ARCHIVO NACIONAL DE COSTA RICA A PUNTO DE CIERRE

>>  jueves, 15 de marzo de 2012

"Tal y como están las cosas, en cualquier momento podríamos cerrar al público”
difusion@dgan.go.cr  / 14/03/2012 
Directora del Archivo Nacional externa su preocupación por situación presupuestaria para el 2012
 San José, 14 de marzo de 2012.   Recientemente hubo una publicación en el sitio web www.puntojuridico.com  en relación con la difícil situación presupuestaria del Archivo Nacional de Costa Rica, que pone en riesgo su funcionamiento. Esta publicación se efectuó en respuesta a una solicitud del Consejo Superior Notarial y generó una serie de inquietudes entre los lectores. La publicación mencionada indica que el Archivo Nacional está en serio riesgo de continuar su funcionamiento en el corto plazo, debido a una asignación insuficiente de presupuesto por parte del Ministerio de Cultura y Juventud, del cual es un órgano desconcentrado. 
Ante las inquietudes de los lectores, las autoridades del Archivo Nacional de Costa Rica (ANCR) consideran pertinente aclarar e informar lo siguiente: 

1.  El ANCR es una entidad desconcentrada del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ). Se trata de una institución  que tiene tres misiones, una de la cuales se relaciona con las funciones y competencias del Archivo Notarial. La legislación indica que es en el Archivo Nacional donde se resguardan, conservan y facilitan todos los protocolos notariales de Costa Rica. Además, es el sitio en el cual los notarios del país deben entregar sus índices notariales dos veces al mes. Es así como el Archivo Notarial es un órgano fundamental para la seguridad jurídica de la Nación. 

2. La Junta Administrativa del Archivo Nacional, creada en 1974, recibe ingresos por medio de los presupuestos. El primero de ellos está integrado por fondos propios, que para el año 2012 se estiman en la modesta suma de ¢252 millones de colones. Se trata de fondos que se han administrado de la mejor forma posible, a pesar de que son sumamente exiguos, si se comparan con los que generan otras instituciones descentralizadas y del gobierno central.  

 La segunda fuente de ingresos es el presupuesto que se recibe mediante transferencia  del MCJ, el cual se utiliza para pagar la planilla y los gastos operativos de la institución. Anualmente, el Ministerio de Hacienda  le asigna un monto global a cada ministerio y el jerarca respectivo decide la forma en que distribuye los fondos. Es importante que el público sepa que desde hace cinco años se le han asignado al Archivo Nacional recursos insuficientes, por lo que cada vez la crisis es mayor. Por dicha razón, en los últimos años el MCJ ha tenido que recurrir a presupuestos extraordinarios que le permitan a la institución honrar compromisos, como el pago de aguinaldos.

 3.      Esta Junta ha realizado grandes esfuerzos por cumplir con los compromisos legales que le asigna la ley 7202, en su artículo 11.  En consecuencia, los fondos propios únicamente se pueden destinar a infraestructura y su mantenimiento, equipo, mobiliario y actividades relacionadas con su la función del ANCR como ente rector del Sistema Nacional de Archivos –tales como actividades de capacitación y publicaciones-.  

4.      En este sentido, vale la pena aclarar que los esfuerzos de la Junta están enfocados en este momento en la construcción de la III etapa del edificio que se destinará para las nuevas instalaciones del Archivo Notarial y depósitos documentales.  Se trata de una edificación que destinará el 75% de su área a los depósitos del Archivo Notarial y del Archivo Histórico, y únicamente el 25% estará dedicado a áreas administrativas y de atención al público. Por varios años la institución planteó esta necesidad ante los Ministerios de Hacienda y Cultura, sin éxito alguno. Ante dicha situación, la Junta Administrativa vendió, en 2008, poco más de una hectárea de terreno al Registro Nacional, con lo cual se está financiando la construcción que se inició en 2011. 

5.      Ante la insistencia de la Junta Administrativa, no fue sino hasta octubre de 2011 cuando las autoridades del MCJ aceptaron resolver la situación y tramitar la asignación de los recursos indispensables al Archivo Nacional para que operara durante 2012. Sin embargo, las gestiones del MCJ ante la Asamblea Legislativa no fueran conocidas ni aprobadas. 

Es así como al día de hoy el MCJ tramita dos modificaciones de su presupuesto ante el Ministerio de Hacienda para dotar al ANCR del monto mínimo requerido  para operar con normalidad: ¢250 millones de colones. Hasta ahora, dichas gestiones han resultado infructuosas. 

Para afrontar la crisis, la Junta Administrativa del Archivo Nacional ha aprobado modificaciones internas dentro de su reducido presupuesto. Esto le ha permitido a la institución pagar las facturas de servicios eléctricos, agua, telecomunicaciones y la compra de suministros mínimos  y urgentes para estos primeros meses del año, en espera de la solución definitiva que está en manos del MCJ. 

