Desorden en los archivos públicos y la corrupción administrativa
>> miércoles, 27 de noviembre de 2013
Desorden de datos públicos favorece secretismo estatal
http://www.elpais.com.uy/ 27/11/2013
Las oficinas e instituciones estatales realizan en su gran mayoría un mal archivo de la información y usan estos sitios de respaldo como simples depósitos. Eso hace que se fomente una "cultura del secretismo" en Uruguay, afirma una experta.
La senadora oficialista Lucía Topolansky hizo la semana pasada varios cuestionamientos a la ley de acceso a la información pública, la cual tildó de "generosa" y se preguntó si la sociedad estaba "madura" para utilizarla; todo eso luego de que El País accediera con tal norma a los datos de repetición en los liceos de todo el país.
Entre los reclamos realizados, la legisladora también cuestionó a El Observador porque pidió información sobre el gasto telefónico, financiado con dineros públicos, de cada diputado y senador. "Para la Cámara de Representantes fue todo un problema, por la disposición de personal, por los costos y una cantidad de cosas. Ahora bien, sinceramente me pregunto qué se ganaba con ese pedido. En lo personal, me queda una enorme duda", dijo Topolansky.
Así como lo hizo la senadora, existe en el Estado toda una cultura de "secretismo" que se justifica, en muchos casos, en la imposibilidad de brindar la información dado que el organismo en cuestión "no sabe qué tiene ni dónde lo tiene", explicó a El País Lourdes Ramos, docente de la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines de la Udelar, y autora, junto con Alejandra Villar, del artículo "El acceso a la información pública y los archivos en Uruguay".
Tal artículo concluye que "el derecho de Acceso a la Información Pública está basado en el principio fundamental de transparencia de los Órganos del Estado, por lo que no es de extrañar que una ley que obliga a brindar información tenga el riesgo de devenir en letra muerta. El Archivo debe ser ´condición´ administrativa, lo que exige una nueva dimensión de ellos y de sus profesionales dentro de los organismos del Estado, de forma tal que se conviertan en una inmejorable herramienta para el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Información Pública", señala.
El documento subraya que "la burocracia estatal uruguaya tiene una larga tradición de opacidad y secretismo, por lo que no es de extrañar que una ley que la obliga a brindar información, tenga un riesgo mayor que cualquier otra norma a devenir en letra muerta".
Por otra parte, el artículo se refiere a la mala situación de los archivos oficiales: "Frecuentemente, además del obstáculo de ocultamiento de la información, la simple falta de accesibilidad a la documentación que incluso tiene la propia administración productora o conservadora de la misma, representa otro importante impedimento. Naturalmente, esta realidad es funcional a cualquier intención de poner trabas al acceso".
El documento concluye que "lo que podía presentarse como una fortaleza -la génesis y aprobación conjunta de ambas normas- hoy podría interpretarse como una debilidad, ya que la puesta en marcha de la Ley de Acceso a la Información Pública y la estipulación de plazos -incluso de sanciones por incumplimiento- no han sido acompañadas por la implementación del Sistema Nacional de Archivos".
"Nos referimos a la falta de diseño y ejecución de políticas archivísticas, de establecimiento de proyectos de normalización, terminología y formatos de descripción, y a la ausencia de coordinación de acciones entre instituciones integrantes del Sistema", afirma el texto publicado en la revista de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata.
"Excusa".
Consultada por El País, Ramos dijo que "en general los archivos no están en condiciones", y agregó que "hay que diferenciar entre un archivo y un depósito". "La mayoría de las instituciones públicas cuentan con depósitos de documentos, tienen organizado lo que es inmediato al trámite, el punto es que cuando pasan tres o cuatro años ya pierden el control, y no tienen idea de lo que tienen", dijo la docente.
Ramos entendió que no hay una organización suficiente para cumplir con la aplicación de la ley y que "las instituciones públicas están con un real atraso al respecto. La información no tiene un tratamiento técnico ni científico".
Entendió que a los organismos les "viene muy bien la excusa de la situación de los archivos para decir que no se puede dar la información".
Además, estimó que cerca de un 80% de las instituciones estatales tienen un mal archivo. "Si tuvieran claro qué tienen y dónde, no tendrían tanto inconveniente para establecer un límite en el acceso. Frente a la duda, lo más fácil por parte de las autoridades es decir que hay una restricción al acceso, que es reservada o confidencial, pero el estudio de la información a priori, como establece la ley, no se hizo", dijo Ramos.
La docente explicó que la situación de los archivos condiciona la aplicación de la ley y opinó que en un 70% de los casos en los que no se da la información, "la causa es que no hay un conocimiento profundo sobre la documentación que tengo y dónde está". "La ley es muy modesta en su forma y ambiciosa en su contenido", afirmó.
"Venimos muy de atrás, la ley se aplica lentamente", expresó Ramos. Reiteró que "hay una cultura del secretismo en Uruguay, por distintas razones. Es una cultura instalada, en algunos casos se promovía, y hoy está instalado el secretismo porque no sabemos qué es lo que tenemos y por lo tanto no se dice mucho hasta no tener dominio del asunto". "Si no organizo, no puedo dar información, y si no me preocupo por organizar estoy de alguna manera colaborando con el retraso y con esa idea del secretismo. Sin querer o queriendo, se cae en complicidad", dijo Ramos.
