Caos en los archivos del IMSS causó tensión en el registro judicial

>>  jueves, 29 de octubre de 2015

El juez ordena al exgerente de Serveis Socials que esté "localizable"
http://www.diaridetarragona.com/ 14/10/2015


El caos en los archivos del IMSS causó tensión en el registro judicial. Los problemas para encontrar papeles llevaron al secretario judicial a amenazar a trabajadores municipales con arrestos por un delito de omisión de la custodia de documentos oficiales


Dos agentes de la Guardia Civil, el pasado viernes al mediodía, saliendo de la sede del IMSS. Foto: Lluís Milián

El registro judicial que catorce agentes de la Guardia Civil llevaron a cabo el pasado viernes en seis dependencias del Ayuntamiento de Tarragona para buscar documentación original del Caso Inipro tuvo momentos de máxima tensión. Los problemas con los que se encontraron los efectivos del cuerpo de seguridad estatal para recabar la documentación requerida llevaron al secretario judicial a amenazar con arrestos a algunos trabajadores municipales por un delito de omisión de la custodia de documentos oficiales.

Así lo aseguraron ayer al Diari varias fuentes, las cuales remarcaron que la desorganización municipal provocó que fueran numerosos los empleados de la administración local que no fueron capaces de encontrar los papeles que interesaban al juez. Todo esto provocó momentos de nerviosismo que llevaron a los representantes del Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona a pedir a los funcionarios y responsables de la corporación local a buscar «debajo de las piedras si es necesario» los expedientes y certificados solicitados por parte del juzgado para analizar las adjudicaciones irregulares del Consistorio a la empresa Iniciatives i Programes SL.

De momento, sin imputados

Los agentes estuvieron durante ocho horas en la nueva sede del Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) en la Plaça Prim, junto a la iglesia de Sant Joan. Este organismo se mudó hace pocas semanas a las nuevas dependencias, un hecho que causó que alguna información no se encontrara aún en esas oficinas y que la gerente del IMSS no supiera concretar al momento donde estaba cada expediente.

Desde allí, los efectivos de la Guardia Civil fueron a la Tabacalera y, posteriormente, a la antigua facultad de Lletres en la Plaça Imperial Tarraco. Fue en ese emplazamiento, pasadas las siete de la tarde, donde apareció el exgerente del IMSS, Antonio Muñoz, quien a mediados de 2013 fue el único cabeza de turco cuando saltó la crisis, ya que se vio obligado a dimitir. Pese a que en su momento el gobierno municipal señaló a Muñoz como el único culpable de las «irregularidades sin intencionalidades punibles» según las definió el pasado viernes la portavoz Begoña Floria, lo cierto es que, de momento, ni el exgerente ni ninguna otra persona está imputada. Eso sí, el juez solicitó a Antonio Muñoz que esté localizable» durante las próximas horas, por lo que no puede descartarse que, a raíz de la información obtenida anteayer, en breve haya encausados por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y alteración fraudulenta de concurso público.

Pasadas las diez de la noche, los agentes se dirigieron al palacio municipal de la Plaça de la Font, donde buscaron dos certificados del secretario general, Joan Anton Font. La búsqueda de información finalizó en la oficina de servicios sociales de Campclar, un registro que acabó pasada la una de la madrugada, tras más de 14 horas de actividad en las que los agentes se llevaron dos cajas de papeles e información digital.

‘Responsabilidades políticas’

El portavoz del PP, Alejandro Fernández, manifestó ayer en la red social Facebook que «los larguísimos registros tienen muy mala pinta. La experiencia nos demuestra que la Guardia Civil actúa siempre con rigor. Alguien en el Gobierno Ballesteros tendrá que asumir responsabilidades políticas».

Por su parte, Arga Sentís (ICV) tiene «respeto y confianza» con la justicia, si bien lamentó que las actuaciones «están afectando a una de las áreas más sensibles y necesarias del Ayuntamiento», ya que todo ello «no permite que los profesionales de Serveis Socials puedan desarrollar su trabajo en las mejores condiciones».

Autores: O. Saumell / A. Juanpere

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Francia realizará la importante donación de archivos audiovisuales al Museo Nacional de Bellas Artes

Donarán archivos de los Festivales Franco Chilenos de Video Arte 1983-1994 al Bellas Artes
http://www.biobiochile.cl/ 14/10/2015


En el marco de la inauguración de la Bienal de Videos y Artes Mediales 2015, Francia realizará la importante donación de archivos audiovisuales al Museo Nacional de Bellas Artes para quedar a disposición del público con fines museológico.


