Paralizada la distribución de archivos para imprimir armas en 3D

Un juez paraliza la distribución de archivos para imprimir armas en 3D
https://www.economiadigital.es/

In extremis. Un juez de Seattle ha suspendido temporalmente la la carta blanca que iba a permitir a Cody Wilson distribuir los archivos informáticos con los diseños para fabricar armas de fuego "caseras" utilizando una impresora 3D convencional.

La restricción judicial temporal llegó unas pocas horas antes de que entrase en vigor el acuerdo entre Defense Distributed, la iniciativa online y sin ánimo de lucro de Cody Wilson, y el Departamento de Justicia.

El juez Robert Lasnik atiende así a la solicitud presentada por ocho fiscales generales del estado y el Distrito de Columbia. El juez Lasnik admite que su fallo presenta "serias cuestiones de la Primera Enmienda que tendrán que ser resultas más tarde", pero que por ahora no debería haber "instrucciones de ningún tipo de cómo producir armas 3D en Internet", según The New York Times.

Las armas impresas en 3D son "funcionales e indetectables"

Para los demandantes "las armas impresas en 3D son armas funcionales que a menudo son se escapan a los detectores de metales porque están hechas de materiales que no son de metal (por ejemplo, plástico) y no se pueden rastrear porque no contienen números de serie. Cualquiera con acceso a los archivos CAD y una impresora 3D disponible en el mercado podría fabricar, poseer o vender estas armas."

En la práctica obtener un modelo funcional "exige ciertos conocimientos prácticos sobre mecánica de armas, impresión 3D, fresado y fabricación CNC," según la publicación MIT Technology News.

En EE UU no es ilegal la fabricación de armas caseras, aunque están sometida a la regulación de la ’Undetectable Firearms Act’ que obliga a que el percutor sea metálico para su detección. Esta ley prohíbe expresamente construir armas indetectables y regula su venta entre particulares.

Para la fiscal de Nueva York, Barbara Underwood, esta es "una gran victoria para el sentido común y para la seguridad pública," mientras que para los abogados de Cody Wilson el fallo del juez Lasnik "viola los derechos recogidos en la Primera Enmienda" de la constitución de EE UU y supone un ataque "contra la libertad de expresión", según recoge The Washington Post.

Autor: Nacho Palou

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Diferencias entre Sala Social y Sala Penal en revisión de archivos temporales por la empresa de los empleados

La prueba informática difiere en el ámbito Social y Penal
http://www.eleconomista.es/ 22/05/2015

Los expertos justifican las discrepancias doctrinales en el Tribunal Supremo sobre el deber de autorización judicial

Son justificables las discrepancias doctrinales entre la jurisdicción Social y la Penal a la hora de establecer los requisitos para la práctica de intervenciones de las comunicaciones telemáticas, según las conclusiones de la primera jornada del Observatorio de Derecho Penal Económico 2015, de la Cátedra de Investigación Financiera y Forense de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y la consultora KPMG.

"La Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS) se ha centrado en las expectativas razonables de privacidad y cómo eso delimita o no el derecho a la intimidad, en el que no hay un requisito absoluto de autorización judicial, lo que compatibiliza ambas doctrinas", según resumió, Juan Pablo Regojo, abogado de Garrigues.

Así se justifican las profundas diferencias entre la sentencia de la Sala de lo Penal, de 16 de junio de 2014, y las emitidas por la Sala de lo Social, en recursos para unificación de 26 de septiembre de 2007, 8 de marzo de 2011 y 28 de septiembre de 2011, avaladas por las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) 241/2012, de 17 de diciembre y 170/2013, de 7 de octubre.
Prohibiciones previas

La Sala de lo Social estima que la empresa ha de establecer previamente las reglas de uso de los medios informáticos -con aplicación de prohibiciones absolutas o parciales- e informar a los trabajadores de que existirá control y de los medios que han de aplicarse para comprobar la corrección de los usos, así como de las medidas que han de adoptarse para garantizar la utilización laboral cuando sea preciso, sin perjuicio de la posible aplicación de otras medidas de carácter preventivo, como la exclusión de determinadas conexiones. La empresa no puede aprovechar una revisión de ordenadores para comprobar los contenidos de los archivos temporales de los correos electrónicos, sin que existiese aviso previo sobre esa posibilidad.

Por el contrario, la Sala de lo Penal establece que para que se dé valor y eficacia probatoria al resultado de la prueba en la intervención de las comunicaciones protegidas por el derecho consagrado en el artículo 18.3 de la Constitución, resultará siempre necesaria la autorización e intervención judicial.

