antes y durante la última dictadura cívico-militar.

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“Archivo Berrutti”: cerca de tres millones de documentos

>>  martes, 2 de enero de 2018

Un repaso por lo que dejó la comisión investigadora sobre el espionaje en democracia
https://ladiaria.com.uy/

Los tranquilos días de enero son ideales para hacer evaluaciones de muchas de las cosas que pasaron el año pasado. El diputado del Frente Amplio (FA) Gerardo Núñez también hizo un balance; en su caso, de la investigación que lleva adelante la comisión que preside en la Cámara de Representantes, con uno de los nombres más largos que haya tenido una comisión parlamentaria: “Sobre los posibles actos de inteligencia de Estado, violatorios de la normativa legal y constitucional, llevados a cabo por personal policial o militar desde 1985 hasta la fecha”. Pero aun más extenso es el “archivo Berrutti”, la principal fuente de estudio de la comisión, que alberga cerca de tres millones de documentos. El archivo se denomina así, metonímicamente, porque fue encontrado en 2007 durante la gestión de la entonces ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti, en un dependencia de su cartera. La comisión investigadora se creó en noviembre de 2016 e iba a funcionar hasta diciembre de 2017, pero se extendió por un semestre más.

Gerardo Núñez. Foto: Pablo Vignali (archivo, noviembre de 2016)

“El balance es que en nuestro país claramente existió una práctica que se dio por lo menos desde 1968, que estuvo al servicio de la represión y el terrorismo de Estado. Además, una vez conquistada la democracia, las agencias de inteligencia siguieron operando prácticamente con el mismo formato con el que operaban en la dictadura”, señaló Núñez a la diaria. Además, resaltó que tanto las dependencias de inteligencia militar como policial ya en dictadura comenzaron a organizar un repliegue –luego de que el régimen perdiera el plebiscito constitucional de 1980– con el objetivo “de que se pudiera proteger la impunidad, persiguiendo a aquellos sectores sociales y partidos políticos que tienen una impronta por la defensa de los derechos humanos y contra el terrorismo de Estado”.

Entre ceja y ceja

El trabajo de la comisión investigadora tiene gira en torno a dos pilares. El primero es el análisis de los documentos y el segundo son los testimonios de los diversos responsables de las dependencias policiales y militares que comparecieron ante la comisión. El balance que Núñez hace de los testimonios no es tan contundente como el de los documentos. Lo calificó de “dispar”, ya que las declaraciones oscilaron entre quienes reconocieron de forma explícita el espionaje –unos pocos– y quienes ni siquiera se dignaron a darse una vuelta por el Palacio Legislativo –varios–. En el medio de ambos polos están los que asistieron pero aseguraron no saber nada –la mayoría–. Entre los elementos importantes para el análisis que destacó Núñez está el testimonio de Máximo Costa Rocha, ex jefe de la Dirección General de Información e Inteligencia del ministerio del Interior, quien reconoció que el gobierno del presidente Julio María Sanguinetti tenía interés en dar “seguimiento” al proceso que finalizó en el referéndum para derogar la ley de caducidad, el 16 de abril de 1989, que al final fue rechazado.

El presidente de la comisión investigadora subrayó que cuando se define que determinado asunto es de interés para un gobierno desde el punto de vista de la inteligencia militar o policial, “se transforma en una directiva operativa”. “Seguramente utilizaron fuentes abiertas, pero como se ha visto en el ‘archivo Berrutti’, también hay fuentes cerradas, sobre todo de inteligencia militar. Y hay menciones a labores que estaba haciendo inteligencia policial que también tenían que ver con fuentes cerradas; es decir, recolección de información que pasa por encima de aspectos constituciones, legales y normativos”, señaló Núñez, y acotó que no sabe si fue Sanguinetti quien dio la orden de “interesarse” por el proceso del referéndum, “pero está claro que su gobierno promovió este tipo de prácticas”. “En el ‘archivo Berrutti’ hay cientos de documentos de inteligencia militar que están focalizados en el trabajo del voto verde, la recolección de firmas y los procesos de discusión dentro de los partidos. Ahí se involucraba al FA, al Partido Nacional y al Partido Colorado. Tenían interés en conocer cómo se iban posicionando los distintos sectores dentro de cada uno de los partidos para armar su estrategia de contraofensiva sobre esta situación”, aseguró Núñez.