Estos archivos, digitalizados por la Biblioteca Nacional de Francia, reúnen el conjunto de los catálogos y las obras audiovisuales realizadas por los videastas, chilenos y franceses, que participaron en los 10 festivales franco-chilenos de video arte y sus versiones en el resto de América Latina entre 1983 y 1994.

Esta donación, que se replicará también en Argentina, dará lugar a una exhibición permanente de los videos en el contexto de la Bienal 2015 y a una serie de mesas redondas en torno a la historia del Festival Franco-Latinoamericano de Video Arte y a la creación contemporánea en Chile.

La ceremonia se llevará a cabo el jueves 8 de octubre entre las 19.00 y las 19.30hrs en el Museo Nacional de Bellas Artes con la presencia de Enrique Rivera, Director de la Bienal de Video y Artes Mediales; Roberto Farriol, Director del Museo Nacional de Bellas Artes; Takashi Kato, Director de la División de Arte y Cultura del Ministerio de Educación de Francia y Marc Giacomini, Embajador de Francia en Chile.

Acerca del Festival Franco-Latino-Americano de Video Arte

Lanzado en octubre de 1980 en Santiago de Chile como “Festival Franco-Chileno de Video Arte”, desempeñó un rol importante como espacio de libertad de expresión. Se extendió primero a Buenos Aires y luego a toda América Latina hasta 1996 donde fue difundido de forma simultánea por satélite en 40 lugares convirtiéndose así en el “Festival Franco-Latino-Americano de Video Arte”. A partir de
1989, se extendió también en las Repúblicas Bálticas.

El premio para el artista ganador era un viaje a Francia, una residencia artística de la cual nacía una “bitácora de viaje”. En total 37 bitácoras fueron realizadas por 12 artistas latinoamericanos, 12 bálticos residentes en París, 10 franceses de América Latina y 3 de Letonia.

Espectáculo “Hakanaï” de Adrien M / Claire B

Hakanaï es un solo coreográfico bailado en forma de “haïkus” (una forma de poesía tradicional japonesa, breve) que se desdobla mediante una serie de imágenes en movimiento. En japonés “Hakanaï” se refiere a lo que es temporario y frágil, sutil y pasajero, y en este caso algo ubicado entre sueños y realidad.

Concretamente, los espectadores están dispuestos alrededor de un cubo de tul blanco sobre el cual van desfilando letras y números virtuales luminosos, sin orden aparente, enviados por cuatro proyectores ubicados arriba de cuatro paredes transparentes. Luego, aparece una bailarina, vestida de blanco.

Este micro-mundo que combina íntimamente el cuerpo y lo virtual y donde desaparecen la frontera entre el escenario y la sala, es una experiencia lúdica situada entre innovación tecnológica y creación artística.

Estas actividades son organizadas por la Bienal de Video y Artes Mediales con el apoyo del Instituto Francés de Chile.

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XXXVI Reunión Nacional de Archivos

Clausura XXXVI Reunión Nacional de Archivos
http://www.oem.com.mx/ 14/10/2015


CON LA REPRESENTACION del Gobernador del Estado, Carlos Lozano de la Torre, el Secretario General de Gobierno, Sergio Reynoso Talamantes, clausuró los trabajos de la XXXVI Reunión Nacional de Archivos, afirmando que en Aguascalientes estamos muy orgullosos de nuestro patrimonio documental e histórico, por lo que el Jefe del Ejecutivo, ha girado la instrucción de brindar apoyo absoluto a las tareas de conservación y rescate de todos los archivos que lo conforman.





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Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington demanda a la CIA por ocultar archivos

Demandan a la CIA por ocultar archivos del coronel Ochoa Pérez
http://www.elfaro.net/ 14/10/2015


El Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington exige que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) haga públicos los documentos sobre operativos militares dirigidos por Sigfredo Ochoa Pérez que, según los investigadores y las víctimas, terminaron en graves violaciones a los derechos humanos contra civiles en los departamentos de Cabañas, San Vicente y Chalatenango durante los primeros años de la guerra.

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington (UWCHR, por sus siglas en inglés) demandó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos por ocultar documentos sobre operativos militares dirigidos en los años ochenta por el coronel salvadoreño Sigifredo Ochoa Pérez. Según los investigadores, la información que la CIA se niega a entregar abonaría pruebas para comprobar la participación del militar retirado en violaciones a los derechos humanos, ocurridas en los primeros años de la guerra, en los departamentos de Cabañas, San Vicente y Chalatenango.

