Expedientes de administración pública deben estar en buenas condiciones. Ver este ejemplo
>> jueves, 22 de mayo de 2014
La Guardia Civil carga una furgoneta con expedientes de cursos de la Junta
http://www.larazon.es/ 22/05/2014
Las pesquisas se iniciaron en diciembre del año pasado, cuando la Guardia Civil realizó sendos registros en los archivos de UGT-A de Sevilla y Córdoba. La operación fue ordenada por la juez Alaya, a la que la Audiencia apartó del caso en marzo. No obstante, Alaya cursa diligencias sobre una pieza separada que abrió en septiembre del año pasado y que se deriva de los pagos millonarios de UGT-A a una empresa pantalla de la órbita del conseguidor de los ERE Juan Lanzas dedicada a tareas formativas.
Los responsables de la investigación pidieron a la juez instructora, Mercedes Alaya, que reclamara a la Junta los expedientes relativos a formación de trabajadores. El 17 de marzo, la Guardia Civil se dirigió de nuevo a la magistrada para concretar su petición y que se pidieran los citados expedientes referidos al periodo comprendido entre 2004 y 2011. Como ha pasado suficiente tiempo para que la Junta pudiera cumplimentar la petición, la Benemérita pidió a Alaya que dictara un auto en el que se hiciera un requerimiento para que los papeles y soportes informáticos fueran entregados de inmediato.
La sorpresa saltó el martes, cuando se filtró una noticia en la que se daba cuenta del registro, que no se iba a efectuar hasta ayer. Lo cierto, según las citadas fuentes, es que se tienen noticias de que en las últimas horas se ha trabajado con intensidad en la citada Dirección General y que cuando los agentes de la Guardia Civil se presentaron ayer con el requerimiento, parte de la documentación estaba ya preparada.
La actitud de Carlos Cañavate, titular de la mencionada Dirección General, ha sido en todo momento de colaboración con los agentes. De hecho, Cañavate indicó a la Guardia Civil que la documentación, en papel y soporte digital, que faltaba sería entregada ayer mismo o en los próximos días. El requerimiento que la juez Alaya había entregado a los investigadores era para que no se fueran de las dependencias oficiales hasta que no tuvieran en sus manos dicha documentación o la certeza de que contarían con ella en breve.
La Guardia Civil investiga el asunto de las ayudas a la formación por orden de dos juzgados de Sevilla: el 6, de Alaya, sobre el papel de la Junta de Andalucía en este caso; y el 9, sobre posibles irregularidades cometidas por UGT. La actuación de ayer se produjo después de que el lunes se personaran funcionarios del juzgado de Alaya en la Dirección de Informática de la Junta para obtener dos claves de programas relacionados con la formación
http://www.larazon.es/ 22/05/2014
Momento en el que introducen los expedientes de la Junta ayer en el furgón del juzgado de Alaya Manuel Olmedo
Agentes de la Guardia Civil se personaron ayer en la sede de la Dirección General de Formación de la Junta para recoger expedientes de cursos reclamados por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya. Una furgoneta salió camino del juzgado repleta de documentos. La Benemérita desconoce hasta qué punto se ha podido perjudicar la investigación que realiza sobre un posible fraude en los fondos para la formación de trabajadores al haberse producido, el pasado martes, una filtración en la que, de hecho, se anunciaba el registro que finalmente se efectuó ayer, según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto. El malestar entre los agentes, que llevan muchos meses trabajando en el caso, es considerable.
Las pesquisas se iniciaron en diciembre del año pasado, cuando la Guardia Civil realizó sendos registros en los archivos de UGT-A de Sevilla y Córdoba. La operación fue ordenada por la juez Alaya, a la que la Audiencia apartó del caso en marzo. No obstante, Alaya cursa diligencias sobre una pieza separada que abrió en septiembre del año pasado y que se deriva de los pagos millonarios de UGT-A a una empresa pantalla de la órbita del conseguidor de los ERE Juan Lanzas dedicada a tareas formativas.
Los responsables de la investigación pidieron a la juez instructora, Mercedes Alaya, que reclamara a la Junta los expedientes relativos a formación de trabajadores. El 17 de marzo, la Guardia Civil se dirigió de nuevo a la magistrada para concretar su petición y que se pidieran los citados expedientes referidos al periodo comprendido entre 2004 y 2011. Como ha pasado suficiente tiempo para que la Junta pudiera cumplimentar la petición, la Benemérita pidió a Alaya que dictara un auto en el que se hiciera un requerimiento para que los papeles y soportes informáticos fueran entregados de inmediato.
La sorpresa saltó el martes, cuando se filtró una noticia en la que se daba cuenta del registro, que no se iba a efectuar hasta ayer. Lo cierto, según las citadas fuentes, es que se tienen noticias de que en las últimas horas se ha trabajado con intensidad en la citada Dirección General y que cuando los agentes de la Guardia Civil se presentaron ayer con el requerimiento, parte de la documentación estaba ya preparada.
La actitud de Carlos Cañavate, titular de la mencionada Dirección General, ha sido en todo momento de colaboración con los agentes. De hecho, Cañavate indicó a la Guardia Civil que la documentación, en papel y soporte digital, que faltaba sería entregada ayer mismo o en los próximos días. El requerimiento que la juez Alaya había entregado a los investigadores era para que no se fueran de las dependencias oficiales hasta que no tuvieran en sus manos dicha documentación o la certeza de que contarían con ella en breve.
La Guardia Civil investiga el asunto de las ayudas a la formación por orden de dos juzgados de Sevilla: el 6, de Alaya, sobre el papel de la Junta de Andalucía en este caso; y el 9, sobre posibles irregularidades cometidas por UGT. La actuación de ayer se produjo después de que el lunes se personaran funcionarios del juzgado de Alaya en la Dirección de Informática de la Junta para obtener dos claves de programas relacionados con la formación
Autor:J. M. Zuloaga .
Alonso: “No sé qué expedientes se ha llevado la juez”
http://ccaa.elpais.com/ 22/05/2014
El consejero de Educación, el socialista Luciano Alonso, desconoce cuántos y qué expedientes ha recogido la Guardia Civil de la dirección general de Formación Profesional para el Empleo por orden de la juez Mercedes Alaya, según ha dicho esta mañana en una comparecencia parlamentaria solicitada por el grupo popular. “No sé qué expedientes se ha llevado la juez”, ha dicho Alonso, quien ha informado que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil continuarán hoy con este trabajo. Alonso ha dicho que Educación firmó un recibí.
Alonso no ha facilitado información alguna sobre la investigación interna abierta por su departamento sobre la justificación de expedientes recibidos por instituciones, agentes sociales y entidades privadas para cursos de formación. “Queremos garantizar la seguridad jurídica de terceros para todos y cuando la información de reintegro sea firme la haré pública, no antes”, ha argumentado.
En una comparecencia en el Parlamento el pasado 30 de abril, el consejero de Educación contó que había pedido el reintegro de 1.059.176 euros de los 2.326 millones que destinó la Junta en siete años, desde 2007 hasta 2013. Ese dinero corresponde a cuatro expedientes, de un total 1.728 analizados, en los que ha habido fraude, por un uso no justificado de las ayudas.
Alonso se ha ceñido hoy sólo a dar una cronología de la petición cursada por la juez Alaya, que abrió una causa separada de los ERE sobre supuestos delitos en cursos de formación realizados por el sindicato UGT con fondos de la Junta de Andalucía. Según ha dicho, el pasado 20 de marzo la dirección general de Formación Profesional para el Empleo recibió una diligencia de requerimiento de información sobre la gestión y justificación de las ayudas recibidas por agentes sociales, así como un desplegable con las ayudas concedidas entre 2004 y 2011. También solicitaba acceso a la UCO de las aplicaciones informáticas sobre los cursos.
El pasado 7 de abril, esta información se envió a los servicios jurídicos de la Junta. Hace dos días, el 20 de mayo, la Guardia Civil recogió las claves de las aplicaciones informáticas y ayer “se presentaron a recoger” la documentación. Según Alonso, la colaboración de la Junta llegó hasta el punto de “facilitar hasta el transporte” de estos archivos.
El PP se ha mostrado muy insatisfecho con los datos aportados por Alonso y ha acusado a la presidenta de la Junta, de "imponer la ley del silencio". La diputada popular Teresa Ruiz Sillero ha acusado al consejero de "informar desinformando" lo que, en su opinión, da pie a que se puedan plantear "hipótesis" sobre el uso fraudulento de los fondos.
El PP había pedido la comparecencia para conocer la situación de la tramitación administrativa de los expedientes de reintegro de cantidades indebidamente percibidas por UGT de Andalucía en concepto de subvenciones para la formación para el empleo, así como de las cantidades devueltas por dicho concepto. Según los datos aportados por Alonso, se han inspeccionado un total de 41 expedientes de UGT, de los que tres "a los que se les ha iniciado ya el procedimiento de inicio de reinyegro". Pese a la insistencia de la diputada del PP, el titular de Educación no ha dicho a cuánto se eleva la cantidad en cuestión. Estos expedientes corresponden a líneas de ayudas a formación para desempleados.
