Ahora podrás ver archivos de 360º en YouTube

YouTube incorpora soporte para archivos de video de 360 grados
http://www.elcolombiano.com/ 17/03/2015

Este viernes YouTube explicó en su blog que abre la posibilidad de recibir formatos 360 grados en su página para quienes quieren ir más allá y mostrar una mejor experiencia.

“A partir de hoy estamos incorporando el soporte para archivos de video de 360 grados en YouTube, para seguir ofreciéndoles a todos los mejores recursos para conectarse con su audiencia”, dice el blog del sitio de videos más seguido del mundo.

En la aplicación de YouTube para Android, por ejemplo, los usuarios podrán mover el teléfono o tablet y ver los diferentes ángulos mientras se reproduce el video. Lo mismo se puede hacer en youtube.com o en Chrome para los videos insertos en sitios web. En la parte superior encontrarán un símbolo con botones de dirección o movimiento y allí el mismo usuario escogerá para donde moverse, como si estuvieran en el lugar de la persona que hizo el video.

La idea de YouTube nace de la colaboración con empresas de la industria como Bublcam, 360cam de Giroptic, Allie de IC Real Tech, SP360 de Kodak y RICOH THETA que son cámaras de vídeo de 360 grados compatibles con YouTube que ya están disponibles o que lo estarán muy pronto. Para que este formato funcione el video debe haberse grabado en una cámara de 360 grados.

Por ahora afirman en YouTube que la calidad de videos no es la mejor por el alto consumode ancho de banda de los videos grabados en 360 grados, la idea es mejorar con el tiempo.

Autor: CLAUDIA ARANGO HOLGUÍN

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Cloud Storage Nearline de Google: Almacenamiento para grandes archivos empresariales

Google lanza servicio en la nube para guardar archivos de gran tamaño apuntado al mundo empresarial
http://www.telam.com.ar/ 17/03/2015

El gigante de Internet, Google, anunció un nuevo servicio de almacenamiento de datos en la nube para guardar archivos de gran tamaño.

Se trata de Cloud Storage Nearline (CSN), un servicio que está dirigido en particular a usuarios empresariales y tendrá un precio de 0,01 centavos de dólar por cada GB almacenado.

La desventaja es que tendrá un tiempo de acceso más lento que otros archivos menores, según informó la agencia Europapress.

La principal diferencia entre el CSN y otros servicios de almacenamiento es que para acceder a la información se necesitará en promedio tres segundos desde la petición.

Otras compañías que tienen servicios similares ofrecen tiempos de acceso a los archivos más largos.

Por ejemplo Glaciar, el servicio que ofrece Amazon por el mismo precio, tarda casi dos horas en entregar la información al usuario, informó la agencia española.

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El caso del incendio de los archivos custodiados por Iron Mountain aún sin cerrar

Inspecciones fallidas y las pruebas del encubrimiento
http://tiempo.infonews.com/ 17/03/2015

El hecho más reciente fue el intento de impedir una inspección al depósito de La Boca. Un inspector porteño y dirigente de ATE denunció el ocultamiento de expendientes por un año.

Evidencia - Una grúa remueve miles de documentos que se vinculan con empresas de todos los rubros de la economía.

Iron Mountain desembarcó en la Argentina en el 2000. Su primer depósito lo armó en un viejo galpón ubicado sobre la calle Zaraza 6135, en Villa Lugano en 2001. Al año siguiente la segunda filial aprovechó otro añejo tinglado en Pedro de Mendoza 2147/45, barrio de La Boca. 

El tercer punto arrancó en 2007: Azara 1245, la manzana de barracas que ardería intencionalmente siete años después. En la actualidad la empresa, ante las consultas periodísticas, siempre niega cualquier tipo de relación con el gobierno porteño más allá de los contratos ganados, sin embargo fue la segunda en radicarse en el Distrito Tecnológico que promovieron Cabrera y Pirovano, luego de 2008. 

Gracias a la invitación, que derivó en beneficios impositivos por cuatro millones, IRM amplió el cuarto depósito que tenía en el 2000 de Avenida Amancio Alcorta, al lado del club Huracán. Los tres principales depósitos de papel han soportado inspecciones y resistido clausuras a pesar de las graves fallas detectadas. La última fue denunciada por el ingeniero Edgardo Castro, inspector de higiene y seguridad urbana de la Ciudad y delegado gremial de ATE en la Dirección General del Trabajo que depende del ministerio de Desarrollo Económico conducido por Francisco Cabrera. El área, a partir de las denuncias y de la desaparición de más de 20.000 expedientes de inspección, ya sobrevivió a un intento de ser cerrada hace dos años, mediante un proyecto de ley que casi logra los votos necesarios dentro de la Legislatura. A pesar de los intentos para cerrarlo, y fundirlo dentro de la Agencia Gubernamental de Control Comunal, el organismo sigue realizando inspecciones como policía del trabajo en la ciudad. 