6.      Si tuviéramos que llegar a un cierre, sin duda alguna los más perjudicados serían nuestros usuarios. Como ejemplo, se indica que en  2011 la Sala de Consulta del Archivo Histórico atendió  a más de 800  investigadores que consultaron 14 407 documentos, y el Archivo Notarial recibió índices y protocolos de más de 8 mil notarios, así como resolvió más de 30 mil consultas. A esto se suma el servicio de visitas guiadas, 64 cada año -a grupos y estudiantes de todo el país- y todos los servicios que presta a los más de 300 Archivos de igual número de instituciones públicas, como rector del Sistema Nacional de Archivos de Costa Rica. 

Finalmente, el ANCR pone a disposición de todos los interesados la información relativa al presupuesto y su ejecución en su sitio web, en la sección dedicada al tema de la transparencia administrativa, así como el expediente completo en las oficinas de la Dirección General.

Más información con Maureen Herrera, coordinadora de Difusión del Archivo Nacional: tels. 2283-1400, ext. 232; 8302-5057; difusion@dgan.go.cr  
*difusión, mhb, consecutivo 06, 14 de marzo de 2012 

Read more...

MIGUEL HERBERG SE CONVERTIRA EN ASESINO DE LOS ARCHIVOS Y DE LA HISTORIA

Museo de la memoria y Cinetecas Nacional y de U. de Chile responden a documentalista español

Miguel Herberg, quien posee registros sobre el Golpe Militar y anunció que los destruirá, fue desmentido por instituciones chilenas.

Respecto a la información de que el documentalista español Miguel Herberg,quemará y enterrará las copias de sus imágenes rodadas en Chile previo y posterior al Golpe de Estado de 1973, en razón al poco interés que despeirtan para "preservar la memoria histórica de los países", los encargados del Museo de la memoria (Ricardo Brodsky), de la Cineteca nacional (Ignacio Aliaga) y de la Cineteca Universidad de Chile (Luis Horta), han publicado la siguiente carta abierta:
Hemos leído en el blog del Señor Miguel Herberg su intención de hacer desaparecer intencionalmente lo que él señala como sus documentales rodados en Chile entre los años 1972 y 1974. Ante esto, quisiéramos aclarar algunos conceptos referidos tanto a la autoría de dichas filmaciones como al rol de los archivos cinematográficos.
Las imágenes mostradas por el programa de televisión española en que entrevistan a Herberg corresponden a filmes de los directores alemanes Walter Heynowski y Gerhard Scheumann, cuyo camarógrafo fue Peter Hellmich, en especial del documental “Yo fui, yo soy, yo seré”, y que se encuentran en diversos archivos en Chile y en Alemania, entre los cuales está la Cineteca Nacional, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y el Goethe Institut, y que se ha exhibido en numerosas ocasiones por estas instituciones y en festivales chilenos. De acuerdo al relato del productor de esas películas, Mathias Remmert, Herberg estuvo solamente en las filmaciones de 1974, como traductor, no como camarógrafo como erróneamente sostiene. De hecho, años después de la difusión del filme sobre Pisagua y Chacabuco, un juicio en Roma dictaminó que el sr Herberg no tenía ninguna propiedad o autoría sobre entrevistas e imágenes de ese filme, y que sí correspondían a los directores alemanes mecionados.

Cuando el señor Herberg declara que dicho material es de su autoría y que va a destruirlo está violando los derechos de propiedad intelectual asociado a este valioso registro audiovisual, lo cual nos parece un acto inaceptable.
Sin perjuicio de lo anterior, los archivos fílmicos abajo firmantes hemos manifestado formalmente al sr Herberg que, si efectivamente tiene otros registros audiovisuales que sí sean de su autoría, es nuestra intención evitar que aquellos documentos, que forman parte de nuestra historia, sean destruidos. Frente a este ofrecimiento, el sr Herberg no nos ha respondido.
A las instituciones chilenas especializadas en la conservación, salvaguarda y difusión del Patrimonio Audiovisual nos duele enormemente que se emplee el concepto de la “desaparición” como medida de presión para tomar acciones de cualquier tipo. Si su objetivo es sensibilizar a la opinión pública sobre el valor del resguardo y la conservación patrimonial, el modo en que lo está llevando a cabo daña la labor que dificultosamente hemos logrado llevar adelante el último tiempo en pro de reconstruir nuestra memoria audiovisual, tan fuertemente golpeada tras el 11 de septiembre de 1973, y en los años siguientes, lo que significó no solo el desmantelamiento de los únicos archivos fílmicos existentes en aquel momento, sino que la detención, tortura, exilio y asesinato que particularmente vivieron nuestros cineastas.