Ruiz Sillero se ha mostrado sorprendida por el "desparpajo" de Alonso al afirmar que no conoce la documentación que se ha llevado la Guardia Civil, por lo que, según ella, debería ser destituido de su cargo. "Yo no hubiera dormido", le ha reprochado la diputada, quien ha preguntado si "esto es una ramificación del caso de los ERE o no".
A lo largo de toda su intervención, Alonso ha acusado al PP de generar un "confusión orquestada" que denota su desconocimiento del procedimiento administrativo y de crear "una gran hoguera" de todo lo relacionado con los cursos de formación. "Hacen juicios sumarísimos con expedientes que aún están en plazo de justificación", ha subrayado.
Autor: LOURDES LUCIO
Alonso: “No sé qué expedientes se ha llevado la juez”
http://ccaa.elpais.com/ 22/05/2014
El consejero de Educación, el socialista Luciano Alonso, desconoce cuántos y qué expedientes ha recogido la Guardia Civil de la dirección general de Formación Profesional para el Empleo por orden de la juez Mercedes Alaya, según ha dicho esta mañana en una comparecencia parlamentaria solicitada por el grupo popular. “No sé qué expedientes se ha llevado la juez”, ha dicho Alonso, quien ha informado que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil continuarán hoy con este trabajo. Alonso ha dicho que Educación firmó un recibí.
Alonso no ha facilitado información alguna sobre la investigación interna abierta por su departamento sobre la justificación de expedientes recibidos por instituciones, agentes sociales y entidades privadas para cursos de formación. “Queremos garantizar la seguridad jurídica de terceros para todos y cuando la información de reintegro sea firme la haré pública, no antes”, ha argumentado.
En una comparecencia en el Parlamento el pasado 30 de abril, el consejero de Educación contó que había pedido el reintegro de 1.059.176 euros de los 2.326 millones que destinó la Junta en siete años, desde 2007 hasta 2013. Ese dinero corresponde a cuatro expedientes, de un total 1.728 analizados, en los que ha habido fraude, por un uso no justificado de las ayudas.
Alonso se ha ceñido hoy sólo a dar una cronología de la petición cursada por la juez Alaya, que abrió una causa separada de los ERE sobre supuestos delitos en cursos de formación realizados por el sindicato UGT con fondos de la Junta de Andalucía. Según ha dicho, el pasado 20 de marzo la dirección general de Formación Profesional para el Empleo recibió una diligencia de requerimiento de información sobre la gestión y justificación de las ayudas recibidas por agentes sociales, así como un desplegable con las ayudas concedidas entre 2004 y 2011. También solicitaba acceso a la UCO de las aplicaciones informáticas sobre los cursos.
El pasado 7 de abril, esta información se envió a los servicios jurídicos de la Junta. Hace dos días, el 20 de mayo, la Guardia Civil recogió las claves de las aplicaciones informáticas y ayer “se presentaron a recoger” la documentación. Según Alonso, la colaboración de la Junta llegó hasta el punto de “facilitar hasta el transporte” de estos archivos.
El PP se ha mostrado muy insatisfecho con los datos aportados por Alonso y ha acusado a la presidenta de la Junta, de "imponer la ley del silencio". La diputada popular Teresa Ruiz Sillero ha acusado al consejero de "informar desinformando" lo que, en su opinión, da pie a que se puedan plantear "hipótesis" sobre el uso fraudulento de los fondos.
El PP había pedido la comparecencia para conocer la situación de la tramitación administrativa de los expedientes de reintegro de cantidades indebidamente percibidas por UGT de Andalucía en concepto de subvenciones para la formación para el empleo, así como de las cantidades devueltas por dicho concepto. Según los datos aportados por Alonso, se han inspeccionado un total de 41 expedientes de UGT, de los que tres "a los que se les ha iniciado ya el procedimiento de inicio de reinyegro". Pese a la insistencia de la diputada del PP, el titular de Educación no ha dicho a cuánto se eleva la cantidad en cuestión. Estos expedientes corresponden a líneas de ayudas a formación para desempleados.
Ruiz Sillero se ha mostrado sorprendida por el "desparpajo" de Alonso al afirmar que no conoce la documentación que se ha llevado la Guardia Civil, por lo que, según ella, debería ser destituido de su cargo. "Yo no hubiera dormido", le ha reprochado la diputada, quien ha preguntado si "esto es una ramificación del caso de los ERE o no".
A lo largo de toda su intervención, Alonso ha acusado al PP de generar un "confusión orquestada" que denota su desconocimiento del procedimiento administrativo y de crear "una gran hoguera" de todo lo relacionado con los cursos de formación. "Hacen juicios sumarísimos con expedientes que aún están en plazo de justificación", ha subrayado.
Autor: LOURDES LUCIO
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