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http://www.elpais.com.uy/ 27/11/2013
Las oficinas e instituciones estatales realizan en su gran mayoría un mal archivo de la información y usan estos sitios de respaldo como simples depósitos. Eso hace que se fomente una "cultura del secretismo" en Uruguay, afirma una experta.
La senadora oficialista Lucía Topolansky hizo la semana pasada varios cuestionamientos a la ley de acceso a la información pública, la cual tildó de "generosa" y se preguntó si la sociedad estaba "madura" para utilizarla; todo eso luego de que El País accediera con tal norma a los datos de repetición en los liceos de todo el país.
Entre los reclamos realizados, la legisladora también cuestionó a El Observador porque pidió información sobre el gasto telefónico, financiado con dineros públicos, de cada diputado y senador. "Para la Cámara de Representantes fue todo un problema, por la disposición de personal, por los costos y una cantidad de cosas. Ahora bien, sinceramente me pregunto qué se ganaba con ese pedido. En lo personal, me queda una enorme duda", dijo Topolansky.
Así como lo hizo la senadora, existe en el Estado toda una cultura de "secretismo" que se justifica, en muchos casos, en la imposibilidad de brindar la información dado que el organismo en cuestión "no sabe qué tiene ni dónde lo tiene", explicó a El País Lourdes Ramos, docente de la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines de la Udelar, y autora, junto con Alejandra Villar, del artículo "El acceso a la información pública y los archivos en Uruguay".
Tal artículo concluye que "el derecho de Acceso a la Información Pública está basado en el principio fundamental de transparencia de los Órganos del Estado, por lo que no es de extrañar que una ley que obliga a brindar información tenga el riesgo de devenir en letra muerta. El Archivo debe ser ´condición´ administrativa, lo que exige una nueva dimensión de ellos y de sus profesionales dentro de los organismos del Estado, de forma tal que se conviertan en una inmejorable herramienta para el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Información Pública", señala.
El documento subraya que "la burocracia estatal uruguaya tiene una larga tradición de opacidad y secretismo, por lo que no es de extrañar que una ley que la obliga a brindar información, tenga un riesgo mayor que cualquier otra norma a devenir en letra muerta".
Por otra parte, el artículo se refiere a la mala situación de los archivos oficiales: "Frecuentemente, además del obstáculo de ocultamiento de la información, la simple falta de accesibilidad a la documentación que incluso tiene la propia administración productora o conservadora de la misma, representa otro importante impedimento. Naturalmente, esta realidad es funcional a cualquier intención de poner trabas al acceso".
El documento concluye que "lo que podía presentarse como una fortaleza -la génesis y aprobación conjunta de ambas normas- hoy podría interpretarse como una debilidad, ya que la puesta en marcha de la Ley de Acceso a la Información Pública y la estipulación de plazos -incluso de sanciones por incumplimiento- no han sido acompañadas por la implementación del Sistema Nacional de Archivos".
"Nos referimos a la falta de diseño y ejecución de políticas archivísticas, de establecimiento de proyectos de normalización, terminología y formatos de descripción, y a la ausencia de coordinación de acciones entre instituciones integrantes del Sistema", afirma el texto publicado en la revista de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata.
"Excusa".
Consultada por El País, Ramos dijo que "en general los archivos no están en condiciones", y agregó que "hay que diferenciar entre un archivo y un depósito". "La mayoría de las instituciones públicas cuentan con depósitos de documentos, tienen organizado lo que es inmediato al trámite, el punto es que cuando pasan tres o cuatro años ya pierden el control, y no tienen idea de lo que tienen", dijo la docente.
Ramos entendió que no hay una organización suficiente para cumplir con la aplicación de la ley y que "las instituciones públicas están con un real atraso al respecto. La información no tiene un tratamiento técnico ni científico".
Entendió que a los organismos les "viene muy bien la excusa de la situación de los archivos para decir que no se puede dar la información".
Además, estimó que cerca de un 80% de las instituciones estatales tienen un mal archivo. "Si tuvieran claro qué tienen y dónde, no tendrían tanto inconveniente para establecer un límite en el acceso. Frente a la duda, lo más fácil por parte de las autoridades es decir que hay una restricción al acceso, que es reservada o confidencial, pero el estudio de la información a priori, como establece la ley, no se hizo", dijo Ramos.
La docente explicó que la situación de los archivos condiciona la aplicación de la ley y opinó que en un 70% de los casos en los que no se da la información, "la causa es que no hay un conocimiento profundo sobre la documentación que tengo y dónde está". "La ley es muy modesta en su forma y ambiciosa en su contenido", afirmó.
"Venimos muy de atrás, la ley se aplica lentamente", expresó Ramos. Reiteró que "hay una cultura del secretismo en Uruguay, por distintas razones. Es una cultura instalada, en algunos casos se promovía, y hoy está instalado el secretismo porque no sabemos qué es lo que tenemos y por lo tanto no se dice mucho hasta no tener dominio del asunto". "Si no organizo, no puedo dar información, y si no me preocupo por organizar estoy de alguna manera colaborando con el retraso y con esa idea del secretismo. Sin querer o queriendo, se cae en complicidad", dijo Ramos.
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