El último escándalo de la DGPT fue una cámara oculta denunciada por Castro –y dada a conocer en el Canal C5N–, contra Fernando Cohen, coordinador de Higiene y Seguridad en 2010. Ahora es gerente de la Subsecretaría de Trabajo, pero por entonces fue filmado explicando los problemas que tuvo para clausurar un laboratorio con graves problemas en sus instalaciones. "Ya te expliqué lo que hicimos con lo de Beta. Lo de Beta no se pudo clausurar, fuimos juntos porque no se pudo clausurar, por el quilombo que se armó. Buscamos una solución, lo cerramos y le mandamos la multa. Porque no lo íbamos a poder clausurar. ¿Por qué? ¿Sabés de quién era Beta?", preguntó Cohen. "No", le contestó su interlocutor y Cohen reveló: "De Goyo Zidar, el que era directivo de Boca, amigo de Macri. Llamó Macri en ese momento".

El esquema de protección fue permanente para IRM desde su llegada al país, denuncia Castro, y se profundizó con la plataforma de negocios que promovió el PRO desde la etapa previa a su gobierno. Todo ese desarrollo de relaciones entró en crisis luego del incendio, pero el vínculo se mantiene firme. La última prueba data, según Castro, del año pasado cuando el mecanismo de protección intentó impedir una inspección total dentro del depósito de IRM en La Boca. "Me escondieron el expediente por un año, desde que verifiqué una serie de problemas estructurales graves en esas instalaciones que podrian derivar en otro incendio". Fue poco después del incendio de Azara. "Verifiqué varios problemas, pedí una inspeccion a la Subsecretaría de Trabajo, y directamente me escondieron el expediente. Ahora apareció un año después, pero el lugar está practicamente desafectado", denunció Castro en diálogo con este diario. Su papel en el incendio de Azara fue central, porque hizo una de las dos inspecciones que impulsó la DGPT en 2008. La empresa y la fiscal del caso dicen que Castro se equivocó y que había inspeccionado otro lugar. Él sostiene lo contrario y hasta ahora ni la firma ni la comuna rebatieron los detalles que ventiló Castro. El caso volcó tras las pericias que confirman la intencionalidad de un incendio que profundizó las fallas que detectó Castro hace seis años. Dentro del expediente de habilitación que el PRO dijo haber perdido (y que denunció el auditor porteño por el FPV Eduardo Epszteyn) aparece la existencia de "ventilación forzada" dentro del depósito, que no está permitida por ley de higiene y seguridad. Tras las pericias, Castro evalúa intervenir en la causa judicial, según dijo a Tiempo. «
Autor: C. M. y L. R.

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Libre acceso a los archivos del caso AMIA. ¿Estarán todos los que son?

Causa AMIA: abren los archivos desclasificados

http://tiempo.infonews.com/ 17/03/2015

Nisman - El equipo que remplazó al fallecido fiscal informó sobre el material.

Tras el decreto firmado por la presidenta Cristina Kirchner, la Unidad Fiscal AMIA informó que la documentación desclasificada sobre el atentado a la mutual judía estará disponible a partir de hoy para las partes de la causa.

La UFI AMIA, integrada por Sabrina Namer, Roberto Salum y Patricio Sabadini, y coordinada por Juan Murray, informó que a partir de hoy "las partes tendrán pleno acceso a las 1700 carpetas que se encuentran bajo custodia en la dependencia, de manera amplia y sencilla, y solamente mediante la presentación de un escrito". Los fiscales explicaron que le enviaron la solicitud de desclasificación al Poder Ejecutivo "en el marco de la política de transparencia implementada". Tras el pedido, el gobierno decretó la "desclasificación de la totalidad de la documentación" que se le remitió "en custodia" a la UFI AMIA desde la ex Secretaría de Inteligencia.

El decreto 395/2015, publicado en el Boletín Oficial, también dispuso que se remita "toda otra nueva documentación, informe o archivo que no hubieran sido aportados oportunamente a la causa y que pudieran resultar de interés para la investigación".

"Los fiscales solicitaron a la actual Agencia Federal de Investigaciones (AFI) que sea enviada y desclasificada la totalidad de las actuaciones que pudieran haber quedado en los archivos que aún no fue remitida y que sea de interés para la investigación. Así también lo establece el decreto del Poder Ejecutivo. Las partes tendrán acceso pleno a ese material, si existiese, bajo las mismas condiciones", agregaron los fiscales.

Anunciaron además que, por la gran cantidad de material, "se procederá a digitalizar la información para garantizar el acceso, procesamiento y eventual utilización".

