Ley General de Archivos debe ir de la mano con la ciudadanía
>> viernes, 14 de abril de 2017
No hay razón para aplazar la Ley de Archivos, acusan
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, supervisó las obras de modernización y restauración del Archivo General de la Nación.
El senador Armando Ríos Piter, secretario de la Comisión de Gobernación, consideró que sin la renovación de la Ley General de Archivos, no se puede contar con un Sistema Nacional de Transparencia completo.
“Ha habido intentos de quitarle fuerza a esta ley porque saben muchos que la ley de transparencia depende de los documentos, de la existencia de los mismos, que estén protegidos, no con una visión sesgada, sino de acceso para toda la sociedad, ésta es la condición fundamental que requiere una ley de archivos para garantizar un fortalecimiento de una vida democrática”, dijo en entrevista.
Lo que se requiere, expuso, es que se facilite el acceso amplio y expedito a la información, que los archivos puedan estar claramente regulados sin que haya una sola institución que lo que quiera es sacar ventaja de la administración de los mismos.
Sin embargo, organizaciones sociales enfocadas a la transparencia, historiadores y académicos, han alertado sobre que la iniciativa de Ley General de Archivos presentada en el Senado, podría abrir la posibilidad a “espacios de opacidad o contradicción”.
Además de manifestar su oposición a que el Sistema Nacional de Archivos, con el Archivo General de la Nación a la cabeza, esté bajo la tutela de la Secretaría de Gobernación y que sea el presidente quien designe al director del Archivo.
“Por ello, también consideramos que el Consejo Nacional de Archivos debe tener una prevalente participación de especialistas y no estar en manos de funcionarios de gobierno”, manifestaron en un desplegado a finales del 2016.
En este sentido Ríos Piter refirió que uno de los puntos a debate es que sea Gobernación la institución encargada de los archivos, por lo que “si se quiere dar un paso más allá”, esa tutela se debe suprimir no sólo a nivel federal, sino en los estados.
“Deberíamos de quitarla, evolucio-narla para que sea una visión más autonómica, más descentralizada, mucho menos concentrada en una sola autoridad para evitar el sesgo y la utilización política de dicha información”, indicó.
Queremos, detalló, que la memoria histórica sea preservada, garantizando que no se haga con fines partidistas o incluso de un gobierno particular en turno.
El legislador agregó que “no hay razón y motivo” para continuar aplazando la discusión de la iniciativa, sin sesgos “a favor de alguna autoridad”.
“Debería de ser un tema que se discuta por lo pronto con miras a que no pasemos este periodo ordinario de sesiones sin que esté sobre la mesa, obviamente no se trata de legislarlo por darle contentillo, solamente al tiempo”, dijo.
Sobre la participación de la sociedad civil y expertos en la materia, consideró que debe darse en la misma línea que se trazó con la legislación en materia de transparencia, con las modificaciones constitucionales y sus leyes reglamentarias.
“Lo que evidenciaron es que la mejor forma de hacer leyes en estos temas es de la mano con la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil”, aseguró.
leopoldo.hernandez@eleconomista.mx
http://eleconomista.com.mx/
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, supervisó las obras de modernización y restauración del Archivo General de la Nación.
El senador Armando Ríos Piter, secretario de la Comisión de Gobernación, consideró que sin la renovación de la Ley General de Archivos, no se puede contar con un Sistema Nacional de Transparencia completo.
“Ha habido intentos de quitarle fuerza a esta ley porque saben muchos que la ley de transparencia depende de los documentos, de la existencia de los mismos, que estén protegidos, no con una visión sesgada, sino de acceso para toda la sociedad, ésta es la condición fundamental que requiere una ley de archivos para garantizar un fortalecimiento de una vida democrática”, dijo en entrevista.
Lo que se requiere, expuso, es que se facilite el acceso amplio y expedito a la información, que los archivos puedan estar claramente regulados sin que haya una sola institución que lo que quiera es sacar ventaja de la administración de los mismos.
Sin embargo, organizaciones sociales enfocadas a la transparencia, historiadores y académicos, han alertado sobre que la iniciativa de Ley General de Archivos presentada en el Senado, podría abrir la posibilidad a “espacios de opacidad o contradicción”.
Además de manifestar su oposición a que el Sistema Nacional de Archivos, con el Archivo General de la Nación a la cabeza, esté bajo la tutela de la Secretaría de Gobernación y que sea el presidente quien designe al director del Archivo.
“Por ello, también consideramos que el Consejo Nacional de Archivos debe tener una prevalente participación de especialistas y no estar en manos de funcionarios de gobierno”, manifestaron en un desplegado a finales del 2016.
En este sentido Ríos Piter refirió que uno de los puntos a debate es que sea Gobernación la institución encargada de los archivos, por lo que “si se quiere dar un paso más allá”, esa tutela se debe suprimir no sólo a nivel federal, sino en los estados.
“Deberíamos de quitarla, evolucio-narla para que sea una visión más autonómica, más descentralizada, mucho menos concentrada en una sola autoridad para evitar el sesgo y la utilización política de dicha información”, indicó.
Queremos, detalló, que la memoria histórica sea preservada, garantizando que no se haga con fines partidistas o incluso de un gobierno particular en turno.
El legislador agregó que “no hay razón y motivo” para continuar aplazando la discusión de la iniciativa, sin sesgos “a favor de alguna autoridad”.
“Debería de ser un tema que se discuta por lo pronto con miras a que no pasemos este periodo ordinario de sesiones sin que esté sobre la mesa, obviamente no se trata de legislarlo por darle contentillo, solamente al tiempo”, dijo.
Sobre la participación de la sociedad civil y expertos en la materia, consideró que debe darse en la misma línea que se trazó con la legislación en materia de transparencia, con las modificaciones constitucionales y sus leyes reglamentarias.
“Lo que evidenciaron es que la mejor forma de hacer leyes en estos temas es de la mano con la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil”, aseguró.
leopoldo.hernandez@eleconomista.mx
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