Cabe aclarar que los archivos fílmicos o cinetecas públicas no cobramos por almacenar piezas audiovisuales en nuestras bóvedas y colocamos, sin costo alguno para el depositante, nuestro personal especializado a disposición de la conservación y la preservación, de aquellos films de corte patrimonial. También realizamos una esforzada labor de difusión y de formación a partir de películas que no circulan en salas de cine comerciales.
La acción de Herberg nos provocó, ante todo, sorpresa, ya que de querer conservar las películas que él indica son de su propiedad, es tan sencillo como que nos contacte para proceder. Inclusive contamos con acuerdos de colaboración con Filmotecas españolas para que sean guardianas de dicho material. Es importante señalar que en su intención mezcla erradamente dos conceptos antagónicos. La conservación y la salvaguarda no se rigen por una lógica comercial de mercado, sino que encuentran su valor en la esencia patrimonial e histórica que los sustenta. Es por eso que los archivos fílmicos no compramos películas patrimoniales para nuestros acervos por un fin ético: no podemos colocar bajo el prisma del capital nuestra memoria.
El valor del depósito es, precisamente, su resguardo en condiciones profesionales y estandarizadas, velando para que las nuevas generaciones accedan a éste. Asimismo, los derechos de propiedad intelectual no se traspasan a los archivos, sino que siguen siendo de los titulares. Por ello que no contemplar nuestra existencia o nuestra labor es finalmente un duro golpe a la labor que profesionalmente realizamos.
No estamos de acuerdo y rechazamos cualquier intento por hacer desaparecer nuestra memoria visual bajo argumentos que anteponen el capital a la memoria. El valor de una obra no está en el objeto físico (que es lo que se "quemaría") sino en su contenido. Por otra parte, nos parece una ofensa inaceptable a la memoria de los detenidos en Pisagua y Chacabuco el que el señor Herberg utilice sus imágenes para hacer una hoguera, lo que además constituye una grave violación a los derechos morales de los autores y protagonistas de esas imágenes.

Atentamente

Ricardo Brodsky, Director Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
Ignacio Aliaga, Director Cineteca Nacional de Chile Centro Cultural Palacio La Moneda
Luis Horta, Coordinador General Cineteca Universidad de Chile

Santiago, 14 de marzo 2012. 

Read more...

DISPUESTOS A CUALQUIER FORMULA PARA EVITAR QUE LOS ARCHIVOS SALGAN DE LAS PALMAS

La Isla se opone al traslado a Tenerife de archivos judiciales de valor histórico
Acuerdo institucional del Cabildo en el que se reclama abortar la licitación, ya publicada en el BOC, de los trabajos para trasladar documentos judiciales de gran valor fuera de La Palma. Guadalupe González dice que están "dispuestos a cualquier fórmula para evitar que los archivos salgan" de La Palma. 
El Pleno del Cabildo de La Palma mostró ayer su preocupación en un acuerdo institucional por el inicio del procedimiento para el traslado a Tenerife de archivos judiciales, con el objeto de que ningún palmero tenga la obligación de desplazarse fuera para conocer una parte histórica de gran valor sobre su tierra.
El acuerdo de la Institución insular se produce después de la reciente publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la licitación de los trabajos para el traslado de los archivos, un proceso que las tres fuerzas políticas con representación en el Cabildo, CC, PSC y PP, exigen que se paralice de forma definitiva.
La presidenta, Guadalupe González, manifestó tras la sesión plenaria que "evitar el traslado de archivos históricos fuera de La Palma es una vieja aspiración de la Isla por la que siempre hemos luchado. Hemos estado dispuestos a cualquier fórmula que permita de forma definitiva no estar con el peligro permanente de que documentos de gran valor puedan salir de la Isla", aunque es consciente de que "desgraciadamente, la legislación actual prevé que los archivos estén centralizados".
Guadalupe González aclara que "hay peticiones, incluso parlamentarias, de que se cambie la norma atendiendo a la realidad insular, ya que cuando se creó ese Real Decreto, que es muy antiguo, se hizo para todo el Estado, sin tener en cuenta que Canarias son islas y que llevarse unos archivos de una isla es llevarse parte de su historia, con lo que no podemos estar en absoluto de acuerdo. Aquí si trasladan algo no se puede ir por carretera para verlo, como sí pasa en el territorio peninsular".
El acuerdo institucional incluye la petición de un convenio con el TSJC para que los archivos judiciales se integren en el archivo general de La Palma, siempre con el objeto de evitar que se lo acaben llevando a Tenerife. De todas formas, la propia presidenta del Cabildo es consciente de que la citada documentación se encuentra en los juzgados de la Isla "en un espacio que debe ser mejorado. Las condiciones en las que están son mejorables y estamos dispuestos a colaborar en lo que sea necesario, siempre pensando en mantenerlos en nuestro territorio. Desde hoy nos ponemos a disposición del poder judicial".

Read more...

Snap Shots

Get Free Shots from Snap.com

  © Free Blogger Templates Autumn Leaves by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP