El abogado de Mendoza insiste sobre la quema de archivos ordenada por Rovira
http://misionescuatro.com/ 25/07/2013
La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia presentó una apelación contra el fallo del Cuarto Juicio en Misiones de Delitos de Imprescriptibles, que absolvió al médico Guillermo Roque Mendoza y el abogado César Ortellado cuestionó fuertemente la medida, de quienes considera “funcionarios corruptos”. Ortellado volvió a insistir sobre el escandaloso decreto 897/05 del ex-gobernador Carlos Rovira, que ordenó la incineración de registros de las guardias de la policía en el periodo 76-83. Esos documentos hubieran revelado la participación en la represión ilegal del Estado, del exjefe de la policía de Rovira, Rubén “Carozo” Gabriel, pero fueron incinerados un año antes de la creación del Ministerio de Derechos Humanos provincial
(Posadas) El médico Guillermo Roque Mendoza podría volver al banquillo de los acusados por Delitos de Lesa Humanidad, si la Cámara Nacional de Casación revoca el fallo absolutorio que lo benefició el 4 de Julio del 2012, en el Cuarto Juicio por Delitos Imprescriptibles que se realizó en Misiones. El abogado del médico, César Ortellado, criticó la apelación presentada por la Subsecretaria de Derechos Humanos Amelia Báez, a quien llamó “funcionaria corrupta”, por ser cómplice del encubrimiento respecto de la quema de archivos ordenada por el exgobernador Carlos Rovira, a través del decreto 897/2005. Ortellado volvió a insistir sobre la orden de Rovira, que destruyó los documentos en el que estaban registrados los nombres de los oficiales que prestaron guardias en las Comisarías durante la dictadura de 1976-1983 en Misiones. Según fuentes de este medio, esos documentos hubieran revelado que el ex-jefe de la Policía provincial Rubén “Carozo” Gabriel, tuvo algún tipo de participación en la represión ilegal del Estado en Misiones. Gabriel fue designado por Rovira en 1999 y permaneció en el cargo hasta 2007, cuando asumió en su primer mandato, el actual gobernador Maurice Closs.
En tono crítico contra la apelación ante la Cámara Federal de Casación, Ortellado enfatizó que “los acuerdos internacionales establecen que las condenas deben ser revisadas por la Cámara Nacional de Casación, pero las sentencias condenatorias, no las absolutorias. Hay una intención de mentir a toda la sociedad, por parte de estos funcionarios de Derechos Humanos, que hace años que nos vienen mintiendo”, disparo Ortellado, en referencia al controvertido decreto de Rovira, que data de 2005, es decir, un año antes de la creación del Ministerio de Derechos Humanos.
Para Ortellado, las mentiras de la Subsecretaría de DDHH, vienen “desde el decreto 897 del 2005 (que) evidentemente toda esa maquinaria mediática de la Cámara Legislativa (que preside actualmente Rovira) cuando trataron de negar la existencia del decreto. Nos están mintiendo, esto está precedido de actos de corrupción, la incineración de la Memoria, que nos pertenece a todos”, aseguró el abogado del médico acusado de asistir a policías en las torturas a detenidos durante la Dictadura.
“Qué opinaría el Ministro Jefe de Gabinete Abal Medina de la actitud (del Ministro Jefe de Gabinete Ricardo) Escobar (que) incinera la memoria. Ese acto afecta a toda la política de Derechos Humanos”, aseguró el Dr. Ortellado, quien apuntó que “primero se traicionaron ellos y después nos traicionaron a nosotros, los misioneros.” Con esto hizo alusión a la contradicción de respaldar a un Jefe de la Policía como Rubén Oscar Gabriel, sospechado participar en la represión ilegal y al mismo tiempo, reivindica la Memoria y la Justicia, respecto de los “Años de Plomo”.
El defensor opinó que “esto es grave, el doctor Roque Mendoza va a ingresar a la Cámara de Casación Penal siendo absuelto e inocente. La sra. Amelia Báez (Subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia), si es que va a ir a la Cámara, va a ingresar como una funcionaria corrupta, que se hizo cargo de un Ministerio que supuestamente permitió un año antes, la incineración de una memoria que ella dice que defiende”, fustigó Ortellado, en diálogo con TVA Misiones Cuatro.
“En cuestiones de derecho no pueden modificar, ni omitir lo que dicen los tratados internacionales. Estos funcionarios corruptos se tienen que ajustar a la ley y van a tener que dar explicaciones al respecto de qué encubrieron y qué no quisieron investigar”, advirtió Ortellado, en obvia referencia a la actitud adoptada por los funcionarios provinciales al respecto de la investigación sobre el decreto 897/05, que desnudaría una maniobra de encubrimiento del ex gobernador Carlos Rovira.
Mendoza fue absuelto en el juicio que se siguió contra cinco expolicías, por torturas y tormentos a más de 30 personas durante la última Dictadura Militar, entre las que figuran el propio Escobar y Graciela Franzen (actual secretaria de Derechos Humanos de la CTA), entre muchos otros.
En ese fallo que absolvió a Mendoza, fueron condenados, Carlos Herrero (86), Felipe Giménez (75), Guillermo Roque Mendoza (66), Julio Amarilla (65) y Carlos A. Pombo (63) por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en la Jefatura de Policía.
Se condenó a 20 años de prisión a Omar Herrero, ex jefe de la Policía de Misiones en 1976 por privación ilegítima de la libertad y tormentos a 37 detenidos políticos. Asimismo, Herrero fue inhabilitado para ejercer cargos públicos y deberá cumplir su condena en la Unidad Penitenciaria Nº17 del Servicio Penitenciario Federal. La fiscalía había pedido perpetua.
Por su parte, Felipe Nicolás Giménez, fue sentenciado a 21 años y seis meses por privación ilegítima de la libertad de 37 personas. Tenía pedido de pena máxima según estipula el artículo 144 Bis, 142 y 144 Ter, por coautor autor mediato del delito de “Privación ilegítima de la libertad agravada.” Ambas penas resultaron las más duras condenas a los ex-policías y en este sentido, cabe destacar que el fallo fue condenado por varias organizaciones de DDHH. No sólo por absolver a Mendoza, sino por la baja pena que se les impuso a los demás represores.
El médico Roque Mendoza, con pedido de 15 años de cárcel común, fue absuelto por las denuncias de las víctimas Escobar, Franzen y Salinas; también fue liberado Julio Amarilla, quien tenía pedido de 20 años de prisión al ser considerado partícipe necesario de tormentos agravados en 42 casos.
Mientras que Carlos Alberto Pombo fue sentenciado a siete años de prisión e inhabilitación de perpetua, y deberá purgar sus culpas en la Unidad 17 del Servicio Penitenciario Federal ubicada en Candelaria. La fiscalía había solicitado una condena de 20 años al considerarlo partícipe necesario de tormentos agravados en 42 casos.
yzh.
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