El pasado lunes 5 de octubre, Angelina Snodgrass Godoy, directora del UWCHR, explicó que la demanda se ha interpuesto en el Tribunal del Distrito de Seattle, en Washington. "La CIA ha desclasificado informaciòn (relacionada con el conflicto armado) pero no la ha compartido", agregó Godoy, quien también señaló que únicamente han podido conseguir 20 de documentos de la CIA -desclasificados legalmente y en poder de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos- sobre Ochoa Pérez. "Lo que queremos es que la CIA libere todo el paquete completo de los documentos relacionados con nuestra petición", explicó.

Ante las peticiones del UWCHR, la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) respondió que "no podía afirmar ni negar la existencia" de archivos que contengan información sobre el involucramiento de Ochoa Pérez en operativos militares que terminaron en masacres en contra de población civi. Por razones de "seguridad nacional", se rehusaron a entregar documentos sobre violaciones a los derechos humanos y sobre operativos militares de ese periodo.

El Centro de Derechos Humanos justificó su solicitud de información -sobre archivos de operativos comandados por Ochoa Pérez- afirmando que se trata de información de interés público para ciudadanos estadunidenses y salvadoreños. "Existe suficiente evidencia de masacres cometidas contra población civil llevadas a cabo por tropas bajo las órdenes de Ochoa Pérez", dice la demanda contra la CIA.

En abril de 2015, el UWCHR reveló pruebas de que en noviembre de 1981 ocurrió en Santa Cruz, Cabañas, una masacre contra civiles que produjo decenas de víctimas. El coronel retirado acepta que lideró un operativo al mando del Destacamento Militar No. 2, pero rechaza la acusación de haber diezmado a civiles. En El Salvador, la Fiscalía ha abierto un archivo y el UWCHR espera encontrar en los documentos desclasificados de la CIA la información que permita robustecer la investigación sobre ese episodio, así como información que permita reconstruir los hechos de masacres, numerosos ataques y desapariciones forzosas de niños en San Vicente y Chalatenango, departamentos en los que el coronel en retiro habría comandado tropas o asistido con sus tropas a otros destacamentos militares.

El UWCHR señala que tropas bajo el comando de Ochoa Pérez llevaron a cabo un operativo militar que, tras las denuncias de sobrevivientes y de familiares de las víctimas, fue conocido como la masacre de Santa Cruz (ocurrida el 14 de noviembre de 1981, en Cabañas).

En su demanda, el UWCHR también rescata la vinculación que otras víctimas y abogados querellantes han hecho de la participación de tropas comandadas por Ochoa Pérez en las masacres de El Calabozo (ocurrida el 22 de agosto de 1982 en San Vicente, y atruibuida en primera instancia al Batallón de Reacción Inmediata Atlacatl, dirigido por el teniente coronel Domingo Monterrosa, amigo de Ochoa Pérez); y de San Francisco Angulo (ocurrida en el municipio de Tecoluca, San Vicente, el 25 de julio de 1981). En la demanda interpuesta por el UWCHR también se mencionan vinculaciones contra Ochoa Pérez para varios casos de desaparición forzada de menores de edad.

Sobre una de estas otras dos masacres (El Calabozo), Ochoa Pérez dijo a El Faro, en abril pasado, que sobre él "inventan cualquier cosa". El coronel en retiro, además, insistió en que su trabajó fue defender al país y combatir a la guerrilla con fuerza y fuego "porque ellos no andaban tirando flores". El Faro intentó contactar a Ochoa Pérez, a través de su teléfono celular, para conocer su reacción sobre estos nuevos señalamientos, pero la compañía Telefónica reporta que su número está fuera de servicio.

Datos brindados -por separado- por sobrevivientes y familiares de las víctimas de las masacres ocurridas en Cabañas y San Vicente a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH), al Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) y a la Corte Suprema de Justicia, hablan de unas 455 víctimas en los tres episodios. Según la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, en los primeros años de la guerra se cometieron las más graves violaciones a los derechos humanos contra la población civil.


Los representantes de la Universidad de Washington afirman que entregar dichos documentos es una obligación moral del gobierno de Estados Unidos, porque durante el conflicto armado este gobierno entregó asistencia militar a El Salvador por un monto que asciende a los 5 mill milllones de dólares. "Tenemos derecho a saber si el dinero de los contribuyentes (estadounidenses) fue utilizado para patrocinar graves violaciones a los derechos humanos (en El Salvador)", consigna la demanda contra la CIA.

