¿Destruyeron documentos las Fuerzas Armadas en El Salvador?

Tensión entre Defensa e IAIP por destrucción de archivos 

http://www.laprensagrafica.com/

El ministro de la Defensa, David Munguía Payés, aseguró ayer que la Fuerza Armada no ha destruido ningún documento sobre operativos militares que concluyeron en masacres durante el conflicto armado. No obstante, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) sostiene que hay evidencias de que varios documentos fueron expurgados (destruidos) en el momento inmediato en que ciudadanos solicitaron, a través de la oficina de acceso castrense, la información que contenían esos documentos.

“Rechazamos tajantemente cualquier información sobre la destrucción de documentación de valor histórico para la investigación administrativa y judicial sobre operaciones militares. No se ha ordenado ninguna destrucción de documentos (...) Se debe tener claro también que varias de las operaciones no constan en los libros, porque se hicieron de palabra, verbales”, dijo el ministro Munguía Payés.

El ministro, además, calificó de “parcial” la resolución del IAIP sobre la supuesta destrucción de documentos y la posterior notificación a la Fiscalía General de la República (FGR), para que investigue y determine si hay responsabilidad penal en el acto de expurgación de documentos.

“Esa resolución está parcializada. El Instituto de Acceso acusa a esta institución armada de destruir documentos, sin darnos derecho a audiencia e ignorando presunción de inocencia. Nos sentimos ofendidos como institución armada por los señalamientos del Instituto”, dijo el ministro, quien agregó que la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) “le dio la razón al Ministerio de la Defensa en este caso”.

Jaime Campos, comisionado del IAIP, dijo a este periódico que la razón por la que el Ministerio de la Defensa no fue escuchado antes de solicitar a la Fiscalía una investigación, es porque “los entes obligados a dar información nunca están dispuestos a ser investigados”. Según Campos, no tenía sentido preguntarle al Ministerio de la Defensa si estaba de acuerdo con la notificación que el Instituto hizo la semana pasada ante el ministerio público.

La comisionada Herminia Funes fue más allá y dijo que “el ministro debe leer la ley para entender que el instituto no se ha extralimitado y que ha hecho lo que le compete, es decir notificar a la Fiscalía de esta situación”. Funes también señaló que entre todas las instituciones obligadas a entregar información, el Ministerio de la Defensa es una de las instituticiones que sobresalen por negar información, bajo el argumento de que es inexistente.

“A los funcionarios públicos no les gusta verse expuestos ante la opinión pública, no les gusta rendir cuentas. Eso no abona al derecho de acceso a la información”, dijo la comisionada.

Petición a Sala

Los comisionados adelantaron que después de la Semana Santa, el instituto enviará un escrito a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la CSJ, para que emita una medida cautelar sobre el resguardo de toda la documentación relacionada con el caso de las hermanas Ernestina y Erlinda Serrano, desaparecidas el 2 de junio de 1982, durante una campaña militar denominada Operación Limpieza. Sobre ese caso, el Ministerio de la Defensa también se negó a dar información y acudió ante esa Sala para pedir que respalde su respuesta sobre la “no existencia de esos documentos”.

“Ante este caso, en que hay evidencia de la destrucción de documentos, vamos a pedir a la Sala de lo Contencioso que emita una medida cautelar. Lastimosamente no hay un plazo para que la Sala resuelva lo solicitado por el Ministerio de la Defensa, pero en ese tiempo es que debe emitir la medida cautelar del resguardo de toda la documentación”, dijo el comisionado Campos.

Los comisionados explicaron que harán la petición a la Sala, porque temen que el Ministerio de la Defensa “continúe destruyendo documentos”.

La evidencia

La comisionada Funes dijo que aunque el ministro de Defensa asegura que no hubo expurgación de documentos, hay dos actas que comprueban que documentos de operativos militares fueron destruidos, con el aval del Archivo General de la Nación (AGN) en abril de 2015 y otros en noviembre de 2016. Esas fechas, además, coinciden con la solicitud de información y proceso de apelación en el instituto.

“Nos llama poderosamente la atención que en las actas se evidencia que hubo destrucción de documentos sobre operativos militares, pero que siguen intactos libros sobre menú de comidas durante los operativos”, dijo la comisionada.

Funes también agregó que en las actas de expurgación dice que, entre los documentos destruidos, hay algunos que no han sido especificados y que solo fueron mencionados como “otros documentos”.

“La Fiscalía también tiene que investigar a qué se refieren los otros documentos destruidos, porque pueden ser importantes”, comentó.

Autor: Ezequiel Barrera