José Manuel Maza, magistrado del TS y ponente de la sentencia Penal, explicó que con independencia del criterio de la jurisdicción Social, en la Penal, es indispensable la autorización judicial previa, lo que se fundamenta en que la Constitución no contempla excepciones.

La consecuencia en el proceso penal de la obtención de la prueba sin autorización judicial es su nulidad, lo que no implica que quien realiza el registro cometa un delito contra la intimidad, ya que "su conducta estaría amparada por la facultad de controlar el uso de los ordenadores para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales", afirmó.

Por su parte, Elvira Tejada, fiscal de Sala coordinadora en materia de criminalidad informática, expresó dudas sobre la argumentación del TC, según la cual la disposición de un convenio colectivo sectorial puede resultar suficiente para considerar que no exista expectativa razonable de confidencialidad derivada del uso de medios telemáticos. Y dijo, además, que debería exigirse conocimiento efectivo de la prohibición por el empleado. Asimismo, reiteró que "el secreto de las comunicaciones se ha de defender cuando el objeto de las mismas sean conversaciones privadas y no cuando haya una plena conciencia de que se producen en un medio abierto".

Rafael Alcácer, profesor titular de Derecho Penal de la URJC, elogió que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal regule el contenido del artículo 18 de la Constitución (intimidad y secreto de las comunicaciones), poniendo fin a una situación que ha ocasionado numerosas condenas de tribunales internacionales.


 

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...MIENTRAS PROSIGUEN LOS TRABAJOS PARA RECUPERAR LOS ARCHIVOS INFORMATICOS

Los delegados sindicales visitan el Ayuntamiento
http://www.diariodeleon.es/ 01/09/2012

Momento de la visita ayer de los sindicatos, acompañados por varios concejales del equipo de gobierno.dl

Los delegados sindicales del Ayuntamiento acompañados por las concejalas de Personal, Nuria Lesmes, y Urbanismo, Belén Martín-Granizo visitaron ayer el Ayuntamiento para comprobar el transcurso de las obras en las primeras plantas, donde volverán los primeros trabajadores. Además, también estuvieron durante la visita técnicos municipales y el concejal de Participación Ciudadana, Javier Reyero.

Mientras, el Ayuntamiento sigue en el proceso de recuperar sus archivos informáticos y la normalidad en su actividad municipal diaria.

Con estas visitas, el equipo de gobierno quiere dar todas las garantías a los trabajadores y despejar cualquier duda sobre la vuelta a las primeras plantas del edificio principal.

Desde el equipo de gobierno mantienen que han cumplido el objetivo de dar el mejor servicio posible ante una situación excepcional como el incendio.

Dentro de las tareas que se están llevando a cabo para recuperar la normalidad en el edificio cabe destacar, que el Ayuntamiento ya puede volver a emitir certificados oficiales, además, ayer se hizo efectivo el pago de la nómina a los trabajadores del Consistorio. Para la emisión de certificados era necesario conectar el nuevo búnker informático, que ahora está en el centro de supercomputación de la Junta en el campus de Vegazana, con sus servicios centrales en San Marcelo.

Mientras, prosiguen los trabajos para recuperar los archivos informáticos. En principio, el Ayuntamiento de León ya cuenta con los equipos necesarios para esa tarea, que ha sido contratada a dos empresas, una de Asturias y otra de Madrid. Lo que se ha perdido es parte del archivo de papel, según reconoció esta semana el portavoz, López Benito. El Ayuntamiento se podrá en contacto con los afectados.

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ELIMINAR ARCHIVOS PARA OCULTAR VERDADES

Policarpo Sánchez denuncia que se han eliminado cientos de archivos informáticos del Ministerio de la Cultura
http://www.abc.es/ 14/06/2012

El investigador salmantino pide al ministro que cree una “comisión revisora” para estudiar las irregularidades y al PP “valentía” para evitar nuevas salidas

El investigador salmantino Policarpo Sánchez denunció ayer que se han eliminado “cientos” de archivos informáticos que antes podían consultarse en el Ministerio de Cultura y que estaban relacionados con documentos depositados en el Centro Documental de la Memoria Histórica, que ahora se van a enviar al Archivo Nacional de Cataluña.

En concreto, citó que ha desaparecido toda la documentación relacionada con el sindicato UGT de estos archivos, que sí podían consultarse en los registros en el año 2010, lo que a su juicio evidencia la “falta de transparencia” llevada a cabo en este proceso. Además, afirmó que ha sido una “chapuza” y que se ha “engañado” al Patronato con el objetivo de “pasar el filtro” con documentos que no cumplían con la ley de restitución.