El 15 de diciembre de 2013, Mina Manuchehri, de la Universidad de Washington, solicitó tener acceso a documentos sobre operativos en los que participó el coronel Sigifredo Ochoa Pérez. Utilizó la Ley de Libre Acceso a la Información (FOIA) de Estados Unidos para obtener información del coronel, quien está en situación de retiro y quien fue diputado durante la legislatura (2012-2015).

En la solicitud de información, Manuchehri requirió a la Agencia Central de Inteligencia más de 200 documentos -desde 1976 hasta la fecha- de los operativos donde se conoce que participó Ochoa Pérez. Pidió información sobre el periodo en el que fue comandante del Destacamento Militar No. 2 en Cabañas -entre febrero de 1981 hasta el 9 de marzo de 1983- y exigió tener acceso a archivos sobre su servicio como comandante en Chalatenango, entre agosto de 1984 a febrero de 1986.

La demanda ha sido llevada a cabo 6 meses despúes de que la Universidad de Washington publicara la investigación titulada "Solo Dios con nosotros". Los autores afirman que entre el 11 y el 19 de noviembre de 1981, tropas del Destacamento Militar No. 2, en Sensuntepeque, Cabañas, comandadas por el entonces teniente coronel Ochoa Pérez, marcharon hacia el norte del departamento de Cabañas hacia los caseríos del municipio de Victoria con la misión de eliminar a la población civil.

Los investigadores denunciaron que en este operativo los militares masacraron a campesinos, hombres, mujeres y niños, y dieron persecusión a los sobrevientes hasta la ribera del río Lempa, fronterizo con Honduras. La investigación de la Universidad de Washington fue realizada con periódicos de la época, testimonios de sobrevivientes, documentos desclasificados del Departamento de Estado y a partir de algunos documentos desclasificados por la CIA.

El Centro de Derechos Humanos afirmó que la CIA debe publicar los documentos, y hacer justicia a las víctimas salvadoreñas. Le recuerdan a esta agencia de gobierno que un ciudadano estadunidense, Philippe Bourgois, también sufrió las consecuencias del operativo militar. Bourgois realizaba una investigación en Honduras y traspasó hacia El Salvador, de manera ilegal, tras conocer a los habitantes del cantón Santa Marta, Cabañas, que a principios de 1981, antes de que Ochoa Pérez llegara a comandar la zona, ya había sufrido un ataque por tropas del ejército. En su viaje, y mientras compartía con la comunidad del caserío Santa Cruz, Cabañas, Bourgois fue sorprendido por un operativo militar llevado a cabo por las tropas de Ochoa Pérez. “Él fue víctima de una masacre que ocurrió en Santa Cruz, Cabañas en noviembre de 1981, durante dos semanas que duró la operación. Se estima que aproximadamente 100 residentes de Cabañas fueron asesinados mientras que mil residentes se vieron directamente afectados”, dice la demanda.

UWCHR señala que existe la posibilidad de que el batallón Atlacatl condujo la operación militar con el apoyo del Destacamento Militar #2, comandado por Ochoa Pérez, la cual formó parte de una acción coordinada que se llevó a cabo en Cabañas y Morazán de septiembre a diciembre de 1981. “Philippe Bourgois y la gente de El Salvador merecen reclamar justicia por este crimen”, dice el documento.

De acuerdo con el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, (IDHUCA), institución aliada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington, en dicha masacre desaparecieron alrededor de 200 personas. En noviembre de 2013, el IDHUCA interpuso una demanda en la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar la investigación de esta masacre.

Transcurrido un año, la FGR solo ha tomado declaración al ciudadano estadounidense, Philippe Bourgois, sobreviviente de la masacre. "La FGR no ha realizado ningùn acto de investigación. Instituciones del extranjero son las que están solicitando la información desclasificada", señalò Silvia Cuéllar, abogada del IDHUCA.

Cuéllar también denunció que la FGR no ha remitido las denuncias de masacres de la guerra civil a la Unidad de Derechos Humanos, sino que a la Unidad antihomicidios. "Aunque los fiscales tengan la voluntad de investigar, por la situación actual - en la que cada mes se ha superado la cifra de homicidios -y la carga de trabajo, las investigaciones de las masacres del periodo del conflicto armado no avanzan", dijo Cuéllar.

Angelina Snodgrass Godoy está segura de que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) resguarda más archivos. Dio a conocer que entre documentos desclasificados por la CIA han encontrado de forma parcial la información que estaban buscando. "Después de tantos años de finalizado el conflicto y con tanto deseo de ver justicia y reparación para El Salvador, nuestra esperanza era que ellos (la CIA) compartieran con nosotros un mayor número de documentos. El hecho de que ni siquiera hayan admitido la existencia de dichos documentos indica que no están siguiendo la ley", afirmó Godoy.