Por ejemplo, un documento del “archivo Berruti” de abril de 1987 –pocos meses después de que empezara la recolección de firmas para establecer la consulta popular– tiene como asunto “referéndum”, con el sello del Servicio de Información de las Fuerzas Armadas, y dice: “Se establece que por intermedio del movimiento sindical se llevan juntadas 75.000 firmas en Montevideo, cifra que se estiraría a 80.000 el primero de mayo”.

Además, Núñez citó un documento en el que un agente solicita a la dirección de inteligencia militar hojas para diagramar un volante, que tenía como idea central que, con o sin referéndum, no se iba a condenar a “los héroes de la patria”, refiriéndose a los militares.

“Ahí hay un claro ejemplo de cómo la inteligencia tuvo un rol de contrainteligencia. Fue una tarea que operó en el plano propagandístico y psicológico. Es decir, no fue solamente la recolección de información, sino que con ella operaban para generar un sentido y un estado de ánimo social”, aseguró el diputado, y agregó que a veces el espionaje servía para hacer “chantajes”: “Recolectaban tal información de tal dirigente de un partido y eso después, tal vez, se ponía a jugar para trabar determinados proyectos políticos”.

Entre los testimonios relevantes, Núñez también destacó el del contralmirante (r) Óscar Otero, quien estuvo al frente de la Dirección General de Información de Defensa entre mayo de 1995 y abril de 1996, durante el segundo gobierno de Sanguinetti. El militar retirado fue el más explícito, al reconocer no sólo el espionaje sino también que este se hacía “por costumbre”. Entre los documentos fechados en el período en el que Otero estuvo en el cargo se puede encontrar desde la lista de dirigentes del FA –con sus números de teléfono incluidos– que se reunieron con Fidel Castro cuando el líder cubano llegó a nuestro país en visita oficial, hasta infiltraciones en el Partido Colorado y en diversas asociaciones, como la de Maestros, Empleados Bancarios y Funcionarios de Pluna.

Así las cosas, como hay testimonios que involucran a los dos gobiernos de Sanguinetti, Núñez quiere citar al ex presidente colorado para que dé su testimonio ante la comisión, pero todavía no lo discutieron en la interna de la bancada del FA. No obstante, el diputado lo conversó informalmente con varios de sus compañeros y todos están de acuerdo. “Yo soy partidario de que tiene que participar y, seguramente, otros ex presidentes también, para que nos digan por qué se generaron este tipo de acciones, si existieron las directivas concretas, quién las dio y por qué motivos”, indicó el diputado.

la diaria se había contactado en setiembre con Sanguinetti, quien aseguró que su gobierno “nunca jamás” ordenó un espionaje “de nadie ni de nada”. Agregó que “cosas que pueden haber ocurrido ahí adentro habrán escapado a toda idea de contralor o de conducción política”, y que si hubiera tenido noticias sobre el espionaje “hubiera actuado”. Por último, señaló que está dispuesto a comparecer ante la comisión, pero que no cree posible que pueda agregar nada más de lo que le dijo a este medio.

Lista de invitados 2018 
La comisión investigadora extendió su trabajo hasta el 30 de junio de 2018, debido a que todavía está analizando el gran volumen de documentos del “archivo Berrutti”, e hizo un pedido al Ministerio del Interior para que se proporcionen todos los archivos de inteligencia policial, de forma de complementar la información. Además, todavía falta que comparezcan ante la comisión varios de los directores de inteligencia policial. Luego invitarán a los ex encargados de las direcciones de inteligencia de cada fuerza del ámbito militar, es decir, la Fuerza Aérea, la Armada Nacional y el Ejército; se trata de una veintena de personas. Por último, Núñez no descartó que también inviten a más personas del ámbito civil.

Arranquen sin mí
Juan A Zerpa, Daniel Legnani, Mario Aguerrondo y Francisco Wins, ex directores de inteligencia militar entre 1985 y 1999, no asistieron a la comisión en la fecha en que se los invitó. Núñez explicó que no fueron citados de vuelta ya que “por el tono de la respuesta” demostraron que “no tenían interés”. Por eso la Cámara de Representantes aprobó una declaración en la que cuestionó a los cuatro militares, ya que entendieron que su ausencia “constituye un impedimento formal para el análisis y la investigación”. “Esta actitud pretende desconocer al Parlamento y el cometido encomendado” a la comisión, “queriendo amputar la posibilidad de que el pueblo uruguayo conozca las razones de por qué se desarrolló Espionaje Militar en Democracia”, sentenció la declaración. En cambio, hasta el momento todos los ex jefes de inteligencia policial que fueron citados dieron respuestas positivas, indicó Ñúñez.

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