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, aclaró que el decreto publicado en el Boletín Oficial "hace público" lo dispuesto hace años, al referirse a la desclasificación de la totalidad de la documentación que fuera remitida en custodia a la Unidad Fiscal de investigación del atentado contra la sede de la AMIA. «

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AGN México limita acceso a información pruebas de delitos de lesa humanidad

Cierran archivos históricos
http://www.eluniversal.com.mx/ 17/03/2015

Después de aprobada la Ley Federal de Archivos, en 2012, uno de sus artículos permite que ahora existan un nuevo tipo de archivos, los históricos confidenciales. Esta medida se dispuso sobre aquellos documentos que contienen datos personales.

Durante el sexenio foxista, dependencias federales abrieron sus acervos para realizar investigaciones sobre la llamada Guerra Sucia, que hoy se pretenden cerrar a consulta directa con el argumento de protección de datos. 

El 27 de noviembre 2001, Vicente Fox Quesada dispuso un Acuerdo para la Procuración de Justicia por Delitos Cometidos Contra Personas Vinculadas con Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Éste contemplaba tres medidas principalmente para la atención integral de víctimas y familiares.

A la Procuraduría General de la República (PGR), solicitó la creación de Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp); a la Secretaría de Gobernación (Segob) le encargó la integración de un comité interdisciplinario para la reparación del daño, y a todas las secretarías de Estado de la Administración Pública Federal la apertura de sus archivos.

La Femospp, a cargo Ignacio Carrillo Prieto, atendería la Recomendación 26/2001 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra del Ejecutivo federal, en la que se pedía abriera información sobre 532 casos de personas desaparecidas por motivos políticos, en su mayoría integrantes de grupos guerrilleros en los años 60 y principios de los 80.

En el sexenio del ex presidente Vicente Fox también se abrieron las indagatorias sobre los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971; el caso Aguas Blancas, el homicidio de 170 maestros disidentes y los 665 homicidios de militantes del PRD durante la administración de Carlos Salinas

A través de la fiscalía, las víctimas y sus familiares tendrían la posibilidad de demandar justicia, hacer valer su derecho a la verdad mediante la reconstrucción histórica, y buscarían los mecanismos para la reparación del daño.

Para continuar con la integración de los expedientes de la CNDH y los casos iniciados por la Femospp, se abrió información reservada en poder de la Secretaría de Gobernación (Segob), específicamente de las extintas Dirección Federal de Seguridad (DFS) y Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) conservaba en su archivo histórico. En total trasladaron 4 mil 223 cajas al Archivo General de la Nación (AGN).

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aportó mil 653 legajos y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) entregó 15 expedientes pertenecientes al archivo de la Coordinación de Control y Verificación Migratoria y dos expedientes en cuatro paquetes y 10 sobres cerrados de la Dirección General de Derechos Humanos.

Los lineamientos para consultar los acervos fueron aprobados y publicados en el Diario Oficial de la Federación. Se estableció como requisitos presentar una solicitud, acreditarse e ingresar a la sala de consulta. El archivo de la extinta DFS se ubicó en la Galería Uno; el resto de los documentos fueron depositados en otros espacios del recinto. Galería Uno quedó en resguardo del Cisen

El tratamiento que se le dio a la información de la Galería Uno, siempre se distinguió; mientras los acervos provenientes de otras dependencias se dejaron completamente en custodia del AGN, el de la DFS era resguardado y administrado por personal del Cisen a cargo de Vicente Capello y Rocha (qepd).

La consulta directa y la reproducción de los documentos era un actividad cotidiana, tras el pedimento de información en el área de referencias de AGN, el acceso a los documentos era mediante las fichas bibliográficas que contienen una breve descripción del documento y su clasificación para ubicarlo.

Si bien es cierto que en la consulta directa estaba restringido el acceso a la información de expedientes personales, esta medida no aplicaba cuando la solicitud era para información de un grupo específico o alguna institución.

Para las víctimas y sus familiares, o representantes legales, el acceso era de total apertura; se les entregaban copia sin testado y había gratuidad en las reproducciones. Al cierre de la Femospp, en 2006, se les testaban los documentos y se solicitaba el pago.

Con la llegada del INFOMEX; el sistema electrónico para solicitar información; se permitió que el público en general tuviera acceso a documentos de expedientes personales en la modalidad de versión pública.

El AGN ahora cuenta con más de mil versiones públicas disponibles para su consulta. La lista completa y actualizada la pone a disposición a través de su portal electrónico.

Hasta finales de 2014 era posible hacer consultas directas mediante fichas, documentos originales o digitalizados y versiones públicas, ahora sin emitir un comunicado alguno a los usuarios, se dispuso que la consulta directa a documentos ya no es posible. En la Galería Uno el aviso es verbal y bajo el argumento de la protección de datos personales.