Los representantes legales del Centro de Derechos Humanos insisten en que estos archivos contienen información que puede ayudar a que las víctimas de las atrocidades que fueron cometidas durante el pasado conflicto armado salvadoreño puedan por fin reclamar justicia.

Con reportes de Daniel Valencia Caravantes

*Fe de errata: en la versión original de este artículo se escribió que el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington tiene en su poder 20 archivos desclasificados de la CIA que hablan sobre el coronel Ochoa  Pérez, y que estos fueron obtenidos de manera extraoficial. La versión correcta es que han tenido acceso a esos documentos -que han sido desclasificados legalmente- y que están en poder de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Esta nota fue corregida en la tarde del lunes 12 de octubre.

Autores: Fátima Peña y Jimmy Alvarado*

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archivos merecen especial atención por su triple función social: memoria institucional, fuente de investigación, y garante de derechos

Jornadas sobre memoria y desclasificación de archivos históricos en la Escuela de Defensa Nacional
http://memoria.telam.com.ar/ 14/15/2015


Unas jornadas sobre memoria histórica y archivos de las instituciones públicas se realizarán entre miércoles y jueves en la Escuela de Defensa Nacional, con el objetivo de intercambiar experiencias sobre el trabajo que el Estado nacional viene realizando sobre la desclasificación y preservación de documentos históricos. El encuentro -que inaugurará mañana a las 9.30 el ministro de Defensa, Agustín Rossi- se desarrollará en la Escuela de Defensa Nacional, ubicada en Maipú 262, en la Ciudad de Buenos Aires.

Rossi disertará sobre el rol de la cartera de Defensa y las políticas de memoria, verdad y justicia en los archivos de las fuerzas armadas, y presentará la resolución ministerial que crea el Sistema de Archivos de la Defensa y del Archivo General e Histórico del ministerio.

Según se informó, las jornadas "tienen por objeto abrir un espacio de reflexión e intercambio de experiencias vinculadas al trabajo que en los últimos años se ha realizado en la identificación, clasificación, descripción, preservación, accesibilidad, y difusión de los archivos de las instituciones públicas, de las fuerzas armadas y de seguridad".

"Los archivos merecen especial atención por su triple función social: como memoria de la institución productora, como posible fuente para la investigación, y como garante de derechos y obligaciones individuales y colectivos", señalan los organizadores en la convocatoria al encuentro.

Entre los objetivos de las jornadas, se destacan "resaltar el rol del Estado en la implementación de políticas de preservación y acceso al patrimonio documental de la Nación y reconocer y valorar la utilización de las herramientas de la disciplina archivística para la gestión de archivos y la investigación histórica en este país".

El jueves será el día dedicado a las "cuestiones de acceso y normalización archivística en la documentación de las instituciones públicas, así como la consulta, desclasificación y difusión de fondos documentales” y se presentará la Guía de Archivos Generales e Históricos de las fuerzas armadas.

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Por agujero de seguridad se filtró la información de Uber

UberLeaks: salen a la luz las licencias de mil conductores de Uber
http://www.baquia.com/ 14/10/2015

Uber, el servicio de transporte compartido, ha visto como se han comprometido los datos de los conductores asociados al servicio tras la filtración ocurrida tras un fallo de seguridad de una de las aplicaciones que en principio estaban destinadas a ayudar a los afiliados y conductores inscritos en su base de datos de Estados Unidos.

La noticia nos llega de la página web Gawker, que tras una entrevista con un chófer anónimo lograron hacerse con los datos de todos los registrados en la aplicación. Entre los documentos se encontraban licencias de conducir, nombres y hasta archivos pertenecientes a la declaración de impuestos.

El proceso para hacerse con los datos de los conductores es bien sencillo, y demuestra el poco cuidado que se ha tenido en el desarrollo de la aplicación. Tan solo hacía falta registrarse en la aplicación (para lo cual hay que incluir la licencia, registro del vehículo y documentos del seguro), ver los diferentes manuales e instrucciones e intentar editar o añadir más información una vez finalizado el registro. El resultado es el acceso a la base de datos de todos los conductores incluidos en ella, lo que supone una clara violación de los derechos de las personas que ofrecieron sus servicios.

Uber asegura que el agujero de seguridad se ha cerrado y que por lo tanto ya no hay que temer una filtración. No obstante, la propia empresa desconoce en manos de quién ha caído la información, por lo que no sería de extrañar que los datos personales de estos incautos conductores sean moneda de cambio de alguna web de dudosas intenciones.

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