Municipio de General Pueyrredon: Digitalizar documentación administrativa, conservarla en formato electrónico y avanzar con la sustitución documental

Menos papel y archivos digitales: el municipio impulsa un proyecto para la gestión documental electrónica
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La iniciativa apunta a que la documentación administrativa municipal pueda digitalizarse, conservarse en formato electrónico y reemplazar el soporte físico.

El proyecto que el Municipio de General Pueyrredon elevó al Concejo Deliberante apunta a cambiar la forma en que la administración trabaja con sus documentos: menos papeles acumulados, más archivos digitales y reglas para conservar o reemplazar el soporte físico. La iniciativa forma parte de una agenda más amplia de modernización municipal.

En términos prácticos, la ordenanza permitiría crear un régimen para digitalizar documentación administrativa, conservarla en formato electrónico y avanzar con la sustitución documental. También habilitaría procedimientos para la destrucción del soporte físico, siempre bajo las pautas que luego deberá reglamentar el Ejecutivo.

El cambio no quedaría limitado a una oficina puntual. El proyecto establece que el régimen será obligatorio para la Administración Central, los entes descentralizados y todos los organismos dependientes de la Municipalidad que produzcan, reciban, tramiten o conserven documentación administrativa.

Eso significa que expedientes, archivos y documentos internos podrían ingresar progresivamente a un circuito de gestión documental electrónica. El objetivo declarado es consolidar la política de despapelización y darle un marco normativo permanente a esos procesos.

La iniciativa se apoya en normas nacionales y provinciales vinculadas con firma digital y gestión documental. Entre ellas menciona la Ley Nacional 25.506 de Firma Digital, la Ley Nacional 27.446, la Ley Provincial 13.666 y la normativa municipal vigente.
Qué efectos tendría

El primer efecto sería ordenar la digitalización de documentos que hoy pueden existir en soporte físico. El proyecto no solo habla de escanear o conservar copias, sino de crear un régimen integral para que esa documentación tenga respaldo normativo dentro de la administración.

El segundo punto es la conservación digital. La ordenanza busca que los documentos administrativos puedan preservarse en formato electrónico bajo procedimientos definidos, lo que apunta a reducir la dependencia del archivo en papel.

El tercer efecto es la sustitución documental. En la práctica, ese concepto abre la puerta a reemplazar el soporte físico por documentos digitales dentro de los circuitos administrativos, siempre que se cumplan las condiciones que fije la reglamentación.

Otro aspecto sensible es la destrucción del soporte físico. El texto faculta al Ejecutivo a reglamentar, supervisar y actualizar los procedimientos de digitalización, conservación y destrucción documental. Por eso, si la ordenanza avanza, la implementación concreta dependerá de reglas posteriores.

La autoridad de aplicación sería compartida por la Secretaría de Participación Ciudadana y Descentralización y la Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda, o por las dependencias que en el futuro las reemplacen. Esas áreas deberán conducir el proceso y definir cómo se aplicará en las distintas dependencias.

El proyecto se suma a otros movimientos recientes vinculados con tecnología en la gestión pública. En los últimos meses, el Ejecutivo autorizó contrataciones tecnológicas para inteligencia artificial aplicada a procesos municipales y bloqueo de apuestas online en escuelas.