Sobre este aspecto incidió y aseguró que los técnicos encargados de las labores de selección de documentación con destino a Cataluña han “manipulado” los papeles archivados para que parezca que procedían de esta comunidad, cuando en realidad no lo eran.

Sánchez puso como ejemplo el caso de un certificado de trabajo de un hombre, Guillermo Suils, con cuyo hijo se puso en contacto para ratificar que este ciudadano nació en Logroño y trabajó en Madrid, por lo que no tuvo ninguna vinculación con Cataluña. También es el caso de un carné del ejército republicano de Lorenzo Montoya, natural de un pueblo de Albacete o la correspondencia privada que diputados socialistas enviaron al que fuera en esa época, presidente de la Casa del Pueblo de Madrid. Por tanto, reiteró que han salido “ilegalmente” de Salamanca, por no poder demostrarse su vinculación con la Generalitat.

Cuando los documentos se someten a votación, añadió, se “manipula su identificación”, como con los papeles relativos a un supuesto PSOE de Sabadell, que recordó no existía en los años 30, así como afirmó ocurre con otros documentos en los que figura claramente el sello donde se produjo la incautación y que en ningún caso es catalán, pero se “mintió” refiriéndose con nombres genéricos como el de “carné UGT Cataluña”.
Comisión revisora

Ante esta situación, solicitó al Ministerio de Cultura que cree una “comisión revisora” que estudie estos casos y exija la devolución de los documentos que no cumplen estrictamente con la ley. Este investigador opinó que no deben formar parte de la misma ninguno de los técnicos enviados por la Generalitat de Cataluña o quienes hayan formado parte del proceso anterior y si abogó porque colaboren técnicos y profesionales de los partidos o sindicatos que se han opuesto a este proceso desde el principio, como el Partido Comunista o la CNT. Además, indicó que también pueden formar parte del proceso historiadores y abogados que verifiquen el cumplimiento de la ley.
Salida inminente

Por otro lado, recordó que hoy han finalizado su trabajo los técnicos de la empresa contratada por la Generalitat para la selección de nuevos documentos, por lo que auguró que pronto se producirá un envío de fondos. En total, calculó que se han elegido 246 cajas, que contienen 73.460 papeles y se han digitalizado 86.580 imágenes.

A su juicio, permitir este nuevo envío daría “categoría de legalidad” al proceso anterior, cuando no lo ha sido, y por tanto, habría que “paralizarlo”. Lo más sensato, continuó, es esperar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre este tema y destacó que es de “sentido común” que un ministro del Partido Popular, espere a dicha resolución, ya que fue este partido quien interpuso el recurso.

Asimismo, pidió al PP “valentía” y que pierda “el temor” a las posibles consecuencias políticas que pueda tener el modificar o derogar esta ley, porque explicó que “si quiere, puede hacerlo”, gracias a la mayoría absoluta de la que dispone.

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AYUNTAMIENTO DE ALFAFAR REESTABLECIO SUS ARCHIVOS ROBADOS Y BORRADOS

Alfafar recupera los archivos informáticos municipales
http://www.lasprovincias.es/ 02/05/2012
El Ayuntamiento de Alfafar ha recuperado los archivos informáticos del gabinete de alcaldía que «desaparecieron» cuando el equipo de gobierno del PP asumió la alcaldía en mayo del año pasado. En total, el departamento de modernización ha logrado restablecer 560 gigas de información sobre notas de prensa y biblioteca de imágenes. «Se ha cumplido con la ley de protección de datos y las carpetas que podían contener información personal no se ha recuperado», señalan desde este departamento.
Según fuentes del equipo de Gobierno, la iniciativa surgió por la necesidad del departamento de cultura de acceder al archivo fotográfico. «Sabíamos que la información se encontraba en el disco duro porque tampoco se hacían copias de seguridad, así que decidimos recuperarla porque pertenece a los ciudadanos de la localidad», manifestaron. Ahora, el Ayuntamiento dispone de fotografías e información municipal de los últimos ocho años.
Responsables del Ayuntamiento de Alfafar recuerdan que tras ganar las elecciones «no se produjo el habitual traspaso de poderes. «Lo que si hicieron fue vaciar todos los archivos desde 2004 y borrar la información del ordenador».
El PP denunció tras ganar las elecciones municipales en Alfafar que la brigada de obras «se llevó por la noche cajas llenas de documentos del Consistorio. En algunas de esas cajas se hacía referencia a proyectos vinculados con la alcaldía».
El presupuesto para que una empresa externa recuperara toda la información en un corto espacio de tiempo era de 3.000 euros, pero el Ayuntamiento prefirió que el trabajo lo realizara el departamento de Modernización, ya que aunque el proceso fuera mucho más lento, el coste era cero.

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