El archivo de la extinta DFS, ahora etiquetado en una nueva modalidad según la Ley Federal de Archivos (LFA), donde todos los documentos entran en la categoría de archivo históricos confidencial; en el Art. 27 de la LFA se establece un lapso de 30 años a partir de la fecha de creación del documento para hacer públicos los documentos con valor histórico y si estos contienen datos personales sensibles, el lapso se extiende a 70 años

Si bien este acervo podría entrar en esta modalidad de histórico confidencial, la aplicación de esta medida no debe ser efectiva puesto que este acervo contiene información sobre violaciones graves a los derechos humanos y registra datos que muchos especialistas afirman son pruebas de delitos de lesa humanidad.

Sobre todo porque su propósito original es ofrecer justicia a víctimas de tortura y privación ilegal de la libertad por parte de instancias gubernamentales, y después de 30 o 40 años, familiares de víctimas de desaparición forzada aún esperan que este acervo arroje algún indicio sobre el paradero de sus seres queridos.

Si en su momento se les negó toda posibilidad de esclarecer su caso, estos archivos han arrojado datos relevantes en casos como el Rosendo Radillaante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y podrían hacerlo en el de Aleida Gallangos Vargas, entre otros.

Estos documentos también brindaron pruebas de los abusos del Estado, no sólo hacia los mismos mexicanos, sino en casos que ayudaron al esclarecimiento de sucesos a nivel internacional como lo fue la Operación México”.

Esta estrategia fue un operativo implementado por militares argentinos en nuestro territorio para ubicar y secuestrar asilados de ese país en 1978.

Los documentos obtenidos del fondo DFS sobre la detención de los militares enviados a nuestro país durante la Dictadura de Videla, fueron apostillados y enviados a la Corte en Argentina.

Medida regresiva:

En entrevista, la historiadora Ángeles Magdaleno, presidenta de la Defensoría para Usuarios de Archivos Públicos (DUdA), se manifestó en contra de la medida implementada por el Archivo General de la Nación. El olvido daña más a los archivos que su consulta expresó.

¿Qué va a ocurrir con las víctimas y familiares que aún esperan que este acervo arroje información para resolver las averiguaciones previas que integró la Femospp y que siguen abiertas? ¿Qué pasará con los cientos de documentos que aún están bajo reserva en AGN a petición de la PGR preguntó.

Mercedes de Vega, titular del AGN, no ha fundamentado legalmente el motivo de esta medida, que a todas luces es arbitraria y lo que intenta es inhibir la consulta de este acervo, además no hubo aviso ni comunicado previo. No lo vamos a permitir, dijo la historiadora Ángeles Magdaleno.

No nos dio oportunidad a los usuarios de poner a discusión la relevancia de este acervo. Por supuesto no buscamos pasar por encima del derecho a la protección de datos de la personas que tuvieron la desventura de que la DFS les abriera un expediente. Eso no está en discusión.

Lo que vemos es una intención deliberada de ir cerrando la información, sobre todo ahora que está en discusión la Ley General de Transparencia y que contempla eliminar la excepción para reservar información sobre violaciones a derechos humanos y lesa humanidad, precisó la experta en archivos.

Por otro lado, el testado de los documentos estaba a cargo del AGN, ahora el Cisen lo hace, queremos que sobre este asunto se pronuncie el IFAI, aseguró la historiadora.

El escritor Jacinto Rodríguez Munguía aseguró que esta medida no es congruente, pues este fondo documental fue abierto para darle continuidad a una recomendación de la CNDH y hay muchas víctimas en espera de que sus casos se resuelvan. Si cierran la consulta directa, ¿Cómo podrán obtener pruebas de la violencia que ejerció el Estado en su contra?, expresó.

La finalidad de este acervo era justo que las víctimas y familiares tuvieran acceso directo e inmediato a estos documentos, tienen derecho a conocer la verdad, a reconstruir lo ocurrido, explicó el periodista.

EL UNIVERSAL buscó a Mercedes de Vega, titular del AGN, para que hablara sobre los fundamentos que motivaron la cancelación de la consulta directa del fondo DFS, que es vista por los usuarios como inesperada y regresiva.

Queremos que nos explique si esta medida fue por disposición del AGN, del IFAI o directamente del Cisen, precisó Rodríguez Munguía.

La Directora de Publicaciones y Difusión del AGN, María Fernanda Treviño Campero, comentó que De Vega se encontraba fuera de la ciudad y que en breve atendería la petición. Esto ocurrió hace ocho días y no se recibió ninguna respuesta a otras comunicaciones.

Autor: Susana Zavala Orozco

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